Lunes, 27 de junio de 2022 – Año XV – Edición 3998 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Tumbes: Contraloría advierte
presuntas irregularidades en rehabilitación de alcantarillado de la calle
Bolívar
Según la entidad, no se habría previsto vías alternas para facilitar la circulación de la población. Además, plantel de trabajadores no estaría cumpliendo con jornada laboral
La Contraloría General detectó que la Municipalidad
Provincial de Tumbes no habría considerado la elaboración de un plan de vías
alternas en el expediente técnico de la obra de rehabilitación del colector
principal de alcantarillado de la calle Bolívar, ubicado en la ciudad de
Tumbes, lo que altera la circulación de personas y vehículos en la vía pública
y genera el riesgo de retrasos en la ejecución de los trabajos.
Según el Informe de Hito de Control N°
012-2022-OCI/0475-SCC, la obra contempla la reposición de pavimento rígido
luego del cambio de las redes de agua potable y alcantarillado. Por lo tanto,
el expediente técnico debió contemplar un plan de vías alternas.
Cerca de un mes después de iniciada la obra, el 3 de junio
de este año, el supervisor de obra recién recomendó al subgerente de Obras
Públicas y Catastro de la comuna elevar la consulta relacionada al plan de
desvío y señalización vial; para luego ser trasladada a la Subgerencia de
Estudios Técnicos de la entidad edil.
Incumplimiento de jornada
Asimismo, la entidad fiscalizadora identificó durante las
visitas de inspección realizadas que el plantel profesional del contratista y
consultoría de obra no estaría cumpliendo con la jornada laboral exigida en el
expediente técnico. Al respecto, la comisión de control apuntó que esta
situación puede afectar el control de calidad, vida útil de la obra, así como
generar el inadecuado uso de los recursos públicos.
Además, se advirtió que el especialista en seguridad y
salud ocupacional del plantel profesional del contratista no se encuentra
habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. https://larepublica.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Ganado en Piura sigue muriendo por sequía
Los ganadores y agricultores locales mantienen su
preocupación ante la falta de una declaratoria de emergencia por sequía que
evite mayores pérdidas en sus ganados de las zonas altas y bajas de la región
Piura.
El presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura,
Arnulfo Adrianzén, expresó su preocupación y molestia ante la falta de acción
del Gobierno Regional de Piura, una situación que afecta principalmente a los
distritos del Alto Piura, el cual se encuentra en condiciones lamentables.
“Hasta ahora el Gobierno regional, a través de la Dirección
de Agricultura, ha dicho que le falta información. Yo no sé qué información
necesitan si ya se le alcanzó todo”, insistió el presidente de la Junta de
Usuarios.
Adrianzén advirtió que son más de 30.000 cabezas de ganado
que están en riesgo y más de 5.000 que se han perdido en lo que va a la fecha
debido a la falta de agua que genere los pastizales que los animalitos
necesitan.
Por su parte, el presidente de la asociación de ganaderos,
César Cisneros, recorrió Las Norias de Pabur y Vicús para constatar el daño
producido en la zona. Al respecto, este dirigente manifestó que el distrito de
La Matanza es el que tiene la mayor extensión de tierras eriazas y que, por
tanto, hay más cantidad de ganado mayor y menor. https://larepublica.pe/
Chiclayo: extraen sacos de basura de las redes de alcantarillado
Basura y otros sólidos fueron
retirados de las redes de alcantarillado que obstruían la descarga normal de
las aguas residuales en la urbanización Derrama Magisterial de Chiclayo, razón
por la cual personal operativo exhortó a la población a mejorar sus hábitos en
el uso y cuidado del servicio de desagüe.
Al momento de desarrollarse el
mantenimiento correctivo, se contó con el apoyo de un hidrojet.
Fue así que se logró extraer dos
sacos de polietileno llenos de basura que habían taponeado la red principal, lo
que ocasionó la obstrucción de los desagües en su descarga, con presencia de
malos olores.
Con la ejecución de las labores
de limpieza y mantenimiento del sistema, el servicio se normalizó en su zona de
descarga de las aguas residuales y, por consiguiente, se solucionó el problema
que aquejaba a los vecinos.
