Martes, 4 de junio de 2024 – Año XVIII – Edición 4480
Se realizó la movilización al
Congreso, convocada por la CGTP para exigir la derogatoria del DL 1620 que
privatiza el agua, Sedapal y las Eps, y la renuncia inmediata de la ministra de
vivienda
Comunicado N° 035-2024/CDN FENTAP
El Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y
Alcantarillado del Perú – FENTAP
saluda a los miles de trabajadores y trabajadoras, y dirigentes sociales que
participaron en la multitudinaria movilización hacia el Congreso de la
República convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú -
CGTP para exigirle al Congreso en especial a los congresistas de la
ultraderecha y derecha, y lobistas la inmediata derogatoria del nefasto DL 1620
que privatiza las fuentes de agua, la empresa Sedapal y las empresas de agua a
nivel nacional en las modalidades de concesión de 25 a 30 años; también para
exigirle la renuncia inmediata de la lobista Ministra de Vivienda, Construcción
y Saneamiento Hania Pérez de Cuéllar Lubienska y de sus operadores de la
privatización que ha designado y nombrado en el Directorio de Sedapal, en el
Directorio del OTASS y los directores del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento para consolidar sus planes de privatización del agua.
Invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras, así como
a las organizaciones sociales y a la sociedad civil a participar activamente en
las próximas movilizaciones hacia el Congreso de la República y el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento contra estas nefastas privatizaciones
del agua y las empresas del agua que vulneran nuestro derecho a la salud y la
vida.
Asimismo, reiteramos nuestro pedido a los trabajadores y
trabajadoras de las empresas de agua de Lima y a nivel nacional a prepararnos a
la huelga general indefinida de todas las empresas de agua de Lima, Callao y a
nivel nacional.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA, SEDAPAL
Y LAS EMPRESAS DE AGUA
VIVA LA HUELGA INDEFINIDA DE TODAS LAS
EMPRESAS DE AGUA DE TODO EL PERÚ
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
Lima, 03 de junio de 2024
HIDROREGIONES PERÚ
FDTA participará de asamblea popular en Islay para definir acciones en contra de Tía María
La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa
estará presente en la asamblea popular del Valle de Tambo, para acordar algunas
acciones sobre el proyecto minero Tía María, la misma que se desarrollará este
miércoles 5 de junio en la provincia de Islay, así lo confirmó Elmer Arenas
Pérez secretario general de la FDTA.
El dirigente reiteró que el ejecutivo debe respetar la
voluntad de la población de Islay que rechaza el proyecto cuprífero. Además,
mostró su desacuerdo sobre los anuncios del ministro de energía y minas Rómulo
Mucho que promueve el proyecto Tía María a pesar del rechazo de una parte de la
población de la provincia de Islay.
Asimismo, Elmer Arenas dijo que en Arequipa la empresa
Cerro Verde debe ser consiente y pagar por el agua tratada que utiliza, ya que
desde el año 2019 se debió aplicar el cobro por el uso de aguas residuales
tratadas y ese dinero destinarse a realizar obras para Arequipa. https://radiosanmartin.pe/
Castilla: familias del A. H. 28 de Julio protestan tras quedar atrapadas en sus casas por colapso de desagües
Más de 80 familias del
asentamiento humano 28 de Julio, del distrito de Castilla, en Piura, volvieron
a quedar atrapadas en sus viviendas por el colapso de desagües en la zona. Tras
ello, salieron a protestar para exigir la inmediata solución a EPS Grau.
Según reportaron, este problema
empezó a registrarse desde las 2 de la tarde del último domingo cuando uno de
los buzones empezó a colapsar. Así, con el transcurrir de las horas, las calles
Cahuide, Callao y Amazonas empezaron a inundarse de aguas servidas, situación
que dejó a varias familias encerradas en sus casas.
