Martes, 25 de octubre de 2022 – Año XV – Edición 4079 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Bolivia: estudio revela que 180
balsas mineras liberan al mes 259 kilos de mercurio en el río Madre de Dios
El Centro
de Estudios Jurídicos e Investigación Social realizó el estudio durante un mes
entre agosto y setiembre de 2021 y registró 180 dragas en el río Madre de Dios,
de las cuales, afirman, 166 operan de manera ilegal.
También se determinó que, durante ese período, las embarcaciones arrojaron 259 kilogramos de mercurio en el aire y en el agua
“Día y noche trabajan, solamente dejan de trabajar cuando
crece el río, unos tres meses, pero después otra vez empiezan. Aquí, ahorita,
están trabajando hartísimo”, cuenta Confesor Tirina Soria, secretario general
de Genechiquía, una de las 36 comunidades que forma parte del Territorio
Indígena Multiétnico (TIM) II, ubicado entre los departamentos de Pando y Beni,
en Bolivia.
Mientras conversábamos vía telefónica, el líder indígena
del pueblo Ese Ejja escuchaba el ruido proveniente de las dragas o balsas
dedicadas a la extracción de oro que operan frente a Genechiquía, que junto a
otras cinco comunidades del TIM II —Sinaí, Loreto, Palestina, Trinidacito y
Miraflores— se ubican en la cuenca del río Madre de Dios.
En este río ha sido en donde el Centro de Estudios
Jurídicos e Investigación Social (Cejis) realizó, en el año 2021, un estudio
para determinar los efectos ambientales, sociales y económicos que la minería
ilegal causa en los territorios indígenas de los pueblos Ese Ejja, Tacana y
Kabineño.
Los resultados presentados recientemente indican que a lo
largo de 172 kilómetros de la cuenca del Madre de Dios operan 180 embarcaciones
dedicadas a la extracción de oro. De ellas, señala el estudio, solo 14 balsas
(7.7%) trabajan de manera legal, es decir, dentro de las dos zonas autorizadas
para actividades mineras; el resto, 166 balsas (92.3%), están fuera de las
zonas permitidas. “Se trata de minería totalmente ilegal”, señala Miguel
Vargas, director ejecutivo del Cejis.
Vargas también explica que el estudio permitió cuantificar
la cantidad de mercurio que vierten estas embarcaciones durante un mes. El
cálculo se realizó tomando en cuenta el número de balsas registradas —180— y
los datos promedio de la cantidad de mercurio utilizado por embarcación en ese
lapso de tiempo. “Las 180 balsas han dejado 259 kilogramos de mercurio en el
aire y en el agua. Eso va a incidir evidentemente en la salud de las personas y
en todo el ecosistema”, señala Vargas de Cejis.
Mercurio y aceites en el río Madre de
Dios
El estudio se realizó a pedido de los pueblos que integran
el Territorio Indígena Multiétnico II —Tacana, Ese Ejja y Kabineño— que
buscaban obtener información sobre los impactos sociales, económicos,
culturales y ambientales que está generando la actividad minera en el río y en
sus comunidades.
Así, entre agosto y setiembre de 2021, investigadores de
Cejis y un equipo de monitores socioambientales indígenas de los pueblos que
viven en esta cuenca recorrieron el río para tomar muestras de agua y suelo.
Los análisis determinaron que además del mercurio también hay presencia de
aceites y otras sustancias en el río, que se encuentran por encima de los
límites permisibles, principalmente en la zona de las comunidades del Sena,
Sinaí y Loreto.
“Identificamos los impactos ambientales que está generando
la minería en el río Madre de Dios y logramos determinar, claramente, la
presencia de aceites y otros materiales que desechan las balsas, sustancias que
utilizan en sus motores”, comenta Vargas.
