Lunes, 4 de diciembre de 2023 – Año XVII – Edición 4356 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Proyecto de irrigación Iruro: ¿cuándo
inicia la construcción de la represa para Arequipa y Ayacucho?
Se trata de una represa que proveerá agua para los ciudadanos de las regiones Arequipa y Ayacucho, según detalló Midagri. ¿Cuál es el impacto significativo que tendrá la obra?
El proyecto de irrigación Iruro estará situado entre las
regiones de Arequipa y Ayacucho. Esta obra de gran envergadura tenía como
objetivo agregar alrededor de 10.250 hectáreas bajo sistema de riego. Sin
embargo, experimentó varias interrupciones a lo largo del tiempo. De acuerdo
con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), finalmente se habría
destrabado el ansiado proyecto.
¿En qué consiste el proyecto de
irrigación Iruro?
Según información del Midagri, se trata de una represa que
otorgará agua para ciudadanos de la provincia de Caravelí, en Arequipa, y la
provincia de San Juan de Lucanas, en Ayacucho.
La construcción de la represa Iruro, en el distrito de
Acarí, tendrá una capacidad de embalse de 61 millones de metros cúbicos,
conducción de 35.7 km y una mejora de 89 km de canales.
Las metas primordiales del proyecto incluyen no solo la
edificación de la represa Iruro, sino también la implementación del sistema de
captación (bocatoma) y desarenador, el canal principal de conducción mediante
tubería reforzada, así como diversas estructuras, como 16 tomas principales,
canaletas, 9 sifones, zanjas de drenaje, cunetas de coronación y puentes
vehiculares, entre otros elementos.
Proyecto de irrigación Iruro: ¿cuántos
ciudadanos se beneficiarán?
Con la construcción de la represa Iruro y el canal
asociado, se espera mejorar la seguridad hídrica y aumentar la productividad
agrícola en estas importantes regiones del Perú. El impacto significativo en el
desarrollo agrícola de la región Arequipa se verá con un área beneficiada de
8.071 hectáreas, mientras que, en Ayacucho, se irrigarán 2.178 hectáreas.
a obra beneficiará a 2.665 familias constituidas por
productores de olivos de los distritos de Acarí y Bella Unión, provincia de
Caravelí (Arequipa), mientras que, con cultivos de pastos para producción
ganadera en el distrito de San Juan de Lucanas, provincia de Lucanas
(Ayacucho).
Proyecto de irrigación Iruro: ¿cuál es
la inversión de la obra?
El financiamiento y la ejecución estarán a cargo del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). A través de una resolución
jefatural, emitida por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI),
organismo adscrito al Midagri, se aprobó el expediente técnico de Saldo de Obra
del proyecto, “Acarí Bella Unión II Etapa de construcción de la represa de
Iruro”, Fase 1 de conformidad con la Ley N° 30225 y normas modificatorias. Las
obras del proyecto de irrigación demandarán una inversión de S/185,2 millones y
su plazo de ejecución es de 610 días.
Asimismo, ya se convocó a una licitación pública para
definir a la empresa que hará la obra.
Proyecto de irrigación Iruro: ¿cuándo
inicia la obra de agua para Arequipa y Ayacucho?
En una primera oportunidad, desde el Gobierno anunciaron
que la construcción de la represa, que otorgará agua para los ciudadanos de las
provincias de Caravelí y de San Juan de Lucanas, se estaría iniciando en el mes
de diciembre del 2023. Sin embargo; actualmente se sabe que lo más próximo a
llevarse a cabo sería el 2024. https://larepublica.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
La sed del Altiplano: sequías y descenso del Titicaca asfixian la economía de agricultores y ganaderos
Cada vez que alguno de sus tres hijos la visita desde la
ciudad de Puno, Petronila Chacón ―agricultora de 53 años, trenzas negras, piel
tensa― recibe abarrotes, carnes y frutas necesarios para sobrevivir, por lo
menos, durante la siguiente semana. Los jóvenes le dan arroz, fideos, panes,
pollo, pescado, plátanos y mandarinas que la madre no logra conseguir en su
comunidad.
Pero lo más esperado de las encomiendas son los
“poronguitos”.