A medida que los desagües
continuaban colapsando, algunos vecinos procedieron a construir pequeños muros
para evitar que el agua ingrese a sus viviendas. Tal es el caso de la moradora
María Guerrero, quien manifestó estar cansada de dicha situación, ya que no es
la primera vez que esto ocurre.
“He tenido que hacer un pequeño
muro, aunque en el baño de mi casa ya está brotando el desagüe. Ahora, ¿qué
hago si se me llena toda la casa? Tengo a mi esposo delicado. Ya llevamos años
en este problema, todo el tiempo nos engañan. Esto es una burla para nosotros.
No nos tienen pena”, dijo a Cutivalú.
Castilla: exigen solución
En tanto, el teniente gobernador
del A. H. 28 de Julio, Ángel Jiménez, manifestó que los problemas con la cámara
de bombeo de El Cortijo empezaron desde el 2017. Además, señaló que el gerente
general de EPS Grau, Marco Vargas, tomó conocimiento de dicho problema y
anunció la instalación de tres equipos nuevos para mayo del presente año.
“Venimos sufriendo este problema
desde el 2017 y hasta la fecha no pueden solucionar este problema, más aún con
este nuevo gerente que es responsable porque el 22 de febrero estuvo acá y
conversó ante más de 50 moradores que para el mes de mayo iban a traer tres
hidro bombas nuevas y hasta la fecha no hay ninguna solución en esto”, precisó.
Asimismo, informó que dicho
problema está afectando la construcción de pistas y veredas que ejecuta la
Municipalidad Distrital de Castilla. Por ese motivo, solicitó la ayuda del
alcalde Walther Guerrero, así como también del gobernador Luis Neyra.
Sin agua
A raíz del problema que se
registra con la Cámara de Bombeo El Cortijo, el servicio de agua potable se
tuvo que restringir en la zona, situación que se convirtió en un atentado a la
salud pública. https://www.cutivalu.pe/
Los pasivos ambientales de la vieja minería se han convertido en pasivos económicos
Aunque las nuevas minas utilizan
tecnología de punta, la industria también tiene una herencia de represas de
contención envejecidas en las minas más antiguas, particularmente aquellas
cerradas que ya no generan ingresos para financiar mejoras en la tecnología de
las instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF). Cualquier falla puede
provocar el vertido de millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en los
sistemas fluviales. En zonas pobladas, esto puede afectar el suministro de agua
de las comunidades, causar estragos en la economía local y poner en peligro la
salud de miles de habitantes. En áreas remotas, una estructura de contención
fallida puede contaminar decenas de miles de hectáreas de hábitat acuático y
ribereño, amenazando la vida silvestre y perturbando los medios de subsistencia
de las familias indígenas del lugar.
Aunque las
empresas mineras han asumido plenamente la necesidad de mejorar su gestión
medioambiental, tienden a centrarse en las minas nuevas, donde se podría
incorporar tecnología de punta al diseño de nuevos proyectos, a menudo con
beneficios adicionales que reducen los costos operativos y los conflictos con
las comunidades cercanas. Hasta hace poco, se prestaba menos atención a las
minas más antiguas ya desmanteladas y a sus pasivos ambientales asociados. Eso
cambió después de dos incidentes recientes en Minas Gerais (Brasil), donde
represas previamente construidas con un diseño de ingeniería defectuoso
fallaron con consecuencias desastrosas.
El primer caso
ocurrió el 2015 en el complejo brasileño de mineral de hierro de Mariana,
cuando una presa falló derramando aproximadamente 44 millones de toneladas
métricas de lodo y efluentes al Río Doce. La empresa operadora, una sociedad
entre dos de las mayores y más experimentadas corporaciones mineras (Vale SA y
BHP), acordó un plan de reparación cuyo costo se estimó en 6 mil millones de
Reales (aproximadamente 1.200 millones de dólares). Sin embargo, esto es sólo
parte del costo financiero del desastre, ya que la pérdida de ingresos de
explotación obligó a la empresa operadora (Samarco) incumplir el pago de 13,4
millones de dólares en bonos corporativos. Y más aún, todavía no se han
determinado los costos asociados a las acciones civiles en el Reino Unido y
Australia, donde BHP está siendo demandada en nombre de las personas afectadas
por el incidente.
