Lunes, 8 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4379
SEDALIB SA denuncia nueva afectación de redes de agua potable y alcantarillado por trabajos de municipalidad de Trujillo
SEDALIB SA en forma reiterada ha presentado denuncias ante
las autoridades correspondientes por los continuos daños en nuestras redes de
agua potable y alcantarillado por parte de la empresa contrada por la
Municipalidad Provincial de Trujillo para realizar obras en algunas zonas,
siendo los usuarios y ciudadanía los principales afectados.
Con evidentes anomalías, estos trabajos al momento han
causado serias averías, poniendo en riesgo la salud de la población, además de
accidentes.
SEDALIB exige la respuesta inmediata de las autoridades
correspondientes dada la gravedad de la situación que amenaza continuar en
otros puntos de la ciudad de Trujillo.
Hacemos gestiones para el resarcimiento económico y las
sanciones legales respectivas.
Esta vez en Calle Algallpampa, Manzana LL Lote 12
urbanización Santa Teresa de Avila Trujillo.
LIMA PERÚ
Ministerio de Vivienda transfiere más de S/ 38 millones a Sedapal para distribuir agua potable gratuita
El Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) autorizó una transferencia de S/ 38,746,184 a
la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para
financiar la distribución gratuita de agua potable, a través de camiones
cisterna, a la población del ámbito urbano de su responsabilidad que no cuente
con el servicio y se encuentre en condición de pobreza y pobreza extrema.
La Resolución Ministerial N°
005-2024-VIVIENDA, precisa que la transferencia financiera se realiza conforme
a los criterios de priorización a nivel nacional y las zonas focalizadas,
aprobados por la Resolución Ministerial N° 579-2023-VIVIENDA.
Señala también que la
transferencia financiera se realiza con cargo al presupuesto institucional para
el presente año y en cumplimiento de lo establecido en la Octogésima Octava
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector
Público del 2024.
Además, la norma indica que los
recursos transferidos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos que no sean los establecidos en la resolución.
Asimismo, encarga a la Dirección
General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento del sector
Vivienda realizar el monitoreo, seguimiento y cumplimiento de la transferencia
financiera.
La resolución ministerial lleva
la rúbrica de la titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez
de Cuéllar Lubienska. https://www.gob.pe/
Autoridad Nacional del Agua habría incumplido en cronograma y trabajos preventivos en el río Chillón
En junio del año pasado, el
Gobierno decretó situación de emergencia en el país, por un periodo de 60 días,
ante el posible desarrollo del fenómeno de El Niño fuerte.
Dicha medida preventiva,
recogida en el Decreto Supremo 072-2023-PCM, se basó en los informes del
Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño
(Enfen) y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(Senamhi).
El objetivo fue implementar
acciones inmediatas para mitigar los altos riesgos asociados al evento
climático en diversos distritos de 18 regiones. Sin embargo, aquella
declaratoria de emergencia no incluyó al distrito de Puente Piedra, a pesar de
que su territorio atraviesa el río Chillón y el incremento de su cauce se
manifiesta todos los años, al igual que el río Rímac y Lurín.
Dicha situación significó que la
población perteneciente a la mancomunidad de Lima Norte, que abarca además a
Independencia, Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, Santa Rosa, Los Olivos, Comas,
San Martín de Porres y el distrito de Huaros, quedara en situación vulnerable
por meses ante la falta de mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de
seguridad física frente a peligros.
Pues, recién el 24 de octubre la
jurisdicción fue declarada en emergencia, mediante el Decreto Supremo
121-2023-PCM, para atender la emergencia relacionada con la llegada de las
intensas precipitaciones pluviales previstas para los años 2023-2024, así como
a la potencial presencia de El Niño.
Incluidos en el decreto, pero
sin presupuesto suficiente
Hoy en día, mientras la crecida
repentina del río Chillón amenaza con afectar a los ciudadanos de las zonas
continuas al afluente, la falta de recursos adecuados para atender y prevenir
los posibles efectos devastadores de la crecida del río son una preocupación
latente.
Así lo ha manifestado a Infobae
Perú el ingeniero Jaime Limonchi Guerrero, gerente de Gestión del Riesgo de
Desastres de la Municipalidad de Puente Piedra, quien detalla que la ejecución
presupuestal de los fondos asignados a la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
para atender la emergencia por lluvias y El Niño, desde un inicio, fueron
insuficientes.
