Lunes, 30 de enero de 2023 – Año XVI – Edición 4144 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Las visitas al Congreso de menonitas y agroindustriales por ley que amenaza los bosques
El Congreso tiene en agenda una autógrafa de ley que
pretende modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre con el fin de eliminar requisitos
que protegen la integridad de los bosques amazónicos y otorgar más competencias
al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) sobre el Ministerio de
Ambiente (Minam). Este último sector es actualmente quien establece los bosques
de producción permanente y los usos en el suelo de ecosistemas frágiles como la
Amazonía.
La iniciativa legislativa plantea que no se exija el
requisito de zonificación forestal a las personas que con título o constancia
de posesión quieran cambiar el uso de suelo.
Julio César Guzmán Mendoza, procurador del Ministerio del
Ambiente (Minam), señaló a OjoPúblico que lo que hará esta propuesta es
convalidar los actos de deforestación. Explicó que al Minam le preocupa que en
adelante cualquiera que tenga un certificado de posesión donde exista bosque lo
vaya a tumbar, y luego se justifique en que la ley se lo permite.
Sin embargo, para el procurador, la norma tendría un
alcance perjudicial mayor, debido a que podría ser usado como medio de prueba
en un proceso penal por deforestación. Según explicó, el proyecto del Congreso
resultaría favorable a los denunciados por deforestación, como los grupos
menonitas o las empresas de monocultivos que actualmente están involucradas en
investigaciones por deforestación.
¿A quiénes escuchó el Congreso y con quiénes se reunión
mientras se discutía este tema que ahora ya está agendado en el plenos? Un
análisis realizado por OjoPúblico identifica visitas a grupo de congresistas, o
sus asesores, con diversos sectores al que esta iniciativa legislativa
beneficia: agroindustriales, organización menonita (acusada de deforestación) y
algunos colectivos cafetaleros.
La comisión agraria ha enviado la autógrafa de ley al pleno
y está en agenda para su debate.
Las visitas
En los días que se discutía el tema –julio del 2022– el
congresista Ilich Fredy López Ureña, de Acción Popular, y miembro titular, por
entonces, de la Comisión Agraria se reunió con Salvith Ojanama López, de la
Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, y con Ricardo Javier Custodio More,
exjuez del Juzgado Mixto de Datem del Marañón de la Corte Superior de Justicia
de Loreto, quien fue destituido de su cargo en noviembre de 2021 por
irregularidades en el trámite de procesos de amparo que no eran de su
competencia territorial.
La Coordinadora por el Desarrollo de Loreto es una
organización que se ha opuesto a la ratificación del Acuerdo de Escazú y niega
la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto
inicial (Piaci) en Loreto, por lo que rechaza la creación de reservas
protegidas para estos. Ojanama López está afiliada a Fuerza Popular desde el
2010.
REPRESENTANTES MENONITAS SE HAN REUNIDO CON EL DESPACHO DEL
CONGRESISTA MIGUEL ÁNGEL CICCIA, DE LA COMISIÓN AGRARIA.
También en esas fechas, Beliceño Klassen Jacob y Raúl
Lunasco Cabezas, quienes se registraron como integrantes de la colonia
menonita, tuvieron se reunieron con Elvis García Torreblanca, asesor de la
Comisión Agraria. Más tarde, en agosto, Isaac Zacharias Klassen, conocido lider
menonita, se reunió por casi dos horas con José Alfredo Amaya Sosa, técnico del
despacho del congresista Miguel Ángel Ciccia, de Renovación Popular, y miembro
de la Comisión Agraria. También estuvo presente el exjuez Ricardo Javier Custodio
More.
Zacharias Klassen es representante legal de la Asociación
colonia menonita cristiana agropecuaria Masisea, en Ucayali, la cual es
investigada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) por
deforestar bosque primario. Según esta fiscalía, unas 2.000 hectáreas que ocupa
el pueblo menonita en Ucayali fueron obtenidas de manera irregular, a la vez
que una parte de dicha área se ubica sobre territorio de dos comunidades
indígenas del pueblo Shipibo-Konibo: Caimito y Buenos Aires.
