16/4/25

Piura: Ciudadanos rechazan posible alza en la tarifa del agua - Hidroboletín Fentap 4695

 Miércoles, 16 de abril de 2025 – Año XIX – Edición 4695

Piura: Ciudadanos rechazan posible alza en la tarifa del agua

El anuncio sobre un eventual incremento en la tarifa del servicio de agua potable generó una inmediata reacción por parte de dirigentes sociales, quienes solicitaron una reunión urgente con el titular del Ministerio de Vivienda, Durich Whittembury Talledo, con el fin de abordar la crisis financiera que atraviesa la EPS Grau.

Mediante un comunicado oficial, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) convocó a una audiencia pública para exponer el proyecto que propone una nueva fórmula tarifaria, junto con la estructura de precios, metas de gestión y porcentajes destinados al fondo de inversiones y reservas. Esta propuesta regiría durante el periodo regulatorio 2022-2027.La audiencia se desarrollará el jueves 24 de abril, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el auditorio de la Cámara de Comercio de Piura, ubicado en la Av. Fortunato Chiriboga, en la urbanización Club Grau, frente al campus de la UNP.

Frente a esta convocatoria, el representante del Colectivo Regional por la Salud y la Vida, Dewar Gómez, calificó de “absurda” la propuesta de elevar las tarifas, considerando las constantes deficiencias en la prestación del servicio por parte de EPS Grau.

En ese contexto, instó a una reingeniería en la gestión de la empresa, aunque descartó rotundamente una eventual privatización. “Solicitaremos una reunión de emergencia con el ministro de Vivienda para que nos explique cómo se harán con los proyectos en los cuales le entrará plata a la EPS Grau, queremos una solución. Es deficiente el servicio y se pretende incrementar las tarifas”, puntualizó.

Finalmente, anunció que su organización participará en la audiencia pública para manifestar su rechazo ante cualquier intento de aumentar el costo de los servicios básicos. https://eltiempo.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

Defensas ribereñas del río Coata en espera de mesa técnica

Un presupuesto de 5 millones de soles para el estudio de perfil del proyecto de defensas ribereñas en el distrito de Coata, provincia de Puno, permanece sin ser ejecutado por problemas de viabilidad y codificación, mientras los pobladores enfrentan constantes inundaciones que afectan sus tierras agrícolas cuando el río se desborda.

Félix Suasaca, dirigente de Coata, anunció que tras reunirse con autoridades regionales acordaron establecer una mesa técnica para determinar qué entidad se encargará finalmente de la elaboración del estudio técnico del proyecto de defensas ribereñas del río Coata.

«Hemos venido claramente por un presupuesto de cerca de 5 millones que le han dado a la Autoridad Nacional del Agua para que elabore el estudio de perfil de este proyecto de la defensa ribereña», explicó Suasaca durante su intervención.

El dirigente señaló que, aunque la Autoridad Nacional del Agua habría elaborado el estudio correspondiente, este no ha sido viabilizado ni cuenta con código de proyecto, además un convenio propuesto con el gobierno regional de Puno no fue aceptado.

El encuentro técnico está programado para el 23 de abril en la Dirección Regional de Agricultura de Puno, donde se espera la presencia de titulares de los tres niveles de gobierno para definir responsabilidades sobre el proyecto.

La reunión, prevista para las 10 de la mañana, buscará determinar qué institución asumirá la elaboración del estudio técnico definitivo para las defensas ribereñas que protegerán a los agricultores de las frecuentes inundaciones que afectan sus cultivos en temporada de lluvias. https://pachamamaradio.org/

Represas ofrecidas para el valle de Tambo en problemas

El Gobierno promete la construcción de dos represas para el valle de Tambo en la provincia de Islay, en Arequipa. Mientras los ofrecimientos tardan en concretarse, los agricultores de esta cuenca afrontan el impacto del cambio climático y la falta de agua en época de estiaje, así se le llama al nivel más bajo de agua de un río u otra fuente hídrica.

De acuerdo a la Junta de Usuarios de Punta de Bombón, en este distrito (que forma parte del valle de Tambo) hay más de 1100 agricultores y se cultivan más de 10 tipos de productos, tales como el arroz, ají común, ají páprika, zapallo, camote, maíz forrajero, alcachofa, ajo, papa, espinaca, beterraga, alfalfa y cebolla.

Ricardo Salinas, gerente de esta asociación, señala que, debido al uso intensivo del suelo, la producción ha disminuido. La situación se complica debido a las abundantes plagas y el aumento de la temperatura, que es ocasionada por el cambio climático.

Añade que, en época de estiaje, que va de setiembre a diciembre, se dejó de sembrar en áreas agrícolas, debido a la falta de agua. También se ha registrado retraso en la siembra del arroz, que es un cultivo de alta demanda. Eso desencadena la baja producción, pues no se cuenta con el clima adecuado en su periodo de fructificación.

Promesa de dos represas

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, recientemente dijo que la empresa minera Southern Perú que impulsa el proyecto de extracción de cobre Tía María, ejecutará una represa mediante la modalidad de Obras por Impuestos. Según el funcionario, el embalse Bajo Tambo almacenará 50 millones de metros cúbicos de agua, costará 240 millones de soles y su construcción tomaría dos años.