Así llama Petronila a las galoneras que los chicos llevan
repletas con lo más ansiado y escaso en Saytococha: agua. Unos recipientes de
plástico verde y 10 litros de capacidad que la mujer almacena con recelo en sus
cobertizos. Porque en esa comunidad del distrito de Santiago de Pupuja,
provincia de Azángaro, en la región altiplánica de Puno, no solo se ha detenido
el comercio y ha desertado la juventud para ir a buscar estudios o trabajo a
las ciudades.
Allí, sobre todo, no hay agua suficiente para vivir bien.
El problema de la comunidad, además de la falta de un
sistema de agua y desagüe, es la ausencia de ríos y, especialmente desde hace
unos años, la escasez de lluvias. Las gotas que caen del cielo son la principal
fuente de agua en Saytococha.
“¿Ya no habrá lluvia? Cuando intenta llover, el viento lo
hace pasar”, dice en quechua Petronila Chacón, quien se queja del mal tiempo
para las cosechas. “El año pasado hice papa y recogí un saco de papa. La quinua
la helada se lo llevó. No hay avena, ni cañihua”.
Su situación y la del resto de Saytococha se replica a lo
largo y ancho de Puno. La disminución progresiva de las precipitaciones, que
empezó hace aproximadamente una década, según el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se vive en casi todas las 13
provincias. Son la excepción Sandia y Carabaya, en el límite con la Amazonía.
Y azota, con especial fuerza, a quienes como Petronila
Chacón viven de sus cultivos y la crianza de ganados.
Desde hace un par de años el escenario viene empeorando.
“En esta temporada última El Niño costero ha originado que tengamos muy poca
lluvia”, dice por teléfono Sixto Flores Sancho, director del Senamhi en Puno.
“Tenemos un 50% menos del promedio histórico en la temporada de lluvias. Ha
llovido poco”.
Para el ingeniero meteorólogo Flores Sancho los motivos de
este retroceso son diversos: la crisis climática, los fenómenos de El Niño, La
Niña y ahora mismo El Niño costero: “Todos esos fenómenos han contribuido a que
las lluvias disminuyan en cantidad”.
Con una década de descenso de las precipitaciones, ya se
puede hablar de una época de sequías en la región altiplánica. Así lo afirma
Ángela Peña, analista meteorológica del Senamhi de Puno: “Las sequías suceden
cuando ya se ve esa disminución de lluvias hace años, es un escenario de hace
años”.
Y si bien comenzó a llover en Puno desde hace unas semanas,
esto no es suficiente o necesariamente promisorio. El Senamhi prevé que, entre
diciembre de 2023 y febrero de 2024, en la sierra sur oriental de Perú, es
decir la zona donde están Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa, habrá
lluvias por debajo de lo normal. La probabilidad de que esto ocurra es del 43%,
poco menos de la mitad.
Tantos años sin agua suficiente han transformado las
comunidades puneñas. En Saytococha, Petronila Chacón nota cómo, poco a poco, su
hogar se ha ido despoblando. “Había muchas señoritas y jóvenes, pero como ya no
hay agua se van a las ciudades a trabajar”, dice la madre de tres hijos que
viven en la capital.
La tierra ya no rinde como antes, el alimento viene de las
ciudades, muy pocos soportan vivir así, solo los más grandes. “Aquí ya no hay
papa, ni chuño, de Juliaca nos traen nuestros hijos cuando nos visitan. Peor
están los abuelos en el olvido, a ellos no se los llevan ―dice Petronila
Chacón―. Aquí hay pocas personas ahora, solo adultos mayores”.
Cada vez que lo necesitan, los vecinos de la comunidad van
hasta la municipalidad de Santiago de Pupuja a comprar agua por un monto de
entre 80 y 130 soles. “Ahora hay preocupación en Saytococha. Ahora ya no hay
agua, estamos comprando. En cisterna nos traen”, cuenta la mujer. El tiempo que
les dura es variable: puede ser dos semanas, tres semanas, un mes.
