Lunes, 4 de octubre de 2021 – Año XV – Edición 3818 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Las cláusulas controversiales del contrato Camisea y los
actores de su posible renegociación. Expertos consultados por OjoPúblico
señalan que hay algunas cláusulas en los contratos que podrían ser actualizadas
en un nuevo acuerdo, como el precio base que se fijó para vender el gas a las
centrales térmicas y el valor de exportación en el Lote 56. Con ello el Estado
obtendría más ingresos, pero no una reducción de precios para el consumidor
final porque esto depende de la masificación del gas natural. Esto tampoco se
conseguirá redistribuyendo las utilidades del consorcio, como lo sugirió la
Presidencia del Consejo de Ministros.
PERÚ - Ecos del Perúmin y el tema tributario
PERÚ - En regiones del sur hay 1,292 obras paralizadas por malas
gestiones
PERÚ - Áncash: toman medidas de contingencia para uso de agua de río Santa.
Ante la oferta de agua de 30 metros cúbicos por segundo, la distribución
porcentual será del 40% para el Proyecto Chavimochic y 60% para Chinecas
Las cláusulas controversiales del
contrato Camisea y los actores de su posible renegociación
Los contratos del yacimiento gasífero de Camisea ya fueron sometidos a tres grandes renegociaciones desde su suscripción, en el gobierno de Alejandro Toledo y en el de Ollanta Humala. Expertos consultados por OjoPúblico señalan que hay algunas cláusulas en los contratos que podrían ser actualizadas en un nuevo acuerdo, como el precio base que se fijó para vender el gas a las centrales térmicas y el valor de exportación en el Lote 56. Con ello el Estado obtendría más ingresos, pero no una reducción de precios para el consumidor final porque esto depende de la masificación del gas natural. Esto tampoco se conseguirá redistribuyendo las utilidades del consorcio, como lo sugirió la Presidencia del Consejo de Ministros.
Son dos los contratos que rigen las condiciones de explotación del principal yacimiento de gas natural del Perú: Camisea, ubicado en el distrito de Megantoni, en La Convención, Cusco. El primero de ellos fue suscrito el año 2000 y corresponde al Lote 88, donde se produce el recurso para consumo interno; el segundo se firmó en 2004 respecto al Lote 56, cuyo destino actual es la exportación. Desde entonces, ambos documentos han sido objeto de tres grandes renegociaciones a pedido del Estado o para favorecer a la empresa privada.
Las normas que se emitieron para formalizar los contratos y sus adendas dan cuentan de la concentración de grupos económicos en torno a la explotación y distribución del gas, así como las condiciones desventajosas en las que se impulsó el proyecto y los cambios que se realizaron para reducir la reserva destinada al mercado local. Esto último se logró subsanar durante la gestión del presidente Ollanta Humala.
La renegociación del contrato de Camisea fue una de sus promesas de campaña, pero también fue incluido en los discursos de los candidatos presidenciales de 2016, como Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Alfredo Barnechea, de Acción Popular. Incluso en las recientes elecciones presidenciales el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, hizo el mismo ofrecimiento. A diferencia de ellos, el partido oficialista Perú Libre incluyó en su plan de gobierno la “estatización o nacionalización de los principales yacimientos” gasíferos y mineros.
Expertos consultados para este reportaje señalan que aún se mantienen cláusulas contractuales que se podrían replantear, desde el ámbito técnico y económico. Sin embargo, si bien estos cambios pueden generar un incremento en los recursos que puede captar el Estado, no se reflejarán en un menor costo del gas para el consumidor final. Tampoco están relacionados a la distribución de utilidades que perciben las empresas, como lo señaló el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, al iniciar el debate por el gas.