Asimismo, se desarrollará
charlas de educación sanitaria, con el objetivo de concientizar a la población
usuaria acerca del buen uso y los cuidados de los servicios de agua potable y
el alcantarillado. https://larepublica.pe/
Más presupuesto del gobierno no se evidencia en diagnóstico y tratamiento de afectados por metales pesados
Flavia Pacompía Yerba sabe que,
durante varios años, ha consumido agua contaminada con arsénico, boro, hierro,
manganeso y otros metales pesados, al igual que los cerca de 500 pobladores de
la Comunidad Campesina de Uquisilla, en el distrito de Coata, en Puno. Desde
que las pruebas de laboratorio evidenciaron que este recurso que obtenían de
los pozos era dañino, las familias se abastecen a través de camiones cisternas
que envían las autoridades de otras zonas de esta región de la sierra sur del
Perú.
“El doctor dijo que no hay
tratamiento, solo dejar de tomar el agua contaminada cuando tienes los
metales”, dice Flavia Pacompía, quien culpa a la minería informal y a las
personas que vierten aguas servidas y residuos sólidos por la contaminación del
río Coata —que desemboca en el lago Titicaca— y de los pozos y manantiales.
Ante el conflicto social
generado por las reiteradas protestas, bloqueos de vías y paros indefinidos de
la población de Coata, Huata, Coata, Capachica, Paucarcolla, Caracoto, entre
otros distritos de las provincias de Puno y San Román, afectada por el agua
contaminada, el gobierno del presidente Pedro Castillo dispuso incrementar este
año el presupuesto para su atención médica. En este aumento se priorizó un
mayor monto de dinero para estas zonas de Puno, además de otras ubicadas en
cuatro regiones (Cusco, Junín, Pasco y Loreto), cuyos habitantes también sufren
los graves efectos de la contaminación.
Este año, Puno ocupa el segundo
lugar entre las cinco regiones con mayor asignación presupuestal para el
tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados. De acuerdo
con la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para dicho rubro en el Gobierno
Regional de Puno es de S/ 1 533 203. Al 15 de junio, solo ha ejecutado el 38%
de dicho monto, es decir, apenas S/ 575 493.
Sin embargo, según informó a
Convoca.pe el director regional de Salud de Puno, Juan Mendoza Velásquez, este
año, en realidad, solo cuentan con un presupuesto de 235 mil 124 soles, que
debe ser distribuido entre seis de sus 13 unidades ejecutoras a cargo de la
Estrategia de Metales Pesados. Además, señaló que la mayor parte se destina al
pago del personal y de servicios, entre los cuales figuran las pruebas de
laboratorio para las personas en riesgo por los metales pesados.
Para pobladores como Flavia
Pacompía, un mayor o menor presupuesto para este rubro aún no se ha visto
reflejado en la toma de pruebas de laboratorio que confirmen o descarten que su
organismo tiene metales pesados, tras los anpálisis que confirmaron que el agua
que consumían está contaminada. Y si no hay diagnóstico, tampoco hay
tratamiento médico. “El tamizaje que se ha hecho solo ha sido en distritos.
Pedimos que vengan a las comunidades más alejadas, que estamos afectadas y
contaminadas”, reclama.
Juicios ganados, burocracia
lenta
Cusco lidera la lista de
regiones con más dinero asignado para atender la problemática de los metales
pesados entre la población, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
de S/ 2 505 898, destinado sólo a la provincia de Espinar, donde opera la Compañía
Minera Antapaccay, de la multinacional suiza Glencore. Sin embargo, en el sexto
mes del año, el Gobierno Regional de Cusco sólo ha ejecutado el 3% del monto
total, según el Seguimiento de la Ejecución presupuestal que figura en el
portal público del MEF, al 15 de junio de este año.
En otras palabras, la región que
debe recibir el mayor presupuesto para el tamizaje y tratamiento de pacientes
afectados por metales pesados tiene el menor porcentaje de ejecución de gastos.
Y esto es debido a un desacuerdo entre los representantes del Gobierno Regional
del Cusco y de la población de Espinar.
La controversia gira en torno a
cómo ejecutar una sentencia del Poder Judicial, que ordena brindar atención
especializada a las personas en riesgo por la contaminación que ha producido la
actividad minera —que se realiza en la provincia desde hace más de 40 años— y
hacer una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria, que incluya el
monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua.
La Gerencia Regional de Salud
(Geresa) de Cusco ofrece cumplir el fallo judicial, confirmado por la Sala
Mixta de Canchis en diciembre del 2020, con un plan de acción para la atención
médica de la población de Espinar. Sin embargo, la comunidad campesina Huisa y
las tres organizaciones sociales que interpusieron, en mayo del 2015, la
demanda contra el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado
cuestionan que dicho plan no refleja lo que dice la sentencia ni las
necesidades de las personas afectadas por el consumo de agua contaminada con
arsénico, mercurio, plomo, cadmio, entre otros.