Las cisternas depositan el agua no potable en unos huecos
profundos que los vecinos hacen en la tierra. Los llaman takapis y cuando están
llenos parecen lagunas en miniatura u ojos de agua. Pero los takapis tampoco
bastan. “Eso también se seca”, se queja Petronila Chacón. Para la gente de
Saytococha, el agua es un privilegio fugaz.
La tierra infértil
Godofredo Chacón se mudó desde Saytococha hacia Puno en la
década de los noventa. Deseaba “una vida mejor” para su esposa y sus tres
hijos. Como muchos padres preocupados, quería que sus niños tuvieran una “buena
educación”.
En la capital vivieron juntos por más de tres décadas,
hasta que comenzó la pandemia. Entonces, el hombre de 68 años ―para entonces
viudo―, decidió volver a su comunidad.
Hoy Godofredo Chacón se arrepiente de esa decisión. Porque
ahora, dice, ya no tiene agua.
A pesar de su abatimiento, el hombre ha decidido no
declinar. Llegó a tener 40 ovejas, pero solo le quedan dos. Antes criaba 10
vacas y toros y nada más conserva un trío. Ha perdido casi por completo un
invernadero con tomates, pepinillos, acelgas, nabos, betarragas, perejil,
culantro. Es decir, casi se ha quedado sin productos para alimentarse. Pero
nada de esto parece convencerlo de regresar a Puno, donde sus hijos lo
reclaman.
“Mis hijos quieren llevarme a la ciudad y ofrecerme una
buena calidad de vida, pero creo que no podría acostumbrarme tan rápido ―dice
en su lengua materna, quechua―. Sin embargo, la situación es muy preocupante
aquí. Ya no hay ningún ingreso de la agricultura ni la ganadería, prácticamente
estoy por amor a los animales y al campo”.
El señor Chacón es uno de los tantos ganaderos que ha
perdido sus vacunos y también está entre los agricultores que no han conseguido
sus cosechas habituales. Según el ingeniero Germán Cutipa, director de
Estadística a Informática de la Dirección Regional Agraria de Puno, el alto
déficit de lluvias en la región, ocasionó que la campaña agrícola 2022-2023
tuviera una caída del 53% en la producción de los cultivos.
Es decir, la gente de los agricultores puneños cosechó
menos de la mitad de sus típicas papas, quinua, cañihua, cebada, avena
forrajera. Estos son alimentos para las canastas básicas, alimento de sus
ganados y también para vender en los mercados locales. El ingeniero Cutipa
traduce las pérdidas en palabras más contundentes: “ha sido una campaña que
podemos decir, o denominar, catastrófica”.
Las precipitaciones son cruciales en el Altiplano, pues
allí se practica la agricultura de secano, explica la ingeniera del Senamhi,
Ángela Peña. Se trata del método de cultivo que no usa ningún sistema
tecnificado para regar los campos, sino solo el agua que cae desde arriba.
“Son las siembras que se realizan de acuerdo a la temporada
de lluvias”, dice la especialista. “Por ejemplo, aquí la gente sabía qué mes
iba a llover, entonces comenzaban a sembrar para que la lluvia haga brotar sus
plantas”.
Pero desde hace un tiempo setiembre, octubre, noviembre,
diciembre, enero, febrero, marzo y abril no son más los meses de
precipitaciones. Si no, más bien, son épocas de cielos despejados que vuelven
la tierra infértil.
El ingeniero Germán Cutipa, sin embargo, tiene noticias
algo alentadoras: las siembras de la campaña agrícola 2023-2024 están avanzando
mejor que en la campaña anterior.
“A octubre, vamos en un 44,2% del objetivo de la siembra
para este año”, dice. Esta cifra representa un crecimiento del 16% en
comparación al mismo mes del año pasado. Ha cambiado así, explica el experto,
por las precipitaciones que comenzaron a caer en octubre.
“Hasta agosto hasta septiembre no ha habido presencia de
lluvias”, señala. “Pero en octubre ya hemos visto algunas precipitaciones
pluviales en algunas provincias de la región. [...] Lo cual permite que las
siembras de alguna manera se realicen”.
