Lunes, 18 de abril de 2022 – Año XV – Edición 3948 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Pasivos ambientales en la selva peruana: la remediación de papel
Es difícil entender que la rigurosidad con la que actúa cualquier organismo estatal frente a un incumplimiento o retraso de obligación o impago tributario o de cualquier otro tipo no se ve correspondido cuando es el Estado el que falta a sus acuerdos
El pasado 8 de marzo, Aníbal Torres (premier del Consejo de
ministros peruano bajo la presidencia de Pedro Castillo) se presentó ante el
Congreso de la República para defender la política general de su Gobierno y
solicitar el voto de confianza al Pleno. En su discurso reconoció la
insuficiencia de las herramientas que posee el Estado para proteger a los
peruanos, animales silvestres y el mar garantizándoles el derecho a un ambiente
sano. “Prioricemos la remediación de sitios contaminados por la actividad
petrolera en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en Loreto,
para lo cual el Estado ha destinado a la fecha 419 millones de soles” dijo
desde la tribuna de oradores. La historia y la actualidad muestran que decretos
y presupuestos no tienen ninguna eficacia si no se consolida una paz social
firme y duradera.
Los 419 millones de soles a los que hace
referencia el premier Torres son la suma de tres partidas que han venido a
apoyar a los primeros 50 millones de soles, un fondo semilla cuyo origen está
en los Acuerdo de Lima de 10 de marzo de 2015 entre las 4 cuencas y la
Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Regional de Loreto. A partir de aquel miércoles de
marzo en que los representantes de las federaciones de las comunidades de las
cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón (FEDIQUEP, FECONAT,
FECONACO y ACODECOSPAT) se sentaron a firmar el acta con la premier Ana Jara y
sus ministros, el trabajo de remediación ha transcurrido sin descanso. El
resultado: 9% del presupuesto ejecutado; 0 lugares impactados remediados; ¿el
avance más significativo? ya no se habla de remediación, sino de
rehabilitación.
Los detalles del trabajo de estos siete años y sus
resultados corresponden ser explicados por PROFONANPE, un fondo ambiental
privado sin fines de lucro cuya finalidad es “promover la sostenibilidad de la
vida conectando a la humanidad con el medio ambiente”. El 4 de marzo reunió en
la ciudad de Iquitos a representantes de diferentes entidades, organismos y
particulares para buscar un intercambio de ideas y pareceres que ayudara a
impulsar su trabajo. La explicación comienza con una línea de tiempo que
arranca en 2015 con el mencionado Acuerdo de Lima y en la que se van sucediendo
leyes, reglamentos, decretos y presupuestos: la Ley Nº30321 creó el Fondo de
Contingencia para Remediación Ambiental, para el financiamiento de las acciones
de remediación ambiental de sitios impactados en las cuatro cuencas que sería
canalizado por el FONAM (Fondo Nacional de Ambiente) que a través del Decreto
de Urgencia Nº22-2020 el FONAM, el Fondo Nacional del Ambiente, se fusione bajo
la modalidad de absorción al PROFONANPE.
El trabajo de despacho se ha visto complementado con el de
campo. En 2018 las empresas ECODES & Varichal (Pastaza y Tigre) y JCI &
Hidrogeocol (Corrientes) se hicieron cargo de los estudios de una selección de
32 sitios contaminados de los más de mil señalados por los comuneros para su
caracterización y la estrategia más adecuada de remediación. Sin embargo, su
trabajo no termina de ser aceptado por el Ministerio de Energía y Minas que ha
elevado a 5,000 las observaciones. Estas tenían un plazo de sesenta días para
ser presentadas por parte no solo del ministerio sino también de otras
entidades observantes y veinte días para ser respondidas por ambas empresas. Al
día de hoy, más de tres años después, se siguen recibiendo requerimientos. Los
estudios que han de hacerse en el río Marañón, en la batería 3 del lote 8 que
se halla dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, están paralizados por la
negativa de la Comunidad Nativa de Saramurillo a la empresa seleccionada por
PROFONANPE a causa de la falta de acuerdo sobre la persona que ha de
representar a la comunidad en la directiva de administración de los trabajos
que han de hacerse.