“Es un plan de salud elaborado
en el 2020, a exigencia de la provincia de Espinar, por el tema de
contaminación, de salud, por las huelgas que hubo. No es un plan que fue
ordenado por la jueza para personas con metales tóxicos”, explica a este medio
Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a
los denunciantes.
Trece comunidades campesinas de
Espinar, con aproximadamente 20 mil habitantes, que están en los alrededores de
los centros mineros, son consideradas población de riesgo por la Gerencia
Regional de Salud del Cusco. “Sin embargo, la demanda de ellos es que la
población total estaría en riesgo. La provincia de Espinar tiene una población
de 54 mil personas. No se puede atender a todos”, explica a este medio digital
el gerente regional de Salud del Cusco, César Ramírez.
“El Ministerio de Salud,
conjuntamente con la Geresa Cusco, están en la obligación de identificar a las
personas expuestas y contaminadas con metales tóxicos para, luego, realizar una
atención debida, pertinente y especializada”, responde la abogada del IDL,
Maritza Quispe. Precisa que, tras la sentencia, solo se han realizado 1 621
dosajes entre las personas de Espinar y ellas aún no han sido atendidas, tal
como lo evidencia el informe de Amnistía Internacional “Estado de Salud
Fallido: Emergencia de salud en pueblos indígenas de Espinar”, publicado en
mayo del 2021.
Mientras los representantes del
sector salud, de las organizaciones sociales y del municipio provincial se
ponen de acuerdo en las mesas de diálogo y el Juzgado Mixto de Espinar aún no
se pronuncia tras una audiencia de ejecución de sentencia realizada el año
pasado, la población afectada en Espinar aún espera un diagnóstico con exámenes
de laboratorio y tratamiento médico.
En Loreto, las comunidades
nativas de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Nueva Santa Rosa también
han ganado una demanda judicial contra el Estado. Este año, tienen S/ 398 974
de presupuesto asignado para el diagnóstico y atención de personas afectadas
por el derrame de 2 500 barriles petróleo ocurrido en el 2014 en la quebrada de
Cuninico, distrito de Urarinas, provincia de Loreto. La responsabilidad fue
atribuida a la empresa estatal Petroperú.
A pesar de que las autoridades
de salud de Loreto han ejecutado el 40% del presupuesto, es decir, S/ 158 859,
según la data del MEF, la población de estas comunidades considera que no están
cumpliendo el fallo que dispone brindarles atención de salud y garantizar la
calidad del agua para consumo humano.
“Hemos ganado la demanda. No
están cumpliendo”, afirma el apu de la comunidad kukama San Francisco, Julio
Arirua, quien relata que personal del Centro Nacional de Salud Ocupacional y
Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), del Instituto Nacional de
Salud (INS), ha realizado en diciembre último exámenes de sangre y orina a los
pobladores de las comunidades nativas locales para ver si tienen metales
pesados en su organismo. Pero no han analizado el pelo porque “dicen que el
gobierno regional no les da el presupuesto”, según Arirua.
En la última reunión que los
dirigentes de las comunidades tuvieron con personal de la Dirección Regional de
Salud de Loreto, les dijeron que “hay como 30 afectados”, según los resultados
de los análisis de laboratorio. El resto no supera los valores normales de
metales en su organismo. Sin embargo, los comuneros no creen esto y piden el
examen de pelo porque consideran que este es más preciso y eficaz que las
pruebas de sangre y orina.
“No sabemos más. No sabemos
cuánto de metales puede ser permitido en el cuerpo de cada persona. La mayoría
tiene plomo y mercurio en su cuerpo, niños y adultos. Eso ha salido en las
cuatro comunidades”, dice Arirua a Convoca.pe. Además, advierte que varios
comuneros aún tienen heridas y ronchas en la piel, tras ocho años del derrame
de petróleo.
Para Juan Carlos Ruiz, abogado
del Instituto de Defensa Legal (IDL) y asesor legal de la Comunidad Nativa de
Cuninico, son varias las batallas que han ganado tras el derrame de petróleo:
por atención en salud, garantías de no repetición del daño y obligación de
Petroperú de dar mantenimiento al Oleoducto Nor Peruano, motivo de la fuga, y
pagar por el derecho de servidumbre a las comunidades por donde pasan los
ductos con combustible.