Pero este avance en el sembrío no necesariamente augura una
buena culminación de la campaña agrícola. Germán Cutipa toma el ascenso con
cautela: si bien la siembra va por buen camino todavía no se puede saber cómo
progresará el crecimiento de las plantas y la producción o cosecha.
René Mamani, productor agropecuario de 64 años, es
indiferente a las buenas nuevas. En el centro poblado Laro donde vive, en el
distrito de Nicasio, en la provincia altiplánica de Lampa, las siembras de este
año han ido tan mal como en la campaña anterior.
“Nosotros hacemos papa, cañihua, quinua, pero este año no
hay agua”, cuenta en quechua, sentado delante de la laguna Laro Q’ocha, que se
ha secado casi por completo. “En temporada seca tampoco se puede remover ni
preparar la tierra. No tenemos plata ni para comprar semillas”.
Quien también fue exalcalde de Laro dice que nunca pensó
encontrarse en medio de una sequía: “Esta laguna Laro Q’ocha siempre estaba
llena”. A veces hay algunas garúas que ayudan a hacer crecer la alfalfa. Con
eso, se consuela, están sobreviviendo a duras penas sus ganados.
El descenso del lago Titicaca
Desde que las aguas del Titicaca han comenzado a descender,
las casas de Walter Mamani y los demás habitantes de las islas flotantes de los
Uros, se deterioran más rápido.
La totora, planta nativa y emblema del lago, aquella con la
que las civilizaciones prehispánicas fabricaban desde embarcaciones hasta
puentes colgantes, actualmente el material con el que la gente de las más de
130 islas flotantes construye sus viviendas, crece cada vez más pequeña y más
débil. Ahora son cañas amarillentas con vetas marrones, que se marchitan antes
de las dos semanas.
Walter y sus vecinos no solo levantan sus casas con las
totoras. También les sirve para crear las artesanías que venden a los turistas,
como forraje para sus animales e incluso como alimento para ensaladas.
“Ahorita estamos cien por ciento escaseados de totora”,
dice Walter Mamani, orgulloso habitante de los Uros de 36 años, padre de dos
hijos, presidente de la isla Huaynamarca en la que viven cinco familias. “No
hay totora por el tema de que ha bajado el agua”.
El gran espejo que refleja a gran escala el dañino efecto
de las sequías de Puno es el lago Titicaca. Esta superficie de agua de
alrededor de 8.400 km2 ―unas tres veces la superficie de Lima Metropolitana― ha
descendido 74 centímetros entre abril y noviembre de este año. Así lo indica el
Senamhi, que también señala que el lago se encuentra a más de un metro por
debajo de su nivel normal para estas temporadas.
Sixto Flores Sancho, director del Senamhi en Puno, explica
que el Titicaca es un “sistema endorreico” que se alimenta principalmente de
las lluvias y de los ríos que en él desembocan. A menos precipitaciones, menos
agua en las cuencas del lago y, por lo tanto, menos agua en el Titicaca.
Por si fuera poco, el aumento de la temperatura de los
últimos años, debido a la crisis climática, también está provocando una mayor
evaporación de las aguas del lago. El Senamhi prevé que, hasta febrero de 2024,
hay 52% de probabilidades de que las temperaturas máximas de la zona donde está
Puno se presenten por encima de lo normal.
“Solo en comparación con el año pasado, en la zona del
Altiplano tenemos un aumento de 0,7 grados de temperatura”, explica la analista
meteorológica Ángela Peña. “Es casi un grado. Un grado es bastante”. De hecho,
los científicos tienen un límite de aumento de la temperatura de 1,5 °C. A
partir de ahí, ocurren eventos catastróficos.
La previsión de que en los próximos meses las temperaturas
máximas superarán sus límites habituales aplica para absolutamente todas las
regiones de Perú.
Pero ¿qué implica que ese cuerpo de agua, alrededor del
cual viven más o menos tres millones de personas, pierda centímetros de nivel?
La baja de las aguas produce afectaciones en la flora y la fauna, indica el
ingeniero meteorólogo Flores Sancho, y enumera unas cuantas: “reducción de los
hábitats de las aves nativas, de las especies piscícolas nativas también, del
hábitat en general”.