“Nosotros, con recursos propios,
hemos podido realizar trabajos de limpieza y descolmatación en determinados
puntos del distrito, hemos metido maquinaria, volquetes. También, creamos
diques en uno de los puntos más críticos, como el puente Tambo Río, una zona
que quedó bastante afectada con la crecida de río, producto del Ciclón Yaku”,
precisa Limonchi Guerrero.
Sobre este punto crítico
mencionado —el puente Tambo Río—, se sabe que, según Latina Noticias, la
estructura que conecta Comas con Puente Piedra, permanece sin barandas y se
sostiene únicamente de una base de madera con riesgo de colapsar hace nueve
meses por El Niño.
Ante ello, los ciudadanos
organizados de ambos distritos han logrado ejecutar reparaciones temporales con
sus propios recursos y exige a las autoridades la construcción de un nuevo
puente.
Fiscalía interviene ante
posibles irregularidades
Durante la entrevista con este
medio, el ingeniero Jaime Limonchi Guerrero también mencionó que la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) no habría iniciado los trabajos de limpieza y
descolmatación del río Chillón prometidos para finales de noviembre de 2023, a
pesar de contar con los recursos asignados a favor del distrito de Puente de
Piedra.
“La Fiscalía incluso ha
intervenido, ha hecho una diligencia con los representantes de la ANA, con mi
persona y, pues, ha constatado que la ANA no ha realizado ningún trabajo de
limpieza y descolmatación”, indicó el representante de la Gestión del Riesgo de
Desastres de la Municipalidad de Puente Piedra a Infobae Perú.
“A Puente Piedra no se le
transfirió ni un solo sol. Nosotros hemos pedido a través de oficios, a la
presidencia, a la PCM, al MEF, y no se nos ha dado respuesta desde el año
pasado, a la ANA también le pedimos su programación, su calendario, nunca se nos
respondió. Se nos confirmó que en el mes de noviembre iban a intervenir Puente
Piedra, Comas, Los Olivos y San Martín y no se hizo nada de ello”, agregó.
Al cierre de la entrevista,
Limonchi Guerrero señaló que se ha programado una reunión para el viernes 5 de
enero con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para evaluar los progresos realizados.
En este encuentro, los distritos
mencionados expondrán los avances y planificarán los siguientes pasos, que
incluirán el soporte técnico y de maquinaria por parte de la PCM, para concluir
adecuadamente las obras de prevención ante la temporada de lluvias.
En tanto, recalcó que las
autoridades locales de Puente Piedra, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres
han implementado una serie de acciones coordinadas para minimizar los riesgos
de desborde del río Chillón. Estos trabajos buscan fortalecer la infraestructura
en diferentes tramos de la zona geográfica que comparten. https://www.infobae.com/
HIDROMUNDO
Balance ambiental de Bolivia en 2023: aumentó el avance de la deforestación, los incendios y la minería
Bolivia cerró 2023 con un
balance ambiental negativo. Eso se observa cuando se enumeran algunos de los
temas que marcaron la agenda del país: la deforestación creció, la presencia de
la minería aurífera se resintió en las cuencas amazónicas y en áreas naturales
protegidas, los incendios forestales pintaron de gris el cielo en diversas
regiones y la sequía extrema afectó a la mayoría de los municipios.
El país empezó 2023 ocupando el
tercer lugar en la lista de las naciones con más pérdida de bosque primario, de
acuerdo con el informe anual realizado por la Universidad de Maryland y Global
Forest Watch (GFW).
De hecho, Bolivia registró un
nivel récord de esta deforestación en 2022 con un aumento del 32%, en
comparación con el año anterior, según el mismo estudio. Durante 2023 no se
presentaron cifras oficiales sobre la superficie deforestada, sin embargo, los
expertos Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión del
Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), y Roberto Vides,
director de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC),
coinciden en que la situación es similar a la registrada en 2022, debido a la
ampliación de la frontera agrícola y el descontrol de los incendios forestales.
