Viernes, 19 de mayo de 2023 – Año XVII – Edición 4219 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Plazo de obra de agua y
alcantarillado se extendería generando perjuicios en Chiclayo
La negligencia de Epsel S.A. afectó a 24 mil personas en 12 pueblos jóvenes de la región
La Contraloría General comunicó que el plazo de ejecución
de la obra que instalará los sistemas de agua potable y alcantarillado en
conexiones domiciliarias de 12 pueblos jóvenes del tramo Chiclayo a Pomalca se
prolongará por más tiempo, lo que seguirá afectando la dotación de servicios
básicos de 24 mil pobladores, así como también podrían generar ampliaciones de
plazo que generarán más gastos para el país.
El Informe de Visita de Control N° 008-2023-OCI/3472-SVC,
que evaluó el periodo del 1 de marzo al 28 de abril de 2023, la Empresa
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de
Lambayeque Sociedad Anónima encargada de la obra no está cumpliendo con el
plazo establecido en el laudo arbitral del 26 de octubre del 2022. La sentencia
buscaba resolver consultas que formuló el contratista que no estaban en el
expediente técnico.
Epsel S.A. solo cumplió 5 de los 9 acuerdos relacionados con
los pagos al contratista para que la obra de agua y alcantarillado continúe,
sin embargo, están sin resolver aspectos la notificación de planos al
contratista, definiciones técnicas y otros relacionados con los componentes de
captación de las lagunas Boró I y II, Planta de Tratamiento de Agua Potable,
Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales I y II, y línea de impulsión del
proyecto.
Dicho contexto se traduce en un gran riesgo para cumplir el
plazo de ejecución de la obra que estaba pactado para el 21 de agosto del 2023,
considerando que la Laguna Boró II no se encuentra en funcionamiento, por lo
que se producirían solicitudes de ampliación que generarán más pagos al contratista,
es decir gastos al Estado. https://peru21.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Tumbes: Contraloría alerta trabajos en obra suspendida para creación de la Defensa Ribereña del río Zarumilla
La Contraloría General de la República advirtió que se
realizan trabajos en el margen izquierdo de la obra suspendida para la creación
de la Defensa Ribereña del río Zarumilla. Las labores se ejecutan en el tramo
comprendido entre Pueblo Nuevo y la Bocatoma La Palma, Papayal, Zarumilla, con
un contrato por más de S/75 millones, iniciado el 26 de julio de 2022 y que a
la fecha desembolsó más de S/36 millones entre adelanto directo, por materiales
y el pago de 6 valorizaciones. Actualmente, para la supervisión también se
destinó más de S/1 millón por similares conceptos.
De acuerdo al Informe de Hito de Control
n°11016-2023-CG/GRTB-SCC, en las visitas realizadas los días 12, 13, 14 y 20 de
abril del 2023, el contratista se encontraba ejecutando partidas, pese a la
suspensión de plazo acordada mediante un acta el 10 de marzo del 2023, donde
indicaban que, por las intensas lluvias suscitadas, el periodo de pausa era
considerado desde el 6 marzo hasta que finalice la temporada de precipitaciones
pluviales en la zona. Adicionalmente, el último asiento del cuaderno de obra,
de fecha 15 de marzo, no advirtió el desarrollo de actividades.
La comisión de control reveló la ejecución de trabajos en
las partidas relacionadas a la estructura de bombeo portátil, canales de
concreto de riego, donde identificaron a 9 obreros divididos en 2 cuadrillas.
También, se evidenció que los avances presentan deficiencias constructivas, por
inobservar lo establecido en planos y especificaciones técnicas, por ejemplo,
el canal de riego presenta curvas horizontales irregulares, su acero de
refuerzo evidencia corrosión, perdida de verticalidad en muros, áreas con
vacíos de cemento. En adición, el personal no cuenta con implementos de
seguridad.
En ese sentido, la capa de afirmado de la corona del dique,
que es una estructura edificada para impedir el paso del agua, presenta
ahuellamientos y empozamientos de agua, así como deformaciones o hundimientos
de 10 cm a 15 cm de profundidad. Cabe resaltar que dicha partida fue cancelada
al 81.65% en enero de este año; sin embargo, en su estado actual no garantiza
la calidad ni vida útil de la obra. Del mismo modo, se comprobaron que existen
excavaciones causadas por la erosión del agua en la corona sin afirmado y cara
seca del dique.
Aunado a ello, se observó excavaciones en la parte de la
caja de salida de la estructura de los drenes de las quebradas, ocasionadas por
el incremento del flujo del rio. En consecuencia, se advierten retrasos en tal
partida, cuyos trabajos debieron culminar antes del periodo de lluvias, según
el cronograma de avance de obra, a fin de evitar los daños y afectaciones a la
cubierta de la cara húmeda del dique, estructura construida con el objetivo de
contener el agua, impidiendo su paso.
El documento fue enviado al director ejecutivo del Proyecto
Especial Binacional Puyango Tumbes, para que adopte las acciones necesarias y
está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal
institucional en aras de la transparencia y acceso a la información. https://www.elregionalpiura.com.pe/
Trujillo paga el agua más cara del país: La tarifa no podrá bajar hasta el 2026
La ciudad de Trujillo, capital
de La Libertad, paga la tarifa más alta por el servicio de agua en todo el
Perú. El servicio es administrado por la empresa prestadora de servicio (EPS)
Sedalib.
El gerente de Sedalib, Juan
Mimbela, reveló que las tarifas fueron aprobadas por la gestión municipal
pasada, del alcalde José Ruíz, para que se mantengan vigentes hasta el año
2026.