En la reunión del 17 de agosto también estuvo Medelú
Saldaña Tuesta, quien se presenta en los medios como representante de los
menonitas. Hace algunos años se desempeñó como subprefecto del distrito de
Sarayacu, en la provincia de Ucayali, región Loreto.
Una investigación investigación de OjoPúblico del 2021
señaló cómo los menonitas talan el bosque para cultivar soya y arroz. En
diciembre de 2020, el Gobierno Regional de Ucayali sancionó con 2.648 UIT (más
de 11 millones de soles) a la asociación por haber cambiado el uso de la tierra
sin autorización.
Sin embargo, sobre las visitas al Congreso, hay una reunión
en la que coinciden algunos de los personajes expuestos. El 9 de noviembre,
Nathali Flor Rubio Yllatopa, auxiliar de la congresista Rosio Torres Salinas,
congresista por Loreto del Partido Alianza para el Progreso, se reunió con
Salvith Ojanama López, Isaac Zacharias Klassen, y otros sujetos de nombres
Peter Dyck, Peter Hans Dyck, Bernhard Friesen Neufeld y Abraham Neufeld
Friesen.
Peter Dyck es jefe de Providencia, una colonia menonita
ubicada en el centro poblado de Tierra Blanca, en el distrito loretano de
Sarayacu. Este afronta, junto a otros dos miembros menonitas, un proceso
judicial por el delito contra los bosques o formaciones boscosas en agravio del
Estado. En el caso de Abraham Neufeld, este es jefe de Wanderland, otra colonia
menonita ubicada en Tierra Blanca. En esta reunión también estuvo el exjuez
Ricardo Javier Custodio More.
Los congresistas de APP presentaron uno de los proyectos
que conforman la autógrafa de ley que busca modificar la Ley Forestal. En enero
de este año, Eduardo Salhuana Cavides, congresista de dicho partido elegido por
la región Madre de Dios, presentó un nuevo proyecto (Proyecto de Ley
3912/2022-CR) para modificar la Ley Forestal y que, entre otras medidas, le
resta funciones al Minam y busca que la zonificación forestal sea aprobada
mediante una ordenanza regional, con la asistencia técnica del Serfor.
La reunión del 9 de noviembre del 2022, que juntó a varios
actores, se dio solo dos semanas antes de que la Junta de Portavoces del
Congreso decidiera exonerar a la autógrafa del dictamen de la Comisión de
Pueblos Indígenas.
El 11 de noviembre, Ojanama López se reunió con Liliana
Asencios Claros, auxiliar de la Comisión Agraria. Con ella estaba el exjuez
Ricardo Javier Custodio More. Ambos se reunieron después, por un tiempo breve,
con José Augusto Cabanillas Chávez, asesor principal del congresista Jorge
Morante Figari.
Morante es autor de un proyecto de ley que pone en riesgo a
los pueblos en aislamiento voluntario.
Reuniones con agricultores
En el análisis de visitas del Congreso, se halló que la
congresista Elizabeth Medina Hermosilla, miembro de la Comisión Agraria y quien
presentó el primer proyecto que busca modificar la Ley Forestal, tuvo reuniones
—una en setiembre y otra en noviembre— con Werner Angulo Wong, quien se
registró como representante de la organización agraria Conveagro Ucayali; vale
señalar que esta no tienen vínculo con la Convención Nacional del Agro Peruano
(Conveagro), según informó una representante de esta última en Lima.
Según informó Angulo Wong a OjoPúblico, en la región
Ucayali el apoyo de los pequeños agricultores a la modificación de la Ley
Forestal es total, y que su aprobación permitirá formalizar a agricultores que
ya están desarrollando agricultura desde hace muchos años y a los cuales les
perjudica —dijo— hacer la Clasificación de tierras por capacidad de uso
mayor. “Si sale que mi parcela está en un
bosque de protección permanente, cierran mis operaciones y me quedo con los
brazos cruzados”, aseveró.
El dirigente precisó que en las reuniones con la
congresista Medina participaron delegaciones de regiones como Amazonas, Loreto,
Pasco y San Martín.
