Lunes, 23 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3973 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Arequipa: tarifa del agua potable se
incrementará por la inflación
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que el aumento será de 20 céntimos en promedio para los hogares y hasta un sol para las conexiones comerciales, industriales y estatales
El incremento vendrá en el próximo recibo de agua potable.
Así lo alertaron desde la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass). El aumento será de 20 céntimos en promedio para los hogares y hasta
un sol para las conexiones comerciales, industriales y estatales.
El jefe de la Sunass, Saul Alire Benavides, explicó que el
incremento es normal, debido al aumento de la inflación en la región. Esta fue
mayor al 3% en los últimos meses, por lo que corresponde un reajuste. “Por
metro cúbico será 0.20 céntimos, no es algo alarmante. Los más pobres
registrados en el Midis no van a sentir ese efecto desde el próximo recibo. La
mayor parte de los usuarios de Sedapar tienen micromedidores”, informó.
En el caso de Arequipa metropolitana, las conexiones
residenciales, actualmente el tarifario por metro cúbico de agua es de S/ 0.86.
Este aumenta de acuerdo al consumo. En el rango de 10 a 30 metros cúbicos los
usuarios pagan S/ 1.52 por metro cúbico. En cambio, en un rango de 30 metros
cúbicos a más el valor del metro cúbico es S/ 3.52. En el caso de las
conexiones residenciales e industriales el precio por m3 es S/ 5.5 y las
conexiones estatales es de S/ 4.24.
Para junio, a las tarifas residenciales se les debe
aumentar S/ 0.20 por m3 y a las comerciales, industriales y estatales S/ 1.
Sedapar registra 321.000 conexiones a nivel región, donde
se fija una tarifa en Arequipa metropolitana y otra en provincias, por el
índice de pobreza y el reajuste tarifario obedece a la inflación registrada de
los productos en los últimos meses que fue mayor al 3%. Para las 7 provincias
restantes debe verificar en su recibo cuánto paga y calcular el incremento por
metro cúbico. https://larepublica.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Concejal pide reserva de 100 l/s de agua servidas para verdear el sector de Viñani
Con la finalidad de aportar en la solución integral al
problema de la contaminación ambiental en la ciudad, el regidor de la
Municipalidad Provincial de Tacna Luis Inquilla Arias, mediante carta N°
001-2022-MPT de fecha 17 de mayo 2022, solicitó a la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento (EPS) Tacna la reserva de 100 litros por segundo de
las aguas servidas que terminan en la planta de tratamiento de Magollo para la
ejecución del proyecto Pulmón Ecológico Arunta.
Según la propuesta del presidente de la Comisión de Medio
Ambiente, Salud y Servicios a la Ciudad, el proyecto de inversión integral
busca tratar el agua residual con el sistema de depuración biológica - planta
de lodos activados, tal como operan en grandes ciudades, para el riego de los
árboles en avenidas, espacios públicos y áreas verdes del sector de Viñani, e incluso
las laderas del cerro Arunta, desde Chastudal hasta el Autódromo de Tacna.
Planta en terreno de MPT en Viñani
La planta de lodos activados se instalaría en el terreno
sector 38, en la III Etapa del Promivi VI Viñani, en el distrito Gregorio Albarracín,
de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna. El área del predio es de
244,185 m2 y con este proyecto sería convertido en un pulmón ecológico de la
ciudad.
Señaló que la propuesta busca una solución integral a parte
de los problemas en la ciudad, que tienen que ver con la falta de agua, la
crisis del tratamiento aguas residuales y la falta de forestación. “Ya no
tendríamos a las cisternas regando las plantas de algunas avenidas, pues
tendrían un sistema de riego por tuberías, se le quitaría presión a la planta
de tratamiento de agua residuales en Magollo, y lo más importante se crearían
más áreas verdes en la ciudad”, anotó el concejal.