De ahí que las casas de totora en las islas flotantes de
los Uros se estén volviendo, poco a poco, efímeras. Para conseguir la mejor
calidad posible de esta planta, Walter Mamani y sus amigos se desplazan por las
menguantes aguas del “Puma de piedra” entre cuatro y cinco horas hacia la
frontera con Bolivia.
Y si antes conseguían carachis, truchas, mauris, pejerreyes
con solo lanzar sus cañas de pescar donde estuvieran, ahora deben adentrarse
unos 10 kilómetros para encontrar algunos cuantos peces venidos a menos.
“Aquí en la ribera del lago tampoco hay ranas gigantes.
Antes había bastante rana”, dice Walter Mamani. Se refiere al anfibio de ojos
saltones, panza redonda y piel suave que está desde hace años en peligro
crítico.
El menor nivel del Titicaca, además, pone a prueba el
abastecimiento de agua para la capital de la región. Ángela Peña explica que la
Empresa Municipal de Saneamiento Municipal Básico de Puno (EMSA Puno), no puede
captar la misma cantidad y calidad de agua para la población.
Las maquinarias de la compañía, prosigue la analista
meteorológica del Senamhi, succionan menos líquido que, además, contiene mayor
concentración de minerales como arsénico. Entonces, no solo se enfrenta un
déficit hídrico, sino también ante un estrés hídrico.
De hecho, desde hace meses EMSA Puno ha alertado de su
situación a las autoridades. OjoPúblico intentó comunicarse con Luis Aguilar,
gerente general de la empresa, pero hasta el cierre del artículo no tuvo
respuesta.
Con la bajada del nivel del lago, según Sabino Suaña,
presidente de la comunidad de Uros, a algunos niños les cuesta llegar puntuales
a la escuela. En ciertas zonas, donde el agua ha descendido tanto que deja una
superficie de fango casi al descubierto, los motores de las lanchas corren el
riesgo de raspar el suelo. Entonces, los conductores apagan la máquina para no
dañarla y atraviesan esos tramos a punta de remos.
Demorarse en llegar algunos minutos más no trae tantos líos
si se trata de una embarcación que transporta turistas, pero cuando es la
movilidad que por las mañanas lleva a escolares a sus colegios, el tiempo es
crucial.
“Los niños llegan a estudiar tarde ―dice Sabino Suaña―
mucho se demoran”.
Sin agua y en medio de la contaminación
Julio Ito Mamani sube tambaleando del río Coata, con un
balde de agua turbia. El agricultor de 57 años ―delgado, pero firme como un
árbol― dice que de ahí le da de beber a su ganado: unas cuantas vacas huesudas
de pelos marrones y despeinados.
El río queda a menos de cien metros de su casa, pero Ito
Mamani consigue agua para él y su esposa de la municipalidad del distrito de
Coata. Los esposos viven en una zona apartada de la comunidad de Jochi San
Francisco, en el distrito de Coata, adonde no llegan los camiones cisterna.
Julio Ito Mamani debe transportar bidones de plástico rebalsados en su
mototaxi.
Pero hay días, como hoy, en los que ni el municipio tiene
agua. Entonces el señor Ito Mamani hace una confesión.
“A veces tomamos agua del río ¿Qué vamos a hacer?”, dice.
“A veces no vienen los hijos ¿quién nos va a traer agua pues? Caballero nomás,
tenemos que asumir”.
No solo son las sequías las que han afectado a la población de Jochi San Francisco. El río Coata, como lo ha reportado antes OjoPúblico, está contaminado con plomo, arsénico, zinc, talio, fósforo, escherichia coli y coliformes termotolerantes. Los dos últimos están en el tracto intestinal y las heces de animales y humanos.
A menos de 10 minutos de Jochi San Francisco, Braulio
Pacompia, presidente de la comunidad de Lluco, se queja por el envenenamiento
del río ―que recuerda cristalino y cargado de peces durante su niñez― y del
déficit hídrico de su región.
“En esta zona ya no cae lluvia, los pozos que tuvimos
anteriormente ya no tienen agua suficiente”, cuenta. “Los pozos ya se han
convertido en aguas con metales pesados o con contaminaciones y ya no son
buenos para el consumo humano ni animales”.