Los pueblos que habitan las proximidades de los sitios
contaminados no aplican una lógica administrativa ni piensan desde un
cronograma, lo hacen desde de la memoria.
Su memoria se remonta a 1971. En concreto a las 7:25 a.m. del 16 de
noviembre en el pozo Corrientes X-11. Aquella mañana, en Trompeteros, la
alegría saltaba paralela al petróleo que brotaba casi por primera vez tras la
creación en 1970 de la división de Operaciones en Selva. Era una alegría llena
de orgullo nacional, tres años antes, el 9 de octubre de 1968 las tropas de la
primera División del Ejército Peruano ingresaron en las instalaciones de la
International Petroleum Company IPC y tomaron posesión de los campos
petroleros, la refinería y los campamentos. El 24 de julio del siguiente año se
creó Petróleos del Perú S.A., sobre la base de dichas instalaciones. En junio
de 1971, sin embargo, se aprobó el contrato entre el Estado peruano y la
multinacional con sede en Los Ángeles (EE.UU.), Occidental Petroleum
Corporation (conocida luego como OXY) para operaciones en el Lote 1A, que tras
unirse al 1B forman el Lote 1AB, actual Lote 192. Las cifras de explotación
durante los casi 30 años en los que operó OXY batieron todo récord llegando a
constituir con sus más de 52,000 barriles diarios, el 42% de la producción
petrolera nacional.
El éxito de producción del lote también significó cifras récord
de contaminación y afectación de la población que lo habitaba. Para facilitar
la perforación de un pozo se introducen sustancias químicas muy tóxicas que
luego salen junto con el crudo, como parte de los desechos de producción, en
forma de lodos que contienen aguas de formación, es decir, aguas muy saladas y
una mezcla de sulfatos y bicarbonatos asociados al sodio, calcio y magnesio con
presencia de metales pesados como mercurio, cadmio, cromo, plomo, cianuro y
arsénico. También contienen aceites, compuestos orgánicos, compuestos
radiactivos y gases de disolución. De esta manera cientos de millones de
barriles de aguas de producción fueron vertidas a quebradas y cochas de las
tres cuencas. Las consecuencias en la salud son una página negra más en la
historia de la Amazonía peruana.
“En la comunidad nativa de Vista Alegre, Alto Tigre, se
están produciendo muertes masivas de niños como consecuencia de un extraño mal
con síntomas de la hepatitis. En menos de un año y medio han muerto dieciocho
niños menores de 12 años y dos adultos”, testimoniaba un comunero a Lily la
Torre López, autora de Solo queremos vivir en paz (IGWIA, 1998). Una situación
que ya se había dado en otras ocasiones como en 1986 cuando en seis meses
fallecieron nueve niños menores de 12 años como informaba el número especial de
la revista Kanatari de 1994, editada por CETA (Centro de Estudios Teológicos de
la Amazonía).
El año 2000, mediante un contrato entre privados, la OXY y
la empresa argentina Pluspetrol realizan una cesión de posición y es la segunda
la que se hará cargo de la explotación manteniendo las mismas prácticas
contaminantes. Serán las comunidades del Corrientes las que tras ocupar los
pozos logren en 2006 la firma del Tratado de Dorissa, nombre de uno de los
pozos ocupados, en el que el Estado obligaba a las empresas a la reinyección de
las aguas de producción además de otros compromisos relacionados con la salud
de los pobladores. Hasta 2009 Pluspetrol no desarrollará esta práctica en su
totalidad. En 2015, por finalización del contrato, abandonó el lote y hasta la
fecha se ha negado a hacerse cargo de la remediación de los pasivos (más de
1500 según los pobladores) argumentando que fueron originados por OXY.
Reinyectar las aguas de producción en pozos ya explotados
no es ninguna novedad en la industria petrolera. En 1942, el Estado de Lousina
(EEUU) prohibió el vertido de aguas de producción en cuerpo de agua dulce,
dados que sus efectos sobre la salud y el medioambiente eran bien conocidos.