Inquilla Arias indicó que se puede comenzar con este
proyecto, pero también se podría implementar en el cono norte de la ciudad,
para verdear las avenidas, espacios públicos y laderas del cerro Intiorko,
asimismo otra en el Parque Perú, con las aguas de Pocollay, Calana y Pachía,
para el riego de las plantas a lo largo de la Av. Jorge Basadre y el mismo Parque
Perú.
Propuesta se presentará al pleno del
Concejo
El concejal señaló la Comisión de Medio Ambiente, Servicios
a la Ciudad elevará la propuesta del nuevo pulmón ecológico al pleno del
Concejo Provincial de Tacna para su declaración de interés público provincial y
se disponga a la Oficina de Proyectos de Inversión que inicie la elaboración
del proyecto Pulmón Ecológico Arunta para que luego de aprobado el expediente
técnico se pueda buscar su financiamiento y su ejecución.
Indicó que la depuración biológica por lodos activados
reduce al mínimo la contaminación acuífera en la zona. Además, el proyecto
pretende articular esfuerzos con los agricultores de la zona, que llevan años
sembrando tara y cochinilla en el sector Arunta. https://diariocorreo.pe/
Afectados por metales pesados aún no ven los avances anunciados por el Ejecutivo para darles tratamiento médico
La promesa del actual Gobierno
de dar tratamiento médico a los peruanos afectados por la contaminación de
metales pesados ha quedado a medio camino, sin concretarse, detenida en la
burocracia. Para el 2022 se destinó un monto inicial de 10 millones 682 mil
soles para pruebas de detección (tamizajes) y el tratamiento de los pacientes. Pero,
aunque 7,1 millones de soles de dicha suma ya fueron transferidos a distintas
instituciones regionales, muchos de los afectados siguen sin percibir una
mejora en la atención clínica.
El gobierno actual priorizó en
la Ley de Presupuesto 2022 cinco zonas contaminadas donde las poblaciones
conviven con la industria minera o petrolera. Además, les dio a sus autoridades
la posibilidad de ampliar el presupuesto inicial hasta un máximo de 30 millones
de soles adicionales para destinarlos en acciones focalizadas solo para estas
áreas, que son Cuninico, en Loreto; Cerro de Pasco, en Pasco; Espinar en Cusco;
Cuenca del Coata, en Puno; y La Oroya, en Junín.
A nivel nacional, la ley también
deja abierta la puerta para hacer una ampliación adicional de otros 10 millones
de soles para todas las regiones en general, con lo que el presupuesto podría
modificarse hasta alcanzar un total de 50 millones de soles, si se requiriera.
Esta cifra no tiene precedentes. Sin embargo, la ejecución de los presupuestos
originales en algunos de los gobiernos regionales es lentos y están lejos de
agotar los primeros montos asignados. Esta situación complica que puedan
conseguir la prometida ampliación de recursos.
Convoca.pe revisó la ejecución
presupuestal de las regiones a las que pertenecen las cinco zonas priorizadas
en el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF). Los resultados más preocupantes son los de Cusco, donde apenas se ha
ejecutado el 2,3% del presupuesto. Le sigue Junín, con 31,5%, y Puno, con
30,4%. Por otro lado, Loreto y Pasco tienen mejores resultados, con avances de
62,8% y 40,2%.
Desde diciembre de 2021, existe
el Plan Especial Multisectorial con el que el Poder Ejecutivo busca garantizar
una atención integral a la población expuesta a metales pesados. Pero pese a
que fue aprobado mediante el decreto supremo 037-2021-Minam hace ya cuatro
meses, aún se desconocen sus avances.
El plan es liderado por el
Ministerio del Ambiente (Minam), e incluye la participación de otros ocho
ministerios más, incluyendo el de Salud. Aunque establece estrategias de
prevención y supervisión de cumplimiento por parte de cada sector, los propios
afectados no sienten las mejoras que deberían llegar. Convoca.pe consultó a los
ministerios de Ambiente y Salud sobre el despliegue del plan, pero no hubo
respuesta sobre ese punto en particular.