El presidente Pacompia pide que la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) realice de una vez las instalaciones de pozos: “Con eso nos pudiera
salvar la vida a nuestro distrito de Coata”.
La ANA planea implementar 437 pozos de excavación manual en
Puno, con una tecnología especial que usa la energía renovable de paneles
solares. Hasta finales de setiembre de este año, ya había implementado 118 de
estas perforaciones en distintos puntos de Puno.
Este medio intentó comunicarse con la ANA, pero hasta el
cierre del artículo no pudo obtener una respuesta.
Por la implementación de pozos de agua también esperan los
vecinos de los centros poblados de Llachón y Llapura, en el distrito puneño de
Capachica.
Juana Mamani, secretaria de la Red de Mujeres Lideresas
Unidas en Defensa del Lago Titicaca, vecina del sector de Miraflores en la
comunidad de Llapura, también quiere que instalen el pozo de agua que les
prometieron.
Pero, ante todo, Juana sueña con recuperar la grandeza de
su pueblo. Extraña aquellos tiempos en los que su pueblo tenía una playa de
arena blanquecina adonde llegaban los turistas o cuando las familias celebraban
con fiestas de días a la pachamama, por las buenas cosechas.
La mujer está parada sobre el lodo cenizo donde hasta hace
unos meses solía haber agua. El lago Titicaca se ha retirado varios cientos de
metros de su ribera en Miraflores. Donde antes se podía navegar con botes,
ahora se puede ir a pie.
La acompaña Juanita Laquise, otra de las vecinas de
Miraflores, quien recuerda que cuando era pequeña solía llegar hasta esos
sitios en bote, a pescar truchas y pejerreyes que luego servían en timpus para
el almuerzo o la cena. “Teníamos río que bajaba, riachuelos desde arriba donde
había agua manantial”.
Juana y Juanita dicen entender qué es la crisis climática,
saben que los pronósticos científicos indican que el clima se irá poniendo
peor. Al mismo tiempo, conservan una especie de entereza y entusiasmo frente a
la adversidad.
“¿Volverá algún día o no?”, duda Juana Mamani, mientras
camina por el pasto seco que cruje. Pero piensa unos segundos y luego se
responde: “Sí, tiene que volver... Eso pensamos”. https://ojo-publico.com/
Las Bambas: El gobierno anuncia que todo está en calma pero los conflictos retornan
El ministro de Energía y Minas,
Oscar Vera Gargurevich, ha señalado en varios medios de comunicación que uno de
los resultados de la gestión del actual gobierno es la calma que se ha logrado
en todo el corredor del sur andino. Sin embargo, hechos recientes muestran que
no es tan cierto y que los equilibrios siguen siendo precarios en esta zona del
país. A continuación, presentamos algunos conflictos recientes y elementos para
el análisis.
Los recientes conflictos con
comunidades
En un nuevo capítulo de
enfrentamientos, las comunidades campesinas de la provincia cusqueña de
Chumbivilcas retomaron acciones de protesta el pasado 16 de noviembre, en
reclamo por los incumplimientos reiterados de acuerdos suscritos tanto por el
gobierno como por la empresa minera Las Bambas. El corredor fue bloqueado a la
altura de la comunidad campesina de Cancahuani, en Ccapacmarca. Estas
manifestaciones también se han extendido a otros puntos, como Ahuichanta y
Colquemarca.
Las demandas principales
incluyen el saneamiento legal de los terrenos comunales, con énfasis en el pago
justo por dichos terrenos y la exigencia del mantenimiento vial por parte de
una empresa multicomunal, conformada por 8 comunidades de Chumbivilcas. Sin
embargo, las comunidades denuncian que la empresa minera no habría mostrado
interés en cumplir con este acuerdo, lo que genera mayor malestar en la zona. A
pesar de las promesas del Gobierno de declarar como Zona de Atención Especial a
las comunidades del corredor y ofrecer proyectos para impulsar su desarrollo,
hasta el momento no se registran avances concretos.
