Martes, 9 de enero de 2023 – Año XVII – Edición 4380
CGTP rechaza pretensión del gobierno de privatizar SEDAPAL
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
rechaza las declaraciones de la ministra de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar Lubienska, quien durante los últimos meses
ha expresado en diversos medios de comunicación la voluntad del gobierno de
Dina Boluarte de privatizar SEDAPAL, el servicio público de agua más grande del
Perú.
El Gobierno y la ministra de Vivienda señalan como
argumento el déficit económico de la empresa y la consecuente carencia de
recursos económicos para financiar los proyectos de agua y desagüe, necesarios
para el “cierre de brechas”. Sin embargo, omiten decir que durante su mandato
no han hecho nada para mejorar y transparentar la gestión de la empresa, luchar
contra la corrupción y sancionar a los responsables para recuperar los millones
de soles perdidos en perjuicio de SEDAPAL.
En su discurso del CADE 2023, la ministra Hania Pérez de
Cuéllar intentó eludir la responsabilidad de su Ministerio en la designación de
funcionarios en el Directorio de Sedapal cuestionados y denunciados durante
últimos cinco años por la Federación Nacional de
Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP) y sus 50 bases nivel nacional.
Las denuncias a gran parte de directores designados por el
MVCS en el Directorio de Sedapal se debe a la gran ineficiencia de la gestión,
falta de transparencia y presuntos actos de corrupción desde el año 2019, cuya
actividad pareciera solo estar dirigida a generar condiciones de insuficiencia
económica y motivar la privatización del servicio de agua, planeando en
convertirla en una empresa mixta para licitarla en tres zonas a los intereses
del sector privado.
La CGTP alerta a todas las organizaciones populares y
sindicales, peruanos y peruanas en general, sobre las intenciones del régimen
de Dina Boluarte para la privatización de SEDAPAL. Asimismo, demanda el cese
inmediato de la titular del sector Vivienda, HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSKA,
por ser responsable de esta infeliz propuesta de privatización de SEDAPAL.
¡LA PRIVATIZACIÓN EN SEDAPAL NO PASARÁ
EN NINGUNA MODALIDAD!
Lima, 08 de enero de 2024
CONSEJO NACIONAL CGTP
HIDROREGIONES PERÚ
¿Qué está pasando en Huancavelica?
A Huancavelica se la conoce históricamente como la ciudad
del mercurio, ya que desde tiempos coloniales en esa zona del país se extrajo
mercurio que era el insumo principal para refinar la plata bajo la técnica de
la amalgama.
Lamentablemente el mercurio no es solo un tema del pasado.
El 14 de diciembre de 2023, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Huancavelica ha ordenado al Estado que: (1) emita una declaratoria de
emergencia ambiental; (2) declare que la ciudad de Huancavelica y la comunidad
de Sacsamarca son sitios contaminados por polimetales; (3) incluya a ambas
localidades en los planes de descontaminación por mercurio en el ámbito del
Convenio de Minamata y; (4) que se asuma la remediación de ese pasivo ambiental
de origen colonial.
Pese a que se sabía de la situación ambiental crítica de
estas localidades, ha sido el trabajo del Consejo de Salud Ambiental, en
convenio con la Universidad Nacional de Huancavelica, que desde el año 2010
midieron el grado de afectación en diferentes puntos de Huancavelica y
Sacsamarca. Estas mediciones confirmaron que los niveles de mercurio, arsénico
y plomo sobrepasaban los estándares de calidad ambiental establecidos por el
Ministerio del Ambiente (MINAM). El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) ratificó esta información.
Lo que se espera ahora es que esta declaratoria de emergencia no quede en el papel y se definan, pero sobre todo se implementen los planes para resolver un pasivo ambiental histórico que afecta a la población de las localidades mencionadas.
En este departamento en la actualidad existen unidades de
producción de pequeña y mediana escala. Huancavelica aparece en las
estadísticas en el cuarto puesto en la producción de arsénico y bismuto; en el
séptimo en la producción de plata y plomo; en el noveno lugar en el caso del
zinc; en el puesto décimo primero en la producción de oro y; en el décimo
segundo en la de cobre.
El año 2023 se ha invertido en minería apenas un poco más
US$ 23 millones, lo que representa el 0.9% del total nacional. En la cartera de
proyectos mineros del Ministerio de Energía y Minas, aparece en solitario el
proyecto de cobre Pukaqaqa, de la empresa Nexa Resources, con un monto
comprometido de US$ 655 millones.