Y aunque el proyecto especial
Chavimochic le vende el agua a Sedalib a solo 26 céntimos el metro cúbico, la
empresa cobra más de 4 soles por metro cúbico a cada usuario. Esta diferencia
ha generado críticas y reclamos por parte de los consumidores.
Desde octubre de 2022, cuando se
aprobó la actual tarifa de agua y alcantarillado en Trujillo, se decidió un
incremento de 8.5% en el precio del agua y de 9% en el del alcantarillado. La
medida fue aprobada sin hacer las consultas respectivas.
Ante el descontento de la población
y las autoridades locales, se ha conformado una mesa de trabajo técnica para
analizar la situación y proponer alternativas para reducir o mejorar el costo
del agua de cara al próximo quinquenio. https://lalupa.pe/
Pueblos indígenas denuncian destrucción ambiental por corporaciones extractivas
Líderes y lideresas de pueblos
indígenas, comunidades campesinas, la sociedad civil y organizaciones
ambientales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y República
Dominicana se reunieron en Lima para participar del foro público "Extractivismo,
crisis climática y corporaciones: territorios en resistencia", que se
realizó el viernes 12 de mayo, como parte de la campaña “¡Que paguen los
contaminadores!”, espacio que articula las luchas y las demandas de las
poblaciones afectadas por la actividad extractiva.
Durante el evento, los
participantes compartieron sus experiencias y realidades, cuáles son las
amenazas que afrontan día a día y las estrategias para establecer mecanismos
que acaben con la impunidad que recubre al poder corporativo, pero sobre todo
hacer responsables a los contaminadores.
En ese sentido, al final del
encuentro, se hizo un llamado a las empresas y corporaciones, muchas de ellas
multinacionales, así como al Estado, a remediar los daños causados a la vida,
al territorio y al ambiente.
El pescador artesanal Elizar
Medina, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Orilleros Costa
Azul de Ventanilla (Apaocav), destacó en su exposición que el problema de la
contaminación generada por las empresas extractivas es un asunto no solo local,
“sino regional y mundial”; y recordó que el desastre en Ventanilla, de enero de
2022, no es el único que han vivido. Desde 1996, cuando Repsol asumió como
operadora de la Refinería La Pampilla, “hubo derrames en 2017; en 2013, el más
grave; en 2011; y en años anteriores”.
En esa línea, sostuvo que la
lucha por el derecho de tener un ambiente limpio pasa, también, por buscar el
bienestar de las generaciones futuras, y criticó la falta de apoyo y de medidas
por parte del Estado peruano.
“El Estado parece estar de
espaldas hacia nosotros. Es una constante en todos los países”, advirtió el
dirigente, quien añadió que su organización viene trabajando en proyectos
relacionados al cultivo de algas, para mitigar la contaminación del mar.
Luchas compartidas en la región
A su turno, Silvana Ceballos, de
la Red de Superación del Modelo Forestal de Chile, cuestionó que el modelo de
monocultivos forestales, por un lado, se muestra como “una industria verde,
ecológica, sostenible, sustentable”, pero al mismo tiempo genera “una serie de
impactos ambientales y sociales”, tales como la pérdida de biodiversidad,
contaminación del suelo, disminución de potencial hídrico en cuencas, riesgo de
incendios de grandes magnitudes, desplazamiento de comunidades campesinas y
condiciones laborales indignas.
“El eucalipto y el pino son
especies de árboles altamente inflamables y arden a menor temperatura y más
rápido; y generan incendios más grandes en comparación con las especies de un
bosque nativo. La industria forestal concentra una de las especies más
inflamables del mundo en un espacio pequeño. En febrero de este año, hubo un
mega incendio en Chile. Se quemaron 400 mil hectáreas, casi una región entera y
la mitad de otra, y cinco comunidades perdieron, en promedio, el 40% de su
territorio”, manifestó.
Por su parte, Norka Pareja,
representante de Fuerza de Mujeres Wayuu, colectivo indígena del departamento
colombiano La Guajira, denunció que la explotación, desde hace 40 años, de la
mina de carbón El Cerrejón, la más grande de su tipo en América Latina y
operada por la multinacional suiza Glencore, “ha causado el desplazamiento y la
desaparición de muchas comunidades indígenas y afrodescendientes”.
“En este tiempo, más de 35
comunidades han sido desplazadas; solo nueve han logrado asentarse, pero las
otras están fuera del territorio. Las pocas fuentes hídricas que tenemos en La
Guajira están captadas por la mina; tampoco tenemos tierras donde cultivar, y
muchos no tienen ni dónde vivir. Sentimos que la crisis climática está
afectando más a La Guajira que en otras partes de Colombia y de América Latina
justamente por todos esos factores”, señaló.
Los proyectos para la generación
de energía eólica en la Guajira —convertida en epicentro de la producción de
energía con molinos de viento— también han conllevado al desplazamiento y
ruptura social de las comunidades, así como afectaciones ambientales, según
Pareja. “Los pueblos han tenido que salir de sus territorios para que ocho
empresas, en su mayoría alemanas, se instalen”, anotó.
La campaña “¡Que Paguen los
Contaminadores!” fue lanzada en 2019, con el objetivo de concretar acciones
para que las empresas y corporaciones responsables de la contaminación
ambiental y la crisis climática sean sancionadas. Asimismo, procura encontrar
vías alternas de reparación a las comunidades perjudicadas por las actividades
y políticas extractivas. https://www.radionacional.com.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”