La acumulación de estas sustancias —se explica en el
documento que da cuenta de los resultados del estudio— hace que se caliente el
agua del río y que disminuya el oxígeno en el agua, “poniendo en peligro la
vida de las plantas y animales que ahí habitan”. En cuanto al mercurio usado en
la minería, el informe explica que éste se libera al ambiente como una
sustancia venenosa, la misma que se acumula y se dispersa en las plantas y los
peces, insumos que sirven de alimento para las comunidades.
Vargas explica que “la evaluación del mercurio en agua es
muy difícil de probar”, sin embargo, precisa que la concentración de este
mineral se evalúa en los peces y en las personas que los consumen, a través de
la toma de muestras en cabellos. Es por esta razón que actualmente se está
terminando una segunda etapa de la investigación que incluye la evaluación de
la cantidad de mercurio en las personas. Esta segunda etapa se realiza en
coordinación con el Centro de Investigación Bolivia (CEDIB).
Los pueblos que viven en esta zona están siendo testigos de
los efectos que estas sustancias tienen en los peces, los cultivos y las mismas
personas. El líder indígena Tirina dice: “El sabor del pescado no es como antes
y nuestro sembradío tampoco. Cuando crece el agua, el mercurio se queda en el
lodo y cuando sembramos la fruta no sale natural, sino con mercurio. Estos
afectan nuestra salud y muchas personas tienen problemas y dolores estomacales.
También cuando el niño empieza en la escuela, le cuesta aprender y nosotros no
sabíamos por qué. Antes no pasaba eso”.
Lo más preocupante es que, en los últimos meses, la
presencia de dragas ha ido en aumento en el río Madre de Dios. Vargas menciona
que los reportes enviados a Cejis por los monitores socioambientales indican
que en el mes de agosto de 2022 se registraron 310 embarcaciones dedicadas a la
extracción de oro en este río.
Otro efecto perjudicial reportado por el estudio se
relaciona con la forma en la que se ejecutan las actividades de extracción de
oro. Para sacar el metal se tiene que remover el fondo del río, generando pozos
y remolinos que se convierten en trampas mortales para los peces y otros
animales que viven en el agua —explica el estudio— esto, además, ocasiona la
muerte de los peces debido a que interrumpe su respiración.
Además, la cantidad de sólidos suspendidos en el agua
impide que la luz del sol llegue al fondo del río, por tanto, “no crecen las
plantas de las que se alimentan los peces, afectando así al ecosistema
acuático”, se menciona en la investigación. Además, en el estudio se explica
que en los sectores donde operan las dragas se producen derrumbes y
desmoronamiento de barrancos, originando la pérdida de suelo fértil dedicado a
la agricultura y poniendo en riesgo la subsistencia de las comunidades.
Vargas señala también que, además de los efectos negativos
en el medio ambiente, la minería vulnera el derecho del acceso al agua de las
comunidades y causa impacto en los sistemas de producción de las comunidades.
“Las balsas están ampliando cada vez más la extensión de las operaciones en el
río, socavando las áreas de producción de las comunidades, por tanto, afecta la
economía de las familias, de tal forma que los comuneros, al no poder producir
sus cultivos en sus propios espacios terminan dedicándose a la minería”.
El mercurio que importa Bolivia
Bolivia figura entre los mayores importadores de mercurio
en el mundo —junto con China, Emiratos Árabes Unidos, la Federación de Rusia y
la India— según el informe Mercurio, extracción de oro en pequeña escala y
derechos humanos, presentado en setiembre por Marcos Orellana, Relator Especial
sobre las Implicaciones para los Derechos Humanos de la gestión y eliminación
ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe de la ONU también indica que Bolivia es el único
entre estos importadores con un alto nivel de actividad en la extracción de oro
en pequeña escala; además, el país ha sido señalado como “uno de los puntos
neurálgicos del contrabando de mercurio hacia los países de la cuenca
amazónica”.