Las concesiones mineras ocupan 889,318.4 hectáreas, lo que
representa el 40.30% de la superficie del departamento. https://cooperaccion.org.pe/
LIMA PERÚ
SPDA advierte que proyecto del Congreso debilita Ley de Contaminación Lumínica
El congresista Arturo Alegría
(Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de
Prevención y Control de la Contaminación Lumínica, impulsada por la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y diversas organizaciones de la sociedad civil
hace unos años. Dicha ley, promulgada en 2021, aún carece de reglamento.
El proyecto del parlamentario
Alegría propone que la vigencia de la autorización para la publicidad exterior
pase de durar 3 años a ser indefinida. Además, precisa las restricciones
temporales y espaciales para la instalación de los elementos publicitarios.
Al respecto, la SPDA emitió una
opinión legal sobre el proyecto de ley, rechazando que el plazo de vigencia de
la publicidad exterior sea indeterminado debido al potencial impacto negativo
de esto en el medio ambiente, el paisaje urbano, la fauna silvestre y la salud
humana.
Retroceso en protección
ambiental
Según los argumentos del
proyecto de ley, no existe una regulación específica respecto a la vigencia de
las autorizaciones para la instalación de publicidad exterior en la vía
pública.
Sin embargo, la SPDA recuerda
que Indecopi afirmó que es legalmente posible establecer un plazo para las
autorizaciones, siempre que exista un mandato legal que lo autorice de manera
excepcional.
Además, advierte que reducir el
plazo de autorización a 3 años se contrapone al Principio de No Regresión del
Derecho Internacional Ambiental, que prohíbe disminuir el nivel de protección
alcanzado en la normativa ambiental.
De acuerdo a la opinión legal de
la SPDA, el plazo de vigencia actual es necesario para preservar la armonía del
paisaje urbano, la imagen de la ciudad y evitar obstruir la visibilidad del
espacio público.
Un plazo determinado permite que
las autoridades verifiquen la necesidad y utilidad de la publicidad exterior en
el entorno, y que revisen su permanencia si es que representan un riesgo para
la salud de las personas o la fauna silvestre, señalan los argumentos
presentados por la SPDA.
“La propuesta de otorgar
vigencia indeterminada a las autorizaciones para la implementación de las EPE
representa un retroceso significativo en la normativa ambiental”, indica
Gabriela Villanueva, abogada de la SPDA.
“Las vigencias indeterminadas no
toman en cuenta los cambios urbanísticos del entorno y su evolución en el
tiempo. Por eso, es necesario evaluar periódicamente la pertinencia de las EPE
para evitar los efectos negativos de la contaminación lumínica en las personas
y asegurar la protección del entorno, la salud humana y la vida silvestre”,
explica.
Cambios positivos
Por otro lado, el proyecto del
congresista Alegría restringe aún más la instalación de publicidad exterior en
la vía pública y áreas sensibles.
En ese sentido, la SPDA evalúa
de manera positiva los cambios propuestos por el proyecto de ley, puesto que
contribuyen a mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes al reducir las
distracciones y deslumbramientos para los conductores.
Además, el proyecto del
legislador de Fuerza Popular también precisa el horario de iluminación para la
publicidad exterior. Este regiría desde las 11 p. m. hasta las 6 a. m. en todo
el territorio nacional, excepto en las carreteras que forman parte de la red
vial nacional.
La opinión legal de la SPDA
resalta que con ello la ley busca garantizar el derecho a la salud, al descanso
y al medio ambiente sano y equilibrado, limitando la exposición a la
contaminación lumínica de la publicidad exterior durante las horas nocturnas y
de madrugada.
Datos:
● La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica
tiene como objetivo establecer un marco regulatorio para regular todas las
fuentes de contaminación lumínica en el país, con la finalidad de contribuir a
la mejora de la calidad de vida humana y de la fauna silvestre. Se aplica a la
iluminación proveniente de actividades deportivas, industriales, productivas y
de servicios, así como a los elementos de publicidad exterior y al alumbrado de
las vías públicas.
● Esta ley se aprobó el año 2021 tras un trabajo articulado
con diversas organizaciones, entre ellas Conservamos por Naturaleza, iniciativa
de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). El Ministerio del Ambiente
tenía como plazo para aprobar el
reglamento hasta el 27 de enero del 2022. Sin embargo, el reglamento aún no ha
sido aprobado y, por lo tanto, la ley no ha entrado en vigencia. https://www.actualidadambiental.pe/
HIDROMUNDO
América Latina, el medioambiente y China: ¿Qué esperar en 2024?