Manero anunció que el Gobierno también construirá otra represa, la de Yanapujio. De acuerdo al ministro, esta presa tendrá una capacidad de 25 millones de metros cúbicos y el uso de sus aguas sería exclusivamente para Arequipa. Esto debido a que hace poco la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, firmó un convenio en el que cede las aguas de Yanapujio, a cambio de la construcción de cuatro represas exclusivas para Moquegua que son Paltiture, Coralaque, Tambillo y Cuturi.

Pero, lo que no dijo Ángel Manero es que el 14 de marzo de este año, se resolvió el contrato con la empresa Agua, Energía y Minería Ingenieros Consultores que tenía a su cargo la elaboración del expediente técnico de la represa de Yanapujio.

Según el Sistema de Seguimiento de las Inversiones (SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas, la empresa superó el 10 % del monto contractual en penalidades por mora. El avance en el expediente técnico era del 70 %.

Además, de acuerdo a Huber Valdivia, exdirector del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), en enero de 2022, la empresa determinó que el perfil técnico de Yanapujio era inviable para el tipo de represa que se planeaba construir. Por ello, recomendó una reubicación y la búsqueda de una nueva área. La nueva opción es la represa de Arapa-Cota, ubicada a 5.3 kilómetros debajo del sitio original.

EL DATO

Los agricultores del valle de Tambo, también enfrentan el incremento en el costo de los insumos agrícolas, al igual que la mano de obra. El pago de jornal está entre 120 a 130 soles al día.

Bajo Tambo no es un buen lugar

Ahora, la nueva represa que, según Ángel Manero, se construirá por la modalidad de obras por impuestos con la minera Southern, tampoco sería la mejor opción.

Benigno Sanz Sanz, biólogo y docente de la carrera de Ingeniería Ambiental en el Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente de la Universidad Católica San Pablo, explicó a Encuentro que la propuesta de Bajo Tambo es una represa localizada en una parte muy baja.

Recordó que, en 2017, desde el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Quilca-Chili, se advirtió que esta represa se llegaría a colmatar muy rápido, ya que el río arrastra una gran cantidad de sedimentos. “No es muy viable, es una promesa gubernamental, pero los técnicos tenemos que decir lo que los estudios determinan”, explicó Sanz.

Uso intensivo del suelo

Mientras las promesas para almacenar más agua se hacen realidad, los agricultores enfrentan la reducción de la productividad. El gerente de la Junta de Usuarios de Punta de Bombón, Ricardo Salinas, señala que los comercializadores que llegan a adquirir los productos se aprovechan de la calidad de agua del río Tambo para buscar la reducción del precio de compra de los productos.

El docente Benigno Sanz explicó que cuando los suelos se usan para la agricultura intensiva, como ocurre en el valle de Tambo, sufren mucho desgaste y ya no son tan productivos como antes.

El suelo puede volver a recuperar su productividad si es que se le hace “descansar”, es decir, se deja de sembrar o se cambia de tipo de cultivo. Esto se lograría, por ejemplo, a través de la siembra de alfalfa que contribuye a nutrir el suelo. “El descanso suele durar algunos años para que el suelo recupere los nutrientes que necesita”, refiere.

Por ahora, lo que se hace en la agricultura es colocar sustancias químicas y si son manejadas sin criterios técnicos, se forman sales insolubles en el suelo y no permiten la absorción del abono. Además, se afecta la biota del suelo, que se refiere al conjunto de organismos que viven en él.

Sanz refiere que una solución para combatir este problema, sería el policultivo: sembrar dos a tres tipos de plantas en un mismo campo. No obstante, esto resultaría menos productivo para los agricultores.

A esto se suma que, en el valle de Tambo, el río carga con una contaminación natural por arsénico, aluminio, plomo y boro, ya que el agua proviene de un suelo volcánico. Eso, según Sanz, incrementa el depósito de sales en el suelo, lo que repercute en el problema de menor productividad. https://encuentro.pe/

Trujillo: funcionarios de Sedalib responderán por aguas servidas

El próximo lunes 21 de abril, a las 9:00 a.m., el alcalde provincial Mario Reyna, regidores, funcionarios de la empresa Sedalib, pescadores artesanales de Huanchaco y representantes de instituciones y organismos relacionados al problema generado por el desborde de aguas servidas de las pozas de tratamiento del Tablazo, buscarán una alternativa de solución que no implique arrojar las aguas al mar y seguir contaminando los totorales.

Reunión

Será en audiencia pública donde la autoridad edil y funcionarios de Sedalib verán una medida temporal mientras viene la obra definitiva. “No estamos pidiendo que hagan una gran y costosa obra, pero que presenten alternativas para que no sigan contaminando. Tienen el monopolio del agua y alcantarillado, hay ingresos ingentes y están en la obligación de resolver los problemas”, dijo Mario Reyna.

La autoridad edil recibió ayer a decenas de pescadores artesanales y vecinos de Huanchaco afectados por el citado desastre medioambiental, que ocasionó la pérdida del 80% de los totorales, materia prima para confeccionar los caballitos de totora.

El alcalde consideró que “hoy Sedalib es una entidad ineficiente y monopólica que no puede ejecutar proyectos, pese a tener más de S/ 200 millones como resultado de cobrar a los usuarios recibos altos”.