La sentencia de segunda
instancia de la Corte Superior de Justicia de Loreto, emitida en el 24 de enero
del 2018, para que el Estado diseñe y aplique una estrategia de salud pública
de emergencia, se encuentra en etapa de ejecución, desde hace más de cuatro
años.
Pasco y Junín son las otras dos
regiones priorizadas con la asignación de presupuesto este año. Según la data
del MEF, Pasco tiene hasta el momento un Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) de S/ 284 386 y ha ejecutado el 44%, equivalente a S/ 125 856. En tanto,
la provincia de La Oroya, en Junín, cuenta con S/ 398 974 y ha ejecutado el
40%, es decir, S/ 158 859.
A pesar de estas asignaciones
presupuestarias, la situación en estas zonas de Pasco y Junín es similar a la
de Coata (Puno), Cuninico (Loreto) y Espinar (Cusco). A los pobladores
afectados por metales pesados no los beneficia que las autoridades de salud
dispongan de más dinero, si no les brindan atención.
Desde hace casi un siglo, la
población de La Oroya, en Junín, ha venido siendo contaminada por plomo,
arsénico, cadmio, dióxido de azufre y otros metales y desde hace más de 20 años
ha venido reclamando el diagnóstico y tratamiento a las personas afectadas,
recuerda la defensora ambiental Liliana Carhuaz, del Movimiento por la Salud de
La Oroya. Carhuaz fue una de las primeras residentes de esta ciudad que
denunció al Estado peruano ante el Poder Judicial y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos por no velar por la salud de las personas afectadas con la
contaminación que generaba la minera Doe Run Perú, actualmente en liquidación.
Aunque Carhuaz destaca que los
establecimientos de salud aplican una estrategia para el tratamiento de metales
pesados, advierte que no tienen un presupuesto adecuado para el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades provocadas por la contaminación que provoca la
actividad minera. “Tienen un presupuesto que, en los últimos años, por el tema
de la pandemia han destinado al área de Covid-19. Del 2020 al 2022 no ha habido
tratamiento ni dosaje”, asegura a Convoca.pe.
En los últimos tres años, el
Presupuesto Inicial Modificado (PIM) para el tamizaje y tratamiento de
pacientes afectados por metales pesados en La Oroya, en Junín, se ha reducido
notoriamente. En el 2019, se le asignó S/ 1 582 694. Pero en el 2020 recibió S/
693 411 y en el 2021 el monto anual pericibido bajó aún más, a S/ 447 008.
Ahora, en el 2022, la suma presupuestada llega apenas a S/ 398 974, según la información
que figura en el MEF al 15 de junio de este año, a pesar de que en la actual
Ley de Presupuesto 2022 figura entre las cinco regiones priorizadas para la
asignación presupuestal.
Cuatro años después
En el 2019, Convoca.pe evidenció
la distribución ineficaz de los fondos públicos para atender a los pobladores
expuestos a metales pesados, como parte de la serie investigativa Expediente
Tóxico. Tres años después, un análisis de la base de datos elaborada por este
medio, con información del Ministerio de Economía y Finanzas, revela que el
presupuesto para la atención en salud de este sector de la ciudadanía se ha
incrementado solamente en algunas regiones y que aún no llega adecuadamente a
toda la población afectada.
Como respuesta a los conflictos
sociales y a las demandas judiciales, este año, el gobierno del presidente
Pedro Castillo asignó un presupuesto de hasta S/ 10 682 505 al Ministerio de
Salud y a las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales de todo
el país, para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales
pesados, del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.
A las cinco regiones priorizadas
de Cusco, Puno, Junín, Loreto y Pasco, debido a la contaminación de sus
territorios y población, el MEF les asignó un total de S/ 2 182 186,00 en el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que, con modificaciones presupuestarias
internas en cada región, fue ampliado hasta S/ 5 036 240, en el Presupuesto
Institucional Modificado (PIM).
Para el MEF, estas cinco
regiones cuentan con recursos suficientes para financiar la atención de las
personas afectadas por la contaminación con metales pesados, pero alega que el
problema es que hay un bajo nivel de ejecución del presupuesto a nivel
regional. Como prueba de ello, dicha entidad informó a Convoca.pe que los cinco
gobiernos regionales tienen un avance de ejecución de S/ 1 144 112, lo que representa
23% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 5 036 240.
