Lunes, 22 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4389
Asamblea nacional de delegados de la
FENTAP acordó por unanimidad realizar un paro nacional contra la privatización
de SEDAPAL y las empresas de agua del Perú; y la renuncia inmediata de la
ministra de vivienda
COMUNICADO N° 002-2024/CDN FENTAP
El Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y
Alcantarillado del Perú – FENTAP pone
de conocimiento que la Asamblea Nacional
de Delegados realizada el día 15/01/24, con la participación de sus bases a
nivel nacional rechazó la pretensión del gobierno y la Ministra de Vivienda,
Construcción y Saneamiento Hania Pérez de Cuéllar Lubienska de privatizar el
agua a través de la empresa más grande del Perú Sedapal y las empresas de agua
a nivel nacional, y aprobó un contundente e histórico Paro Nacional de todas
las empresas de agua a nivel nacional exigiendo la siguiente plataforma de lucha:
1. La
renuncia inmediata de la Sra. Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Hania Pérez de Cuéllar Lubienska por su incapacidad e incompetencia para
resolver los problemas de gestión y ejecución de los proyectos de agua y
desagüe a lo largo de todo el territorio nacional; y por no haber hecho la
lucha contra la corrupción en todas las empresas de agua principalmente en
Sedapal, y por haber planeado la privatización de Sedapal y las empresas de
agua en contra de la población y de los trabajadores para favorecer al sector
privado.
2. Exigir
al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República el fortalecimiento
de Sedapal y de las empresas de agua a nivel nacional (EPS) como empresas
públicas; respetándose que el agua no es una mercancía sino un derecho humano
universal; destituyéndose a los funcionarios incompetentes y corruptos,
recuperándose los millones de soles con las que han sido perjudicadas Sedapal y
las empresas de agua a nivel nacional por la corrupción y sancionándose
ejemplarmente a los funcionarios responsables.
3. Exigir al Congreso de la
República la reestructuración total de la Contraloría General de la República
por ser una entidad con un sistema de control lento, ineficiente e ineficaz lo
que favorece a la corrupción perjudicando a las empresas de agua para recuperar
los millones de soles que se pierden por ineficiencia y corrupción, y porque no
tiene esta entidad capacidad sancionadora.
4. Exigir
al gobierno de Dina Boluarte la contratación, nombramiento y designación de
funcionarios competentes y transparentes para desarrollar una gestión eficiente
y eficaz en el MVCS, FONAFE, OTASS, Sedapal y las empresas de agua a nivel
nacional.
5. Exigimos
al Congreso de la República la revisión del DL 1620 que modifica el DL 1280
modificaciones que se han realizado con la finalidad de privatizar las empresas
de agua del Perú.
Convocamos a todas las organizaciones populares, sociales,
organizaciones sindicales, las asociaciones de usuarios del agua y población en
general a participar activamente en la lucha contra la privatización de las
empresas del agua que está desarrollando este gobierno dictatorial.
PARO NACIONAL DE TODAS LAS EMPRESAS DE
AGUA
NO A LA PRIVATIZACIÓN Y NO AL NEGOCIADO
DEL AGUA
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
Lima, 18 de enero de 2024
HIDROREGIONES PERÚ
San Martín busca recolectar firmas para derogar modificación de la Ley Forestal
El gobernador de San Martín, Walter Grundel Jiménez, fue
una de las primeras autoridades en manifestar su rechazo ante la promulgación
de la Ley 31973, que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
De acuerdo con lo manifestado por la autoridad, esta norma afecta aún más los
entornos de inseguridad de las personas defensoras del medioambiente, debido a
que se incrementarían los riesgos de las actividades ilegales que invaden
territorios y causan deforestación.
Asimismo, refiriéndose a los avances de su región, en la
reunión de trabajo del Parlamento Amazónico manifestó que todos los avances de
la región quedan en nada, que, bajo las condiciones de la norma, las
aproximadamente 750 mil hectáreas de concesiones de conservación se quedan sin
garantías ante las invasiones.