“Han incrementado las tarifas, pero no trabajan para renovar las redes de agua y desagüe y en la mejora de las pozas de tratamiento. Ahora pueden destruir la cultura viva de la pesca ancestral con caballitos de totora”, dijo.

Luego de escuchar el reclamo de los afectados, Reyna reveló que convocarán a una mesa de diálogo.

Los protestantes pidieron que en la reunión también participen funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Fiscalía, la Gerencia Regional del Ambiente, entre otros. https://diariocorreo.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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15/4/25

Arequipa: 89 % de usuarios de Sedapar desconoce cuánta agua potable consume al mes - Hidroboletín Fentap 4694

Martes, 15 de abril de 2025 – Año XIX – Edición 4694

Arequipa: 89 % de usuarios de Sedapar desconoce cuánta agua potable consume al mes

En tanto, 82 % de usuarios aseguró que solo ve el recibo para verificar el monto que debe pagar, pero no el consumo. Conoce más en la siguiente nota

Una encuesta realizada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) en Arequipa Metropolitana reveló que el 89 % de usuarios de Sedapar no conoce el volumen de agua potable que consume cada mes. Solo un 11 % afirmó conocer cuánto consume y paga por su facturación mensual.

La muestra evidencia que el 62.8 % de los usuarios encuestados cree tener un nivel de consumo razonable de agua potable y el 27.4 % asegura tener un nivel de consumo bajo. Solo un 9.6 % de los consultados aseguró tener un consumo elevado y un 0.2 % dijo no saber cuánto consumía al mes.

El sondeo también evidenció que el 37 % solo revisa su recibo de agua “a veces”, en tanto que el 32 % “nunca” lo revisa y el 31 % aseguró revisar el recibo “siempre”.

Entre quienes revisan su recibo mes a mes, el 82 % afirmó que lo hace para verificar el monto que debe pagar, a diferencia del 29 % que señaló que lo hace para controlar el consumo de agua. Por otro lado, entre quienes no revisan el recibo, el 56 % indicó que no lo hace porque no le llega el recibo físico y el 12 % apuntó que no lo hace porque el monto de pago no varía.

Un 66 % de usuarios aseguró conocer que el pago de tarifas se destina al costo de operación y mantenimiento de infraestructura del servicio. Un 34 % indicó no conocer que se realiza un pago mes a mes por este concepto.

Asimismo, el 54 % indicó que sí conoce que el pago de la tarifa va a inversiones para mejorar la prestación de los servicios, contra un 46 % que aseguró no conocer este concepto. Además, el 82 % de encuestados dijo no conocer que existe un subsidio en la tarifa de agua potable, lo que contrasta considerablemente con el 18 % que aseguró sí conocer este concepto.

Finalmente, el 36.3 % aseguró que el servicio que brinda la EPS Sedapar es bueno, el 33.1 % considera que es neutral, el 14.6 % lo califica como muy bueno, en tanto que el 8.3 % lo considera malo, el 7.4 % lo cree muy malo y el 0.4 % no responde. Es decir, más de la mitad de los encuestados califica como muy bueno o bueno el servicio de la empresa.

Se debe tener en cuenta que conocer a detalle el volumen de agua consumida mes a mes permite planificar mejor su uso y lograr, incluso, un ahorro considerable de dinero al mejorar los hábitos. https://www.gob.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

Lanzan convocatoria internacional para ejecutar Proyecto Alto Piura este martes

El Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunciarán este martes 15 de abril la convocatoria internacional para la ejecución del Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP), una megaobra esperada desde hace más de 80 años que busca transformar la agricultura regional.

El proyecto será ejecutado mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), con el objetivo de garantizar su correcta ejecución. Según el Gobierno Regional, el PEIHAP permitirá incrementar la seguridad alimentaria, dinamizar la economía regional y generar más de 100 mil empleos directos e indirectos en diversas áreas profesionales y técnicas.

El componente I contempla la construcción de la presa Tronera Sur y un túnel de 13 kilómetros para trasvasar 335 millones de metros cúbicos de agua del río Huancabamba al río Piura. Esta infraestructura irrigará tierras eriazas y convertirá zonas como La Matanza, Buenos Aires, Salitral, San Juan de Bigote, Morropón y Chulucanas en el mayor valle agrícola de la región.

Asimismo, los componentes III y IV del proyecto incluyen la construcción de los embalses de Mamayaco y Río Seco, además de canales principales, líneas de derivación, presas menores y pozos subterráneos, lo que complementará el sistema de riego integral en beneficio de miles de agricultores.

El PEIHAP será presentado junto al proyecto de afianzamiento del sistema Poechos, con una inversión referencial conjunta de 2 mil 663 millones de soles. Las autoridades regionales han calificado este hecho como histórico, al haber sido incluido por el MIDAGRI en su programación multianual, consolidando así las bases para el desarrollo agrícola sostenible de Piura. https://noticiaspiura30.pe/


La Libertad: Sedalib tapará el desagüe en 8 áreas de Huanchaco

El pasado 8 de abril, el gerente general del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad (Sedalib), Víctor Gutiérrez Muñoz, emitió el Oficio N° 310-2025 dirigido al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, Efraín Bueno Alva, mediante el cual le comunica y recomienda que tome las medidas preventivas necesarias, toda vez que los desagües de los inmuebles que no forman parte de la administración de la empresa serán “taponeados”, evitando su ingreso a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Tablazo.

