Jueves, 1 de junio de 2023 – Año XVII – Edición 4228 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
23 colegios de Lima se quedan sin
agua
UGEL N° 04 no pagó oportunamente el suministro y tampoco registró los depósitos en la plataforma virtual de Sedapal
Un total de 23 colegios de Lima Norte no contaron con el
servicio de agua potable por casi 15 días debido a que la UGEL N° 04 no pagó
oportunamente el suministro y tampoco registró los depósitos en la plataforma
virtual de Sedapal, poniendo en riesgo la salud de los estudiantes y
trabajadores.
La Contraloría General alertó a las autoridades de la UGEL,
dependiente del Ministerio de Educación, con la finalidad de que adopten las
acciones correctivas que correspondan y que no se vuelva a afectar la continuidad
del servicio de agua potable, vital para mantener las condiciones de salubridad
de los 460 colegios bajo su ámbito, en los distritos de Comas, Carabayllo,
Independencia, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón.
De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio N°
001-2023-OCI/0970-SOO, la IE N° 2046 “Virgen de las Mercedes”, de Comas, con
500 alumnos, estuvo hasta 13 días sin agua.
La directora del plantel informó que desde el 17 de marzo
los estudiantes no pudieron lavarse las manos para consumir sus alimentos o
asearse después del recreo, y los servicios higiénicos estuvieron a punto de
colapsar por la suciedad y el olor, pese al esfuerzo del personal que solicitó
agua a entidades vecinas para cumplir con la limpieza de los baños y evitar el
riesgo de enfermedades. Agregó que el corte fue por acumulación de 3 meses de
deuda (enero a marzo) por un importe de S/ 1,945 soles.
El corte del servicio de agua potable ocurrió por la
inadecuada gestión de los recibos de pagos por parte de la UGEL. Por ello, el
17 de marzo de 2023, Sedapal cortó el servicio de agua potable a un total de 23
colegios, entre inicial, primaria y secundaria, debido a la falta de
información y pago oportuno. Ese grupo de instituciones educativas representaba
desde enero a marzo un consumo ascendente a S/ 27,693. https://www.expreso.com.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Defensas del río Tumbes se paralizaron con 7% de avance
Un informe de Convoca.pe reveló que la construcción de
defensas ribereñas en la Quebrada de Corrales no solo está paralizada desde
hace más de dos meses, sino que representa un peligro para más de 23 mil
pobladores del distrito de Corrales, en Tumbes, porque la demolición de los
antiguos diques los ha dejado expuestos a inundaciones por las lluvias
intensas.
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ha
destinado más de 68 millones de soles para esta obra, que está a cargo del
Consorcio Besalco-Stracon. Aunque los trabajos comenzaron en diciembre de 2022,
la contratista solo avanzó el 7% hasta el 6 de marzo último, cuando suspendió sus
labores debido al ciclón Yaku y las lluvias extraordinarias.
Días antes, la Contraloría General de la República alertó
sobre problemas con la calidad de los trabajos, robo de materiales y otros
incumplimientos al contrato. Tras la publicación de su informe, verificó que
las observaciones no fueron subsanadas.
Al inicio de la obra, la constructora demolió los diques
ubicados al borde de la Quebrada de Corrales y cuando esta se desbordó, en
marzo último, el agua afectó a más de 400 personas y 150 viviendas, según
informes de Defensa Civil. A pesar del reclamo de la población, el Consorcio
Besalco-Stracon no asume ninguna responsabilidad por los daños.
El presupuesto para las defensas ribereñas en la Quebrada
de Corrales era de 27 millones de soles, pero aumentó a 68 millones de soles,
debido a mejoras técnicas y eventos inesperados. https://larepublica.pe/
En Juliaca hay tres obras paralizadas según gobernador regional, las mismas que presentan observaciones
El gobernador regional de Puno,
Richard Hancco, indicó que, en la provincia de San Román, hay tres obras
paralizadas, las mismas que son obras de arrastre.
Una de las obras paralizadas, es
el hospital Materno Infantil, obra paralizada por más 10 años y se encuentra
seriamente afectada a nivel de estructura, el cual fue evaluado por los
ingenieros del Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS e ingenieros
del Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios – SISMED de la UNA, por lo que realizarán la
investigación de los responsables, luego formularán un expediente de saldo para
finalmente iniciar la obra en el mes de enero del año 2024.
Por otra parte, la Av.
Circunvalación N°2, se encuentra paralizada por motivo de que las obras de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, el proyecto de drenaje
pluvial y de agua y alcantarillado en la ciudad de Juliaca, tienen que
culminarse para que posteriormente se inicie la obra de la Av. Circunvalación
N°2 y de esa forma evitar que se rompan las vías de una obra reciente, esto
debido a que en la salida Cusco pasa la tubería principal de la PTAR y el
saneamiento de Juliaca, el cual se encuentra a 8 metros de profundidad, de
igual forma ocurre por el lado de la salida Huancané, en consecuencia se
necesitaría la culminación de los estudios de los profesionales técnicos para
reiniciar dicha obra a fin de evitar rupturas en las calles.