Como sabemos, la región San Martín, desde febrero de 2020,
ya cuenta con la zonificación forestal aprobada para todo su territorio, lo que
significa que ya se ha determinado las tierras X y F con bosque y sin bosque.
En consecuencia, desde octubre de 2020 vienen trabajando el ordenamiento
forestal y hasta la fecha han gestionado ocho bosques locales, y se han
convertido en la primera región en otorgar Contratos de Cesión en Uso para
Sistemas Agroforestales (CUSAF). Por ello, la reciente modificatoria de la Ley
Forestal generaría un conflicto en la región y desmotivaría todos los procesos
CUSAF iniciados.
Por estas razones, el pasado 13 de enero, se realizó una
mesa de trabajo en la Cámara de Comercio de Tarapoto convocado por la
Congresista de la República y también presidenta del Parlamento Amazónico,
Karol Paredes Fonseca. Al evento asistieron la asesora del despacho de
gobernación, Nori Ato Panta; el Gerente Regional de Desarrollo Económico,
Darwin Del Águila Solano; los consejeros regionales por la provincia de San
Martín y Rioja, Jessica Hildebrandt Paucar y Eliseo Paredes Ríos,
respectivamente, así como representantes de la sociedad civil, quienes
acordaron formalizar la recolección de firmas a nivel regional liderado por la
Autoridad Regional Ambiental (ARA).
La ARA, a través del Oficio Múltiple
011-2024-GRSM/ARASM-GE, solicitó a las autoridades locales provinciales y
distritales, apoyo en el llenado de fichas de recolección de firmas en respaldo
de la derogación total de la Ley 31973.
El gerente de la ARA, Carlos Villavicencio Vásquez, señaló
que, de no derogarse la ley, los bosques corren un alto riesgo de
deforestación, al legalizar las posesiones informales sin considerar la opinión
vinculante de la zonificación forestal, conllevando a la pérdida masiva de los
bosques amazónicos.
Asimismo, se acordó instalar una mesa de diálogo el próximo
19 de enero, presentar una propuesta de proyecto de ley para derogar la Ley
31973 y marchas pacíficas en la región. https://www.actualidadambiental.pe/
LIMA PERÚ
Iván Arenas: La ministra y las ‘cabeceras de cuenca’
En diciembre pasado, una noticia
pasó casi inadvertida cuando la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, prometió
ante las organizaciones sociales de Loreto que, a través de un decreto supremo,
las denominadas “cabeceras de cuenca” de la Amazonía serán declaradas como
“intangibles”. No obstante que según la ministra el objetivo es “salvaguardar
estas zonas geográficas vitales” de la minería ilegal y otras actividades
ilícitas, el “buenismo” con el que actúa podría ser una verdadera Caja de
Pandora.
Antes de explicar las razones
vale apuntalar que en los últimos años los sectores opositores a las
inversiones mineras (en su mayoría de izquierda) y en general extractivas, han
martillado día y noche que el Estado declare la intangibilidad de las cabeceras
de cuenca, sobre todo en los Andes, con el único propósito que frenar todo tipo
de inversión privada. Bajo el manto del llamado posextractivismo, los sectores
opositores a la minería moderna (que se rige bajo estándares de calidad
mundial) construyen relatos y muñecos contra el primer motor de la economía
nacional.
Ahora, si bien entendemos la
posición política y bastante “buenista” de la ministra Ruiz, que ha prometido
promover un decreto supremo para declarar la “intangibilidad” de las
denominadas “cabeceras de cuenca” en la Amazonía con el fin de su protección, ¿qué
hace falta para que —en un arranque de presión “social”— también prometa la
“intangibilidad” de las “cabeceras de cuenca” en los Andes y con ello se haga
realidad el sueño del antiminero? A juicio del suscrito, está a pocos pasos.
Quizá también vale indicar que
si bien existe una normativa (un marco metodológico hecho por la Autoridad
Nacional del Agua) que establece criterios para la identificación, delimitación
y zonificación de cabeceras de cuenca en el país, no se ha llegado a un acuerdo
concreto, técnico y con suficiente evidencia científica entre los especialistas
para su total cumplimiento. Es decir, en el mito difundido contra la minería
moderna se insiste que el agua “dulce” se genera en las “cabeceras de cuenca”.