De acuerdo a lo señalado por Sedalib, se trata de los sectores El Trópico, Ramón Castilla, Valdivia Baja, Las Lomas, Huanchaquito Alto, San Francisco, El Aeropuerto y El Tablazo. Todas estas áreas están bajo la administración de la Municipalidad Distrital de Huanchaco.

El propio presidente del Directorio de Sedalib, Percy Rosario Martell, señaló que se trata de usuarios clandestinos que se cuelgan de la red troncal e ingresan sus aguas residuales a la PTAR El Tablazo, generando un caudal adicional de 60 l/s, situación que ha sumado para que las algunas de oxidación hayan superado su límite de capacidad y estén actualmente a punto de colapsar.

LA ALTERNATIVA

Ante ello, Sedalib señaló que para evitar desbordes el único punto de vertimiento de aguas residuales sería el mar. Esto lo harían de manera temporal y se realizaría mediante una tubería de conducción de 630 mm de diámetro, con longitud de 4.0 kilómetros.

La empresa dijo que la ejecución es inmediata y sería la mejor opción para evitar rebalses con afectación de humedales, carreteras y propiedad privada.

TENAZ OPOSICIÓN

Sin embargo, esta propuesta es rechazada rotundamente por la población de Huanchaco, a pesar de que se han sostenido reuniones previas y visitas de campo, para explicar cómo se procedería. “Hay un comportamiento amenazador y desafiante con nuestros funcionarios de Sedalib, por eso le comunicamos (al alcalde Efraín Bueno) que tome las previsiones porque la población que no forma parte de la administración de la empresa serán taponeados (sus desagües), evitando su ingreso a la PTAR El Tablazo”, advirtió en el oficio el gerente Manuel Gutiérrez.

SE HARÍA

Correo se contactó ayer con el gerente de Operaciones de Sedalib, Roger Rodríguez Rojas, quien manifestó que la empresa está en la obligación de “taponear” los desagües clandestinos, pues mantener esa descarga de aguas residuales en la PTAR El Tablazo lo ha llevado a estar a punto de colapsar, pues no fueron considerados en su diseño inicial.

El funcionario recalcó que esos sectores son administrados por la comuna de Huanchaco, por lo que es el alcalde Efraín Bueno el encargado de coordinar con los vecinos, para darle solución a este problema, ya que la municipalidad cobra por ese servicio. “El alcalde no ha respondido el oficio y lo estamos esperando para volver a reunirnos y tomar una decisión de forma conjunta”, acotó Rodríguez. https://diariocorreo.pe/

HIDROMUNDO

Mientras Brasil se prepara para la COP30, crecen la deforestación y las protestas indígenas en el país

Este año el presidente Lula no participó en la movilización de 8.000 indígenas de todo Brasil que la semana pasada acamparon frente a los edificios institucionales de Brasilia. Se trata del famoso Acampamento Terra Libre, que se celebra todos los años y que cumple ahora 21 ediciones. No faltaron los enfrentamientos entre los indígenas y la policía, que disparó gases lacrimógenos. Pero la edición de este año ha sido crucial porque se ha debatido sobre todo el controvertido asunto del llamado Marco Temporal para la demarcación de las tierras indígenas. A pesar del veto de Lula en octubre de 2023, la ley del Marco Temporal, la 14701, fue aprobada en 2024 por el Congreso. Sin embargo, ahora está bloqueada en el Supremo Tribunal Federal (STF), que la había declarado inconstitucional un mes antes. Según esta ley, sólo se consideran indígenas los territorios que lo eran en 1988, cuando se promulgó la Constitución. En lugar de declarar inconstitucional la ley que aprobó el Congreso, el juez del STF, Gilmar Mendes, que está a cargo del caso, mantuvo la validez de la norma y creó una Cámara de Conciliación para abordar el tema, que terminó su trabajo el 2 de abril. Pero representantes del Congreso Nacional y del Sindicato solicitaron su prórroga, desatando la polémica de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). En agosto del año pasado, la Apib se retiró de la mesa de negociación, calificándola de “conciliación forzada” de sus derechos. Como resultado de nueve sesiones de negociación coordinadas por su oficina, Gilmar Mendes presentó un proyecto de Ley Complementaria para sustituir a la Ley 14.701. La propuesta excluye el argumento del Marco Temporal, pero introduce novedades en varios puntos considerados lesivos por las organizaciones indígenas, como la autorización de la minería en tierras indígenas y nuevos obstáculos en los procesos de demarcación.

Debido a este impasse, la homologación de las tierras indígenas, es decir, la devolución de las tierras a las comunidades locales, se está ralentizando. Si en 2023 Lula homologó seis, en 2024 fueron sólo dos. Aunque el presidente brasileño no asistió al Acampamento Terra Libre de Brasilia, la semana anterior había visitado el Parque Xingu, en Mato Grosso, donde se reunió con el renombrado líder indígena Raoni. En esa ocasión fue alertado de los riesgos de las prospecciones petrolíferas de Petrobras en la desembocadura del Río Amazonas, en el estado de Amapá, de las que dice ser partidario. “He llegado a saber que, en la desembocadura del río Amazonas, usted está pensando en el petróleo que hay bajo el mar”, le dijo Raoni. “Creo que no se debería explorar. Porque estas cosas, como son, garantizan que podamos tener un medio ambiente, una tierra con menos contaminación y menos calentamiento”, concluyó el líder indígena.