El segundo caso
fue aún peor. En 2019, la presa de relaves de Brumadinho se derrumbó encima de
otra mina de mineral de hierro operada por Vale, liberando doce millones de
toneladas métricas de relaves que provocaron una inundación que arrasó el
centro de operaciones de la mina y el área agrícola adyacente. La instalación
de relaves, que había cerrado en 2014 después de 30 años de operaciones, estaba
clasificada como una pequeña presa de bajo riesgo y, supuestamente, era
monitoreada dos veces por semana para detectar grietas y filtración. En febrero
de 2021, el gobierno de Minas Gerais y Vale acordaron un plan de reparación con
un costo estimado de 7 mil millones de dólares, al tiempo que alcanzaron
acuerdos individuales con las familias afectadas por el desastre por un costo
de 630 millones de dólares. Posteriormente, en abril de 2022 la Comisión de
Bolsa y Valores (SEC) demandó a Vale por engañar deliberadamente a los
inversores sobre la seguridad de sus sistemas de gestión de residuos.
Trampas
empresariales
Los continuos
intentos de las empresas por aislarse de los pasivos medioambientales ponen de
relieve los retos jurídicos que se plantean cuando esas responsabilidades son
creadas por empresas que ya no existen formalmente como entidades jurídicas.
Este comportamiento ha sido practicado durante mucho tiempo por compañías
mineras y petroleras que cambian su identidad legal a través de transacciones
complejas usando maniobras legales disponibles por compañías que han
participado en fusiones, adquisiciones o ventas de subsidiarias corporativas
que existen como entidades jurídicas distintas.
Por ejemplo, el
Complejo Metalúrgico de La Oroya, en el centro de Perú, ha funcionado como
planta industrial durante más de un siglo. Fue propiedad de una empresa privada
entre 1920 y 1980, y cuando fue nacionalizada funcionó como una corporación
estatal hasta 1997. Posteriormente fue vendida al grupo estadounidense RENCO,
el cual sostiene que sólo tiene responsabilidad legal por el período
transcurrido desde que adquirió las instalaciones. En 2005, un estudio de
monitoreo ambiental reveló que el 97% de los niños de las comunidades cercanas
sufrían envenenamiento por plomo causado por la inhalación de polvo que se
originaba en los relaves de La Oroya. Casi de inmediato, RENCO separó sus
operaciones peruanas hacia una entidad corporativa distinta para proteger al
holding de las responsabilidades financieras de la reparación, estimadas en
aproximadamente 5 mil millones de dólares. La disputa gira en torno a una
demanda y contrademanda, donde el gobierno sostiene que RENCO no logró eliminar
las emisiones tóxicas, mientras que la empresa argumenta que no es responsable
de las obligaciones de limpieza que el Estado peruano había asumido
explícitamente durante el proceso de privatización.
Las largas contiendas
legales ponen de relieve una realidad del negocio minero. Los activos que se
deprecian se dividen en filiales que, posteriormente, se venden a operadores de
bajo costo que buscan extraer el último valor de un yacimiento mineral. Es poco
probable que una acción legal para responsabilizar a una entidad corporativa
por eventos ocurridos décadas después del cierre de una mina tenga éxito,
realidad que es literalmente destacada por las empresas en sus declaraciones a
la Comisión de Bolsa y Valores. La incapacidad de hacer que una corporación
desaparecida pague por la reparación medioambiental obliga al Estado a asumir
el costo total de la misma. Desafortunadamente, los presupuestos
gubernamentales son limitados y las soluciones costosas. Lo más probable es que
los funcionarios electos ignoren el problema y dejen que sus ciudadanos sufran
los impactos de la degradación medioambiental.