Estas acciones de protesta
podrían intensificarse si no se atienden las demandas de manera efectiva y
concreta. Mientras el gobierno pretende dar la imagen de que el corredor ha
sido pacificado, lo cierto es que en cualquier momento puede ocurrir un nuevo
estallido.
Otro caso de un conflicto
reciente vincula a la comunidad de Carmen Alto, en esta ocasión en la zona de
influencia directa de Las Bambas. La comunidad mencionada emitió un
pronunciamiento el 21 de noviembre, declarándose en paro contra la empresa MMG
Las Bambas, debido a supuestos incumplimientos de acuerdos. Según el
comunicado, la empresa minera habría roto el diálogo el pasado 26 de octubre,
negándose a cumplir con lo acordado en la mesa de diálogo que se instaló el 11
de agosto de 2022. En este diálogo participaron la Presidencia del Consejo de
Ministros y el Ministerio de Energía y Minas.
Desde las 00:00 horas del 23 de
noviembre, los comuneros iniciaron un paro, bloqueando varios puntos
estratégicos como Lamarpata, Puente Álamos y Chacat’occo, impidiendo el paso de
vehículos y trabajadores de las diferentes empresas contratistas que intentaban
ingresar al campamento minero.
Al no recibir respuesta por
parte de MMG Las Bambas, las tensiones aumentaron. Pasadas las 16:00 horas, los
efectivos policiales, en un intento de abrir la vía, emplearon bombas
lacrimógenas. Según medios locales, la situación se salió de control cuando las
fuerzas policiales lanzaron bombas lacrimógenas a las zonas de mayor
concentración de la población, impactando en transeúntes y dejando desmayada a
una menor de edad por los efectos de los gases.
La movilización continuó el 24
de noviembre, en esta ocasión en el distrito de Challhuahuacho. Los acuerdos
que no se habrían implementado tienen que ver con servicios de lavandería,
hospedaje, transporte, desarrollo comunitario, monitoreo ambiental y otros
aspectos. Representantes de la empresa no emitieron declaraciones.
La comunidad de Carmen Alto en
Challhuahuacho ha hecho un llamado urgente a las autoridades pertinentes para
que aborden esta situación, instando por la pronta atención a sus demandas y el
respeto a los acuerdos firmados.
Los conflictos laborales también
entran en escena
Finalmente, también se ha
abierto un conflicto en el terreno laboral: el Sindicato Único de Trabajadores
de la Empresa Minera Las Bambas (SUTEMLB) emitió un comunicado señalando que
luego de haberse reunido con el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera y los
directivos de la empresa minera y no haber logrado un acuerdo, iniciaban el
martes 28 de noviembre una huelga general indefinida.
Señalaron que lamentaban no
haber llegado a acuerdos en las reuniones con el ministerio de Energía y Minas
y con los propios directivos de la empresa Las Bambas. Se quejan por el
incumplimiento del convenio colectivo y de los malos tratos que reciben de parte
de funcionarios de la empresa.
Según el comunicado emitido por
el SUTEMLB se sienten decepcionados de los resultados, ya que recibirán
aproximadamente la mitad de lo que recibían el 2021. La empresa tampoco quiso
conversar con el sindicato sobre un posible bono, porque recién van a evaluarlo
en marzo del 2024.
Asimismo, fueron notificados con
la resolución directoral general No. 232-2023 MTPE/2/14, que declara la
improcedencia de la huelga, Sin embargo, tomaron la decisión de continuar con
la medida de fuerza: “la autoridad no va a apagar las voces de lucha y seguirán
firmes, y más fortalecidos”, declaro un dirigente.
Habrá que seguir observando la
evolución de las tensiones en esta zona del país. Lo cierto es que los anuncios
del gobierno no se condicen con la realidad y no está demás recomendar cautela.
Construir relaciones de equilibrio y respeto entre los diversos actores de una
zona tan convulsionada como la del corredor sur andino, demanda enormes
esfuerzos: implica construir confianza mutua; se necesita una importante cuota
de legitimidad y una estrategia de abordaje de los conflictos que deje de ser
reactiva y que no priorice la lógica de militarizar la zona y declarar estados
de emergencia casi permanentes. Hasta el momento estos ingredientes brillan por
su ausencia. https://cooperaccion.org.pe/
OPINIÓN
Nelson Shack: “¿Cuál es la cifra total de empleados en el Estado?”