Consorcios integrados por las mismas empresas
El primer contrato para la explotación del gas de Camisea se firmó el año 2000 en el periodo de transición de Valentín Paniagua, luego de un proceso de licitación que se inició en el régimen de Alberto Fujimori. El ganador del Lote 88 fue el Consorcio Camisea, formado por Pluspetrol (Países Bajos), Hunt Oil (EE.UU.), SK (Corea del Sur) y Tecpetrol (Argentina), poco después se sumaron Sonatrach, de Argelia; y Repsol, de España.
Ese mismo año el Gobierno adjudicó la concesión del servicio de transporte de líquidos y gas natural, desde la selva del Cusco hasta Lima, por un periodo de 33 años. Las bases del concurso no impidieron que las mismas compañías postulen, por lo que el consorcio ganador fue Transportadora de Gas del Perú (TGP), liderado por Tecgas –entonces del grupo argentino Techint–, pero integrado por cuatro de las empresas que controlan la explotación del yacimiento: Pluspetrol, Hunt Oil y SK y Sonatrach, además de Graña y Montero.
El acuerdo incluyó el uso en exclusividad por 10 años de los ductos que se iban a construir para trasladar el combustible a la costa. Una oferta nada atractiva para las empresas interesadas en presentarse a la licitación pública internacional del Lote 56, pues en la práctica los obligaba a construir otro gasoducto para comercializar su producción.
El gobierno de Alejandro Toledo Manrique resolvió este obstáculo oficializando el monopolio del recurso. A través del Decreto Supremo 003-2004-EM, el 25 de agosto del 2004 se aprobó una negociación directa para que la explotación del mencionado lote sea asumida por el Consorcio Camisea. De esta manera, el mismo grupo de empresas se adjudicó la explotación del yacimiento y también el transporte del combustible, pero algunas de ellas se constituyeron en otra razón social para asumir, también, la compra y exportación del gas.
Esto fue posible tras la aprobación de la Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural, su reglamento y otras normas emitidas en dicho gobierno. Con este marco legal, las compañías interesadas en invertir en plantas de licuefacción –un procedimiento indispensable para su posterior almacenamiento, transporte y comercialización– podían acceder a iguales incentivos y beneficios que las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos.
Tales condiciones permitieron que la estadounidense Hunt Oil conforme el consorcio Perú LNG, junto a SK, Repsol (luego comprada por Shell) y Marubeni Corporation, y se adjudique la Planta de Licuefacción en Pampa Melchorita, ubicada en Ica, con el fin de comercializar el gas en el exterior.
Cuando se cerraron estos tratos, el expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski Godard era ministro de Economía. Pero hasta un año antes, en 2003, había sido consultor de Hunt Oil, como él mismo admitió ante la comisión investigadora que conformó el Congreso sobre el gasoducto de Camisea. En 2018, el Ministerio Público reabrió una investigación penal en su contra para aclarar estos hechos.
Cláusulas controversiales
El contrato del Lote 88 sufrió diferentes variaciones en la gestión de Alejandro Toledo, pero la primera gran renegociación fue cuando su gobierno usó este mecanismo para asignar a la exportación parte de las reservas de gas destinadas al mercado interno. Las conversaciones se autorizaron en diciembre de 2005 y, en menos de un mes, en enero, se aprobó el Decreto Supremo 003-2006-EM que oficializó el cambio a favor de las empresas.
La segunda renegociación fue para que los precios del gas del Lote 88 no estén vinculados al alza del precio del petróleo residual, esto con el fin de impulsar el consumo interno. La tercera modificación ocurrió en 2014, en el gobierno de Ollanta Humala, donde se firmó una adenda al contrato para que la producción del Lote 88 vuelva a ser de uso exclusivo para el mercado nacional.
Para el exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio Aita, hay otros aspectos que quedaron por subsanar en los contratos iniciales. Uno de ellos es la tarifa base que se fijó en boca de pozo en el Lote 88, es decir, la valoración al momento de extraer el hidrocarburo del yacimiento. En la cláusula octava se estableció que el uso para las empresas de generación eléctrica tenga un costo de 1 dólar por millón de Unidades Térmicas Británicas (BTU, por sus siglas en inglés), a diferencia del gas destinado a uso vehicular y doméstico, que es casi el doble.