Tras un 2023 agitado que puso de
relieve los retos medioambientales de América Latina, comenzó un nuevo año. En
la región y en todo el mundo, las tensiones económicas y un panorama político
cambiante seguirán planteando obstáculos a la acción y la cooperación en
materia de clima y medioambiente en 2024. Pero sigue habiendo motivos para el
optimismo, con oportunidades de progreso en el horizonte.
A días del comienzo de 2024,
echamos un vistazo a las historias y momentos políticos clave en América Latina
que darán forma a la acción medioambiental y a las relaciones de la región con
China.
Un año lleno de elecciones
2024 se anuncia como el mayor
año electoral de la historia, con votaciones en India, Estados Unidos,
Indonesia, Sudáfrica y otros países que significarán la presencia de miles de
millones de personas en las urnas.
En América Latina, las
elecciones presidenciales de junio en México son el gran acontecimiento a tener
en cuenta: podrían abrir la vía al progreso en materia de ambiente en un país
dependiente del petróleo y considerado en general como un rezagado climático.
La energía será un tema clave en
México, tras seis años de férreo control del sector por parte del saliente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO). AMLO ha restringido la inversión privada en
energías renovables y se ha centrado en la soberanía energética a través de los
combustibles fósiles. La principal candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez,
ha pedido una mayor ambición en la transición energética del país. Pero también
resulta prometedora la aparición de Claudia Sheinbaum como candidata del
partido Morena de AMLO. Ex alcaldesa de Ciudad de México y científica
medioambiental que ha colaborado en informes del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, Sheinbaum también se ha mostrado
partidaria de las energías renovables. Actualmente es la favorita, pero aún no
ha presentado sus propuestas energéticas, y no está claro cómo podría tomar el
relevo de AMLO y sus políticas a favor de los combustibles fósiles.
En la región también se
celebrarán elecciones presidenciales en El Salvador en febrero, y en Panamá y
República Dominicana en mayo. Antes de la votación de Panamá, las cuestiones
medioambientales ya están marcando la agenda: el pasado mes de octubre, la controvertida
decisión de otorgar a una empresa canadiense la concesión de una mina de cobre
desencadenó grandes protestas, que llevaron al presidente Laurentino Cortizo a
convocar un referéndum sobre su futuro. En noviembre, el Tribunal Supremo
declaró ilegal la renovación de la concesión y ordenó el cierre de Cobre
Panamá, a pesar de que esta enorme mina genera alrededor del 5% del PIB
nacional. Conscientes de la indignación de la opinión pública por este asunto
-que incluye preocupaciones por el impacto medioambiental de la mina- los
principales candidatos han apoyado la sentencia. Quien que gane también tendrá
que vigilar las crecientes amenazas de sequía sobre el canal de Panamá.
Uruguay será el último país
latinoamericano en elegir nuevo presidente este año, con la primera vuelta de
las elecciones prevista para octubre. La limitación de mandatos presidenciales
consecutivos en el país significa que corresponderá al sucesor de Luis Lacalle
Pou abordar los problemas nacionales del agua, una cuestión especialmente
preocupante en Montevideo: el año pasado, una grave sequía provocó escasez de
agua potable en la capital, y las soluciones propuestas han generado polémica.
El nuevo presidente también tendrá que reforzar el sólido historial de Uruguay
en materia de energías limpias, superar los obstáculos para convertirse en un
centro regional de hidrógeno verde y acelerar la descarbonización de su sector
del transporte.
La Amazonía en una encrucijada
La selva amazónica se enfrenta a
un futuro incierto, y sus habitantes a una realidad cotidiana a menudo
abrumadora. A principios de 2023, en la mayor reserva indígena de Brasil, cerca
de la frontera con Venezuela, se puso en marcha una ofensiva contra la minería
ilegal que había causado una crisis humanitaria al pueblo yanomami. Mientras
tanto, el nuevo gobierno de Lula redujo las tasas de deforestación a la mitad
en su primer año, pero tuvo dificultades para hacer frente a la llegada de El
Niño: entre los impactos más desafiantes estuvo una sequía histórica en la
cuenca del río Amazonas, que dejó a algunas comunidades de los alrededores de
la ciudad de Manaos varadas y sin agua potable.
