Lunes, 14 de abril de 2025 – Año XIX – Edición 4693
Piura: alcaldes rechazan una nueva nulidad en obra de 105 asentamientos humanos
Los alcaldes de Piura y Castilla rechazaron una nueva
nulidad en el proceso de licitación de la obra de agua y alcantarillado de los
105 asentamientos humanos.
El recurso de apelación que puede traer abajo el proceso
está en manos del Tribunal de Contrataciones del Estado, el cual tomará una
decisión esta semana que inicia.
La empresa que presentó el recurso acusa al consorcio
ganador de la buena pro de no cumplir las bases y presentar documentos con
firmas falsificadas de una notaría de 90 años de Chota.
“Esto no puede dilatarse más y esperamos que el
pronunciamiento sea a favor de los piuranos. [Una nulidad más] sería lamentable
y en ese caso el Ministerio de Vivienda debe tomar una decisión de separar los
proyectos y que cada municipio asuma por competencia las unidades ejecutoras”,
afirmó el alcalde de Piura, Gabriel Madrid.
Separar proyectos
Sobre lo último, Madrid explica que cada municipio asumiría
los proyectos de agua y alcantarillado que corresponde a su sector.
“Eso sería la solución más rápida para que se transfieran
los recursos y se liciten de forma individual. Esperemos no llegar a eso. Lo
correcto es que el OSCE se pronuncie lo más rápido para que esto quede
zanjado”, comentó Madrid.
Población ya no soporta
De otro lado, el alcalde de Castilla, Walther Guerrero,
sostuvo que la población ya no soporta más retrasos con esta obra emblemática.
“En Castilla está la mayoría de sectores beneficiados y nuestra
población no puede soportar más. Este proyecto nos estanca hacer obras de
pistas en el cercado y otros sectores del distrito. En algunos asentamientos
los silos ya colapsaron y siguen consumiendo agua de mala calidad. Por esto
siempre se le ha pedido al ministro que tenga toda la predisposición para que
esto se concretice”, comentó el alcalde.
Sobre lo dicho por el alcalde de Piura, Guerrero manifestó
su oposición.
“No entiendo al alcalde de Piura porque él en este momento
quiere hacer nuevamente un perfil uniendo Veintiséis de Octubre, Piura y
Castilla, [con] aquellos sectores que no están considerados en el proyecto de
los 105 AA. HH”, informó.
Puntualiza que una iniciativa de esta naturaleza tiene que
ser evaluada de forma técnica. “Por ahora queda esperar que OSCE se pronuncie a
partir de todos los descargos hechos ante las impugnaciones que hay para que el
proceso continue”, agregó Guerrero.
Cabe indicar que el Tribunal de Contrataciones del Estado es una entidad del Órgano Superior de Contrataciones del Estado (OSCE) que resuelve los recursos de apelación que se presentan luego de la adjudicación de proyectos de inversión pública. https://eltiempo.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Instituciones educativas deben S/512 mil a Sedapar
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass) verificó el estado del pago al servicio de agua potable y verificó que
92 colegios de la región Arequipa tienen deuda de 512 234 soles hasta enero del
año en curso.
La deuda afectaría a más de 35 mil escolares. El monto
disminuyó en 202 474 soles en comparación a enero del 2024, cuando la deuda era
más de 700 mil soles.
A NIVEL NACIONAL. Se destaca que, a enero de
2025, se redujo en 44 % la cantidad de centros educativos con deudas
pendientes, en comparación al 2024. La cifra pasó de 3134 a 1750 instituciones.
No obstante, el monto total de la deuda subió a 5 741 605 soles.
Esta estimación se concentraría en colegios de: Lima y
Callao (3 242 198 soles), Arequipa (512 234 soles), Cusco (305 196 soles), Lima
provincias (248 272 soles) y Loreto (216 555 soles).
Con el fin de evitar que la comunidad educativa se perjudique, la Sunass alertó sobre esta situación al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales, para que prioricen el pago de la deuda antes que inicie el año escolar de colegios públicos este 17 de marzo. https://diarioviral.pe/
Obra de Sedapar sigue paralizada en perjuicio de pobladores de 3 distritos
La Contraloría reveló serias
deficiencias en el expediente de saldo de obra de la obra de agua potable y
alcantarillado para Sachaca, Tiabaya y Uchumayo. La obra está valorizada en 96
millones de soles. Sedapar indica que ya levantó las observaciones.
REINICIO DE PROYECTO SIN FECHA
Una vez más, el peso de la
ineficiencia administrativa y técnica se impone sobre la necesidad urgente de
agua potable y alcantarillado para miles de ciudadanos. La obra “Mejoramiento y
ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de
los distritos de Sachaca, Tiabaya y la localidad de Congata, en el distrito de
Uchumayo” continuará paralizada, a pesar de que su presupuesto asciende a más
de 96 millones de soles y ha sido oficialmente aprobada por Sedapar.