La misma
estrategia se está utilizando para eludir, o limitar, la responsabilidad legal
y financiera en la industria petrolera peruana después de cinco décadas de
negligencia y mala gestión. La corporación que fuera pionera en inversiones en
el norte de Perú en la década del 70, Occidental Petroleum, transfirió las
operaciones de su principal concesión a Pluspetrol en el año 2000. Por
coincidencia, Pluspetrol había asumido el control operativo de un campo
adyacente en 1996 de manos de la empresa estatal Petroperú, reemplazando a
Occidental, que era un socio minoritario. En ambos casos, Occidental era el
socio operador y, presumiblemente, responsable de cualquier accidente que
pudiera haber ocurrido durante su mandato legal.
Ambas
concesiones están ubicadas dentro de tierras ancestrales de los Achuar, quienes
se encuentran disconformes con las prácticas de Occidental, Pluspetrol y
Petroperú. Occidental fue demandada por las comunidades ante un tribunal
estadounidense y llegó a un acuerdo extrajudicial, donde la empresa no aceptó,
sin embargo, ninguna responsabilidad por los derrames de petróleo en la
concesión que había explotado durante cuarenta años. Posteriormente, Pluspetrol
operó ambas concesiones durante poco más de veinte años y, supuestamente,
continuó con muchas de las prácticas deficientes de sus predecesoras.
Como todas las
empresas petroleras, Pluspetrol tiene, a través de filiales y sociedades, una
estrategia deliberada para gestionar los riesgos asociados a su negocio.
Pluspetrol declaró en quiebra una de sus filiales peruanas en diciembre de
2021, una maniobra corporativa nada ilógica considerando que esos yacimientos
petrolíferos ya habían pasado su mejor momento productivo. Sin embargo, también
representa un descarado intento de evitar cualquier responsabilidad legal
argumentando que el operador no es responsable de la contaminación que haya
ocurrido antes de su mandato. En su anuncio, la empresa culpó al Organismo de
Supervisión Ambiental del Perú (OEFA) de considerarla responsable por la
contaminación ocurrida en años anteriores cuando, otras empresas (por ejemplo,
Petroperú y Occidental) operaban el bloque.
Occidental y
Pluspetrol probablemente eludirán sus responsabilidades legales y financieras,
sin embargo, Petroperú tiene menos opciones legales. Como empresa estatal, no
puede abandonar el país ni declararse en quiebra, lo cual es una decisión
política reservada al presidente del país, al Congreso o a ambos. La
responsabilidad legal de Petroperú se complica por el Oleoducto Norperuano, un
activo de infraestructura clave administrado por la estatal desde su
construcción en 1973, y fuente de la gran mayoría de los derrames de petróleo
que han contaminado la región. Sin embargo, el organismo regulador que supervisa
la industria petrolera (OSINERGMIN) sostiene que Petroperú no debe ser
considerada responsable, porque más del 80% de los incidentes han sido causados
por sabotaje.
Los críticos más
acérrimos de la empresa son los grupos étnicos Awajún y Huambisa, que ocupan
las tierras atravesadas por el oleoducto. Aunque se oponen al oleoducto, no son
los principales sospechosos del recurrente sabotaje que asola la salud
financiera de Petroperú y agravan los pasivos medioambientales que afligen a
sus comunidades. Se supone que esos actos delictivos son causados por personas
que se benefician económicamente de los esfuerzos de limpieza, incluidas las
empresas de servicios contratadas para remediar los derrames y proporcionar
compensación a las comunidades afectadas en forma de atención médica e
infraestructura básica.
Puede ser que
Petroperú tenga que pagar la cuenta, pero en la práctica ha ignorado casi todas
las decisiones judiciales o regulatorias para remediar el impacto de más de mil
derrames que han contaminado bosques y hábitats acuáticos en todo el norte del
Perú. El precio de esta reparación, si alguna vez se materializara, se ha
estimado en 1.000 millones de dólares, cifra que, aunque sea elevada, es
subestimada ya que la realidad indica que es de mayor magnitud. https://es.mongabay.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”