Finalmente, indicó que ninguna
obra a nivel de la región tiene techo presupuestal, resaltando que la obra de
construcción de la infraestructura del Tecnológico ya se reinició hace mucho
tiempo, recomendando al director a comunicarse con el residente de obra para
organizarse y realizar la programación correspondiente con tiempo de
anticipación, es por ello que también se creó la unidad ejecutora «Puno
Desarrolla» que ingresará en funcionamiento en el mes de octubre y así evitar
el cuello de botella que se tiene en la oficina de abastecimientos. https://radioondaazul.com/
HIDROMUNDO
Los delitos ambientales no existen en el Código Penal argentino
Un panel de expertos debatió en
la Universidad de Belgrano sobre la importancia de apelar a la ley para
proteger a la naturaleza tomando como base el Acuerdo de Escazú, firmado en
Costa Rica en 2018.
El Acuerdo de Escazú, firmado en
esa ciudad costarricense en marzo de 2018, es el primer acuerdo regional
ambiental de América Latina y el Caribe y el pionero a nivel mundial en
contemplar específicamente en sus disposiciones a las personas que defienden
los derechos humanos ligados a cuestiones ambientales.
Fue aprobado y ratificado por 14
países de la región, incluyendo la Argentina. En un encuentro reciente
organizado en la Universidad de Belgrano y denominado Acuerdo de Escazú y
crimen de ecocidio: protegiendo a la tierra y a sus protectores a través de la
Ley, se analizó el grado de implementación de este acuerdo y su importancia de
la criminalización en la Argentina del ecocidio -concepto acuñado en 1972 por
Olaf Pahn, entonces primer ministro de Suecia, en relación al uso del agente
naranja en Vietnam- para prevenir daños a la naturaleza.
El evento contó con la presencia
de Amalia Vargas, Investigadora de las culturas quechua, aymara y mapuche en
Argentina y docente de Bellas Artes y Culturas Tradicionales, la periodista
especializada en temas ambientales Paula Alvarado, el profesor de Derecho Penal
y Delito Ambiental de la Universidad de Belgrano Miguel Ángel Asturias, el
decano de la misma entidad educativa Dino Bellorio Clabot, la coordinadora de
Stop Ecocidio Tierra, Verónica Sacta, la actriz y referente ambiental Liz
Solari y la experta en cambio climático Azul Schvartzman. La moderación estuvo
a cargo de Gonzalo Muñoz, especialista en Derecho Ambiental y Animal.
“El acuerdo está pensado para
dar un triple acceso: a la información ambiental, a la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones y, fundamentalmente, a la justicia
ambiental”, señaló Bellorio Clabot. “
Los delitos ambientales no
existen en el Código Penal argentino
Esto último lo vemos muy
entorpecido, tanto en la Argentina como en otros lugares del mundo, debido a la
ausencia de tribunales ambientales”, agregó. Enumeró algunos delitos conocidos,
como el tráfico de fauna, la contaminación del agua y la fumigación por tóxicos
y aseguró que “los principales responsables de la comisión de estos crímenes
ambientales son muchas veces empresas multinacionales, Estados o estructuras
del crimen organizado”.
También enfatizó Bellorio Clabot
en los riesgos que corren los defensores del ambiente, también contemplados en
el acuerdo. “¿Saben cuántas personas han sido asesinadas por ser defensores de
las causas ambientales y climáticas?”, preguntó a la audiencia.
“Venimos trabajando desde la conciencia
profunda de que es importante detener el daño masivo que se está realizando a
la naturaleza: una ley que proteja a todos los seres de la Madre Tierra, como
dicen los pueblos originarios”, explicó Sacta.
“Buscamos que el ecocidio sea
reconocido en la Corte Penal Internacional ya que la naturaleza no tiene un día
de paz: minerías de cielo abierto, pesca de arrastre, pruebas nucleares,
ganadería en gran escala, deforestación, incendios masivos para el cambio de
suelo…”, enumeró.
Alvarado fue un poco más allá y
habló de “terricidio” en relación a los pueblos originarios. “Nosotros somos
una entidad tripartita compuesta por territorio, identidad y nuestro cuerpo: si
falta alguna parte de esos conceptos, no existimos”, dijo.
“En este sentido, el
"terricidio" es la destrucción del ecosistema tangible y del
ecosistema espiritual, es un término que entrelaza opresiones históricas y
presentes, es el intento de destrucción de nuestras espiritualidades a través
de la invasión de instrumentos como la Iglesia, el sistema colonial o
ideologías discriminatorias y de racismo”, detalló.
El ecocidio está legislado en
Francia y hay otros proyectos en diferentes sitios del mundo, desde Bélgica y
España hasta Brasil, Chile y México.
“Tenemos una deuda en el Código
Penal: no se especifican los verdaderos delitos ambientales, aunque sí existen
delitos contra la salud, que en mi entender también afectan al ambiente, o
leyes específicas por fuera del Código, como la de residuos peligrosos, la de
protección ambiental o la de fauna silvestre”, explicó Asturias, quien también
es director de AIDPAC (Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental
y Climático).
“Mi postura es dejar de lado el
antropocentrismo y buscar un ecocentrismo o un unicentrismo donde ya no nos
enfoquemos únicamente en los derechos fundamentales de los seres humanos, sino
también de la naturaleza y de todos los seres existentes: no se trata de
convertirnos en unos locos que queremos juzgar a través del delito penal toda
afectación del ambiente, pero sí aquellas que sean realmente graves”, concluyó.
Dino Bellorio Clabot - Decano de
la facultad de Derecho y Cs. Sociales, Universidad de Belgrano
https://www.perfil.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”