Lo que sí respondió el
Ministerio de Salud fue que, respecto a la ampliación de los presupuestos a los
gobiernos regionales, "no se han realizado acciones, puesto que las regiones
no terminan de ejecutar el presupuesto disponible (...)" del monto
original.
No es la primera vez que el
presupuesto para la identificación y atención de estas personas presenta
problemas. Como revelamos en un informe previo de nuestro especial
"Expediente Tóxico", las regiones que más afectados presentaron en
2018 fueron Pasco, Callao y Junín. No obstante, para el siguiente año, 2019, el
presupuesto designado a estas tres se redujo en más de 75%.
Ahora, en la actualidad, el
defensor ambiental Félix Suasaca, dirigente comunal de la Cuenca del Coata, en
Puno, y secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales
Pesados, comenta a este medio que las comunidades no reciben información por
parte del Ministerio de Salud, Ambiente y Energía y Minas respecto a los
avances del Plan Multisectorial. Señala que, incluso, las propias autoridades
del Ejecutivo desconocen el tema.
"Los ministros actuales no
saben la cantidad de afectación que hay aquí en la Cuenca del Coata. El
ministro del Ambiente [Modesto Montoya] prácticamente no sabía nada del nivel
de contaminación de la cuenca y de los afectados por metales pesados en el
cuerpo humano. Hasta el momento, no sabemos nada del Ministerio de Salud y
Energía y Minas. Los únicos [con los que hemos hablado] de alguna manera [son]
solo los ministros de Agricultura y Vivienda", advierte Suasaca.
Trabas eternas
A lo largo de los años se han
presentado iniciativas para controlar los daños causados por la contaminación
de metales pesados. Muchas quedaron en simples intenciones, pues siempre hubo
trabas para sacarlas adelante. Entre los antecedentes más inmediatos se
encuentra un proyecto de ley presentado en abril de 2017 por el entonces
congresista Wilbert Rozas, del Frente Amplio, para declarar como necesidad
pública la prevención y atención de la salud de los afectados por metales
pesados y otras sustancias tóxicas. El proyecto fue rechazado por sus colegas
parlamentarios.
En dicha iniciativa se
mencionaban las evidencias de casos, registrados entre 2002 y 2013, de
presencia de infecciones por metales pesados en Pasco, Yauli (Junín),
Lauricocha (Huánuco), Espinar (Cusco), Bolognesi (Áncash), Hualgayoc
(Cajamarca), Huarochirí, Callao y hasta en Lima Norte.
En esta última zona de la
capital peruana, ya se reportaba entonces una alta frecuencia de recién nacidos
con niveles de plomo en la sangre del cordón umbilical, según un estudio
publicado por la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que
se realizó en el Hospital Nacional Cayetano Heredia entre julio de 2011 y
diciembre de 2012.
Así como el proyecto de Rozas,
también se rechazó otro presentado en abril 2018 por el entonces parlamentario
Oracio Pacori Mamani, de Nuevo Perú, que buscó crear el registro nacional de
personas afectadas por metales pesados. Ambos proyectos, el de Rozas y el de
Pacori, se presentaron durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Como se recuerda, durante ese
periodo de gobierno, en junio de 2017, padres y otros familiares de 32 niños
afectados de Cerro de Pasco se encadenaron por 10 días en la puerta principal
del Minsa. La protesta era por la reiterada postergación, desde la gestión de
Ollanta Humala en 2015, de la instalación de la mesa de diálogo para tratar la
situación de contaminación y las afectaciones a su salud, causadas por la
actividad extractiva en dicha ciudad con más de 400 años de tradición minera.
Pero no fue hasta mayo de 2021,
durante el gobierno de Francisco Sagasti, que se promulgó la ley para
fortalecer la atención de la salud de los afectados por esta contaminación. Sin
embargo, las organizaciones y defensores ambientales, como Félix Suasaca,
consideran que dicha legislación no es suficiente.
“Hay bastante debilidad del
Estado peruano para implementar esta ley. La desatención y el desaire que
estamos viviendo las más de 10 millones de personas [expuestas a metales
pesados] todavía está provocando la muerte de niñas, como Esmeralda Martín, en otras
regiones”, expresó el presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata y
Lago Titicaca.