California en 1932 y Texas en 1939 ya habían prohibido el uso de pozas de
tierra no revestidas para almacenar desechos tóxicos y subproductos petroleros.
Tampoco es cierto que no hubiera una legislación en Perú. El artículo 22 de la
Ley de Aguas (DL 17752) de 1969 prohibía “el vertido o emisión de cualquier
desecho que posiblemente podría contaminar el agua y/o poner en peligro la
salud humana o el desarrollo normal de la fauna y la flora”. En 1993 se publicó
el Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos
(DS 046-93-EM) que en el apartado -d- del artículo 22 prohibía expresamente
“descargar en los ríos, lagos, lagunas, mar o cualquier otro cuerpo de agua,
basuras industriales o domésticas”.
Al vertido de las aguas de producción hay que sumar la
degradación del bosque producida por la exploración y explotación. Entre 1972 y
1990 se llevaron a cabo siete exploraciones sísmicas en el lote 1AB con un
total de 10,712 km de caminos abiertos para las líneas sísmicas. Estos caminos,
que atravesaban caños y quebradas, interrumpían el fluir natural de las aguas,
quedando empozadas y aumentando con ello la presencia de insectos como el
mosquito transmisor de la malaria, el dengue, etc. Además, la caza huyó por la
actividad de la maquinaria y las explosiones y junto a la contaminación de la
pesca se empobreció la dieta de los pobladores y su salud se deterioró con
consecuencias especialmente graves para la infancia, adultos mayores y
gestantes. A todo ello se añaden los derrames producidos fundamentalmente por
la falta de mantenimiento en infraestructuras y ductos: 566 derrames entre 1997
y 2021, de los cuales el 31,17 % fueron causados por corrosión y el 42,09 por
falla operativa (La sombra de los hidrocarburos en el Perú. Aymara León Cépeda,
Mario Zúñiga Lossio. OXFAM, febrero 2022)
Las consecuencias sociales de la actividad petrolera
merecen otro artículo. Hombres con turnos de trabajo de seis meses consecutivos
y diez días de descanso entre turnos en un entorno natural tan hostil como la
selva degradada por esta actividad. Los que lo vivieron hablan de Sodoma o del
salvaje Oeste, es de creer.
La producción del lote 192 bajó a unos 10,000 barriles
diarios durante los últimos años (2016-2020), en los que la canadiense Frontier
Energy estuvo operando con un contrato de servicio. Sin embargo, la relevancia
del lote en el actual cómputo nacional de producción de hidrocarburos se
mantiene y se han publicado planes para elevarla a 25,000 barriles diarios.
Eduardo Guevara Dodds, anterior presidente del directorio de Petroperú, visionó
importantes sinergias entre los lotes 64 y 192, puesto que ambos emplean el
mismo conducto para transportar el crudo a la nueva refinería de Talara que
espera una inmediata, o al menos próxima, puesta en funcionamiento. Cuando esto
suceda necesitará mantener operativa toda su capacidad de refinamiento, 90,000
barriles diarios, para pagar los más de 5,000 millones de dólares que ha
costado.
Este optimismo no se corresponde con la realidad. Petroperú
acumula frentes abiertos en diferentes áreas. El último: las desavenencias
entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas
(accionistas de 60% y 40% respectivamente del capital social de la petrolera) a
causa de la bajada a BB+ de la clasificación de riesgo de Petroperu en la auditoría
realizada en febrero por agencia calificadora Standard & Poor´s (S&P).
El nuevo directorio, presidido desde el 16 de septiembre de 2021 por Mario
Contreras Ibárcena, ha rechazado además el acuerdo con ALTAMESA para la
explotación del lote 192. Son noticias a seguir con atención en la prensa de
actualidad económica, el último titular hasta la fecha ha sido la renuncia del
gerente general Hugo Chávez Arévalo y el nombramiento temporal de Fernando de
la Torre Tejada en el cargo.