Sin embargo, se pretende desconocer el ciclo del agua (hidrológico), amén que
todas las “cabeceras de cuenca” no son absolutamente iguales. No son iguales en
los Andes, menos lo serán entre la Amazonía y los Andes.
Pretender declarar la
intangibilidad de todas las llamadas “cabeceras de cuenca” en el Perú, así sea
en la Amazonía, es una posición política e ideológica y debe explicarse bien;
en todo caso la evidencia científica es la que manda en este tipo de decisiones.
La minería moderna solo utiliza el 2% de toda el agua generada en las diversas
cuencas de un país que —con inversión privada— podría construir presas y
represas. Estaremos atentos a la ministra. https://peru21.pe/
HIDROMUNDO
Estado colombiano enfrenta millonaria demanda por contaminación al río Atrato
Desde hace años, sin tregua, la
justicia, la comunidad científica y poblaciones chocoanas le han solicitado
urgentemente al Estado colombiano que le ponga freno a la grave crisis
ambiental que sufre el río Atrato por la desbordada minería ilegal de oro que
se desarrolla en este vital afluente que atraviesa al Chocó.
Es tal la situación, que ni
siquiera una sentencia hito proferida por la Corte Constitucional, ha podido
parar una explotación ilegal que grupos criminales han propiciado contra este
río.
Como estrategia, 1.600
habitantes del municipio se enfrentan en los estrados judiciales ante varios
organismos estatales. En su demanda, piden que el Estado los repare
económicamente por las graves afectaciones por lo que ellos describen el
“envenenamiento del río”.
Demanda millonaria al Estado por
contaminación
La denuncia interpuesta por la
comunidad establece que desde el año 2006, en el municipio empezó la
explotación minera ilegal en la cuenta del Río Atrato, así como en otras
cuencas secundarias.
Esas acciones contaminantes,
dicen los demandantes que ha ocasionado graves erosiones que pueden generar
deslizamientos y contaminación de las aguas, de los peces por el mercurio. Como
ejemplo, en el año 2008 el Plan de Desarrollo del rio Atrato, alertó que esta
minería ilegal ocasionaba la pérdida de sus selvas.
En caso de ganar el pleito,
serían cerca de $220.000 millones los que tendría que pagarle el Estado a los
atrateños que están involucrados en la acción judicial.
Este río ha sido contaminado
durante los últimos años por organizaciones al margen de la ley que utilizan
este mercurio como una forma de separar el oro de los sedimentos. En su afán de
recaudación, terminó afectando la salud de decenas de comunidades que subsisten
en torno al río Atrato, el cual funge tanto de ruta comercial y de transporte,
como de proveedor de agua y alimentos.
Esta situación también ha
contaminado el río Amazonas y otros en el Bajo Cauca, ha posicionado a Colombia
como el tercer país que más libera mercurio en el mundo. Según el escalafón de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), al país solo lo superan China e
Indonesia y, desde 2016, Colombia se mantiene en este listado, a pesar de que
este compuesto químico fue prohibido en 2018 en todo el país.
Acción judicial colectiva
Además, advierten los
demandantes, la situación se hace más grave, pues el servicio de acueducto, que
le permite a la comunidad obtener el agua para el consumo humano y la
preparación de alimentos y aseo personal, es obtenida del río Atrato.
Los pobladores evidenciaron que
los niveles de mercurio en su sangre eran los superiores. Además, en 2022 una
prestigiosa editorial neerlandesa de asuntos científicos, reveló que las
especies de peces en el río Atrato tenían alarmantes niveles de mercurio.
De esta manera, esta acción
judicial colectiva es analizada por el Tribunal Superior de Antioquia y se
espera que durante este año determine, en primera instancia, si el Estado se
hizo el de la vista gorda ante la tragedia ambiental. https://www.noticiasrcn.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”