“Lo que ocurre con el mercurio lo venimos informando y
denunciando hace un tiempo y ahora, además, es una situación que alertan los
organismos internacionales como la Relatoría Especial de derechos humanos y
sustancias tóxicas de las Naciones Unidas y la propia Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, que informan sobre las grandes cantidades de mercurio que
están ingresando al país y que ya existen claras evidencias de que tienen
afectaciones importantes sobre ciertos grupos poblacionales”, comenta Oscar
Campanini, director ejecutivo del Centro de Investigación Bolivia (CEDIB).
Campanini menciona el estudio que están concluyendo en el
río Madre de Dios en coordinación con Cejis y los pueblos indígenas, así como
la investigación que han realizado en los pueblos indígenas del río Beni. “La
cantidad de mercurio en cabellos en ciertas poblaciones de la parte media de la
cuenca del río Beni es en promedio de siete partes por millón, cuando el máximo
permitido a nivel internacional es solamente de una parte por millón. En el
caso del río Madre de Dios este promedio está alrededor de cuatro partes por
millón”, dice en relación a los resultados de las muestras tomadas en las
poblaciones indígenas de la Amazonía boliviana
Un dato realmente alarmante —continúa Campanini— es que en
la cuenca media del río Beni, donde Cedib realizó su estudio, no hay actividad
minera, por tanto, el mercurio ha llegado a la población mediante el consumo de
pescado. “En el caso principalmente del pueblo Ese Ejja, que vive en la
comunidad de Eyiyo Quibo, el nivel de mercurio es muy alto en los niños. Las
cifras rondan entre nueve hasta 22 partes por millón. Realmente es dramático,
porque con seguridad afecta el desarrollo de los niños y eso significa afectar
el futuro de estos pueblos y de estas comunidades”.
Campanini también menciona que el alto precio del oro ha
generado una mayor demanda del mineral en el mercado internacional, y, en
consecuencia, dice, el aumento de la actividad en Bolivia. “Es tan alto el
precio que los mineros tienden a no esperar permisos sino a realizar la
actividad de forma ilegal, esto incluye las áreas protegidas en donde se han
identificado importantes reservas de oro. En el caso de los pueblos indígenas
esta categoría de territorio ha evitado en alguna medida que los mineros entren
a explotar este mineral, pero el precio está tan alto que los mineros logran
evadir los mecanismos de protección”. https://es.mongabay.com/
EMPRESAS DE AGUA
Amazonas: presentarán proyecto de estudio tarifario de empresa de saneamiento de Bagua
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass) presentará este viernes 28 de octubre, en audiencia pública, a
realizarse en la ciudad de Bagua (región Amazonas), el proyecto para fortalecer
los servicios de saneamiento de la EPS Empresa Municipal de Agua y
Alcantarillado de Bagua S. A., durante el quinquenio regulatorio 2022 – 2027.
El objetivo de la actividad pública es dar sostenibilidad y
mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado que se entrega a la
población usuaria de la ciudad de Bagua.
La audiencia, que será presencial, se desarrollará en el
salón de eventos “El Tumi de Oro”, ubicado en el Jr. Amazonas N.º 219, Bagua,
Amazonas, a partir de las 10:00 horas.
Los interesados en brindar sus aportes y sugerencias al
proyecto podrán inscribirse, para participar como oyentes u oradores, en el
siguiente enlace: https://bit.ly/3M5Puny
El proyecto de estudio tarifario de la EPS Emapab prioriza
un plan de inversiones que asciende a S/6.9 millones, a ejecutarse en los
siguientes cinco años, y permitirá mejorar y fortalecer las condiciones del
servicio, en beneficio de los usuarios.
Socialización y presentación de
comentarios
Con el fin de informar a la población sobre el proyecto y
motivar su participación en el proceso, la Sunass realiza actividades de
socialización y transparencia, a través de reuniones presenciales y virtuales,
en las que se explican los alcances y beneficios del proyecto, y se resuelven
dudas y consultas.