Sea cual sea su desenlace, sean quienes sean los
responsables de dirigir la explotación petrolera del país, los frentes abiertos
en campo no presentan ninguna disposición a cambiar. El lote 64 está
paralizado. La empresa Geopark se retiró de él por considerarlo inviable debido
al rechazo indígena. Pero no solo las comunidades agrupadas en la Federación de
la Nacionalidad Achuar del Perú (FEPAP) rechazaron su presencia, el estudio de
impacto ambiental (EIA) que presentó Geopark había sido observado en marzo de
2021 por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (Senace) por no precisar los pasivos ambientales ni la delimitación
de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, así como la
situación cultural actual de las comunidades nativas de la zona. El lote 95
explotado por PETROTAL, con una producción diaria entre 16,000 y 20,000
barriles diarios, la mayor del país en este momento, ve comprometida su
operación por los continuos paros convocados en la población de Bretaña aledaña
al campamento base de la compañía petrolera. El lote 8 está inoperativo tras la
salida de Pluspetrol y el 192 de igual manera a la espera de que Petroperú
defina el modelo de explotación que desarrollará en él. El crudo de los tres
lotes sale con destino al puerto de Bayóvar desde la Estación 1 de Petroperú
situada entre las comunidades de San José de Saramuro y Saramurillo en la
cuenca del río Marañón. Ambas han protagonizado recientemente sucesivas
acciones que han impedido la operatividad del Oleoducto Nor-Peruano (ONP). El
motivo ha sido la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2016 con
el Estado para el desarrollo de la salud, educación y el acceso a agua potable
en sus comunidades. Y la remediación de todos los pasivos ambientales, la eterna
asignatura pendiente.
El Estado peruano tiene la obligación de
encontrar una solución equilibrada a las necesidades de desarrollo económico
del país y a las garantías constitucionales a la vida y salud de todos sus
ciudadanos. La respuesta que han encontrado los pueblos indígenas en sus
reclamos en defensa del territorio que habitan contra la contaminación ha sido
tradicionalmente la judicialización, persecución política y criminalización de
sus líderes, asesores y acciones, incluso tras firmar acuerdos con premieres,
ministros o recibir veredictos favorables a sus demandas. El Estado ha ido
perdiendo oportunidad tras oportunidad la posibilidad de demostrar que es
posible aspirar a una explotación de hidrocarburos compatible con los intereses
de los pueblos y el mínimo daño medioambiental. Tan solo habría que cumplir los
acuerdos que él mismo ha firmado. Enviar refuerzos policiales como los recién
llegados a Bretaña para “garantizar el normal desarrollo de las actividades,
tanto de las comunidades nativas como de la empresa PetroTal” (comunicado
001-2022 del Ministerio del Interior) solo parcha uno de los conflictos de una
problemática secular, la de las relaciones entre Estado y pueblos indígenas.
Los indígenas jamás han rechazado la actividad petrolera,
al contrario, siempre han manifestado su deseo de ser partícipes de la riqueza
que debería suponer para todos. Ahora,
sin embargo, sí existe un cuestionamiento del crudo como principal fuente
energética a nivel mundial y los múltiples compromisos tanto por parte de
empresas como de Gobiernos de lograr la neutralidad de carbono para 2050. No
solo eso, la preservación de los ecosistemas de torberas tropicales como los
correspondientes a los aguajales podría ser ya un importante recurso por su
capacidad de secuestro de carbono y los pueblos indígenas no son ajenos a esta
nueva perspectiva en la que además la riqueza bien preservada de su entorno
natural puede en un futuro ya próximo ser mucho más valiosa que el petróleo.