“En el período de 2000 al 2015,
la deforestación en Bolivia alcanzaba alrededor de 200.000 hectáreas por año,
pero en el período 2021 y 2022, está por encima de 250.000 hectáreas; en el
monitoreo que hicimos para 2022, se registraron 270.000 hectáreas deforestadas”,
señala Quintanilla.
Vides advierte que “la tasa de
deforestación en Bolivia no tiene freno. Probablemente el año 2023 sea el
tercero consecutivo en el que Bolivia se ubicará entre los tres países con
mayor deforestación absoluta y primero per cápita”.
La agricultura de productos
básicos, como la soya o maíz, y la ganadería han sido identificadas como los
principales impulsores de la deforestación en Bolivia, detalla Quintanilla.
El medio Mongabay Latam consultó
a especialistas para conocer cuál es el balance ambiental de Bolivia para 2023.
Para Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de
Bolivia (Cedib), el desastre causado por
la presencia del mercurio en los ríos amazónicos, la sequía generalizada en el
país, la contaminación del río Pilcomayo, la pérdida de bosques por incendios y
la agroindustria “muestran a un Estado que no cuenta con las herramientas ni
voluntad necesarias para encarar este tipo de sucesos, los cuales están
llegando a manifestarse de manera extrema y extensa y se suman a una larga
lista de tragedias ambientales que ha
tenido el país en los últimos años”.
LO GRAVE: SIN ACCIONES PARA
DETENER LA DEFORESTACIÓN
El más reciente informe de
Global Forest Watch (GFW) muestra que Bolivia ocupó el tercer lugar entre los
países con mayor pérdida de bosques tropicales primarios, al registrar poco más
de 272.000 hectáreas deforestadas durante 2022. Para 2023, no hay cifras
oficiales de la pérdida de bosques.
“El problema de pérdida de
bosques está alcanzando niveles críticos en Bolivia. A diferencia de la tala
manual que se practicaba hasta hace poco, hoy en día los desmontes son
altamente tecnificados. El resultado es
el desmonte a gran escala. En Bolivia, se desmonta a un ritmo de 800 hectáreas
por día. Si la mancha urbana de la ciudad de La Paz fuera bosque, desaparecería
en una semana”, asegura Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.
¿Por qué cada año empeora el
desempeño boliviano en el tema de deforestación? Hay muchas razones. La
principal es el modelo de agricultura en los departamentos de Santa Cruz y
Beni, explica Colque.
“La puesta en producción de
nuevas tierras implica la conversión de los bosques a campos de cultivos,
extensas tierras de pastoreo y grandes predios con pastos cultivados. El modelo
cruceño requiere planicies uniformes de cientos y miles de hectáreas para el
uso de grandes maquinarias agrícolas e, incluso, avionetas de fumigación”, dice
el experto.
Ruth Alipaz, representante de la
Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios
Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), reclama la falta de políticas
públicas del gobierno boliviano para detener los desmontes.
“La deuda principal de este año
fue reducir la deforestación como política estatal… Hoy vemos las consecuencias
de ese proceso de destrucción de bosques primarios esenciales para la vida, a
través de métodos como los incendios forestales, que se dan a la vista e
inacción del gobierno y las instancias llamadas a atender situaciones de
desastre”, señala Alipaz.
LO RECURRENTE: INCENDIOS QUE SE
INTENSIFICAN AÑO TRAS AÑO
Los incendios en Bolivia son un
problema año tras año. Óscar Campanini, director del Cedib, recuerda lo
ocurrido en 2019, cuando se quemaron más de seis millones de hectáreas de
bosque, sobre todo en la Chiquitanía boliviana. El experto considera que estas
quemas generaron conciencia en la sociedad civil sobre todo por sus
consecuencias negativas, pero no se trabajó en materia legal para evitar que
cada año los incendios afecten a los bosques, sobre todo del oriente boliviano.
“Lamentablemente la gestión
gubernamental de Luis Arce no cambió en nada estos impactos, por el contrario,
se continúa impulsando la ampliación de la frontera agropecuaria en la
Chiquitanía y la Amazonía, impulsando ahora con mayor ahínco proyectos como la
palma africana. Además de los cambios, denuncias y problemas institucionales,
los incendios ocurridos en este 2023 en áreas protegidas, como el Madidi, han
demostrado la falta de atención total a las áreas protegidas”, considera
Campanini.