Mientras tanto, el pasado viernes, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el Ministerio de Medio Ambiente lanzaron el programa ‘Restaurar la Amazonia’, una convocatoria pública para financiar con 150 millones de reales (25,6 millones de dólares), procedentes del Fondo Amazonia, financiado por varios países extranjeros, proyectos de reforestación de tierras indígenas en la región del llamado Arco de Restauración, que se extiende de Maranhão a Acre, gravemente afectada por la deforestación. El proyecto, ejecutado en colaboración con el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) seleccionará hasta 90 proyectos, cada uno de los cuales abarcará áreas de entre 50 y 200 hectáreas, con la participación obligatoria de los pueblos indígenas. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 19 de julio. Según el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, la iniciativa contribuye tanto a la lucha contra el cambio climático como al bienestar de los pueblos indígenas, al promover el uso sostenible de los recursos forestales. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, añadió que, gracias a tales acciones, “Brasil ha reducido cerca de 450 millones de toneladas de CO2 en dos años, atrayendo así más fondos internacionales”. La convocatoria dice que pueden participar “personas jurídicas con sede en Brasil, que tengan fines institucionales compatibles con el objeto de esta Convocatoria Pública y estén legalmente constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines lucrativos, de ámbito nacional o autarquías y fundaciones públicas federales y estatales”. Sin embargo, se teme que países extranjeros como China puedan aprovechar esta apertura para operaciones depredadoras o de biopiratería.

A finales de marzo, Systemica, empresa vinculada al banco brasileño BTG Pactual, ganó la primera licitación para la recuperación de un bosque deforestado con el objetivo de comercializar créditos de carbono en el estado de Pará. La empresa fue la única que presentó una oferta para la concesión de reforestación de la Unidad de Recuperación Triunfo do Xingu, situada en Altamira, en el sudeste del estado. El Gobierno de Pará promovió la licitación. La concesión tendrá una duración de 40 años y prevé recuperar más de 10 mil hectáreas de bosque en terrenos públicos. La inversión privada asciende a 258 millones de reales (44 millones de dólares), con una previsión de venta de 350 mil créditos de carbono y un posible ingreso total de 869 millones de reales (148,2 millones de dólares), además de la creación de 2 mil puestos de trabajo.

Según los últimos datos del Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), la degradación forestal en la Amazonia Legal continúa, alcanzando los 33.807 km² en el ciclo de deforestación de 2025, un aumento del 482% en comparación con el período anterior, cuando el área degradada fue de 5.805 km². Esta cifra representa el mayor número jamás registrado. Los estados de Pará y Maranhão concentran el 89% de la degradación forestal, debida principalmente a los incendios y a la extracción ilegal de madera. Y ahora preocupa también la sequía extrema, como ha ocurrido en los dos últimos años en la Amazonia. Según el Centro Nacional de Monitoreo de Desastres Naturales (Cemaden), Brasil se enfrentará a una nueva sequía en 2025. Sin embargo, mientras que el año pasado la región más afectada fue la Amazonia, la sequía de este año parece estar desplazándose al Centro-Sur, donde casi 1.900 ciudades se encuentran ya en este estado crítico. En riesgo en los próximos meses está el Pantanal, que en 2024 atravesó la peor crisis medioambiental de su historia y es el mayor humedal del mundo, una inmensa llanura aluvial que Brasil comparte en la región de Mato Grosso también con sus vecinos Bolivia y Paraguay.

Con este telón de fondo, en Belém, en el estado amazónico de Pará, continúan los preparativos de la postal del Gobierno de Lula, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre. Aunque Brasil ha decidido adelantar la reunión de jefes de Estado del 5 al 8 de noviembre respecto a los demás actos de la conferencia, la situación del alojamiento para acoger a las delegaciones y sus participantes sigue siendo problemática. Tanto es así que el comité organizador ha contratado un tercer barco para utilizarlo como hotel. Se espera que asistan a la conferencia 50.000 personas, en representación de más de 190 países, pero la capacidad actual de camas es de 24.000. Durante el periodo de la COP30 hay ofertas de alquiler de propiedades que pueden alcanzar los 2 millones de reales (341.000 dólares). Un reciente artículo de la revista británica económica The Economist titulado “Los negociadores deben prepararse para una COP caótica en Brasil” advierte de las contradicciones de elegir una ciudad como Belém para hablar de medio ambiente. A la emergencia hotelera se suman problemas estructurales de higiene pública. Aproximadamente el 40% de las viviendas no están conectadas a un sistema de alcantarillado. Con sus 1,3 millones de habitantes, Belém es actualmente la octava peor ciudad de Brasil en términos de saneamiento y desde hace una década figura entre las 20 peores ciudades en el ranking de saneamiento del Instituto Trata Brasil, que monitorea este tema. “Aunque alrededor del 95,5% de la población tiene acceso al agua potable, la tasa de recogida de aguas residuales en Belém es del 19,9% y la tasa de tratamiento es solo del 2,4%”, declaró Luana Siewert Pretto, presidenta ejecutiva del Instituto Trata Brasil, al semanario brasileño Veja. “No se da prioridad a la recogida y el tratamiento de las aguas residuales. Culturalmente, no se ha comprendido lo importante que es, y políticamente, nunca ha existido la voluntad de hacerlo realidad”, afirma Siewert Pretto.