Uno de los representantes del sector agrario que ha tenido
varias reuniones con congresistas o sus asesores es José Félix Marín Ludeña, de
la Asociación de cafetaleros de Chanchamayo.
El 14 de setiembre, Marín Ludeña se reunió con Nilza Chacón
Trujillo, congresista de Fuerza Popular y actual presidenta de la Comisión
Agraria. Luego, el 12 de octubre, se reunió con Liliana Asencios Claros,
auxiliar de la misma comisión. Ese día tuvo lugar una de las sesiones
organizadas por la Comisión para pedir opiniones sobre la autógrafa observada
por el Ejecutivo.
Marín Ludeña se reunió el mismo día con la parlamentaria
Elizabeth Medina. El 24 de noviembre, se juntó por más de siete horas con
Roberto Carlos Llanto Pardave, técnico del despacho de la congresista Medina
Hermosilla. Días después, el 28 de noviembre, se reunió por casi una hora con
Carlos Villón Pérez, asesor II de la congresista Silvia Monteza Facho, quien en
junio del 2022 pidió que se incluyera la disposición complementaria a los dos
primeros proyectos que buscaban modificar la Ley Forestal.
Puertas giratorias
Mientras que por un lado organizaciones agrarias, líderes
menonitas y otros actores se reunían con congresistas, o sus asesores, Juan
Manuel Benites Ramos, exministro de Agricultura del gobierno del expresidente
Ollanta Humala, hacía lo propio. El 17 de agosto, Benites y otras tres personas
se reunieron por una hora con la congresista Nilza Chacón Trujillo, quien dos
días después asumiría como presidenta de la Comisión Agraria.
Benites es hoy presidente del Instituto Crecer, que tiene
como asociados al Grupo Palmas —que forma parte del Grupo Romero— con
operaciones en el sembrío de palma aceitera en Loreto, San Martín y Ucayali.
Las otras personas que participaron en la reunión fueron
Gabriela Gutiérrez Hemala, miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Calidad (Inacal), adscrito al Ministerio de la Producción; Marco Vinelli
Ruiz, exdirector ejecutivo de AgroRural, y Martínez Cabezas Pizarro,
representante cafetalero de Pichanaqui.
EL EXMINISTRO DE AGRICULTURA, JUAN MANUEL BENITES, ES HOY
PRESIDENTE DEL INSTITUTO CRECER, QUE TIENE COMO ASOCIADOS AL GRUPO PALMAS.
Según informó Chacón Trujillo a OjoPúblico, en la citada
reunión se trataron diversos temas, entre ellos “el interés de impulsar el
sector cafetalero, la implementación de la Ley de alivio financiero para el
sector agrario, y en efecto el tema forestal.”
Más tarde, el 21 de setiembre, Benites Ramos visitó la
Comisión Agraria en su calidad de presidente del Instituto Crecer para
participar de una de las sesiones que organizó la comisión para recoger la
opinión de diferentes sectores sobre la modificación de la Ley Forestal.
Benites también es director de Proyecta Consultoría, una
empresa dedicada a la consultoría en temas económicos, gestión de proyectos,
asesoría legal, gestión pública, agronegocios, entre otros. Es conocida su
posición a favor de entregar títulos de propiedad a los agricultores migrantes
de la sierra que se ubican en la Amazonía. Promueve la palma aceitera y otros
cultivos con capacidad de transformación agroindustrial.
Representaciones ausentes
En las sesiones que organizó la Comisión Agraria para pedir
opiniones sobre los proyectos contenidos en la autógrafa, aparece el nombre de
Comunidad Nativa Yanesha. Sin embargo, el dictamen de la norma que recoge
información de las sesiones, no ofrece información sobre lo expuesto por dicha
comunidad.
Sin embargo, una de las grandes ausentes fue la
organización nacional indígena amazónica Aidesep. La Comisión Agraria nunca
pidió su opinión técnica, explica Rocío Trujillo, abogada de la organización,
quien argumenta además que el proyecto debió ser consultado a los
representantes indígenas en el marco del Convenio 169. Acotó además que el
reglamento de la Ley Forestal pasó por un largo proceso de consulta previa, y
que si se busca modificar la ley corresponde que también pase por consulta.