Hasta el 20 de noviembre de
2023, los incendios forestales en Bolivia afectaron un poco más de tres
millones de hectáreas, el 56% de esa superficie está en el departamento de
Beni, donde la actividad productiva genera focos de calor, debido a la ampliación
de la frontera agrícola para la agroindustria y la ganadería, según datos de la
Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua.
En Beni se quemaron más de un
millón y medio de hectáreas, de las cuales el 80% comprende matorrales y
pasturas secas y el 20% incendios forestales, de acuerdo a datos oficiales. En
el departamento de Santa Cruz se quemaron 858.148 hectáreas, que representan el
29% del total nacional. Mientras que en el norte de La Paz se afectaron 285.066
hectáreas, que es un 10% del total.
“Personas vinculadas a los
agronegocios han quemado tres millones de hectáreas adicionales, la mayor parte
en áreas protegidas, incluyendo el área protegida más biodiversa del planeta:
el Madidi, un bosque húmedo tropical que jamás había afrontado incendios
forestales de magnitud y que ahora se encuentra con condiciones más parecidas a
las de bosque seco por la falta de lluvias”, señala Cecilia Requena, quien
llegó al Senado boliviano como defensora del medioambiente.
Según reportes de la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), en Santa Cruz, el
fuego dañó el Parque Noel Kempff Mercado, donde se arrasaron 7.000 hectáreas
por las quemas; en la TCO Bajo Paraguá se afectaron 14.000 hectáreas; en el
Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) del Área Protegida San Matías el fuego
se llevó 8.700 hectáreas.
En el departamento de Beni, el
Área Natural de Manejo Integrado Iténez tiene una gran afectación de 50.500
hectáreas y en la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas se
quemaron 9.600 hectáreas. En La Paz también se afectó el Parque Nacional Madidi
y en Cochabamba, el parque Carrasco. En estas dos últimas reservas no hay datos
oficiales.
Por primera vez en Bolivia, los
incendios forestales obligaron a que
en varias zonas urbanas se suspendieran las clases escolares por la mala
calidad del aire. Las ciudades más afectadas fueron Trinidad y Santa Cruz de la
Sierra, donde el humo llegó a niveles nunca antes vistos. En La Paz también se
cancelaron clases.
LO TRÁGICO: LA MINERÍA ILEGAL NO SE DETIENE
Una de las deudas ambientales
que deja 2023 en Bolivia es la falta de acciones para evitar la expansión de la
minería aurífera en cuencas amazónicas y, sobre todo, en áreas naturales
protegidas.
Óscar Campanini ve que las
alianzas políticas que existen entre mineros cooperativistas y el gobierno de
Luis Arce afectan la lucha contra la minería ilegal.
El experto considera que el 2023
ha sido uno de los años con peor desempeño en materia ambiental en Bolivia.
Como ejemplo menciona la presencia de mercurio, producto de la minería
aurífera, en cuencas amazónicas y hasta en áreas protegidas.
“La primera deuda ambiental es
el uso del mercurio por la minería aurífera. El Estado boliviano, acorde a sus
compromisos con el Convenio de Minamata y con su ratificación por ley nacional,
desde mayo de 2022 debía haber entregado un Plan de Acción Nacional planteando
cómo eliminar gradualmente la importación y uso del mercurio en territorio
boliviano”, detalla el investigador.
Campanini dice que, incluso,
desde hace dos años existen programas pactados entre el gobierno de Bolivia y
la cooperación internacional que buscan eliminar el uso del mercurio. Señala
que recién en esta gestión se logró aprobar un Decreto Supremo que pone reglas
a la comercialización del mercurio para ser usado en la minería aluvial.
Sin embargo, el decreto no
establece restricción alguna a la importación de ese metal en el país, pese a
que la nación se ha convertido en el principal importador global y principal
proveedor ilegal de este insumo para la minería aurífera de Perú o Brasil,
destaca Campanini.
“Los ministerios encargados del
Plan de Acción Nacional inscribieron los recursos para elaborar este plan para
el 2024, por lo que su conclusión, con suerte, se hará realidad el próximo año
para ser presentado en el 2025, con una demora de más de dos años en relación
con los compromisos internacionales y legales”, señala el experto.