A la fecha participaron de estas reuniones instituciones y
organizaciones tales como la Autoridad Local del Agua Bagua – Santiago, el
Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, la Contraloría, el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), la Asociación Peruana para la
Conservación de la Naturaleza (Apenco) y la Defensoría del Pueblo.
Las personas que deseen presentar sus aportes y comentarios
sobre el proyecto podrán hacerlo a través de la Mesa de Partes Virtual de la
Sunass, ubicada en la página web oficial www.sunass.gob.pe, donde también
podrán consultar los detalles del proyecto de estudio tarifario, estructura
tarifaria y metas de gestión para la EPS Emapab.
Asimismo, hasta el 8 de noviembre se podrán recibir
aportes, comentarios y consultas sobre el proyecto de estudio tarifario al
correo electrónico audiencia-emapab@sunass.gob.pe https://andina.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
San Román: Juliaca pasará su aniversario sin saber quién ejecuta el proyecto de agua y alcantarillado
Dirigencia critica falta de transparencia en proceso de
licitación del Proyecto de Agua y alcantarillado de Juliaca, así lo indicó el
expresidente del Comité de Gestión, Crisóstomo Benique Apaza, quien advirtió
que existe demasiado hermetismo, por ello exigió que las autoridades:
congresistas de la bancada por Puno, gobernador regional de Puno, alcaldes de
la provincia de San Román, entre otras autoridades exijan información de dicho
proceso.
Benique Apaza, indicó que en la última reunión solo les
manifestaron que a fines del mes de octubre se tendría resultado del proceso de
licitación, pero al momento no existe información sobre este importante
proyecto para la provincia de San Román.
“Vamos a esperar hasta fines de este mes, y de allí se
tendrá una reunión de todos los dirigentes, esperemos no llegar a realizar
protestas, pero si es necesario se hará, porque no podemos permitir que este
proyecto se demore”, explicó el dirigente, al tiempo de indicar que según su
cronograma se debía dar inicio de la primera piedra en el mes de noviembre; sin
embargo, esto sería imposible con estos retrasos.
Cabe mencionar que este proyecto se realizará en dos etapas
la primera ejecutará en 6 hectáreas la nueva planta de agua potable, 16
reservorios, 15 cámaras de bombeo entre otros componentes y en la segunda fase
se hará la renovación de las antiguas conexiones en la ciudad de Juliaca. https://www.pachamamaradio.org/
Una treintena de comunidades de la Amazonía peruana, en emergencia por derrames de petróleo
Cuatro derrames de petróleo en
la Amazonía peruana han afectado en las últimas semanas a más de 30 comunidades
indígenas donde viven más de 6.000 personas que se alimentan y surten de agua
de los ríos y lagunas ahora contaminados por la marea negra. Los vertidos
ocurrieron en las regiones Loreto y Amazonas: tres en puntos del Oleoducto
Norperuano y otro en un lote petrolero. En protesta por la falta de atención
del Estado a la emergencia, líderes de las localidades damnificadas bloquearon
el paso de embarcaciones en un río y en octubre otros viajaron a la capital
para reclamar por la falta de comestibles, la pérdida de la pesca como medio de
vida, y el trastorno de sus actividades.
El primero ocurrió el 10 de
septiembre y afectó a cinco comunidades de la Nación Chapra; el segundo se
originó el 16 en la comunidad de Cuninico, que ya en 2014 sufrió una gran
devastación por una fuga de 2.500 barriles del mismo ducto; y el tercero fue
detectado el 21 de ese mes por población indígena en una zona colectora de
fluidos del lote petrolero 192 llamada Batería Shiviyacu. Esa zona, ubicada en
la comunidad del pueblo achuar José Olaya, también sufrió otros derrames en la
década pasada. Sobre ese vertido, la fiscalía ambiental informó de que en tres
días afectó seis kilómetros hasta llegar a cuerpos de agua. El sábado 22 de
octubre, otro derrame más contaminó el río Wawiko en la provincia de Bagua,
Amazonas, y perjudica a unas 15 poblaciones.