Muestra de ello es el comunicado de FEPAP rechazando
totalmente la realización de actividades petroleras dentro de su territorio
porque “destruyen el bosque y contaminan aguas, suelos y aire […], pues
queremos dejar un territorio sano a las futuras generaciones.” La lucha por el
reconocimiento integral del territorio se vuelve por tanto un eje central. El
20 de diciembre de 2017 fue firmada por el juez Sergio Antonio del Águila
Salinas, titular del segundo juzgado civil de Maynas, la sentencia que fallaba
la titulación integral del territorio a todo el pueblo Achuar del Pastaza y no
de manera fragmentada a cada una de las 45 comunidades demandantes. La
apelación no tardó en llegar, y la firmaron no solo Perupetro y Petroperú, sino
también los Ministerios de Cultura, Agricultura, Energía y Minas y Relaciones
Exteriores. En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 18 de
noviembre de 2021, el TC consideró en su evaluación del caso que “en el
presente caso corresponde declarar un estado de cosas inconstitucional frente a
la ausencia de una regulación explícita para la inscripción y registro de los
pueblos indígenas u originarios. Por esta razón, este Tribunal Constitucional
debería disponer que el Congreso de la República elabore, en el plazo de un
año, una norma que establezca un Registro de Pueblos Originarios e Indígenas”.
La paz social es imprescindible para garantizar que el país
pueda disponer de fuentes energéticas suficientes para su desarrollo. Perú podría
tener capacidad de autoabastecimiento si pudiera explotar todos sus recursos
petroleros, algo que con la incertidumbre económica y energética que genera en
estos momentos la guerra en Ucrania sería más que deseable. Para poder hacerlo,
sin embargo, necesita cumplir todos los compromisos adquiridos con los pueblos
adyacentes a los pozos, especialmente en la lucha contra la contaminación de
tierras y aguas. Es difícil entender que la rigurosidad con la que actúa
cualquier organismo estatal frente a un incumplimiento o retraso de obligación
o impago tributario o de cualquier otro tipo no se ve correspondido cuando es
el Estado el que falta a sus acuerdos. El hecho de que al día de hoy no se haya
conseguido remediar ni tan siquiera un único sitio es muy grave y un severo
impedimento para garantizar una producción continuada de crudo en la selva. El
petróleo sigue siendo para los habitantes de los lotes amazónicos sinónimo de
enfermedad, pobreza y falta de futuro; mientras siga siendo así será difícil
pensar siquiera en el pago de la refinería de Talara, sea quien sea quien esté
al frente de directorio de Petroperú, sea quien sea el que gobierne. https://caretas.pe/
EMPRESAS DE AGUA
EMSA Puno nuevamente incrementará tarifa de agua potable
Richard Tipo Quispe, regidor del Consejo Municipal de Puno,
confirmó que, la Empresa Municipal de Saneamiento – EMSA Puno, ha dispuesto un
nuevo incremento en la tarifa del servicio de agua potable, por el concepto del
Impuesto al Precio por Mayor (IPM), que empezaría a aplicarse desde el mes de
mayo del presente año.
Estimó que, este nuevo incremento sería de 0.30 céntimos
por metro cubico. En lo que va de la pandemia se habría aplicado hasta seis
incrementos de la tarifa por el referido servicio, sumando un aumento de 3.66%.
Recordó que, estos incrementos se dan por disposición de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – Sunass, “es una entidad
que amenaza con sancionar a los funcionarios de la Empresa EMSA Puno, en caso
no se aplicase los aumentos tarifarios, que hoy viene afectando a la
población”, indicó.
Lamentó que, al momento no haya ninguna acción de parte de
los congresistas, quienes asumieron el compromiso de evaluar este tema con los
representantes de la Sunass y del Ministerio de Vivienda y Construcción,
“lamentablemente todas las promesas de los congresistas quedaron en palabras”,
indicó; ante esta situación, una vez más, invocó a la autoridad municipal,
tomar las acciones que correspondan. https://radioondaazul.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Nueve regiones buscan recuperar ecosistemas
Nueve regiones del país aplican la Guía de Procedimiento
Metodológico para Identificación, Categorización y Priorización de Áreas
Degradadas, elaborada por el Ministerio del Ambiente (Minam), a fin de combatir
la degradación de los ecosistemas en sus respectivas jurisdicciones y asegurar
el bienestar de sus habitantes.
Con ese propósito, el Minam brinda acompañamiento técnico a
los gobiernos regionales de Cusco, Junín, Huancavelica, Moquegua, Piura, Puno,
San Martín, Tacna y Ucayali. Para ello, se cuenta con información sobre las
superficies degradadas en ecosistemas terrestres que, a la fecha, son más de 18
millones de hectáreas afectadas (costa, región andina y región amazónica).