Por su parte, la Comisión de Pueblos del Congreso informó a
OjoPúblico que a fines del año pasado se reunieron con ocho organizaciones
indígenas, entre ellas la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú (Onamiap) y otras organizaciones locales, de manera virtual
y luego de manera presencial, para pedir su opinión sobre la posible
modificación de la Ley Forestal. Las organizaciones indígenas pidieron que se
archive el proyecto. La comisión también se reunió con organizaciones de
agricultores, las cuales se manifestaron a favor de la norma.
“Hay que estar atentos porque hay muchos intereses detrás
de esta ley”, dice César Ipenza, abogado especialista en Derecho ambiental.
Sobre el nuevo proyecto presentado por el congresista Eduardo Salhuana para
modificar la Ley Forestal, sostiene que este se parece mucho al primero, “lo
que busca es quitarle todas las competencias al gobierno nacional y pasarlas a
los gobiernos regionales”, asegura.
Explica además que hay pruebas de que esta fórmula no tiene
buenos resultados. Y cita los casos de regiones como Loreto, Ucayali y Madre de
Dios, “donde quienes debieran custodiar el patrimonio forestal de todos
nosotros, han sido los principales promotores de actividades ilícitas y
situaciones de corrupción”.
Lo que preocupa de la norma
En cuanto a los artículos que la autógrafa busca modificar,
uno de los puntos que genera preocupación es lo referido a las funciones del
Minam. “Si el Ministerio de Agricultura va a tener la capacidad de establecer
los bosques, su mirada no va a ser la de aprovechamiento de los bosques, sino
de sacar el bosque para generar actividad agrícola”, advirtió Julio César
Guzmán Mendoza, procurador del Minam.
Sobre la disposición complementaria final que genera las
mayores críticas y que representaría una amenaza para la biodiversidad y para
los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía, Julia Urrunaga, directora
en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sostiene que al
analizar la norma se nota que los beneficiados son los grandes proyectos
agroindustriales.
Señala que varias de estas empresas se han instalado de
modo ilegal en la Amazonía y que con las normas vigentes es imposible que
puedan legalizarse, aunque sorprendentemente sigan produciendo. “Estas empresas
nunca van a tener certificación ambiental porque para eso debieron hacer un
estudio que les autorizara a remover el bosque antes de entrar”, explicó a
OjoPúblico.
En septiembre pasado, en el marco de las sesiones de la
Comisión Agraria para pedir opinión sobre la autógrafa, se recogió la opinión
del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor) del Midagri.
Sobre la disposición complementaria que propone que no se
exija a los predios con título o constancia de posesión, el requisito de
zonificación forestal para el cambio de uso de suelo, la entidad señaló que
cuando el cambio de uso ocurre sin conocer la capacidad de uso mayor del suelo
se genera procesos de deforestación y degradación del bosque, con pérdida de
los servicios ecosistémicos que benefician a la población en general.
Sobre la misma disposición, el Serfor se pronunció en la
misma línea al reconocer que esta permitiría que los agricultores sean
autorizados por ley para deforestar toda la propiedad sobre la cual desarrollan
sus actividades sin pedir autorización o contar con los permisos que requiere
el marco normativo vigente. Eso, agregaron, atentaría con el patrimonio
forestal.
OjoPúblico se comunicó con los despachos de los
congresistas Miguel Ángel Ciccia y Rosio Torres Salinas, mencionados en este
informe. Se les envió un cuestionario para conocer la naturaleza de sus
reuniones, pero hasta el cierre ninguno respondió.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización indígena amazónica más grande del país, advirtió que la norma propuesta impulsará “nuevas olas migratorias” en la selva, que terminarán en invasiones, tráfico de tierras, actividades ilícitas y más amenazas y muertes de líderes y lideresas indígenas que defienden sus territorios. https://ojo-publico.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: elevarán humedales de Santa Julia a nuevo sitio Ramsar del Perú
La Municipalidad Provincial de
Piura y el Ministerio del Ambiente, a través del Sernanp, trabajarán
articuladamente para convertir los humedales de Santa Julia, ubicada en el
distrito Veintiséis de Octubre, en nuevo sitio Ramsar del Perú.