Un informe de la Contraloría
revela serias deficiencias en el expediente técnico de saldo de obra que ponen
en entredicho su viabilidad.
La obra, cuyo costo total fue
fijado en S/ 96 402 122.80 y con un plazo de ejecución de 540 días calendario,
tenía como objetivo resolver el grave déficit de saneamiento en tres distritos
clave del cono urbano de Arequipa.
Sin embargo, pese a que Sedapar
aprobó el expediente técnico elaborado por el Consorcio Sillar, una auditoría
concurrente del Órgano de Control Institucional (OCI) detectó inconsistencias
técnicas, omisiones normativas y errores de diseño que comprometen tanto el
funcionamiento futuro del sistema como el cumplimiento de los plazos
contractuales.
Lo más grave: estas
observaciones no fueron detectadas ni por la entidad contratante ni por la
supervisora de obra, el Consorcio Horizonte, encargada de verificar la calidad
del expediente técnico por un contrato de S/ 342 000.
ERRORES TÉCNICOS Y OMISIONES
Uno de los hallazgos más
preocupantes es la presencia de incompatibilidades en el diseño hidráulico de
las redes de agua potable y los colectores principales de alcantarillado.
Por ejemplo, las presiones de
ingreso y salida de las cámaras reductoras de presión no coinciden entre la
memoria de cálculo y los planos. Se identificaron diferencias significativas en
al menos ocho puntos críticos, tanto para el diseño del primer año de
funcionamiento como para el escenario proyectado a 20 años. Estas inconsistencias
no solo contravienen normas técnicas nacionales, sino que pueden afectar
gravemente el funcionamiento hidráulico del sistema.
A ello se suma el uso de
válvulas de aire sin un dimensionamiento adecuado, es decir, sin considerar el
diámetro de las tuberías como exige el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Los errores se extienden a la
ausencia de hidrantes contra incendios en varios circuitos del diseño, pese a
ser obligatorios cada 300 metros. También se detectaron tuberías de diámetro
inferior al mínimo permitido, sin justificación técnica ni diseño que garantice
un suministro eficiente de agua durante horas pico.
Duración de los trabajos será de
540 días calendario.
Más allá del sistema de agua, el
expediente presenta serias omisiones en la planificación del sistema de
alcantarillado. En el diseño del colector Arancota, por ejemplo, la pendiente
calculada en la memoria es casi el triple de la mostrada en los planos, lo que
podría generar estancamientos o desbordes.
Situación similar ocurre en el colector
Huaranguillo, donde la discrepancia de pendientes alcanza hasta un 47 %. Estos
errores no son menores: afectan directamente la operatividad del sistema,
comprometen la vida útil de las instalaciones y podrían implicar nuevas obras
adicionales no presupuestadas.
Y es justamente ahí donde se
ubica otro de los puntos oscuros del proyecto. La Contraloría detectó que el
presupuesto aprobado por Sedapar no contempla las instalaciones sanitarias,
eléctricas ni de comunicación en el reservorio R22, elementos indispensables
para el funcionamiento integral de la obra.
Aunque los planos muestran
claramente estas instalaciones, el contratista no las incluyó en su
presupuesto, lo que inevitablemente derivará en prestaciones adicionales y
ampliaciones de plazo. Una omisión que evidencia una preocupante falta de
control en la revisión técnica de los entregables.
LEVANTARON OBSERVACIONES
Por su parte, el gerente de
Ingeniería de Sedapar, Henry Bellido, informó que ya se levantaron todas las
observaciones formuladas por la Contraloría al expediente técnico del proyecto
de saldo de obra.
Según explicó Bellido, reconoció
que el órgano de control emitió un hito de control en el que advertía errores
materiales y omisiones en el expediente, como discrepancias entre planos y
memorias descriptivas, y la falta de ciertos cuadros y cotizaciones. Además, se
detectaron incompatibilidades técnicas en el diseño hidráulico de las redes de
agua y problemas vinculados al tipo de tuberías.
“Todas las observaciones han
sido corregidas y atendidas. Ya se ha dado respuesta formal a la Contraloría”,
afirmó Bellido.
El funcionario precisó que el
Consorcio Horizonte, encargado de elaborar y supervisar el expediente, podría
afrontar penalidades contractuales por los errores detectados.
“Las responsabilidades están
claramente establecidas. De haber incumplimientos, se aplicarán las penalidades
como corresponde”, señaló.