Estos territorios necesitan recuperarse para recobrar su capacidad de proveer
agua, regular el clima, conservar la biodiversidad, controlar riesgos naturales
y mantener los procesos ecológicos esenciales, entre otros servicios
ecosistémicos.
Indicadores
Para la directora general de Ordenamiento Territorial y de
la Gestión Integrada de los Recursos Naturales del Minam, Doris Guardia, el
análisis de la degradación y la información generada permiten tener y reportar
indicadores con evidencia científica para reducir los niveles de pérdida de
cobertura y funcionalidad de los ecosistemas.
“Esto permite a los gobiernos regionales tomar decisiones
para promover inversiones en la recuperación de los espacios, formular y
ejecutar proyectos que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres, a la
conservación y el aprovechamiento sostenible”, dijo. Añadió que en el Perú los
ecosistemas terrestres son degradados por acciones humanas como la minería
ilegal, la tala indiscriminada, entre otros.
Cambio climático
Las pequeñas y medianas empresas del país tienen un fuerte
compromiso con las acciones nacionales frente a la emergencia climática,
sostuvo la directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam,
Milagros Sandoval, quien destacó que esta iniciativa del sector privado
permitirá cumplir las metas establecidas en las Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional, conocidas en el país como Nuestro Desafío Climático (NDC). “La
pequeña y mediana empresa posee una importante participación en la economía
peruana y puede contribuir a la acción climática y, al mismo tiempo, ser más
eficiente”, resaltó. https://elperuano.pe/
Gore Cajamarca crea el mecanismo de retribución por agua Cuenca Verde
El Gobierno Regional de
Cajamarca oficializó la creación del Fondo de Agua Cuenca Verde, Mecanismo de
Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSE), que busca canalizar y
administrar aportes de instituciones, empresas y organizaciones internacionales
para financiar proyectos de forestación y reforestación en Chota y Santa Cruz,
provincias cajamarquinas donde nace la cuenca birregional Chancay - Lambayeque.
Los proyectos financiados
gracias al fondo de agua tendrán un impacto directo en más de 555 mil
kilómetros cuadrados de cuenca, en beneficio de más de un millón de
habitantes.
La Ordenanza Regional Nº
D1-2022/GR.CAJ/CR – publicada en el Diario Oficial El Peruano –señala que este
fondo contribuye a la conservación y preservación de ecosistemas naturales y a
la promoción de una cultura del agua.
El fondo de agua fortalece la
gestión de proyectos orientados a proteger las fuentes de agua, conservación de
bosques húmedos de neblina, acciones de reforestación y recuperación de áreas
degradadas para mantener y asegurar los servicios eco-sistémicos.
Se tiene como marco el convenio
suscrito por los gobiernos regionales de Cajamarca y Lambayeque.
"Tenemos una cartera de
proyectos ascendente a S/ 36 millones, que deberán ser ejecutados gracias al
fondo de Cuenca Verde, en un plazo de 3 años", explicó Walter Rabanal,
gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medioambiente de
Cajamarca.
Serán aportantes al fondo de
agua Cuenca Verde las juntas de usuarios de Chancay-Lambayeque, las empresas
agroindustriales, empresas mineras, la empresa prestadora de servicios de
saneamiento Lambayeque y el proyecto especial Olmos-Tinajones, entre otros.
El Fondo de Promoción de las
Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe) será el ente administrador de
recursos, detalló Rabanal Díaz.
El Fondo de Agua Cuenca Verde
permitirá a los usuarios de agua de la parte baja de la cuenca Chancay-
Lambayeque retribuir conjuntamente en la conservación y restauración de la
cuenca alta, para asegurar la mejora de la calidad del agua e incrementar la
disponibilidad hídrica.
"Para los cajamarquinos el
agua no es motivo de conflicto, por el contrario, es la oportunidad para lograr
el desarrollo y hermandad con la región Lambayeque, con la cual estamos unidos
por tradición, historia y comercio", dijo el gobernador Mesías Guevara. https://andina.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”