Esmeralda Martín, la niña del
distrito de Simón Bolívar en Cerro de Pasco, falleció con 12 años en setiembre
de 2021 presentando altos niveles de plomo y arsénico en su sangre, debido a la
exposición a la actividad minera del Tajo Raúl Rojas, operado por Volcan
Compañía Minera, según declaraciones de su familia.
De acuerdo con información del
Minsa recogida por la Defensoría del Pueblo, en las regiones de Lambayeque,
Ucayali, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Callao, Amazonas, Puno y Pasco, más de
la mitad de la población está expuesta a metales pesados, metaloides y otras
sustancias tóxicas.
Además del presupuesto asignado
a los gobiernos regionales, el propio Ministerio de Salud también tiene una
partida propia para la realización de los tamizajes y el tratamiento médico de
estas poblaciones, que asciende 3 millones 666 soles. Entre enero y abril de
este año, ya se registra un avance de ejecución presupuestal de 79.1%.
Convoca.pe consultó a este
ministerio cuántos peruanos afectados por metales pesados tenía identificados
de manera oficial, pero la pregunta no fue contestada.
No obstante, en una hoja de
texto con oraciones sueltas enviada a este medio, el Minsa señaló a través de
su área de prensa que entre enero 2019 y 2022 había atendido "en el primer
nivel de atención —establecimientos de salud— a 110.625 niños y gestantes a
nivel nacional". Y aseguró que, a través de campañas móviles, también
atendió a otras 27.504 personas.
"En las campañas se
moviliza a médicos, pediatras, internistas, ginecólogos, entre otros",
agregó, sin especificar si estas atenciones fueron para tratar exclusivamente a
los afectados por metales pesados o no.
A pesar de que distintas organizaciones
han asociado el delicado estado de salud de la niña fallecida Esmeralda Martín
con este tipo de contaminación, el Minsa no tiene conocimiento de fallecidos
por esta causa. "No se cuenta con información o notificación de mortalidad
por exposición a algún metal", explicó.
El último 14 y 15 de marzo se
desarrolló el primer Congreso de la Plataforma Nacional de Afectados por
Metales Pesados, que contó con la participación de la expremier Mirtha Vásquez.
El presidente de la organización, Félix Suasaca, advierte que en la reunión los
representantes de las delegaciones de más de 14 regiones contaminadas
aseguraron que el presupuesto para el tratamiento médico no se ha ejecutado en
sus comunidades.
"Las Direcciones Regionales
de Salud (Diresas) no han hecho sus planes de acción en cada una de las
regiones acerca de cómo se va a intervenir con ese presupuesto. En Puno no hay
nada todavía. Solamente indican, [los dirigentes] en las otras regiones, que
los médicos van a visitar y a recetarles paracetamol. Prácticamente, a los
hermanos y hermanas los están engañando", asegura Suasaca.
El secretario general de la
Plataforma de Afectados también advierte que al evento no acudió ningún titular
de los ministerios involucrados en el Plan Multisectorial. También asegura que
la Plataforma ha solicitado una reunión multisectorial, encabezada por la
Presidencia del Consejo de Ministros y las carteras de Salud, Agricultura,
Energía y Minas, entre otras, pero que hasta ahora el Ejecutivo no convoca por
escrito la cita para el encuentro.
Para este informe, Convoca.pe
intentó contactarse con funcionarios de las Diresas de las cinco regiones
priorizadas por la Ley de Presupuesto 2022 (Loreto, Puno, Cusco, Pasco y
Junín), pero en ninguno de los gobiernos regionales atendieron nuestros pedidos
de entrevista.