En los últimos años, varios
derrames han afectado a las regiones amazónicas de Loreto y Amazonas, donde
viven pueblos indígenas y colonos asentados en las riberas de los ríos con
escaso acceso a servicios como la salud. Según un reporte de Oxfam de 2020,
entre 2000 y 2019, el 65% de los derrames fueron consecuencia de la corrosión y
fallas de la infraestructura petrolera estatal o de empresas privadas, y un 23%
por sabotaje de terceros.
Sin embargo, el Organismo de
Supervisión de la Inversión en Energía y Minería indicó en 2021 que 41% de los
derrames fueron provocados por atentados. A raíz del incremento de zonas
contaminadas, extrabajadores del sector de hidrocarburos y exautoridades
locales han abierto negocios de limpieza y remediación de los daños con los que
se están beneficiando económicamente, denuncian periodistas de investigación
peruanos y líderes indígenas.
Mientras, los afectados se
quejan de la falta de ayuda. Una semana después del derrame en Cuninico, esa
comunidad recibió agua y alimentos de la empresa PetroPerú que opera el
Oleoducto Norperuano. Pero la asistencia solo alcanzó para dos días, según
reportó el apu (jefe indígena) Wadson Trujillo. Debido al grave derrame de 2014
y la afectación de la salud de los habitantes, esta comunidad obtuvo en 2017
medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para la protección y la integridad de la vida.
Cinco años después, siguen
expuestos a daños y la protección no llega. El ducto origen de la fuga
pertenece a la estatal PetroPerú. Las federaciones indígenas y el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería han indicado que, pese a que
tiene 50 años de antigüedad, el ducto de más de 850 kilómetros apenas ha
recibido mantenimiento.
De acuerdo al Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el derrame de unos 2.500 barriles
de crudo el 16 de septiembre en Cuninico contaminó unos 848.400 metros
cuadrados de agua en quebradas de Cuninico y el río Marañón, a lo largo de 147
kilómetros en los que residen otras 17 comunidades. El 24 de septiembre, el
Ministerio del Ambiente declaró emergencia ambiental.
“Aquí vivimos 272 familias:
PetroPerú entregó ayuda humanitaria para 200 familias una semana después del
derrame y no hemos vuelto a tener comunicación alguna”, denuncia por teléfono
la autoridad comunal de Cuninico. “Del Gobierno Regional de Loreto nadie se ha
comunicado y la municipalidad de Urarinas entregó botellas de agua una sola
vez”, añade.
Solo agua de lluvia
Debido al grave derrame de 2014,
el ministerio de Vivienda instaló una planta de agua de emergencia en Cuninico
que abastecía las piletas comunitarias durante 30 minutos al día. Sin embargo,
según denuncian los beneficiarios, el origen era el propio río y las quebradas
contaminadas. “Cada persona puede llenar medio balde [de 12 litros] al día y no
alcanza para todos. La construcción de una planta de agua a cargo de la
municipalidad de Urarinas avanzó al 70%, pero no se terminó por malversación de
fondos, un caso por el que varios exfuncionarios están siendo investigados,
según le dijo a América Futura el jefe de la oficina de la Defensoría del
Pueblo en Loreto, Abel Chiroque, quien anunció que ese organismo pedirá al
Ministerio de Vivienda que retome el proyecto. Mientras, los residentes, están
usando agua de lluvia, según Trujillo.
El jefe indígena de Cuninico
reclama que, pese a que lograron sentencias judiciales favorables y medidas
cautelares, el Estado no monitorea a las personas expuestas a la contaminación
por petróleo ni construye infraestructura de salud y saneamiento. Aunque el
número de enfermos ha aumentado entre las familias de Cuninico, el módulo de
salud es un pequeño ambiente de material prefabricado con dos enfermeras y un
técnico. “El 80% aquí tiene cólicos, alergias, dolor de cabeza y fiebre”,
lamenta Trujillo. “Desde el primer día del derrame, todas nuestras actividades
—labrar la tierra o asistir a las clases— están paralizadas. Si no hay
alimentación ni agua, está todo en emergencia: no quisiera que ninguna persona
esté en nuestra situación”.