Por si fuera poco, las intervenciones urbanísticas previas a la conferencia también han creado polémica. Se taló un tramo de 13 km de bosque virgen para abrir paso a una autopista destinada a facilitar el tráfico de entrada a la ciudad. Algunos proyectos de infraestructuras exigieron el dragado de ríos y canales de aguas residuales, que luego se rellenaron de hormigón. “Belém podría haber desarrollado un nuevo repertorio de soluciones constructivas para ciudades tropicales. En lugar de ello, acoger la COP30 fue una oportunidad desperdiciada”, declaró a The Economist Lucas Nassar, de la organización local Laboratório da Cidade. Según el periódico británico, la otra paradoja es que los uniformes de los trabajadores que construyen las sedes de la COP30 llevan el logotipo de la empresa minera brasileña Vale, propietaria de la mayor mina de hierro del mundo en el estado de Pará y responsable de algunos de los peores desastres medioambientales de Brasil, como el de Brumadinho, en Minas Gerais, cuando en 2019 una presa cedió, derramando barro tóxico sobre un pueblo y matando a 270 personas.

A la COP30 también asistirán 3.000 indígenas. De hecho, para la ocasión se ha creado una Comisión Indígena Internacional. Uno de los objetivos es lograr que Brasil y otros países de la región amazónica incluyan la demarcación de los territorios indígenas en sus metas climáticas. Esta es una de las demandas de la campaña ‘La respuesta somos nosotros’, iniciada por las principales asociaciones brasileñas para asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la COP30. “Siempre hemos luchado para que los pueblos indígenas estén en el centro de este debate. Y hemos luchado para que los pueblos indígenas sean una parte importante de este debate porque, está demostrado, los territorios indígenas funcionan como una barrera contra el avance de los monocultivos, la minería y el agronegocio”, afirmó la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara. A pesar de sus contradicciones, la COP30 puede representar una oportunidad para las comunidades indígenas que buscan una ley que las proteja y más apoyo internacional. https://www.infobae.com/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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14/4/25

Piura: Alcaldes rechazan una nueva nulidad en obra de 105 asentamientos humanos - Hidroboletín Fentap 4693

 Lunes, 14 de abril de 2025 – Año XIX – Edición 4693

Piura: alcaldes rechazan una nueva nulidad en obra de 105 asentamientos humanos

Los alcaldes de Piura y Castilla rechazaron una nueva nulidad en el proceso de licitación de la obra de agua y alcantarillado de los 105 asentamientos humanos.

El recurso de apelación que puede traer abajo el proceso está en manos del Tribunal de Contrataciones del Estado, el cual tomará una decisión esta semana que inicia.

La empresa que presentó el recurso acusa al consorcio ganador de la buena pro de no cumplir las bases y presentar documentos con firmas falsificadas de una notaría de 90 años de Chota.

“Esto no puede dilatarse más y esperamos que el pronunciamiento sea a favor de los piuranos. [Una nulidad más] sería lamentable y en ese caso el Ministerio de Vivienda debe tomar una decisión de separar los proyectos y que cada municipio asuma por competencia las unidades ejecutoras”, afirmó el alcalde de Piura, Gabriel Madrid.

Separar proyectos

Sobre lo último, Madrid explica que cada municipio asumiría los proyectos de agua y alcantarillado que corresponde a su sector.

“Eso sería la solución más rápida para que se transfieran los recursos y se liciten de forma individual. Esperemos no llegar a eso. Lo correcto es que el OSCE se pronuncie lo más rápido para que esto quede zanjado”, comentó Madrid.

Población ya no soporta

De otro lado, el alcalde de Castilla, Walther Guerrero, sostuvo que la población ya no soporta más retrasos con esta obra emblemática.

“En Castilla está la mayoría de sectores beneficiados y nuestra población no puede soportar más. Este proyecto nos estanca hacer obras de pistas en el cercado y otros sectores del distrito. En algunos asentamientos los silos ya colapsaron y siguen consumiendo agua de mala calidad. Por esto siempre se le ha pedido al ministro que tenga toda la predisposición para que esto se concretice”, comentó el alcalde.

Sobre lo dicho por el alcalde de Piura, Guerrero manifestó su oposición.

“No entiendo al alcalde de Piura porque él en este momento quiere hacer nuevamente un perfil uniendo Veintiséis de Octubre, Piura y Castilla, [con] aquellos sectores que no están considerados en el proyecto de los 105 AA. HH”, informó.

Puntualiza que una iniciativa de esta naturaleza tiene que ser evaluada de forma técnica. “Por ahora queda esperar que OSCE se pronuncie a partir de todos los descargos hechos ante las impugnaciones que hay para que el proceso continue”, agregó Guerrero.

Cabe indicar que el Tribunal de Contrataciones del Estado es una entidad del Órgano Superior de Contrataciones del Estado (OSCE) que resuelve los recursos de apelación que se presentan luego de la adjudicación de proyectos de inversión pública. https://eltiempo.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

Instituciones educativas deben S/512 mil a Sedapar

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) verificó el estado del pago al servicio de agua potable y verificó que 92 colegios de la región Arequipa tienen deuda de 512 234 soles hasta enero del año en curso.