La incursión minera aurífera
está creciendo en Bolivia y en esta gestión marcó su presencia en áreas
protegidas, según el Cedib. Las más afectadas son las reservas nacionales de
Apolobamba, Madidi, Manuripi y Pilón Lajas, todas en la Amazonía boliviana. En
estas zonas habitan pueblos indígenas que están afectados por esta actividad
extractiva.
El vocero de Contiocap, Alex
Villca, denuncia que los territorios indígenas son “avasallados” por mineros
ilegales, quienes ingresan a las áreas protegidas armados.
“Las áreas protegidas y
territorios indígenas continúan siendo avasallados y ocupados por mineros
ilegales y por otros intereses económicos. Numerosos pueblos indígenas que
habitan en la región amazónica, sobre las riberas de los ríos Beni y Madre de
Dios, y que tienen como su dieta principal el consumo de peces, presentan
niveles alarmantes de contaminación por mercurio, que supera de lejos los
recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, expresa Villca.
El presidente Luis Arce tuvo a
mediados de noviembre de 2023 una reunión con los mineros auríferos, quienes
entre sus demandas exigían la anulación de una resolución que les impide
explotar oro en áreas protegidas, reivindicando sus “derechos constituidos” en
reservas. Además, pidieron consolidar con una ley el 4.8 % de impuestos por la
comercialización del oro, la tasa más baja del sistema tributario. Por ejemplo,
un profesional en Bolivia llega a pagar al mes el 16% de su salario como
materia de impuestos.
El ministro de Minería y
Metalurgia, Marcelino Quispe, en una conferencia de prensa realizada el 7 de
noviembre, informó que todavía están negociando con los mineros auríferos en
mesas técnicas.
En una breve entrevista con
Mongabay Latam, Quispe aseguró que los cooperativistas no ingresarán a áreas
protegidas para extraer oro. “Es mi preocupación, las áreas protegidas, los
parques nacionales como el Manuripi, el Madidi, ahí se tiene información de que
hay explotaciones ilegales, entonces se tiene que trabajar en esa línea, no
podemos quedarnos solo con la intervención del río Madre de Dios. Yo recuerdo
bien, hace décadas había peces y ahora (no hay) ni de muestras”, dijo la
autoridad.
A inicios de 2023, la Central de
los Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) alertó que en el Parque Nacional
Madidi la actividad minera crece sin ningún tipo de control. Esa organización
señaló a los mineros auríferos de extraer oro en el río Tuichi, que está en
pleno núcleo de la reserva natural.
“Nos encontramos en estado de
emergencia y todas las comunidades están listas a un solo llamado para poder
concentrarnos y defender nuestros derechos, ante cualquier ingreso que se
quiera dar, ya sea por la fuerza o intentando manipular de forma engañosa para
entrar a las comunidades del Madidi y Pilón Lajas, como pretenden los mineros
cooperativistas”, advirtió a este medio de comunicación Gonzalo Terrazas,
presidente de la Cpilap.
LO IMPARABLE: NARCOTRÁFICO Y
AVASALLAMIENTO EN ÁREAS PROTEGIDAS
Las áreas protegidas en Bolivia
sufrieron por el incremento de avasallamientos. Mongabay Latam, en alianza con
El Deber, ingresó a tres reservas para verificar los asentamientos humanos: en
el Parque Nacional Amboró crecen los cultivos de hoja de coca; en la Reserva
Municipal de San Rafael, los toma tierras tumban el bosque para acondicionar
campos de cultivo y traficar maderas valiosas, y en la Reserva Municipal
Curichi Las Garzas, los avasalladores afectaron 300 de las 1.247 hectáreas del
área protegida para instalar tierras de
cultivos.
Alipaz asegura que la
“desprotección” de las áreas naturales protegidas comenzó desde 2006 y continúo
hasta 2019; en estos años se emitieron normas de menor rango a la Constitución
Política del Estado, con el fin de ingresar a las reservas, según la dirigente indígena.
En 2023 la situación de las
áreas protegidas no mejoró. Vides destaca que la situación de las reservas se
debe al “bajo presupuesto, a la baja calidad de gestión desde el gobierno
central, a la presencia cada vez más fuerte del narcotráfico y al insuficiente
apoyo al personal de campo”.