Monseñor Miguel Ángel Cadenas,
obispo de Iquitos —la capital de la región Loreto— asegura que el derrame ha
afectado a las poblaciones porque es la época de desove de los peces en las
lagunas. “No se sienten escuchados”, remarca. Por eso, los dirigentes de las
comunidades damnificadas bloquearon el río Marañón dos semanas después del derrame
para pedir atención del Estado, pero no obtuvieron respuesta.
Nuevos damnificados
Aunque se han reportado otros
derrames en el distrito de Morona, en Loreto, las comunidades del pueblo
indígena chapra no habían sido afectadas hasta el vertido del 10 de septiembre.
“Mi padre me cuenta que hace 50 años, cuando llegaron las personas a colocar el
oleoducto, le dijeron que la estructura la iban a cambiar cada 30 años”, relata
en Lima Olivia Bisa, socióloga de 33 años y presidenta del Gobierno Autónomo de
la Nación Chapra, que representa a cinco comunidades afectadas y unas 500
familias. El tubo nunca fue cambiado. Y ahora el petróleo ha llegado a una
quebrada donde criaban peces para la venta. Según su testimonio, esto se debe a
que PetroPerú no colocó barreras de contención y el crudo se dispersó.
“Nosotros desayunamos,
almorzamos y cenamos de la naturaleza. La nación chapra se dedica a la pesca
artesanal y la agricultura: tenemos siete lagunas de repoblación de especies
acuáticas y uno de esos proyectos nos permitió sobrevivir en la pandemia porque
proveíamos de pescado a empresas contratistas de PetroPerú”, relata Bisa.
La socióloga dice que desde
entonces solo han recibido ayuda alimentaria de una ONG. Tras más de un mes sin
obtener respuestas de la compañía estatal, la representante de las comunidades
chapra viajó a la capital, donde se reunió con congresistas y periodistas antes
de finalmente ser escuchada por la empresa. El 13 de octubre, el presidente del
directorio de PetroPerú, Humberto Campodónico, reconoció en una reunión con
Bisa que el derrame fue causado por corrosión y no por un sabotaje, y anunció
que las operaciones de limpieza empezarían el 20 de octubre; pero no han
cumplido con ello.
“Una emergencia socioambiental”
La relatora de derechos sociales,
económicos y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Soledad García Muñoz, calificó en una visita reciente a Perú de “emergencia
socioambiental” la situación de los damnificados en la Amazonia y la de los
afectados desde enero por el derrame de Repsol en el mar de la costa central
peruana. “Es una emergencia ambiental, caracterizada por derrames petroleros y
deforestación y las consecuencias en el medio ambiente sano”, sostuvo.
Para ella, la falta de
respuestas a las poblaciones vulnerables que han sufrido los vertidos se debe a
la “inestabilidad institucional y democrática” que vive el país andino hace
unos cinco años y a la falta de continuidad de las políticas públicas con
enfoque de derechos humanos. “Tuve la oportunidad de estar en un bote con
pescadores (afectados por el derrame de enero en el mar de Ventanilla) viendo
manchas de petróleo en el mar y animales muertos flotando, y constaté la
desesperación de estos hombres y familias que hoy no tienen trabajo y que ven
un Estado omiso y una empresa que no está siendo objeto de las correspondientes
medidas frente a un hecho semejante”, dijo.
Finalmente, la relatora hizo un
llamado a cooperar con Perú y pidió que las instituciones protejan la
naturaleza y los derechos de las comunidades que están “en altísima
vulnerabilidad”. https://elpais.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”