La deuda afectaría a más de 35 mil escolares. El monto disminuyó en 202 474 soles en comparación a enero del 2024, cuando la deuda era más de 700 mil soles.

A NIVEL NACIONAL. Se destaca que, a enero de 2025, se redujo en 44 % la cantidad de centros educativos con deudas pendientes, en comparación al 2024. La cifra pasó de 3134 a 1750 instituciones. No obstante, el monto total de la deuda subió a 5 741 605 soles.

Esta estimación se concentraría en colegios de: Lima y Callao (3 242 198 soles), Arequipa (512 234 soles), Cusco (305 196 soles), Lima provincias (248 272 soles) y Loreto (216 555 soles).

Con el fin de evitar que la comunidad educativa se perjudique, la Sunass alertó sobre esta situación al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales, para que prioricen el pago de la deuda antes que inicie el año escolar de colegios públicos este 17 de marzo. https://diarioviral.pe/


Obra de Sedapar sigue paralizada en perjuicio de pobladores de 3 distritos

La Contraloría reveló serias deficiencias en el expediente de saldo de obra de la obra de agua potable y alcantarillado para Sachaca, Tiabaya y Uchumayo. La obra está valorizada en 96 millones de soles. Sedapar indica que ya levantó las observaciones.

REINICIO DE PROYECTO SIN FECHA

Una vez más, el peso de la ineficiencia administrativa y técnica se impone sobre la necesidad urgente de agua potable y alcantarillado para miles de ciudadanos. La obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de los distritos de Sachaca, Tiabaya y la localidad de Congata, en el distrito de Uchumayo” continuará paralizada, a pesar de que su presupuesto asciende a más de 96 millones de soles y ha sido oficialmente aprobada por Sedapar.

Un informe de la Contraloría revela serias deficiencias en el expediente técnico de saldo de obra que ponen en entredicho su viabilidad.

La obra, cuyo costo total fue fijado en S/ 96 402 122.80 y con un plazo de ejecución de 540 días calendario, tenía como objetivo resolver el grave déficit de saneamiento en tres distritos clave del cono urbano de Arequipa.

Sin embargo, pese a que Sedapar aprobó el expediente técnico elaborado por el Consorcio Sillar, una auditoría concurrente del Órgano de Control Institucional (OCI) detectó inconsistencias técnicas, omisiones normativas y errores de diseño que comprometen tanto el funcionamiento futuro del sistema como el cumplimiento de los plazos contractuales.

Lo más grave: estas observaciones no fueron detectadas ni por la entidad contratante ni por la supervisora de obra, el Consorcio Horizonte, encargada de verificar la calidad del expediente técnico por un contrato de S/ 342 000.

ERRORES TÉCNICOS Y OMISIONES

Uno de los hallazgos más preocupantes es la presencia de incompatibilidades en el diseño hidráulico de las redes de agua potable y los colectores principales de alcantarillado.

Por ejemplo, las presiones de ingreso y salida de las cámaras reductoras de presión no coinciden entre la memoria de cálculo y los planos. Se identificaron diferencias significativas en al menos ocho puntos críticos, tanto para el diseño del primer año de funcionamiento como para el escenario proyectado a 20 años. Estas inconsistencias no solo contravienen normas técnicas nacionales, sino que pueden afectar gravemente el funcionamiento hidráulico del sistema.

A ello se suma el uso de válvulas de aire sin un dimensionamiento adecuado, es decir, sin considerar el diámetro de las tuberías como exige el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los errores se extienden a la ausencia de hidrantes contra incendios en varios circuitos del diseño, pese a ser obligatorios cada 300 metros. También se detectaron tuberías de diámetro inferior al mínimo permitido, sin justificación técnica ni diseño que garantice un suministro eficiente de agua durante horas pico.

Duración de los trabajos será de 540 días calendario.

Más allá del sistema de agua, el expediente presenta serias omisiones en la planificación del sistema de alcantarillado. En el diseño del colector Arancota, por ejemplo, la pendiente calculada en la memoria es casi el triple de la mostrada en los planos, lo que podría generar estancamientos o desbordes.

Situación similar ocurre en el colector Huaranguillo, donde la discrepancia de pendientes alcanza hasta un 47 %. Estos errores no son menores: afectan directamente la operatividad del sistema, comprometen la vida útil de las instalaciones y podrían implicar nuevas obras adicionales no presupuestadas.

Y es justamente ahí donde se ubica otro de los puntos oscuros del proyecto. La Contraloría detectó que el presupuesto aprobado por Sedapar no contempla las instalaciones sanitarias, eléctricas ni de comunicación en el reservorio R22, elementos indispensables para el funcionamiento integral de la obra.

Aunque los planos muestran claramente estas instalaciones, el contratista no las incluyó en su presupuesto, lo que inevitablemente derivará en prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo. Una omisión que evidencia una preocupante falta de control en la revisión técnica de los entregables.

LEVANTARON OBSERVACIONES

Por su parte, el gerente de Ingeniería de Sedapar, Henry Bellido, informó que ya se levantaron todas las observaciones formuladas por la Contraloría al expediente técnico del proyecto de saldo de obra.