El precio base se reajusta mensualmente, pero en la misma proporción. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), actualmente la tarifa para el sector eléctrico es de USD 1,83 y para los otros usos es de USD 3,18. “Las centrales térmicas que operan en Chilca pagan un precio menor por el combustible. Esto se hizo al principio porque se buscó asegurar e impulsar la demanda. Recordemos que las conexiones domiciliarias y el uso vehicular tardaron en posicionarse, pero en el contexto actual se pueden revisar estas tarifas", señala Gamio Aita.
Pero un aspecto más importante que corregir, según el experto, es el precio de referencia que se fijó en la cláusula 8 del contrato por el Lote 56 para determinar el valor final del gas licuado que se exporta. En una publicación del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), del 2018, el experto en hidrocarburos y expresidente de Petroperú, Humberto Campodónico, explica que estas tarifas se definieron en contra de los estándares internacionales que prevén hacerlo tras descontar los costos verdaderamente incurridos en transporte y distribución hasta Japón, México o cualquiera sea el punto de destino.
Producto de ello, pese a que las regalías fijadas por el Estado, para la exportación es de hasta el 38 %, el monto que obtiene de estas operaciones es mucho menor a las que se pagan por el gas que se consume en el mercado interno. En base a las cifras reportadas por Perupetro, Campodónico estimó que entre el 2011 y 2017 el Estado debió recibir USD 2.099 millones en regalías, pero solo obtuvo USD 1.042 millones. Perdió US$ 1.056 millones.
El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre, coincide en que los principales problemas contractuales están en el Lote 56, puntualmente en el costo de exportación. "Ese es un punto fundamental a renegociar, porque el precio al cual se exporta el gas resulta inferior al que rige para el mercado interno. En el Lote 88 sí se paga un 37,2% de regalías sobre las ventas, un porcentaje alto y está bien; pero el 38% fijado en el Lote 56 no es real, es una regalía de contrabando", dijo.
En su gestión frente a la empresa estatal se detectó que, entre el 2010 y el 2011, Perú LNG había reexportado gas natural del Lote 56 hacia puntos de destino diferentes a los indicados en sus reportes de exportación para abaratar aún más estos costos. Es así que en el documento aparecía que el cargamento iba a México, pero terminaba en Europa y Asia. Debido a ello, el Estado demandó al Consorcio Camisea ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y se le impuso una multa de US$64 millones.
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló que el Estado tiene el derecho de pedir una renegociación, sobre todo por un contrato que se estableció hace muchos años y en un contexto distinto, pero esto no significa expropiar ni imponer propuestas que escapan del ámbito de acción del consorcio. Sin embargo, señala que el costo de las exportaciones debe resolverse con Perú LNG y no con el Consorcio Camisea, y a pocos años de vencer dicho contrato de venta, considera que no sería rentable.
Herrera Descalzi sostiene que, si el objetivo es reducir el costo del gas para el consumidor final, se debe revertir la dependencia a los balones de GLP (gas metano). Estos se procesan con parte del gas líquido que sale de Camisea, pero este tipo de insumo es más escaso, y su demanda se termina cubriendo con importaciones que están sujetas a las variaciones del dólar y el costo internacional. A ello se suma la cadena de costos para su traslado y distribución con intermediarios.
“Uno de los errores más graves del contrato fue corregido en el gobierno de Ollanta Humala. Hay aspectos que pueden ser perfectibles en el contrato, pero estos no se reflejarán en una reducción del costo para el consumidor final porque esto depende de la masificación de las conexiones de gas natural y la reducción del consumo de GLP. Tenemos que pensar, también, en buscar nuevos yacimientos, si queremos seguir contando con este recurso para las próximas décadas”, añadió.
Al respecto, Ochoa Alencastre sostiene que algunas mejoras se pueden resolver a través de resoluciones de Osinergmin para, por ejemplo, fijar un menor costo de importación del gas licuado del petróleo (GLP). “Desde enero se está aplicando el precio de paridad de importación, a pesar de que el 80 % del GLP que se consume en el Perú proviene de Camisea, pero en lo que montos fijados para el 20% restante pagamos como si lo importásemos desde Estados Unidos", explicó.
Pero los tres expertos coincidieron en que la redistribución de utilidades de las empresas, planteada por Bellido Ugarte, no guarda relación con el objetivo de reducir el precio del gas para las familias. Según explicaron, si bien algunas de las reformas que se necesitan hacer en el contrato del Lote 56 generarán una mayor recaudación para el Estado, es importante debatir el uso de este dinero en los gobiernos regionales y locales. "Es justo supervisar qué han hecho las regiones con 24 mil millones de soles en 16 años. Hay que priorizar el desarrollo humano antes que el cemento", añadió Gamio Aita.
Los actores de la renegociación
Luego que el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, anunció en un tuit la renegociación de los contratos de gas, el Consorcio Camisea emitió un comunicado donde asegura que hay suficientes reservas en el Lote 88 para abastecer a más de 20 millones de hogares, pero deben reinyectar al subsuelo cerca del 25% porque no existe suficiente demanda. También indicaron las regalías e impuestos que pagan, pero no mencionaron los cuestionamientos que se ciñen sobre las tarifas en el Lote 56.
El gobierno no ha dado mayor información sobre su propuesta de renegociación ni cambio en las regalías o utilidades. Una eventual expropiación implica que el Estado tome el control de las acciones o los lotes gasíferos, previo pago de un justiprecio o indemnización al consorcio que, según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, podría costar unos USD 30.000 millones. Además, poner en funcionamiento los yacimientos necesita de una ley aprobada por el Congreso, como ordena la Constitución. OjoPúblico solicitó una entrevista con un vocero del Ministerio de Energía y Minas, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
El pasado 27 de setiembre Bellido Ugarte envió el oficio D000423-2021-PCM a la empresa Pluspetrol, con un encabezado en el que se invita a esta empresa a una reunión el próximo miércoles 6 de octubre para iniciar al proceso de renegociación de los contratos. La persona jurídica con la que el Estado mantiene vínculos contractuales es el Consorcio Camisea, integrado por seis empresas, una de las cuales es la multinacional Pluspetrol Corporation S.A. que posee el 27,2% de acciones
Su compañía matriz es Pluspetrol Resources Corporation B.V, una offshore que se ubica en los Países Bajos y tiene como accionistas a otras tres empresas con sede en Luxemburgo, según un reporte del Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO). Su subsidiaria ingresó al Perú en 1986, y a través de la razón social Pluspetrol Norte dirigió por varios años operaciones petroleras en los lotes 192 y 8, en Loreto, es una de las empresas que más infracciones ambientales tiene y que más derrames de hidrocarburos registró entre marzo del 2020 y julio de 2021.
Pluspetrol Norte se retiró de la zona en medio de graves denuncias por contaminar territorios de la Amazonía, como en la comunidad indígena de Nuevo Andoas, y tras litigios con las autoridades ambientales peruanas. Además, en abril pasado el punto de contacto holandés de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) admitió la denuncia de cuatro federaciones indígenas de Loreto para investigarla por contaminación y el uso de un sistema offshore en paraísos fiscales.
Los negocios de Pluspetrol Corporation se centran ahora en el gas, y está a un paso de aumentar su poder accionarial en Camisea, pues el tercer socio mayoritario del consorcio, el grupo surcoreano SK Innovation, le vendió el 17,6% de participación en los lotes 56 y 88. La transacción se realizó en setiembre del 2019, pero hasta mayo de este año se mantenía bajo observación en el Ministerio de Energía y Minas.
Específicamente el caso estaba bajo estudio en la estatal Perupetro, la empresa que se encarga de promocionar, negociar y supervisar los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú. El objeto de análisis era determinar si Pluspetrol tenía la capacidad técnica y financiera para adquirir dicha participación, pero la demora hizo que SK Innovation evalúe el inicio de un arbitraje. De oficializarse esta operación, la multinacional con sede en los Países Bajos tendría el 44,8% de acciones en Camisea.
Los otros socios del consorcio son Hunt Oil, compañía con sede en Texas, Estados Unidos, y que posee el 25,2% de acciones; seguido de la argentina Tecpetrol (10%), subsidiaria del Grupo Techint y con inversiones en proyectos energéticos y de hidrocarburos en América Latina; la multinacional española Repsol (10%) y la argelina Sonatrach (10%).
Los representantes de estas empresas son los que se sentarán en una mesa liderada por Perupetro, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Si bien la entidad está adscrita al Ministerio de Energía y Minas, su titular, Iván Merino Aguirre, no tiene injerencia en estas negociaciones. La trayectoria de Merino no incluye experiencia previa en el sector minero e hidrocarburos, pero sí cercanía con el partido Perú Libre. Su esposa, la economista Celeste Rosas, fue integrante del equipo técnico de Pedro Castillo.
Este sábado 2 de octubre se oficializó en el diario El Peruano la conformación de una comisión multisectorial que actuará en paralelo y dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre sus funciones está elaborar un informe final que contenga propuestas de ampliación de las reservas de gas, el desarrollo de la infraestructura en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, y mecanismos que permitan garantizar la masificación del recurso.
La labor de la comisión tendrá una vigencia de 60 días hábiles. Lo integrarán el titular de la PCM, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino; el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y los titulares de las carteras de Comercio Exterior y Turismo, Justicia, Relaciones Exteriores, así como el viceministro de Hidrocarburos y el presidente de Perupetro, entidad que asumirá la secretaría general. https://ojo-publico.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Ecos del Perúmin y el tema tributario
El tema tributario está en la actualidad en medio del debate económico y en el último Perúmin estuvo presente como eje transversal en varios de los paneles. El anuncio del gobierno, en particular del Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, de llevar adelante una reforma tributaria que comprende sectores como el minero, ha generado reacciones en el sector empresarial.
A continuación, vamos a revisar cómo marcha el tema tributario este año, el aporte del sector minero, los argumentos a favor y en contra que se esgrimen de la reforma y los retos y perspectivas en materia de política fiscal.
La recuperación de la recaudación
Las cifras de agosto del presente año muestran un crecimiento acumulado de la recaudación general del orden del 44%. Del mismo modo, los Ingresos Tributarios (que constituyen el 88% del total recaudado) aumentaron en 46.7%. Solo para comparar, la recaudación general durante el año pasado cerró con una contracción acumulada de 16.2%, debido a los efectos del Covid 19 que, como sabemos, provocó un período de cuarentena nacional desde marzo hasta junio y que continuó en la segunda mitad del año con cuarentenas focalizadas.
En relación al aporte tributario minero, el pago del Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera categoría aumentó en 277.4% a agosto del 2021, luego de mostrar un retroceso importante en los dos últimos años. La recuperación reciente se debe sobre todo al repunte extraordinario de los precios de los minerales.
Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría, se observa que en agosto del 2021 el subsector minero elevó su participación en el impuesto a la renta, llegando a 21.9% respecto al total recaudado, nivel similar al del año 2018.Por otro lado, el aporte del sector minero al total de tributos recaudados por el Estado peruano registra una participación de 16.8% a agosto del 2021, en este caso similar a los niveles registrados en el 2011, todavía en el período del súper ciclo de precios.
Respecto a los aportes y devoluciones tributarias del sector minero, a agosto del 2021 se registró un aporte de S/. 15,837 millones y devoluciones por S/. 3,179 millones, que en suma dieron un aporte neto del sector de S/. 12,658 millones. Durante el mismo período en el 2020 el sector minero registró un aporte total de S/. 4,475 millones y devoluciones por S/. 3,280 millones, que en suma dieron un aporte neto del sector de S/. 1,195 millones, casi once veces menor de lo que va en este año.
Recordemos que en años pasados se ha observado una tendencia creciente de las devoluciones tributarias en el país. Tan es así, que en 2019 se alcanzó el récord histórico de devoluciones totales por un monto de S/. 17,131 millones.
Los argumentos anti reforma del sector empresarial minero
En el actual contexto el discurso desde las empresas apunta a subrayar que estamos en un momento excepcional y que el aporte tributario de la minería está aumentando fuertemente a partir de este año, lo cual es cierto. Pablo de la Flor, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, ha señalado en reiteradas apariciones en medios que este año la recaudación proveniente del sector minero será del orden de los 12,500 millones de soles (se duplicaría) y para los próximos 5 años se proyecta entre 90 mil y 100 mil millones de soles. “Estamos frente a una situación de récord de aportes fiscales de la minería”.
El mensaje por lo tanto es “ya estamos aportando”, “la reforma tributaria del año 2011 está funcionando”, por lo tanto, ya no se necesita ningún tipo de ajuste a la política tributaria minera. Demandan predictibilidad estabilidad y transparencia. Además, dicen que “las empresas están en el límite” y cualquier variación de la carga tributaria haría que el país deje de ser competitivo. En suma “no se necesitan mover las reglas de juego en materia tributaria”.
Lo primero que hay que tomar en cuenta es que no es la primera vez que en el Perú el aporte tributario de la minería aumenta de manera sostenida por el factor precios internacionales. Ocurrió en el período 2003-2012, en el denominado súper ciclo de precios y en esa etapa las empresas mineras también se opusieron a que se coloque un impuesto a las sobreganancias. Durante gran parte del súper ciclo lograron su objetivo y recién en el 2011 se intentó una reforma, cuando ya se estaba acabando el período de precios altos.
Sin embargo, en ese entonces organismos como el Fondo Monetario Internacional ya observaban que la política tributaria en el Perú era regresiva y recomendaban que se hagan reformas. En el actual contexto, en medio de una situación mucho más compleja que la de hace una década, las recomendaciones del FMI a los países vuelven a apuntar a hacer ajustes en sus marcos tributarios: “Los Gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario, y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”, ha declarado el director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Vitor Gaspar; “Los ingresos resultantes contribuirían a pagar servicios críticos, como las redes de salud y de protección social, en una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad”.
Por lo tanto, sobre todo en un país como el Perú, con una de las más bajas presiones tributarias de la región, existen fundamentos sólidos para llevar adelante una reforma tributaria. El hecho que sectores como el minero estén aumentando sus aportes se debe básicamente al factor de incremento de precios; no se explica ni porque las empresas se hayan vuelto más eficientes ni por las bondades del marco tributario vigente. La minería explota recursos naturales no renovables que le pertenecen a la Nación. Es totalmente justificable que, en las actuales circunstancias, con precios de los minerales batiendo récords históricos, con las empresas obteniendo sobre utilidades y con un país que necesita recursos para salir de la grave crisis ocasionada por la pandemia, se busque capturar un mayor porcentaje de la renta minera. Además, países de la región, integrantes de la Alianza del Pacífico, como Colombia y Chile, están implementando [1] reformas tributarias.
Cuando se habla de competitividad debemos tener presente que las minas productoras de cobre en el Perú tienen el más bajo cash cost a nivel mundial. Se argumenta que “si se cambia el esquema tributario las inversiones se van a ir a otro país; lo cierto es que esto no ocurre tan fácilmente ya que yacimientos con leyes de minerales como los que hay en el Perú, son escasos en el mundo.
La línea de la continuidad conservadora
En las últimas tres décadas el empresariado minero siempre ha sido reacio a cualquier tipo de reforma (social, ambiental o económica). Por ejemplo, a comienzos de la década del 90 el empresariado minero se opuso a la creación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Luego, cuando se discutió la creación de la regalía minera también hubo una oposición rotunda y 20 empresas mineras llegaron hasta el Tribunal Constitucional (TC) donde finalmente perdieron [2]. También se opusieron a la ley de consulta previa, libre e informada y a su implementación; a la creación del Ministerio del Ambiente, el aporte por regulación ambiental, entre varios otros temas.
El argumento de oposición a todas estas reformas siempre fue el mismo: va a afectar la competitividad del país y retrasará las inversiones. Demás está decirlo, nunca se cumplieron estos vaticinios y en este caso todo indica que tampoco ocurrirá. El país necesita avanzar y las políticas públicas deben tener como horizonte el interés nacional. https://cooperaccion.org.pe/
En regiones del sur hay 1,292 obras paralizadas por malas gestiones
En el país, existen 2,968 obras paralizadas en donde se invirtieron más de S/ 29 mil millones. El 43% de estas, es decir 1,292, están ubicadas en el sur del país según el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas -Infobras.
Cusco concentra 609 obras truncas, la mayor cantidad en el país. Puno tiene 306 proyectos parados, Apurímac 156.
Las causas están relacionadas a procesos arbitrales en marcha, medidas cautelares y la ineficiencia de las anteriores y actuales gestiones ediles y regionales en impulsar y destrabar proyectos.
El economista de la Universidad Católica de Santa María, David Espinoza señala que la paralización de obras es una clara muestra de la pésima gestión de las autoridades, además de la corrupción. “Inician obras con expedientes mal hechos o sin la habilitación de terrenos. Ahí empieza el problema”, reclama.
Problemas en el Cusco
En la región Imperial, los proyectos abandonados se ubican en las provincias de La Convención (129), Calca (69) y Chumbivilcas (62). La mayoría se iniciaron por administración directa por diferentes niveles de gobiernos, incluso el nacional.
El 30% de estas obras están relacionadas a transportes y el 22% a educación. Es decir, carreteras, caminos vecinales, trochas carrozables, puentes, construcción y mejoramiento de instituciones educativas.
La más emblemática en Cusco es el hospital Antonio Lorena. La construcción se paró en el 2015 luego que el gobierno regional rescindió el contrato con la constructora. El nosocomio, en 2012, le fue encargado a la brasilera OAS, inmersa en el caso Lava Jato, la red de corrupción más grande del país.
Otra obra trunca es la renovación y mejoramiento de sistema de agua potable, desagüe en la ciudad universitaria de Perayoc-Unsaac. Se paralizó al 81% por incumplimiento del contratista en el 2019.
El gobernador regional Jean Paul Benavente aclaró que de la totalidad de obras paralizadas muy pocas corresponden al gobierno regional. Explicó que su gestión asumió decisiones estratégicas para destrabar la cartera de proyectos que heredó.
A la espera
En la región Arequipa, la mayoría de obras en stand by corresponden a las comunas distritales y provinciales. De los 109 proyectos en espera, 42 se concentran en la provincia de Arequipa e iniciaron entre 2017 y 2019. Se trata de mejoramiento de colegios, obras de agua y desagüe e infraestructura vial. Las comunas de Cerro Colorado (08) y Socabaya (06) son los que tienen el mayor número de obras paralizadas en la ciudad.
No obstante, un caso que llama la atención a nivel de distritos es el caso del Puente Huarangal en Alto Selva Alegre, una obra iniciada en 2018 en la gestión de Omar Candia y que permanece paralizada por errores en el expediente técnico. El alcalde Samuel Tarqui, anunció que se retomará en las próximas semanas, sin embargo, su presupuesto creció de S/ 3 millones a más de S/ 8 millones, lo que grafica el alto costo de la paralización.
De toda la lista de proyectos varados, el Gobierno Regional de Arequipa, ostenta aquellos con mayor presupuesto. Infobras, apunta directamente a la obra de 4 carriles, que pretende descongestionar el tráfico del Cono Norte. El proyecto nació en la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio y contempla a la fecha, la inversión de S/. 249 millones 172 mil. El mayor problema se concentra en el tramo III de la obra a cargo de Consorcio Vial. La empresa se comprometió a retomar las obras en agosto pasado, pero ello no ocurre a la fecha. Hay superposición de redes y tuberías de Seal, Sedapar y Naturgy gas. La empresa además señala que los expedientes están mal hechos. El puente Añashuayco 2, parte del Tramo I, tampoco avanza.
También se advierte la paralización del colegio IE 40205 Manuel Benito Linares de Socabaya. El proyecto tiene una inversión de S/ 17 millones 997 mil. De forma paralela, los hospitales de Cotahuasi (La Unión) y Camaná también se encuentran truncos.
Sobrecostos y perjuicio a la población en obras
El economista Glenn Arce señala que la paralización de una obra genera impactos sumamente negativos. El primero, los sobrecostos al proyecto y el perjuicio social a la población afectada por la obra inconclusa. Sobre el primero explica que los estándares nacionales advierten que tras una paralización el sobrecosto máximo debería llegar a 10%. No obstante, la realidad es otra. Un claro ejemplo se advierte en la variante de Uchumayo, ejecutada en tres gestiones regionales que de costar S/ 162 millones superó los S/ 600 millones. “Con la coyuntura actual y el incremento del dólar tengan por seguro que todos los proyectos paralizados tendrán un amplio sobrecosto”, advirtió.
En ese contexto, para David Espinoza el Estado debería priorizar la licitación de los proyectos antes que la ejecución por administración directa. “Termina siendo más cara y burocrática”. Esa es la verdad. https://larepublica.pe/
Áncash: toman medidas de contingencia para uso de agua de río Santa
Ante la oferta de agua del río Santa de 30 metros cúbicos por segundo, siendo la demanda de 52, la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey Chicama convocó a una reunión de urgencia al grupo de trabajo del Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas (PADH) 2021-2022, donde se acordó que los operadores de infraestructuras hidráulicas mayor y menor respetarán la distribución porcentual de estas aguas del afluente.
Al no existir embalses de regulación en ninguno de los dos proyectos especiales, se concertó respetar la distribución porcentual de la oferta de agua, siendo el 40% para Chavimochic (La Libertad) y 60% para Chinecas (Ancash), de acuerdo a lo establecido en el PADH, cuando el caudal del río está por debajo del umbral de contingencia en época de estiaje.
En la actualidad, la oferta de agua del río Santa es de 30 metros cúbicos por segundo, cuando la demanda hídrica para todos los usos (poblacionales, agrícolas, industriales, energéticos) es de 52 en esta época de estiaje, lo que obliga a que se tomen medidas para el uso adecuado en cada proyecto.
Los operadores de la infraestructura hidráulica menor de la margen izquierda (juntas de Santa, Irchim, Nepeña), según análisis social y de previo acuerdo, dispusieron ajustar de manera temporal sus demandas de agua. De esta manera, Chinecas asignará a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Guadalupito hasta 1.0 metros cúbicos por segundo. Los representantes de Chavimochic precisaron que, de requerir, la Junta de Usuarios Guadalupito puede solicitarles maquinaria para encauzar las aguas del río Santa que le han sido asignadas.
En este encuentro, los participantes sustentaron las demandas de agua de sus sectores y se adoptaron otros compromisos, tomando en consideración el comportamiento hidrológico de la cuenca, los aspectos climatológicos y socioambientales, así como las características propias de cada infraestructura hidráulica.
Participaron en esta reunión los operadores de infraestructura hidráulica mayor de los proyectos especiales Chinecas y Chavimochic, y operadores de infraestructura hidráulica menor de las juntas de usuarios Guadalupito, Santa, Irchim, Nepeña, Moche, Chao, Virú y Riego Presurizado. https://larepublica.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”