Consecuencias del
desconocimiento
El 9 de mayo se dio a conocer
que Perú fue excluido de manera temporal de la Iniciativa para la Transparencia
en las Industrias Extractivas (EITI por su sigla en inglés), una alianza internacional
de más de 50 países, debido a que el Ministerio de Energía y Minas no presentó
el informe periódico sobre las actividades de las industrias del sector. La
iniciativa tiene como propósito transparentar la distribución de los pagos que
recibe el gobierno de turno por parte de las empresas mineras y los compromisos
socioambientales vigentes.
El documento debió ser
presentado en diciembre último, pero luego de una solicitud del Ministerio de
Energía y Minas se aprobó una prórroga para marzo de 2022, plazo que también
incumplió. La institución anunció que recién en junio se adjudicaría la buena
pro para que una firma auditora lo elabore. Ahora, el referido informe podrá
ser entregado hasta setiembre próximo y deberá incluir datos como los planes de
cierre de las operaciones y la reparación de los pasivos ambientales.
En un reporte de la ONG Derecho,
Ambiente y Recursos Naturales se detectó que, en 2019, en el Perú, existían más
de 12 mil pasivos ambientales —3.457 del sector Hidrocarburos y 8.794 de Minería—,
residuos producidos por operaciones extractivas abandonadas que constituyen un
riesgo permanente para la salud humana y el medio ambiente.
Un año después, según el
Inventario de Pasivos Mineros del Ministerio de Energía y Minas se detectó
oficialmente un número menor: 7.956 pasivos, de los cuales 52 de alto riesgo se
encontraban en Cerro de Pasco, región con alta actividad minera.
Existen distintas organizaciones
que han contribuido con la investigación ambiental y de salud sobre este tipo
de contaminación. De hecho, ya se han demostrado los efectos nocivos de las
sustancias tóxicas en el desarrollo intelectual de los niños, secuelas que
cargan para toda la vida.
La organización italiana Source
Internacional realizó en 2021 un estudio epidemiológico en Cerro de Pasco a 81
menores de 6 a 16 años expuestos a metales pesados como el arsénico, el plomo y
el cadmio de los centros poblados de Paragsha y José Carlos Mariátegui, del
distrito Simón Bolívar. Los niños fueron comparados con otro grupo de control de
17 infantes no expuestos a la polución, de la localidad cercana de Carhuamayo.
Solo en Paragsha se demostró que
el valor promedio del Cociente Intelectual Total (CIT) de los niños analizados
fue de 82,5 puntos, cifra 12,3 puntos menor que el puntaje del grupo de
control, que obtuvo una media de 94,8.
“Hay toxicidades monometálicas y
polimetálicas. Las toxicidades son monometálicas cuando, por ejemplo, yo soy un
trabajador de una empresa de baterías. Si la batería necesita plomo, ahí el
trabajador está casi exclusivamente expuesto al plomo. Por lo tanto, tengo que
limitarme a la toxicidad por plomo. Pero, cuando son polimetálicas el valor
tóxico se potencia, porque hay otro elemento que puede conllevar a aumentar la
toxicidad de un primer momento o aumentar la toxicidad de ambos”, explica a
Convoca.pe el médico Ricardo Puell Calderón, especialista en toxicología.
Puell sostiene que las personas
expuestas a las actividades mineras de tajos abiertos, como la población de
Cerro de Pasco y La Oroya, en Junín, tienen mayor probabilidad de tener más de
un metal tóxico en el organismo. Como esto implica que puedan presentar más
complicaciones en su salud, el especialista advierte que estas personas
deberían ser reubicadas.
“Los metales más comunes que
intoxican al cuerpo humano son el arsénico, el mercurio y el plomo. El arsénico
tiene mucha afinidad por los tejidos epiteliales, llamados así por cubrir el
70% de las superficies de los órganos, incluida la piel, las uñas y el cabello.
El arsénico al pegarse a estos puede causar problemas en el sistema nervioso y
de maneras diferentes, así como alteraciones neuropsicológicas y distintos
tipos de cáncer", señala.
Por otro lado, Puell indica que
el cadmio también es peligroso, ya que además de afectar el sistema nervioso
ataca directamente al hígado. De hecho, en el caso de los niños menores de ocho
años, los metales tóxicos pueden producir daños tan graves en su desarrollo
como para dificultar su capacidad de terminar el nivel de educación secundaria,
afirma.