Aunque pueda sonar como una
historia increíble, en plena era digital nadie tiene certeza de a cuánto
asciende la fuerza laboral en el Estado. El desorden es tal que ni siquiera, al
cruzar todas las bases de datos, podemos obtener una cifra precisa.
Esto es muy importante porque,
según el último estudio sobre la magnitud de la corrupción y la inconducta
funcional en el Perú 2022, la Contraloría General reveló que, de cada 100 soles
destinados al rubro de planillas, se pierden 12 soles. Esto equivale a más de
9,950 millones de soles, que constituyen el 41% del total de la pérdida en ese
año.
Si examinamos las 2,988
entidades que conforman el sector público en el año 2022, cuyo gasto agregado
es el equivalente a la cuarta parte del Producto Bruto Interno peruano, vemos
que la información está dispersa en diferentes sistemas o bases de datos, lo
que nos hace suponer que no existe una consolidación de datos respecto al
número total de los asalariados del Estado. Más aún, si la cobertura llega solo
a los niveles de gobierno nacional y regional, pues se desconoce la realidad de
la fuerza laboral en las más de 1,800 municipalidades provinciales y
distritales, así como de las entidades de tratamiento empresarial, organismos
públicos descentralizados, Essalud y de las empresas públicas.
Además, en esta era digital en
la que los sistemas se nutren y responden eficazmente en función de la calidad
de la información registrada en ellos, el 2% de las entidades del gobierno
nacional y el 5% del gobierno regional no registran información del personal
contratado en los sistemas correspondientes, pero sí registran los gastos que
acarrean los contratos en el SIAF.
Dicha situación es peor para el
caso de las municipalidades. A pesar de que ya pasaron 20 años del inicio del
proceso de descentralización, aún no sabemos ni siquiera quiénes trabajan
realmente en estas instituciones, cuánto ganan y qué competencias tienen en los
gobiernos locales. Solo existe el total de trabajadores declarados en el
Registro Nacional de Municipalidades, de casi el total de municipios, que
serían 1,874 para el año 2022.
Otra causa del desorden es la
diversidad de regímenes laborales que operan en el Estado y la ausencia de un
servicio civil meritocrático. Al cruzar la información de estas bases de datos,
se revela que, en el año 2022, el gobierno nacional destinó 35 mil millones de
soles al pago de nóminas para 646 mil personas. De este total, 320 mil
pertenecen a 10 regímenes especiales (policías, militares, jueces, fiscales,
diplomáticos, maestros, médicos, entre otros), 65 mil están bajo el Decreto
Legislativo 276, 56 mil, bajo el Decreto Legislativo 728, 163 mil bajo
Contratos Administrativos de Servicios-CAS, dos mil en el nuevo régimen del
Servicio Civil, 49 mil en la modalidad FAG-PAG, entre otros.
En cuanto a los contratos de
locación de servicios, en el año 2022 el Estado contrató a un total de 321 mil
personas por unos 4,634 millones de soles a través de contratos que suelen ser
menores a 8 unidades impositivas tributarias. Este escenario propicia la
precarización del empleo y distorsiona los contratos, con la contribución del
propio Estado.
En resumen, en el año 2022, el
Estado peruano destinó más de 74 mil millones de soles al gasto en planillas y
contratación de personal. Sin embargo, se carece de información precisa sobre
la cantidad real de personal contratado en estas instituciones.
La interrogante que surge es
esta: con una cantidad de un millón y medio de personas aproximadamente, con un
presupuesto anual que supera los 74 mil millones de soles, ¿no deberíamos
esperar una mejora en la provisión de bienes y servicios públicos, y conocer
dónde están y qué labor cumplen?
Lo descrito nos debe llevar a
demandar una reforma que posibilite captar y retener a personal altamente
calificado, así como la promoción de los empleados competentes y la expulsión
de quienes no cumplen con los estándares requeridos. Solo a través de esta
transformación podremos prestar adecuados servicios públicos en beneficio de
toda la sociedad. https://peru21.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”