En su visita a Piura, la titular
del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, se comprometió a brindar la asistencia técnica
al personal de la Gerencia de Medio Ambiente, Población y Salud, esto con el
objetivo de elevar de categoría de este importante ecosistema.
Por su parte, el alcalde
Provincial, Gabriel Madrid Orue, indicó que el proyecto servirá para
promocionar el turismo local, en un espacio natural donde se han registrado un
total de 90 especies de aves distribuidas en 35 familias.
Dato:
Como parte del trabajo que viene realizando la municipalidad desde la Gerencia de Medio Ambiente Población y Salud, el día 2 de febrero ha organizado un avistamiento de aves en dicho humedal donde participarán jóvenes y niños; esto en el marco del Día Mundial de los Humedales. https://www.elregionalpiura.com.pe/
HIDROMUNDO
Ecuador crea su mayor reserva de agua en zona amazónica cercana a Colombia
El Gobierno de Ecuador presentó
este sábado el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes, de
101.000 hectáreas de extensión en el norte de la Amazonía del país y muy cerca
de la frontera con Colombia.
El presidente ecuatoriano,
Guillermo Lasso, hizo el anuncio de la creación de la reserva durante una
ceremonia especial efectuada en la ciudad de Nueva Loja, la capital de la
provincia amazónica de Sucumbíos.
Esta es "la más grande
reserva de agua de Ecuador y todas sus fuentes son desde ahora consideradas de
interés público", mencionó Lasso tras asegurar que el proyecto intgra
directamente a las provincias de Sucumbíos y a la vecina jurisdicción andina de
Carchi.
El mandatario explicó que la
reserva nace en los páramos andinos de Carchi que nutren a los ríos Chingual y
Cofanes que forman el Aguarico, afluente del río Napo y por consecuencia del
Amazonas.
El patrimonio hídrico de Ecuador
abarca una superficie de 175.000 hectáreas en 20 áreas de protección en 14
provincias de las 24 que forman el país, mencionó.
Lasso dijo que su Gobierno
aspira a concluir su periodo en 2025 con "285.000 hectáreas bajo
protección hídrica" y aseguró que esa estrategia es una forma de enfrentar
a las amenazas del cambio climático.
Asimismo, dijo que poner
territorios bajo protección del Estado es "una buena manera de combatir
actividades como la minería ilegal, el trafico de vida silvestre o los daños
ambientales".
De su lado, el ministro del
Ambiente, Gustavo Manrique, destacó la importancia de la reserva hídrica que
beneficiará directamente a 523.000 habitantes de las zonas que integran el
proyecto.
Recordó que Ecuador es uno de los países más megadiversos del planeta y que la selva amazónica es uno de los pulmones del mundo, por lo que destacó el proyecto de protección hídrica como una forma de contribuir a la lucha contra el cambio climático. https://www.swissinfo.ch/
La gestión de áreas protegidas es prioridad latinoamericana para 2023
La prioridad ambiental para
América del Sur en 2023 puede resumirse en la gestión de sus áreas protegidas
terrestres y marinas, junto a los desafíos de la economía extractivista y del
tránsito hacia una economía verde con atención prioritaria a las poblaciones
más vulnerables.
Esa gestión “debe ser efectiva,
participativa y de justicia ambiental y climática, con protección para el
entorno y los activistas ambientales e indígenas” dijo a IPS la bióloga Vilisa
Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología.
América Latina y el Caribe
alberga casi la mitad de la biodiversidad del mundo, 60 % de la vida terrestre
y suma más de 8,8 millones de kilómetros cuadrados de zonas protegidas, según
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Resulta así la más protegida del
mundo, y esa cobertura es mayor que la superficie total de Brasil o la suma de
los territorios continentales de Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y
Paraguay, de mayor a menor. Los líderes en porcentaje de territorio protegido
son los departamentos franceses de ultramar y Venezuela.