Además, algunas de las áreas
protegidas en Bolivia sufrieron por los cultivos y vínculos con el
narcotráfico. Uno de los casos llamativos fue el del Parque Nacional Amboró, en
el departamento de Santa Cruz, donde, según un análisis satelital realizado por
Mongabay Latam y El Deber, desde febrero de 2019 hasta octubre de 2023 la
deforestación al interior de la reserva pasó de 14 a 107,5 hectáreas.
Estas cifras coinciden con el
avance de plantaciones de coca en el Amboró. En 2020 un equipo de Mongabay
Latam y El Deber ingresó a dos puntos del área protegida y según las imágenes
satelitales muestran que en esas dos zonas ―entre los ríos Ichilo y Alto
Ichilo, y en el margen derecho del río Alto Ichilo― los parches de
deforestación o chaqueos se han multiplicado.
El reporte anual del monitoreo
de cultivos de coca en Bolivia, realizado por la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), revela que los cultivos de hoja de coca
están presentes en seis áreas naturales protegidas de Bolivia, lugares donde la
producción de esta planta ancestral es ilegal. Según el informe, en estos
territorios se han registrado una superficie de 435 hectáreas de cultivos de
coca.
LO PREOCUPANTE: LA SEQUÍA QUE SE
EXTIENDE POR BOLIVIA
La sequía que golpeó este año a
Bolivia no solo avivó aún más los problemas con los incendios en las zonas
forestales, también generó varios problemas en las zonas urbanas. En ciudades
como La Paz, Potosí y Sucre, por ejemplo, se vivió un desabasto de agua
potable.
De acuerdo con el reporte del
Viceministerio de Defensa Civil, al 16 de octubre de este año, Bolivia reportaba 144 municipios —de
339— afectados por la sequía, pero solo el departamento de Oruro se declaró en
desastre, mientras que La Paz, Cochabamba y Chuquisaca se declararon en
emergencia. Ante ese panorama, el gobierno boliviano tuvo que acudir al
bombardeo de nubes para generar lluvias en varias zonas, principalmente en
Cochabamba, donde existen suelos de sembradío.
Jorge Campanini, investigador
del Cedib, dice que Bolivia ha agravado sus condiciones ambientales: primero,
al no contar con una política de gestión ambiental y estructura para monitorear
y fiscalizar las actividades que son susceptibles a generar contaminación.
Además, considera que el país tampoco cuenta con información actualizada y
detallada del estado ambiental con fines de planificación y conservación.
LO BUENO: ACCIONES PARA FRENAR
LA MINERÍA EN ÁREAS PROTEGIDAS
Luego de que se conoció que
mineros auríferos ingresaron a áreas protegidas, el gobierno de Bolivia tomó
acciones y una de ellas fue evitar, mediante resoluciones, la entrada de estos
sectores a las reservas naturales, sobre todo a las que se ubican al norte del
departamento de La Paz, donde actualmente se extrae oro en forma ilegal.
El Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (Sernap) anunció, a finales de noviembre, que está prohibido el
desarrollo de actividades mineras nuevas en las áreas protegidas, y que asume
la responsabilidad de corregir equívocos administrativos generados en gestiones
pasadas que otorgaron aprobaciones en zonas incompatibles con la actividad
minera que, por lo general, están en los límites de las reservas.
El Sernap identificó diez áreas
protegidas donde hay amenazas respecto a la minería. El gobierno anunció que se
controlará el ingreso a estas reservas. En los próximos meses se verá si esa
acción se realiza y es efectiva para proteger los ecosistemas que resguardan
estas áreas naturales protegidas.
Otra buena noticia del 2023 fue
la creación de la Reserva Natural del Quebracho y Cóndor en la Cordillera de
Laderas, un espacio creado para proteger al cóndor andino (Vultur gryphus), un
ave emblemática de Sudamérica. Esta es un área protegida municipal rural que
tiene una extensión de 3.295 hectáreas.
La reserva destaca por su papel
en la preservación del cóndor andino, la protección del quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco), la conservación de ecosistemas cruciales entre
el Valle Central de Tarija y la Selva Boliviana Tucumana, la salvaguardia de
fuentes de agua y la protección de especies En Peligro de Extinción como la
quirusilla (Gunnera apiculata). https://www.opinion.com.bo/
“Defender el Agua es Defender la Vida”