Según explicó Bellido, reconoció que el órgano de control emitió un hito de control en el que advertía errores materiales y omisiones en el expediente, como discrepancias entre planos y memorias descriptivas, y la falta de ciertos cuadros y cotizaciones. Además, se detectaron incompatibilidades técnicas en el diseño hidráulico de las redes de agua y problemas vinculados al tipo de tuberías.

“Todas las observaciones han sido corregidas y atendidas. Ya se ha dado respuesta formal a la Contraloría”, afirmó Bellido.

El funcionario precisó que el Consorcio Horizonte, encargado de elaborar y supervisar el expediente, podría afrontar penalidades contractuales por los errores detectados.

“Las responsabilidades están claramente establecidas. De haber incumplimientos, se aplicarán las penalidades como corresponde”, señaló.

Sobre la reanudación de la obra, Bellido indicó que aún no hay una fecha definida, ya que primero deben concluir los trámites para convocar un nuevo proceso de selección. “Ayer ya se han enviado las resoluciones para la aprobación del expediente. Estamos a la espera de la firma de las áreas legales y gerencia”, explicó.

Esto significa que los pobladores de Sachaca, Tiabaya y Congata seguirán sin agua ni desagüe por un tiempo indefinido, mientras la entidad resuelve cómo corregir las fallas y convocar la licitación para la ejecución de la obra. https://diarioelpueblo.com.pe/


LIMA PERÚ

Sentencia sobre el caso Ariana deja en riesgo el derecho al agua de más de 10 millones de personas en Lima y Callao

El proyecto minero Ariana representa una amenaza inminente para el derecho humano al agua potable de más de diez millones de personas en Lima y Callao, al ubicarse en el corazón del sistema hidráulico que abastece a esta región. A pesar de ello, una reciente sentencia del Poder Judicial permite que continúe la construcción del proyecto, generando alarma entre especialistas y defensores del agua. En su más reciente edición, el programa La Hora Verde, producido por CooperAcción, reunió a Ana Leyva (CooperAcción), Adán Cassia (IDL) y Jorge Mendoza (Frente por el Agua y la Vida), quienes coincidieron en calificar la sentencia como contradictoria, ambigua y peligrosa.

Ana Leyva, abogada e investigadora de CooperAcción, expresó su profunda preocupación ante lo que calificó como una sentencia contradictoria. “Se reconoce que el proyecto constituye un riesgo para el agua, pero no se adoptan medidas efectivas para proteger el sistema”, indicó. Leyva cuestionó que se permita seguir construyendo infraestructura minera sobre la zona más crítica del sistema hidráulico Marcapomacocha, mientras solo se exige un estudio de impacto ambiental complementario, una figura que —según señaló— ni siquiera está contemplada en el marco legal vigente.

Adán Cassia, especialista legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que la sentencia, lejos de brindar protección efectiva, perpetúa la incertidumbre jurídica. “No se anulan las autorizaciones ni el EIA original, lo que deja abierta la posibilidad de que se siga construyendo infraestructura crítica, como la relavera, a solo 500 metros del túnel trasandino que transporta el agua para más del 60% de Lima y Callao”, alertó. Cassia subrayó que el estudio complementario carece de base legal, lo que agrava la ambigüedad del fallo.

Por su parte, Jorge Mendoza, presidente del Frente por el Agua y la Vida, señaló que esta resolución judicial es reflejo de una ofensiva sistemática para imponer proyectos extractivos en territorios sensibles. “Si permiten minería en el corazón del sistema de agua de la ciudad más poblada del país, el mensaje es que se puede hacer en cualquier lugar”, advirtió. Mendoza hizo un llamado a la organización popular y a la articulación de movimientos sociales para detener esta imposición y proteger el recurso hídrico.

Además de los cuestionamientos técnicos y legales, los panelistas también abordaron el reciente cambio de propiedad del proyecto minero. La empresa Southern Peaks Mining vendió el proyecto Ariana a Alpayana S.A.C., una transacción que, según Ana Leyva, evidencia la intención de continuar con el proyecto pese a sus riesgos. “Esta empresa compra sabiendo el riesgo, lo que demuestra que están decididos a imponerlo a toda costa”, afirmó.

Respecto a la postura del Estado peruano en este proceso, los tres panelistas coincidieron en denunciar su parcialidad a favor de la empresa minera. “Las entidades públicas han cerrado filas para defender resoluciones cuestionables, ignorando el riesgo evidente al sistema hidráulico”, señaló Cassia. Esta situación, sumada al contexto político actual, obliga a redoblar esfuerzos tanto en el ámbito legal como en la movilización ciudadana.

Frente a ello, se anunció la presentación de un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, que buscará anular el EIA del proyecto y las resoluciones que lo respaldan. Cassia explicó que este recurso busca que el TC aplique el principio de interdicción de la arbitrariedad y el principio precautorio, en defensa del derecho humano al agua.

Finalmente, Jorge Mendoza destacó que más allá de la vía legal, la clave estará en ampliar la conciencia ciudadana y fortalecer la organización en barrios, distritos y regiones. “El agua puede unir a todos los sectores de la sociedad. Es hora de articularnos y construir una campaña sostenida de defensa del agua para Lima, el Callao y todo el país”, concluyó.

El programa La Hora Verde evidenció una vez más que la defensa del agua no es solo una causa ambiental, sino una batalla por la vida, la salud y los derechos fundamentales de millones de personas. https://cooperaccion.org.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe