Jueves, 21 de abril de 2022 – Año XV – Edición 3951 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
FENTAP reconoce labor de congresista por apoyo para declaratoria del Día de los trabajadores y trabajadoras del sector agua y saneamiento en Perú
Mediante oficio 132-2022, el Consejo Directivo Nacional de
la Federación Nacional de Trabajadores del Agua
Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP, reconoce labor de la
congresista Isabel Cortéz Aguirre, presidenta de la Comisión de Trabajo, quien
apoyó la iniciativa legislativa de declarar el 22 de marzo como Día de los
Trabajadores y Trabajadoras del sector de Agua Potable y Saneamiento, con lo
cual se alienta el sacrificio de los Guerreros del Agua.
Por su parte la legisladora publicó un importante mensaje
en sus redes sociales, expresando su reconocimiento a los integrantes de nuestra
FENTAP, por su lucha constante en
la defensa de los derechos de los trabajadores del sector. “Así como mi
agradecimiento por confiar en mí, para promover la aprobación de la ley que
declara el 22 de marzo de cada año Día de los Trabajadores y Trabajadoras del
sector de Agua Potable y Saneamiento. Esta ley colaborará con visibilizar las
labores que ustedes realizan, incluso en condiciones precarias para hacer
posible que el agua, como derecho humano fundamental sea de real accesos a
todos. Sirva también este gesto como un homenaje a las vidas de los compañeros
y compañeras, sacrificadas en pandemia, toda vez que estuvieron en la primera
línea, trabajando sin cansancio. Este es un primer paso en la reivindicación de
sus justos derechos, nos queda pendiente la situación de los tercerizados, la
seguridad y salud en el trabajo y muchos otros temas más que tendremos que
abordar de la mano de toda la clase trabajadora”.
HIDROREGIONES PERÚ
Perú no ratifica Escazú y deja sin protección a los defensores ambientales
La defensa de los bosques en Perú se ha convertido en una
labor de alto riesgo y los escasos intentos de los gobernantes por cambiar esta
situación no dan resultados.
“¿Tú crees que el papel va a resistir una bala? Las
autoridades pueden dar la garantía para las vidas, pero de qué sirve si todo se
queda en el papel. Los asesinatos siguen impunes. Y todos estamos sometidos a
las amenazas”, declara Víctor Zambrano, reconocido líder ambiental y presidente
del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, en la
selva sur peruana.
Zambrano lamenta con rabia el último asesinato cometido en
Madre de Dios. El pasado 20 de marzo, Juan Julio Fernández Hanco recibió dos
disparos mientras se encontraba en su vivienda, cerca de la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Víctor recuerda que Juan y su
familia recibían amenazas desde el 2011 por oponerse a la deforestación
resultado de la minería ilegal. Con su muerte se elevó a 17 el número de
defensores medioambientales asesinados desde el inicio de la pandemia de
Covid-19, todos ellos asesinados por resguardar sus territorios del avance de
actividades como el narcotráfico, la tala y la minería ilegal.
Pese a estas pérdidas, las medidas del gobierno no se han
caracterizado por una articulación de los distintos poderes.
Defensores aún indefensos
“Todavía no hay culpables para ninguno de los 17 casos de
defensores asesinados durante la pandemia. En el país no existen las
condiciones para garantizar los derechos de los defensores”, explica Katherine
Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Según el informe Last line of defence de Global Witness,
hasta la fecha, 2020 es el peor año registrado para las personas defensoras de
la tierra y el medioambiente (en todo el planeta), con un récord de 227
ataques letales reportados. América Latina siguió siendo la región más
peligrosa, y Perú también es parte de esta realidad: seis defensores asesinados
y decenas de comunidades afectadas.
En 2021 se creó el Mecanismo intersectorial para la
protección de las personas defensoras de derechos humanos, que vincula a ocho
ministerios y es encabezada por el Ministerio de Justicia, pero no tiene la
injerencia para articular a otros poderes del Estado ni a los gobiernos
regionales.
Se pueden desplegar múltiples esfuerzos para la protección
de los defensores de derechos humanos, pero poco o nada servirán si el Estado
peruano no articula la erradicación de las actividades ilegales
“El mecanismo tiene como finalidad eliminar el riesgo, pero
la gran tarea pendiente es entender qué está sucediendo detrás para generar
cambios más estructurales de políticas públicas”, dice Katherine Sánchez.
Como parte del cumplimiento de este mecanismo, también se
aprobó el registro sobre situaciones de riesgo de defensores que busca
identificar las áreas más riesgosas y los tipos de ataques a los defensores.
Los datos que aportarían a la prevención y protección, sin embargo, no han sido
públicos hasta la fecha.
Tampoco está claro el impacto potencial de otras acciones
gubernamentales. Este enero se promulgó la Ley 31388, que amplía el plazo para
que los pequeños mineros soliciten la formalización de sus operaciones hasta
2024. Fue aprobada por el Congreso y el presidente Pedro Castillo, y puede
debilitar la lucha contra la minería ilegal, señalan organizaciones ecologistas
y civiles.
La formalización permitiría regular esta actividad y así
terminar con la informalidad que atrae mafias que terminan apoderándose de los
bosques. Pero para darse, tiene que haber voluntad política.
“Se pueden desplegar múltiples esfuerzos para la protección
de los defensores de derechos humanos, pero poco o nada servirán si el Estado
peruano no articula la erradicación de las actividades ilegales”, señala
Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos
Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
¿Indiferencia o falta de celeridad?
La ampliación del plazo de formalización minera desató una
serie de preocupaciones por la dificultad para fiscalizar adecuadamente las
actividades vinculadas y perseguir los delitos.
La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva
Central (Arpi-SC) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) se
pronunciaron contra “la ola de violencia que viven las comunidades indígenas
causada por el avance de las actividades ilegales, potenciado por los proyectos
de infraestructura sin sustento y la corrupción estatal”.
El defensor ambiental Demetrio Pachecho coincide al
respecto. Considera que el asesinato de su hijo, también defensor, durante la
pandemia es culpa del gobierno por no actuar pese a las denuncias que
presentaron desde el 2012.
Roberto Carlos Pacheco fue asesinado mientras recorría la
concesión de 842 hectáreas del bosque en Madre de Dios para aprovechamiento
sostenible que administra la familia desde hace más de tres décadas. “Sabemos
quiénes son, tenemos pruebas en las que se identificaron, pero solo estuvieron
detenidos unos días. Avanzan con todo a punto de amenazas. Nos identifican como
los denunciantes y lo que hacen es denunciarnos como si fuéramos los
criminales”, cuenta Demetrio, quien además es teniente gobernador de la
Asociación de Productores Agropecuarios San Juan y vicepresidente del Comité de
Gestión de la Reserva Nacional Tambopata.
Recién tras la muerte de Roberto, el Ministerio Público le
dio la seguridad que solicitaba frente a las amenazas continuas. Sin embargo,
el resguardo policial duró solo unas semanas. La situación se repite ante la
falta de políticas claras.
Ahora, año y medio después de la muerte de Roberto Carlos,
el Ministerio Público aprobó un protocolo interno para la prevención de delitos
en agravio de personas defensoras de derechos humanos. “[Este protocolo] recoge
obligaciones específicas para los fiscales que van a atender casos donde se
sospeche que la persona era una defensora o defensor fue atacado como
consecuencia de esa actividad. (...) Esto habla también de otro elemento que no
existe en otro instrumento nacional: la reparación en agravio por la defensa de
derechos”, añade la abogada Katherine Sánchez.
Pero para Demetrio ya es tarde. Se siente solo en su lucha
por encontrar justicia para su hijo. Mientras tanto, las denuncias de los
defensores continúan sin resolverse, las muertes aumentando y las iniciativas
del gobierno continúan siendo poco efectivas.
¿Y Escazú?
El Acuerdo de Escazú, ratificado por 12 países
latinoamericanos, ha sido aclamado como un instrumento histórico para la
protección de los defensores del medio ambiente en la región. Pese a las
opiniones favorables de diversos sectores como la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio Público, el Poder Judicial y diez ministerios, el expediente del
Acuerdo de Escazú no llegó siquiera a su discusión en el pleno del Congreso en
octubre de 2020. La propuesta fue archivada en la Comisión de Relaciones
Exteriores y el informe que resumía los debates técnicos que lo aprobaban pasó
al olvido.
Frente a una segunda posibilidad de debate a pedido del
parlamentario y ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, tras
el derrame de más de 10 mil barriles de petróleo por parte de Repsol, el
Congreso rechazó una vez más la inclusión del tema en su agenda.