Se prevé que El Niño persista en
los primeros meses de 2024 antes de estabilizarse, pero la Amazonía se enfrenta
a muchas amenazas más allá del clima extremo. En todos los países que comparten
el bioma hay una creciente presencia de grupos armados transnacionales. Entre
ellos se encuentran las bandas criminales brasileñas, las guerrillas y los
paramilitares colombianos. En las regiones afectadas por el crimen organizado,
las comunidades tradicionales se enfrentan a las presiones del avance de la
minería del oro y el tráfico de drogas y armas. Un informe de 2023 reveló que
Colombia y Brasil son los países más peligrosos del mundo para los activistas
medioambientales; el próximo análisis anual debería ofrecer una imagen más
clara de los esfuerzos de ambos países para combatir esta violencia.
En Ecuador, el nuevo gobierno de
Daniel Noboa tiene la tarea de poner fin a las operaciones petroleras en el
Parque Nacional Yasuní. Los ciudadanos votaron a favor de poner fin a esta
extracción en uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Amazonía a
través del histórico referéndum nacional de 2023. Al haber llegado al poder en
unas elecciones anticipadas, Noboa sólo tiene hasta mayo de 2025 para cumplir
los deseos de los votantes. El presidente, de 36 años, también debe hacer
frente a otras crisis, como los constantes apagones provocados por la escasez
de agua; Ecuador depende de la energía hidroeléctrica para más del 80% de su
electricidad. De momento, Noboa ha anunciado una nueva reforma eléctrica.
Por un lado, hay ambiciosos
planes para apoyar la bioeconomía de la Amazonía y mantener la selva en pie,
pero, por otro, continúa la búsqueda de proyectos petrolíferos. Con este telón
de fondo de contradicciones, la región se encamina hacia otro año decisivo.
China y América Latina en 2024
Tras un período agitado por la
llegada del Covid-19, 2023 fue un año más estable para las relaciones entre
China y América Latina. El regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil
estableció un tono más cooperativo para el compromiso junto con otros líderes
de centro-izquierda de la región. No hay muchos indicios de que se vayan a
producir grandes alteraciones en el próximo año, aunque el nuevo presidente de
Argentina, Javier Milei, puede provocar cierto nerviosismo. A pesar de haber
moderado ligeramente la retórica antichina de su campaña electoral, Milei ha
confirmado que Argentina no se unirá a China en el bloque de economías en
desarrollo BRICS. Beijing, por su parte, ha suspendido su línea de swap de
divisas de 6.500 millones de dólares con el país hasta que se aclaren las
relaciones.
La agricultura, la minería y la
energía seguirán siendo fundamentales en las relaciones comerciales y de
inversión entre China y América Latina en 2024, al tiempo que podrían abrirse
nuevas vías de cooperación en torno a la conservación.
Estaremos atentos a cómo afecta
la vacilante economía nacional china a los canales de inversión en el
extranjero vinculados al Estado, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Sin
embargo, las industrias apodadas las “tres nuevas” (células solares, baterías
de litio y vehículos eléctricos) han demostrado ser resistentes y serán el
motor de las exportaciones chinas en 2023. Los tres nuevos serán áreas clave de
cooperación en América Latina, en particular las inversiones en litio: dada la
importancia del metal para las transiciones energéticas mundiales, es probable
que China y otros inversores internacionales se centren en las empresas de
litio en Argentina, Bolivia y Chile. En cuanto a los vehículos eléctricos, el
año pasado se produjo una oleada de nuevas inversiones de fabricantes de
automóviles chinos en Brasil y México. Es probable que esta tendencia continúe
en 2024, ya que estos países se consideran trampolines hacia los mercados
regional y estadounidense.
En la COP28 celebrada en Dubái
entre noviembre y diciembre, 19 países de América Latina y el Caribe se sumaron
al acuerdo para triplicar la capacidad mundial de energías renovables para
2030. Este año se empezará a ver cómo lo traducen en hechos, y China tendrá sin
duda un papel que desempeñar. China no firmó el compromiso (aunque los
analistas lo han calificado como un objetivo “conservador” para el país), pero
es un importante proveedor de tecnologías de energías renovables, incluido el
80% de la producción mundial de paneles solares. China será un socio esencial
en los esfuerzos de América Latina por acelerar, y posiblemente financiar, su
transición energética.