Sin interés
Uno de los problemas que
preocupa de manera recurrente a los miembros de la Plataforma Nacional de
Afectados por Metales Pesados es el desconocimiento de las autoridades sobre el
tema.
El 24 de abril los
representantes de la Plataforma, incluido su presidente Félix Suasaca, se
reunieron con el gabinete de asesores del viceministerio de Gobernanza
Territorial, actualmente a cargo de Jesús Oswaldo Quispe Arones, para dialogar
sobre los avances de la implementación del ya mencionado Plan Especial
Multisectorial.
Suasaca asegura que el grupo de
funcionarios desconocían la existencia del Plan, un dato alarmante para las
comunidades, pues una de las funciones de esta entidad de gobernanza es
promover un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, la economía y
su entorno socio ambiental.
“Ellos recién estaban
enterándose de que ese decreto existía. Incluso ellos han propuesto [tomarse]
un mes para revisarlo”, indica Suasaca.
Un día después del encuentro, el
25 de abril, se entabló un segundo diálogo con el Ejecutivo, pero esta vez con
el titular del ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea. La demanda
fue agilizar la reunión multisectorial con la Presidencia de Consejo de
Ministros, a fin de mantener informado al grupo de afectados sobre los avances
de la implementación del plan. Hasta ahora no se ha coordinado ninguna fecha
con este fin, declara Suasaca.
Por su lado, Puell lamenta la
falta de interés en el país y la puesta en valor de los intereses económicos
sobre la salud de los afectados. Los muestreos a la población no deberían ser
una tarea difícil. “Los equipos para hacer muestras [para dosaje de metales
pesados] son del tamaño de una mesa, se pueden llevar a las regiones, pero la
verdad es que no hay interés de hacerlo”, comenta.
Por su lado, Fernando Osores,
especialista en toxicología ambiental y exasesor del Ministerio de Salud
durante la gestión de Hernando Cevallos, periodo en el cual se aprobó el Plan
Especial Multisectorial, señala a Convoca.pe que la clave para ejecutar más
rápido el plan radica en incluirlo en la Ley 31189, la cual prioriza la
creación de un registro de contaminación por región.
“Como experto en el tema,
[considero que] el plan debe introducirse dentro de un reglamento, dirigido
hacia una ley que sea jerárquicamente superior a un decreto supremo. Si un
tercio de la población del país se encuentra en riesgo de exposición [a metales
pesados] es increíble que hasta ahora nadie haya hecho nada”, advierte Osores.
Osores también menciona que es
importante incluir en el plan un sistema de recursos humanos que permita
capacitar al personal médico sobre el tema, de manera que puedan tener un mayor
acercamiento a los protocolos e instrumentos técnicos para la atención de los
afectados. Esto no está contemplado en el Plan Multisectorial, alerta el
exfuncionario.
"Por nuestros propios
medios"
Las complicaciones para que el
personal de las Direcciones Regionales de Salud (Diresas), de los Gobiernos
Regionales, se acerquen a las zonas afectadas es otro de los problemas identificados
por la Plataforma de Afectados.
Por ejemplo, el caso de
contaminación de la Cuenca del Coata, en Puno, comenzó en 2006, cuando se
tiñeron de rojo las aguas del río Torococha, afluente que cruza con el Lago
Titicaca. Suasaca advierte que esto ocurrió como consecuencia de los
vertimientos de toneladas de residuos sólidos y aguas residuales por parte de
la empresa pública de saneamiento Seda Juliaca y de operaciones mineras
abandonadas en las cabeceras de las cuencas.
La principal es la unidad minera
Arasi, operada por la empresa Aruntani SAC, que paralizó sus actividades y tuvo
cierre definitivo en julio de 2019, mediante una medida cautelar interpuesta
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa). En este lugar,
actualmente las comunidades campesinas exigen a la empresa extractiva la
reparación del río Jatun Ayllu, principal fuente de agua para sus actividades
de agricultura y ganadería.