“No se requiere ningún proceso
adicional para su desembolso; es decir, estos recursos están disponibles en el
presupuesto de cada gobierno regional, y por tanto, corresponde al titular de
la entidad, en este caso, el gobernador regional, en el marco de sus
competencias y prioridades, determinar las acciones necesarias para la
ejecución del gasto orientado a la atención de las personas afectadas (...), en
el momento que considere conveniente”, precisó el MEF a este medio digital.
Sin embargo, para utilizar
dichos recursos presupuestados, los gobiernos regionales deben “seguir el ciclo
del gasto público registrando cada etapa en el SIAF (Sistema Integrado de
Administración Financiera)", según explica el MEF. Esto consiste en iniciar
el proceso de contratación del bien o servicio que requieren, firmar los
compromisos y registrar el monto que se espera ejecutar en el SIAF, recibir el
bien o servicio adquirido y otorgar su conformidad. Y luego, devengar, girar y
pagar a su proveedor.
Gasto de presupuesto para
afectados por metales pesados cae este año
El presupuesto asignado para la
atención a afectados por metales pesados ha ido decayendo hasta el 2017. En el
2021, hubo un ligero aumento. Sin embargo, estos montos aún no superan lo que
se recibía en 2012 y 2013. En lo que va del 2022, solo se ha gastado el 23% del
presupuesto de este año.
La Ley de Presupuesto 2022
también autoriza al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales a realizar
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, es decir,
dentro de cada institución, con el fin de habilitar recursos para el tamizaje y
tratamiento de pacientes afectados por metales pesados hasta por S/ 30
millones, dando prioridad a Cusco, Puno, Loreto, Pasco y Junín. Esto depende de
la voluntad política de sus gobernadores.
“Esta autorización permite que
los GORES (Gobiernos regionales) puedan evaluar su presupuesto institucional,
identificar saldos disponibles y realicen modificaciones presupuestarias
internas, en cualquier momento, para ampliar su presupuesto y así poder atender
la problemática señalada, sin necesidad de solicitar recursos adicionales al
Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó el MEF a Convoca.pe.
Según el MEF, estos cinco
gobiernos regionales “cuentan con importantes recursos de su presupuesto
institucional a nivel de actividades sin certificar, con los cuales podrían
efectuar modificaciones presupuestarias internas para ampliar el presupuesto
para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados.
En conclusión, esos S/ 30
millones adicionales para la atención de las personas afectadas por metales
pesados deben salir de los mismos gobiernos regionales, que tendrían que
quitarle presupuesto a otros rubros. Por ello, las modificaciones para ampliar
el presupuesto para este sector de la población no son contundentes.
El mayor incremento presupuestal
para este año corresponde al gobierno regional de Cusco, que pasó de S/ 171
622 a S/ 2 505 898, pues debe cumplir el
fallo judicial ya mencionado.
Además, la Ley de Presupuesto
2022 autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que realice
modificaciones presupuestarias, a nivel institucional, hasta por S/ 10
millones, en favor de los gobiernos regionales, aparte de los S/ 10 millones
del presupuesto inicial. Es decir, puede destinar dinero de la Reserva de
Contingencia, que está dentro de su presupuesto del MEF. Esta ampliación del
presupuesto debe ser refrendada por el ministro de Economía y Finanzas y el de
Salud, a solicitud de este último.
“Al respecto, a la fecha no se
ha recibido ninguna solicitud de transferencia de recursos para financiar las
acciones para la atención de las personas afectadas por la contaminación por
metales pesados”, precisó el MEF a este medio digital.
Para el director regional de
salud de Puno, Juan Mendoza Velásquez, la situación es más complicada de lo que
parece. Aclara que, a pesar de que hay un “bolsón de dinero”, no se puede usar.
“Cuando hacemos el requerimiento [al MEF], no hay posibilidades de hacer uso porque
las exigencias son muy engorrosas”, justifica.
Aunque varias localidades de la
cuenca del río Coata han sido declaradas más de diez veces en estado de
emergencia por el Poder Ejecutivo —la última en septiembre del 2021—, Mendoza
reconoce que la intervención y el resultado es mínimo, porque deben usar su
propio presupuesto y tienen una brecha negativa de recursos humanos y otros
problemas. “Solo tenemos una asignación presupuestal como región, pero que es
distribuida a todas las redes. El 80% a 85% es para recursos humanos y el
resto, para las actividades, y las cantidades son ínfimas”, precisa.