El segundo gran desafío
ambiental en la región para 2023 y los años siguientes está en las economías
extractivistas, a contravía de la responsabilidad que la región tiene ante el
planeta como gran reserva de biodiversidad.
“Basta de egos, Necesitamos
líderes probos, que no se dejen engatusar por el poder. Hay países nuestros en
los que una concesión minera se otorga en tres semanas y los estudios para un
área natural protegida se demoran cinco años”: Constantino Aucca.
Es la minería de metales en la
región de los Andes, el macizo guayanés y la Amazonia, y de hidrocarburos en la
mayoría de los países sudamericanos y México.
Ese extractivismo, más la deuda
en la mayoría de los países por la contaminación –en las zonas urbanas y en los
ríos y otras fuentes de agua dulce- pesa como una losa para el tránsito de la
región hacia una economía verde que, de manera cíclica, replantea como un reto
la gestión de las áreas, sostiene Morón.
Otras heridas punzantes para la
defensa del ambiente en la región son la destrucción del hábitat, de los medios
de vida y de las culturas de los pueblos indígenas, y el asesinato de líderes y
activistas ambientales.
Deforestación, problema vital
Un aspecto esencial en América
Latina, y en particular en América del Sur, es la deforestación, el ataque y
extinción de áreas de bosques para dedicarlos a cultivos, y a ganadería, o como
consecuencia de la explotación minera.
Según el informe “Amazonia Viva
2022”, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), 18 % de los
bosques amazónicos se ha perdido por completo, otro 17 % está degradado y en el
primer semestre de 2022 el daño seguía creciendo.
La pérdida del bioma amazónico
puede afectar directamente los medios de subsistencia de 47 millones de
personas que viven en esa región repartida entre ocho naciones, incluyendo 511
grupos indígenas diferentes (con más de un millón de individuos), así como a 10
% de la biodiversidad del planeta, indicó el WWF.
En la quinta Cumbre Amazónica de
Pueblos Indígenas, realizada en septiembre de 2022 en Lima, la Red Amazónica de
Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) presentó “Amazonia contra
reloj”, un diagnóstico sobre cómo proteger hacia 2025 a 80 % de esa ecorregión
que aún no se ha perdido.
Brasil es el foco principal en
esa deforestación, porque tiene 62 % de la superficie amazónica y porque la
tala de bosques para abrir espacio a la agricultura y la ganadería –más la
devastación que causan los incendios- reduce velozmente la superficie boscosa.
Por ello el universo
ambientalista respiró con alivio el primero de enero, cuando el líder de
izquierda moderada Luiz Inácio Lula da Silva remplazó en la presidencia de
Brasil al ultraderechista Jair Bolsonaro, quien hacía oídos sordos a los
llamados para contener la deforestación y favorecía la expansión de la frontera
agrícola.
Brasil “ha demostrado que es
posible reducir la deforestación con políticas claras”, dijo el investigador Paulo Barreto, cofundador del
Instituto del Hombre y el Medio Ambiente del Amazonas (Imazon), con sede en la ciudad de Belém do Pará, en el norte de ese país,
desde la que habló con IPS.
Barreto es de quienes apuestan
por una buena gestión de la ministra de Ambiente designada por Lula, Marina
Silva, quien ya ejerció ese cargo con el mismo presidente entre los años 2003 y
2008.
Entre las políticas necesarias y
que desafían la agenda ambiental, según Barreto, está la aplicación de las
leyes protectoras y, al mismo tiempo, atender el tema social y económico que
representan medio millón de pequeños propietarios con explotaciones agropecuarias
en la Amazonia y el Cerrado.
El Cerrado es un bosque más
abierto, que se extiende sobre 1,9 millones de kilómetros cuadrados al este de
la cuenca amazónica.
Según el experto, políticas
orientadas a la reforestación y recuperación del bosque “pueden ser parte de la
solución en la generación de empleos y de renta, si por ejemplo se paga por la
deforestación evitada”, una iniciativa que en su opinión es capaz de recabar
recursos de cooperación internacional.