De acuerdo con la información
compilada por nuestra plataforma Convoca Deep Data, Aruntani registra un total
de 59 infracciones ambientales entre 2011 y 2019. Solo en Puno se cometieron 25
infracciones en el distrito de Ocuviri, en la provincia de Lampa, según los
registros del Oefa.
Lo mismo sucede en el caso de la
Cuenca del Coata, donde peces como el pejerrey y la trucha desaparecieron por
completo y el ganado ahora está desnutrido, según informa Suasaca, quien
representa a las comunidades de Coata, Huata, Capachica, Caracoto, Paucarcolla
y Chilla, distritos colindantes al afluente.
El dirigente dice que recién en
2018 los trabajadores de salud de la Diresa de Puno se acercaron a la zona
afectada. Pero no lo hicieron de buenas a primeras.
El dirigente revela a Convoca.pe
que previamente las familias afectadas tuvieron que pedir apoyo a la ONG Codenet
para financiar 1.120 análisis en agua y suelos de agricultura, y con ello
demostrar la contaminación existente a la Diresa de Puno para que esta
procediera a actuar.
Así, en octubre de 2020, la
Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de dicha Diresa detectó altos niveles de
arsénico (0,43 mg/L), manganeso (5,85 mg/L), hierro (13,4 mg/L) y boro (1,66
mg/L) en más de seis pozos de agua de consumo humano, en tres distritos de la
provincia de Puno (Juliaca, Caracoto y Huata).
Sobre ello, el Dirección Regional
de Salud de Puno solo recomendó, en el mismo informe, continuar con el
abastecimiento de agua potable a través de camiones cisternas, hasta que los
gobiernos locales y el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
pudieran solucionar el problema que afecta el derecho fundamente de los
residentes a este servicio.
Ante la situación, Félix Suasaca
interpuso una denuncia penal en febrero de 2019 contra el Gobierno Regional de
Puno y el Gobierno Central por atentar contra la salud de las comunidades de la
Cuenca del Coata. Pese a ello, su reclamo permanece en la Fiscalía
Especializada de Materia Ambiental (FEMA) de Puno, afirma, sin que a la fecha
se haya desarrollado mayor avance para sancionar a los responsables.
Después de la denuncia, en menos
de 15 días, representantes de la Diresa de Puno, del Ministerio de Salud, de la
Autoridad Nacional de Agua y del Oefa se acercaron a la zona afectada y
confirmaron que el 79,9% de los 279 participantes que se sometieron a pruebas
de laboratorio presentó arsénico en la sangre.
“Aquí, en Puno, hemos demostrado
por nuestros propios medios que todas las aguas están contaminadas, y, por
tanto, hemos obligado al Estado peruano a que hagan el tamizaje. En el resto de
regiones cada quien ha buscado su forma de demostrar sus análisis al gobierno”,
relata el representante de los afectados.
Los impactos silenciosos
Otra de las preocupaciones de
las familias rurales afectadas por metales pesados son las consecuencias
directas de la contaminación en las cuencas ganaderas. En el caso de las
comunidades de la Cuenca del Coata, estas sustancias han perjudicado su
economía en cuanto a la producción de leche, carne y queso para su distribución
en los mercados locales y nacionales.
El mes pasado, el ministro de
Agricultura, Óscar Zea, relanzó el proyecto de inversión para el mejoramiento
tecnológico del ganado vacuno lechero en la zona que busca beneficiar a más de
6 mil productores en los distritos puneños de Huata, Coata, Paucarcolla,
Capachica y Caracoto.
“Nosotros hemos expresado al
Estado que tienen que reponer los alimentos del ganado vacuno de la zona donde
vivimos, al ver que nuestras aguas han sido contaminadas. Los animales consumen
esa agua diariamente y se mueren. Por eso, estamos exigiendo que se nos
habilite otro cobertizo, en el marco del plan de acción en temas de reparación
y mitigación”, indica Suasaca.