Aumento para algunas regiones
En los últimos cuatro años, el
presupuesto total para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por
metales pesados que otorga el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos
regionales ha variado. En comparación con los S/ 12 477 884 asignados en el
2019, el presupuesto del 2020 se redujo a S/ 10 761241, en el 2021 se
incrementó a S/ 13 157 382 y, este 2022, el Presupuesto Institucional de
Apertura se redujo a S/ 10 312 260.
Con respecto al año anterior,
este 2022 se ha incrementado la asignación presupuestal en seis regiones:
Cusco, Puno, Ayacucho, Huánuco, La Libertad y Moquegua. A pesar de que, según
el presupuesto aprobado para este año, deben darle prioridad a Pasco, Loreto y
Junín, el presupuesto de estas regiones ha sido reducido notoriamente este año.
Además de Pasco, Loreto y Junín,
en otras 15 regiones, el presupuesto para este rubro se ha reducido de manera
significativa: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao,
Huancavelica, Ica, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Tacna, Tumbes y
Ucayali. La única región que no ha tenido una asignación presupuestal para
personas afectadas por esta problemática, en los últimos diez años, es San
Martín.
Durante la pandemia del
Covid-19, en los años 2020 y 2021, destacan los incrementos de presupuesto, con
respecto al 2019, en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Loreto,
Moquegua, Piura, Puno y Tumbes. Para este año, ha seguido aumentando la
asignación para Ayacucho, Tumbes y La Libertad.
Convoca.pe solicitó una versión
del Ministerio de Salud, hoy bajo el mando de Jorge López Peña, sobre los
problemas de ejecución del presupuesto y de la estrategia sectorial. Al cierre
de este reportaje, no hubo una respuesta, a pesar de que la oficina de prensa
se comprometió a darla hace más de dos semanas.
Como exasesor del Ministerio de
Salud, durante la gestión del ministro Hernando Cevallos, en el 2021, el
toxicólogo Fernando Osores opina que el presupuesto no es lo único que se debe
modificar. Advierte que no hay un equipo técnico en el gobierno que sostenga
una política pública adecuada para tratar un problema de salud pública que
afecta a un cuarto de la población del Perú, aproximadamente, de acuerdo con
sus estimaciones.
“No accionan. Lo único que hacen
es ir, tomar unas muestras y dicen que los van a atender. Dicen que se ha
encontrado que algunas personas tienen metales pesados y que se les va a
seguir. El seguimiento no está dirigido al problema que motivó la acción: la
exposición y posible afectación a la salud por metales pesados. Las personas quedan
desamparadas y ellos dan la imagen de que sí han producido el servicio”,
explica Osores al referirse a las acciones del sector Salud.
El Ministerio de Salud tiene
pendiente la reglamentación de la Ley N° 31189, Ley para fortalecer la
prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con
metales pesados y otras sustancias químicas. A fines de mayo, publicó el
proyecto de reglamento y dio 15 días para recibir comentarios, sugerencias y
recomendaciones. La aprobación de dicho reglamento será un gran avance en el
tratamiento de esta problemática, según señalan los representantes de las
personas afectadas.
Más de 10 millones de personas
en el Perú están expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, lo
que equivale al 31.15 % de la población. Más del 80% de esa población en riesgo
está conformada por niños y niñas de entre 0 y 11 años, según las estimaciones
del Ministerio de Salud publicadas en un informe especial de octubre del 2020.
El toxicólogo Fernando Osores
advierte que, al no brindarle atención médica oportuna a este gran sector de
ciudadanos, el Estado los está sentenciando a que, dentro de cinco a diez años,
desarrollen alteraciones patológicas, como el deterioro cognitivo y de la
capacidad de socialización, mayor agresividad, pérdida del coeficiente
intelectual, que no se puedan adaptar a un sistema altamente competitivo de
productividad y que padezcan enfermedades renales, cardiacas, cáncer, entre
otras dolencias.
Flavia Pacompía y más de 10
millones de peruanos expuestos a la contaminación por metales pesados y otras
sustancias químicas siguen esperando que las autoridades de salud cumplan con
hacerles un diagnóstico y brindarles atención médica. A pesar de las protestas
y los fallos judiciales, la asignación del presupuesto para este rubro continúa
siendo insuficiente y no llega a la población que lo requiere. https://convoca.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”