Barreto ve con buenos ojos la
iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro para que se active en la
región un nuevo fondo y nuevos programas de cooperación para salvar la selva
amazónica, sobre la base de la extensa experiencia acumulada.
Palabras y minería
El Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sostiene que la restauración de 20
millones de hectáreas de ecosistemas degradados en la región podría generar 23
000 millones de dólares en beneficios en 50 años.
El biólogo peruano Constantino
Aucca observa el lado crítico: “En nuestros países y en general en el mundo
falta voluntad política para proteger y recuperar nuestras áreas naturales.
Hace falta más acción y menos palabras”, dijo a IPS desde Nueva York, donde se
encontraba temporalmente.
Aucca fue distinguido en
noviembre con el premio Campeones de la Tierra, el máximo galardón ambiental
que otorga Naciones Unidas, como reconocimiento a 35 años de labores de
restauración de bosques altoandinos en 15 reservas naturales de Argentina,
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.
La Asociación de Ecosistemas
Andinos que lidera ha dirigido la siembra de tres millones de árboles en Perú y
otros tantos en países vecinos, pero Aucca insiste en que “hace falta mucho
más. Se nos viene encima el cambio climático con mucha fuerza y los Andes ya
están en rojo”.
“Basta de egos, Necesitamos
líderes probos, que no se dejen engatusar por el poder. Hay países nuestros en
los que una concesión minera se otorga en tres semanas y los estudios para un
área natural protegida se demoran cinco años”, puntualizó.
La minería, desordenada e ilegal
como en la búsqueda de oro en el sur de Venezuela, este de Colombia y norte de
Brasil, es otro de los desafíos ambientales en la región, donde se combina la
destrucción del entorno natural –hábitat de pueblos originarios- con la
contaminación de aguas y suelos, recordó Morón.
Además, con la presencia de
actores armados irregulares, como grupos de garimpeiros (mineros ilegales) de
Brasil, “sindicatos” delincuenciales de Venezuela o remanentes de las guerrillas
y otras formaciones ilícitas de Colombia.
Morón subraya que esa actividad,
favorecida por la debilidad institucional en la región, más la de la industria
de hidrocarburos presente en la mayoría de las naciones sudamericanas, es una
constante fuente de pasivos ambientales y sociales.
Sequía, crimen e indígenas
En Argentina, tres años de
sequía en la mayor parte del territorio han golpeado severamente a su endeudada
economía y a las cuentas públicas, a lo que se suman en el período más de 6700
incendios que afectaron unos 2,3 millones de hectáreas.
Es un tema imperativo para ese
país que es potencia mundial en producción de alimentos y de cuya exportación
dependen en gran medida su economía y el abastecimiento de sus clientes en
Brasil, Estados Unidos y Asia oriental.
Un grave problema regional es el
asesinato de defensores de los derechos humanos y, entre ellos, de activistas
por los derechos ambientales y de los pueblos indígenas.
De los 1733 asesinatos de
activistas ambientales que ocurrieron entre 2012 y 2021 en todo el mundo, 68 %
correspondieron a América Latina y el Caribe, y Colombia fue entre 2020 y 2021
el país más fatídico, con 33 de los 200 crímenes registrados en ese lapso por
la organización Global Witness.
En ese sentido es clave el
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe,
conocido como Acuerdo de Escazú porque se adoptó en esa ciudad de Costa Rica en
marzo de 2018.
El acuerdo, firmado por 25
Estados y ratificado por 14, busca asegurar “medidas adecuadas y efectivas para
reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los
derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida,
integridad personal, libertad de opinión y expresión”.
Los consultados coincidieron
finalmente en la necesidad de privilegiar a los pueblos indígenas y comunidades
locales en toda la gestión ambiental pendiente en la región, pues su hábitat
está en juego de manera directa y en el corto plazo.
Constituye, además, una manera efectiva de cuidar el territorio y atender la deuda social que ha acompañado a las muchas décadas de degradación ambiental. https://ipsnoticias.net/
“Defender el Agua es Defender la Vida”