Hoy el grupo parlamentario que debería debatir el tema se
encuentra presidido por el congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante,
quien se opuso al acuerdo por considerar que atenta contra la “soberanía
nacional”.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), el Acuerdo de Escazú es el primero de su tipo en el mundo que incluye
disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de quienes
promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El Perú
firmó este compromiso hace tres años en 2018, pero el Congreso no lo ha
ratificado.
Katherine Sánchez remarcó la urgencia de ratificar el
acuerdo. “Tendremos un tratado de derechos humanos con el rango constitucional
que orientaría a todos los niveles del gobierno y a todos los poderes del
Estado. Podría fortalecerse lo ya avanzado, tendríamos obligaciones de
protección claras, más orden entre los sectores y el Ejecutivo”, señaló.
En medio de un gobierno que sobrevive entre el ataque de la
oposición y los escándalos, todavía queda una oportunidad para el debate. El
compromiso ofrecido por el presidente Castillo en su primer mensaje a la Nación
para cumplir con las responsabilidades en la Amazonía aún está pendiente. “Ha
habido varios meses de silencio, no se ha puesto el tema en agenda. Se ha
vuelto a presentar en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, pero
no ha sido materia de discusión”, añade Lissette Vásquez.
Al iniciarse la primera conferencia de los doce países
firmantes del Acuerdo de Escazú en Chile, Demetrio Pacheco asistirá a otra
reunión que ha esperado buscando justicia y consuelo: la audiencia por el
juicio del asesinato de su hijo. Un poco de esperanza frente a las amenazas que
no cesan. https://dialogochino.net/
Gobierno transfirió S/ 558 millones para ejecutar proyectos de agua potable y saneamiento
El Gobierno, a través del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, transfirió S/558 484 942
millones a 21 regiones del país para ejecutar 209 proyectos de agua potable y
saneamiento, así como pistas, veredas y equipamiento urbano.
Según información difundida por
la Presidencia de la República, a la región Loreto se destinó S/ 30.6 millones
para ejecutar cinco proyectos, mientras que a la región Amazonas se transfirió
S/ 39.1 millones para 15 obras.
Para la región Cajamarca se
entregó S/ 147.9 millones para 60 proyectos, en tanto que para la región Piura
la transferencia fue de S/ 5.3 millones para un proyecto.
También fueron beneficiadas las
regiones Lambayeque con S/ 4.9millones, La Libertad con S/ 44.5 millones,
Áncash con S/ 5.9 millones, Lima con S/ 22 millones, Junín con S/ 56.7
millones, Huancavelica con S/ 3.2 millones, Ica con S/ 1.6 millones.
De igual manera, Ayacucho
recibió una transferencia de S/ 49.4 millones, Apurímac S/ 25 millones,
Arequipa S/ 12.6 millones, Tacna S/ 1.2 millones, Puno con S/ 18.4 millones,
Cusco con S/ 38.4 millones, Madre de Dios S/ 4.2 millones, S/ Ucayali 15.8
millones, Huánuco S/ 25.9 millones y San Martín S/ 5 millones. https://andina.pe/
LIMA PERÚ
Callao: se incrementa robo de medidores de agua en La Perla
En el primer puerto del Callao,
los ladrones ahora parecen tener la mira puesta en los medidores de agua y es
que el robo de este sistema de control de consumo se sigue registrando en más
distritos de la capital.
Esta vez en La Perla, un sujeto
fue captado robando un medidor. En las imágenes registradas por una cámara de
seguridad se puede observar al ladrón que se toma varios minutos para romper la
conexión de agua en una vivienda en la cuadra 3 de la avenida La Marina, y una
vez que logró su cometido se fue caminando de lo más campante.
vecino afectado señaló que cerca
de las 4 de la mañana llegó a su vivienda un policía con el serenazgo y le
tocaron la puerta y le informaron que le habían robado su medidor y el agua
corría hasta la esquina de la cuadra.
Por el modus operandi de estos
ladrones, los vecinos chalacos sospecha de la existencia de una mafia dedicada
al robo de medidores de agua.
Ante este incidente, Sedapal
emitió un comunicado indicando que los afectados pueden comunicarse al Aquafono
3178000, para realizar sus denuncias. https://panamericana.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”