Recientemente se ha anunciado
que Colombia será el país anfitrión de la próxima cumbre de la ONU sobre
biodiversidad, la COP16, que se celebrará a finales de octubre. China presidió
la COP15 en 2022 y recibió con satisfacción la presidencia de Colombia, por lo
que pueden abrirse oportunidades de cooperación para impulsar iniciativas de
conservación en toda América Latina. Los participantes tratarán de avanzar en
la aplicación del histórico Marco Mundial para la Biodiversidad de
Kunming-Montreal, establecido en la COP15.
¿Qué rol tendrá el ambiente en
Argentina?
La sorpresiva victoria del
candidato de extrema derecha Javier Milei en las elecciones presidenciales de
Argentina en noviembre abrió un escenario de incertidumbre para el sector
ambiental. Durante la campaña, Milei había expresado un rotundo negacionismo
del cambio climático con argumentos variados como “ser otra mentira del
socialismo”, además de sugerir que las empresas podrían contaminar los ríos.
Al asumir el gobierno en
diciembre, Milei sorprendió al enviar una representante a la COP28 de cambio
climático en Dubái, Marcia Levaggi, nombrada como la nueva Secretaria de
Política Exterior. Levaggi aseguró que Argentina seguirá siendo parte del Acuerdo
de Paris y cumplirá con sus compromisos climáticos. “Milei es un libertario y
cree en el mercado. Y el mercado pide medidas para abordar el cambio
climático”, sostuvo.
Sin embargo, mientras se
desarrollaba la COP28, Milei también redujo la relevancia del área ambiental en
el gobierno nacional, que pasó de ser un ministerio a una subsecretaría, algo
que había anticipado durante la campaña. El área es la principal autoridad de
aplicación de leyes como la Ley de Bosques y Ley de Glaciares y garantiza los
procesos de participación pública para la autorización de proyectos
productivos.
Para la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN), la disminución del rango “acotará notablemente las
posibilidades de establecer diálogos y políticas que involucren a diversas
áreas del gobierno”. Sin embargo, resalta que individuos y organizaciones
continuarán trabajando para defender el derecho a gozar de un ambiente sano y
que las actividades productivas no comprometan las necesidades de las futuras
generaciones.
Por otro lado, el Ministerio de
Seguridad anunció nuevas medidas en contra de las protestas sociales, lo que
puede llegar a afectar la presencia del activismo ambiental argentino en las
calles.
¿Será justa la transición
energética?
En un hecho histórico para las
conferencias de la ONU sobre el clima, la COP28 concluyó con el acuerdo de
todas las partes de dejar atrás los combustibles fósiles de forma “justa,
ordenada y equitativa”. El texto pide a los países que tripliquen la capacidad
mundial de energía renovable y dupliquen la tasa anual de mejora de la
eficiencia energética para 2030. (Menos alentadora fue la alusión al gas
natural en el texto, que lo respalda como “combustible de transición”).
En esta misma reunión, los
líderes indígenas exigieron se les tenga en cuenta en este proceso, para evitar
los mismos conflictos socio ambientales que despertaron los combustibles
fósiles y que empiezan a generar las energías renovables. Durante 2024 seguiremos
informando periódicamente sobre las intervenciones de estos grupos y su
participación en dichos proyectos.
El norte de Colombia ha sido
señalado por el gobierno nacional como el “epicentro” de la transición
energética del país, pero la llegada de las plantas eólicas a esta zona ha
causado trastornos al pueblo wayúu y ha aumentado las tensiones entre las comunidades.
Por otro lado, comunidades en Ecuador denuncian que los malos manejos de una
hidroeléctrica han generado las más grandes inundaciones de su historia. En
pleno boom del litio, cierta población altoandina en Bolivia se resiste a la
explotación del mineral.
“Esta transición justa debe
reconocer a la madre naturaleza como sujeto de derecho, así como a las vidas
que habitan en nuestros territorios. Al hablar de energía renovable, creemos
que nuestros pueblos deben ser consultados y se debe obtener su consentimiento”,
dijo Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) en Dubái.
En este contexto, un momento
clave en 2024 será la COP3 de Escazú que se realizará en Santiago de Chile en
abril. En la tercera reunión de las partes del histórico Acuerdo de Escazú, un
tratado regional que busca garantizar la representación y protección de los
defensores del medioambiente, la transición energética justa debe ser una de
las principales prioridades de los delegados. https://dialogochino.net/
“Defender el Agua es Defender la Vida”