“Se nos tiene que reubicar en
otras zonas de agricultura, porque en base a eso ganamos [el sustento diario]”,
apunta.
El director del Laboratorio de
Ecotoxicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Raúl Loayza Muro,
confirma a Convoca.pe que algunos de los impactos silenciosos de los metales
pesados también podrían presentarse de manera natural en las cuencas ganaderas.
“Una de las fuentes más importantes
de metales pesados en el Perú, y que es pasada por alto, es el drenaje ácido de
rocas. Tenemos formaciones geológicas que, a través de una serie de procesos
naturales, producen una cantidad de ácido que muchas veces se equipara a las
que producen las actividades mineras. Es un enemigo silencioso”, asegura.
Según Loayza, esta afectación
natural, sin ningún tipo de intervención humana, promueve la movilización de
metales que pueden ser altamente tóxicos como el arsénico, el hierro, el
aluminio y el manganeso.
“Los metales afectan no
solamente la calidad de las aguas, de los suelos, sino que impactan en las
cadenas de valor, constituyen un riesgo para la salud humana, la economía y la
sostenibilidad a pequeña y gran escala”, dice Loayza.
El especialista afirma que todo
depende de la evaluación de los niveles de metales pesados en aguas y suelos,
de su origen y formas de distribución. Ese es el primer paso para idear planes
de remediación adecuados que logren disminuir al máximo el transporte de los
metales y la acidez. Una de las técnicas es aislar las fuentes de
contaminación, ya que el impedimento de su contacto con el medio ambiente puede
ayudar a controlar la liberación de estos metales hacia las lagunas, ríos
aledaños, siembras, entre otros ecosistemas.
Ese es otro tema que también
requiere la atención de las autoridades. Pero mientras los nuevos funcionarios
aún no terminan de enterarse de los datos generales de esta problemática, los
peruanos que sufren directamente la contaminación en sus cuerpos seguirán
reclamando, como lo han hecho antes, para superar cualquier nuevo obstáculo que
se presenta, aunque provenga de su propio Estado. https://convoca.pe/
Por falta de diligencia, GORE dejó sin agua al Peihap
La Contraloría concluyó que hubo
falta de diligencia de funcionarios del Gobierno Regional de Piura para
asegurar la reserva de agua del proyecto hidroenergético del Alto Piura.
Con el informe de orientación de
oficio N.º 007-2022, se da cuenta que la reserva hídrica de 335 millones de
metros cúbicos (MMC) estuvo vigente hasta el 27 de mayo del 2020.
Entre el 2002 y 2008, el agua se
aseguró mediante decreto supremo. Entre el 2010 y 2018, se logró la reserva
mediante resoluciones jefaturales y a pedido de parte.
A pesar que se trataba de un
trámite formal ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA), los funcionarios del
proyecto Alto Piura recién pidieron la prórroga el 31 de marzo del año 2021,
vale decir 10 meses después del vencimiento.
En consecuencia, el ANA
respondió que el GORE debe hacer un nuevo procedimiento para que se otorgue la
reserva de agua.
Perjuicio
El 25 de enero del 2022, el GORE
cumplió con pedir la nueva reserva, pero el 18 de febrero, el ANA devuelve la
solicitud con una serie de observaciones.
“A la fecha el Peihap no cuenta
con la concesión del recurso hídrico proveniente de las aguas del río
Huancabamba, lo que pone en riesgo la realización de los componentes que forman
parte del proyecto”, se lee en el informe.
El otro problema de fondo es que
no se tiene la viabilidad del expediente de saldo de obra del primer componente
que consiste en la perforación del túnel de trasvase y la construcción de una
presa.
Datos:
En el año 2018 se paralizó la
construcción del túnel de trasvase que traería el agua del río Huancabamba
hacia el valle de Morropón.
El consorcio Obrainsa-Astaldi
abandonó la zona de trabajo. Al ingreso del gobernador Servando García se
ofreció culminar la elaboración del saldo de obra para reiniciar. https://eltiempo.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”