Sobre la reanudación de la obra,
Bellido indicó que aún no hay una fecha definida, ya que primero deben concluir
los trámites para convocar un nuevo proceso de selección. “Ayer ya se han
enviado las resoluciones para la aprobación del expediente. Estamos a la espera
de la firma de las áreas legales y gerencia”, explicó.
Esto significa que los pobladores de Sachaca, Tiabaya y Congata seguirán sin agua ni desagüe por un tiempo indefinido, mientras la entidad resuelve cómo corregir las fallas y convocar la licitación para la ejecución de la obra. https://diarioelpueblo.com.pe/
LIMA PERÚ
Sentencia sobre el caso Ariana deja en riesgo el derecho al agua de más de 10 millones de personas en Lima y Callao
El proyecto minero Ariana
representa una amenaza inminente para el derecho humano al agua potable de más
de diez millones de personas en Lima y Callao, al ubicarse en el corazón del
sistema hidráulico que abastece a esta región. A pesar de ello, una reciente
sentencia del Poder Judicial permite que continúe la construcción del proyecto,
generando alarma entre especialistas y defensores del agua. En su más reciente
edición, el programa La Hora Verde, producido por CooperAcción, reunió a Ana
Leyva (CooperAcción), Adán Cassia (IDL) y Jorge Mendoza (Frente por el Agua y
la Vida), quienes coincidieron en calificar la sentencia como contradictoria,
ambigua y peligrosa.
Ana Leyva,
abogada e investigadora de CooperAcción, expresó su profunda preocupación ante
lo que calificó como una sentencia contradictoria. “Se reconoce que el proyecto
constituye un riesgo para el agua, pero no se adoptan medidas efectivas para
proteger el sistema”, indicó. Leyva cuestionó que se permita seguir
construyendo infraestructura minera sobre la zona más crítica del sistema
hidráulico Marcapomacocha, mientras solo se exige un estudio de impacto
ambiental complementario, una figura que —según señaló— ni siquiera está
contemplada en el marco legal vigente.
Adán Cassia,
especialista legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que la
sentencia, lejos de brindar protección efectiva, perpetúa la incertidumbre
jurídica. “No se anulan las autorizaciones ni el EIA original, lo que deja
abierta la posibilidad de que se siga construyendo infraestructura crítica,
como la relavera, a solo 500 metros del túnel trasandino que transporta el agua
para más del 60% de Lima y Callao”, alertó. Cassia subrayó que el estudio
complementario carece de base legal, lo que agrava la ambigüedad del fallo.
Por su parte,
Jorge Mendoza, presidente del Frente por el Agua y la Vida, señaló que esta
resolución judicial es reflejo de una ofensiva sistemática para imponer
proyectos extractivos en territorios sensibles. “Si permiten minería en el
corazón del sistema de agua de la ciudad más poblada del país, el mensaje es
que se puede hacer en cualquier lugar”, advirtió. Mendoza hizo un llamado a la
organización popular y a la articulación de movimientos sociales para detener
esta imposición y proteger el recurso hídrico.
Además de los
cuestionamientos técnicos y legales, los panelistas también abordaron el
reciente cambio de propiedad del proyecto minero. La empresa Southern Peaks
Mining vendió el proyecto Ariana a Alpayana S.A.C., una transacción que, según
Ana Leyva, evidencia la intención de continuar con el proyecto pese a sus
riesgos. “Esta empresa compra sabiendo el riesgo, lo que demuestra que están
decididos a imponerlo a toda costa”, afirmó.
Respecto a la
postura del Estado peruano en este proceso, los tres panelistas coincidieron en
denunciar su parcialidad a favor de la empresa minera. “Las entidades públicas
han cerrado filas para defender resoluciones cuestionables, ignorando el riesgo
evidente al sistema hidráulico”, señaló Cassia. Esta situación, sumada al
contexto político actual, obliga a redoblar esfuerzos tanto en el ámbito legal
como en la movilización ciudadana.
Frente a ello,
se anunció la presentación de un recurso de agravio constitucional ante el
Tribunal Constitucional, que buscará anular el EIA del proyecto y las
resoluciones que lo respaldan. Cassia explicó que este recurso busca que el TC
aplique el principio de interdicción de la arbitrariedad y el principio
precautorio, en defensa del derecho humano al agua.
Finalmente,
Jorge Mendoza destacó que más allá de la vía legal, la clave estará en ampliar
la conciencia ciudadana y fortalecer la organización en barrios, distritos y
regiones. “El agua puede unir a todos los sectores de la sociedad. Es hora de
articularnos y construir una campaña sostenida de defensa del agua para Lima,
el Callao y todo el país”, concluyó.
El programa La
Hora Verde evidenció una vez más que la defensa del agua no es solo una causa
ambiental, sino una batalla por la vida, la salud y los derechos fundamentales
de millones de personas. https://cooperaccion.org.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”