Lunes, 26 de julio de 2021 – Año XV – Edición 3771 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
PERÚ - Gobierno oficializó la Política Nacional del Ambiente al
2030. Es de aplicación obligatoria en la administración pública, personas
jurídicas de derecho privado y sociedad civil.
PERÚ – Espinar. Los metales pesados bajo la piel de una mujer
PERÚ – Informe. La agenda pendiente de Pedro Castillo en el Sur
PERÚ - Lambayeque: falta de mantenimiento en pozos tubulares afecta
servicio de agua potable
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Gobierno oficializó la Política
Nacional del Ambiente al 2030
Es de aplicación obligatoria en la administración pública, personas jurídicas de derecho privado y sociedad civil.
El Poder Ejecutivo oficializó la Política Nacional del Ambiente al 2030, que busca incrementar las intervenciones de recuperación y restauración de los ecosistemas degradados, así como garantizar la conservación de especies y diversidad genética al interior de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre otros objetivos, es cumplimiento obligatorio para las entidades de la Administración Pública, así como para las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.
Así lo establece el Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM que lleva las firmas del presidente Francisco Sagasti, de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y de los titulares del Ambiente, Gabriel Quijandría; Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y Defensa, Nuria Sparch.
Asimismo, de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio; Energía y Minas, Jaime Gálvez; Producción, José Luis Chicoma; Transportes y Comunicaciones, Eduardo González; y Vivienda y Construcción, Solangel Fernández.
Se precisa que las entidades de la Administración Pública en todos los niveles de gobierno y en el contexto de sus competencias asumen los roles, obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM.
El decreto señala que la conducción de la Política Nacional del Ambiente al 2030 está a cargo del Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, y que las entidades de la administración pública responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios de la Política Nacional del Ambiente al 2030 están a cargo de su implementación y ejecución, conforme a sus funciones y competencias a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).
Resumen Ejecutivo
En el resumen ejecutivo que contiene el Decreto Supremo se indica que la Política Nacional del Ambiente considera como problema público a la “Disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas que afectan el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental".
Se añade que el Estado ha invertido, en programas presupuestales dirigidos a solucionar problemas ambientales, 121.55 millones de soles en el 2012, cifra que se ha convertido en 2 102.52 millones en el 2019, es decir se ha multiplicado por 17 veces.
También se indica, como sustento conceptual de la estructura del problema público de la PNA, basados en las conclusiones de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, que la acción humana está generando una acción sostenida, pero no ambientalmente sostenible sobre la naturaleza y los recursos y que esta acción humana, a su vez, está generando impacto sobre los servicios que proveen los ecosistemas (aire limpio, agua, recursos forestales, suelos, biodiversidad, entre otros).
La pérdida que genera la degradación de los ecosistemas está afectando el capital natural (suelos, ecosistemas, etc.), y perjudicando significativamente el bienestar humano, se puntualiza.
Lo anteriormente planteado es el fundamento de la problemática que aborda la PNA al 2030 y sus principales causas y consecuencias que están afectando al bienestar de la población de nuestro país.
La norma sobre la Política Nacional del Ambiente está acompañada de diversos cuadros en el que se detallan los problemas ambientales en el Perú, así como las alternativas con objetivos prioritarios y lineamientos y sus descripciones correspondientes.
El decreto supremo advierte que la recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos en el país será posible si se logra evitar la pérdida continua de la diversidad biológica, frenar el deterioro de la calidad ambiental y reducir los riesgos e impactos ante peligros de origen natural y antrópicos frente a cambios climáticos.
Para ello, se requiere que la gobernanza ambiental se fortalezca y sea capaz de crear condiciones institucionales que permitan gestionar adecuadamente el territorio; igualmente, que los procesos productivos de bienes y servicios procuren ecoeficiencia y sostenibilidad.
A nivel de la ciudadanía, se subraya que se necesita el cambio positivo en el comportamiento de los ciudadanos y, finalmente, que los procesos de toma de decisiones en materia ambiental se realicen con base en la discusión científica.
Para lograrlo, es necesario enfrentar los siguientes problemas: pérdida de la diversidad biológica, que es la pérdida de los recursos genéticos, las especies y a los ecosistemas. Esto se explica a su vez por la deforestación y degradación de bosques y otros ecosistemas.
De acuerdo con la información del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, la pérdida acumulada de bosques en nuestro país entre el periodo comprendido del año 2001 al 2018, alcanzó 2 284 889 hectáreas, siendo San Martín y Loreto los departamentos que más perdieron cobertura boscosa.
El bosque remanente al 2018 a nivel nacional es de 68 422 585 hectáreas. https://andina.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Los metales pesados bajo la piel de una mujer
Todos los seres humanos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentran expuestos al contacto con algún tipo de metal pesado. No todos, sin embargo, conviven por más de 30 años con empresas mineras, ríos y suelos contaminados, con una familia enferma, ni son objetos de estigmatización y difamación por defender la salud de su pueblo y el medio ambiente que habitan. Una de esas personas es Melchora Surco, comunera del centro poblado Alto Huancané, en el distrito y provincia de Espinar (Cusco), afectada por metales pesados y vecina del relave donde la minera Antapaccay, de la transnacional suiza Glencore, deposita sus residuos tóxicos.
“En toda la comunidad antes nosotros vivíamos tranquilos, sin ninguna dificultad”, rememora Melchora, campesina creyente de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Ahora, cuenta, todas las familias de su zona sufren los síntomas de los metales pesados en la sangre. “Acá los niños y jóvenes paran con dolor de barriga, dolor de cabeza, dolor de sus cuerpos”. Todos, dice, parecen ancianos.
Hace apenas dos meses, recuerda Melchora mientras señala una casa ubicada a unos metros de la suya, falleció su vecino Juan Carlos Ocorte. Y hace tres, otro comunero de la misma casa conocido como don Luciano Ocorte. Ambos, cree recordar Melchora, fallecieron por cáncer estomacal.
Los metales pesados, como el mercurio, por ejemplo, son tóxicos para los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, así como para los pulmones, riñones y la piel, de acuerdo a los protocolos de la OMS para casos de poblaciones afectadas por estas sustancias. La presencia de metales en un cuerpo humano también podría generar neuropatías que deterioran los músculos y los expone a contracturas, deformaciones y sequedad de la piel.
“Yo, por ejemplo, me duele mi cabeza, no hay ganas para comer, cuánto quiero trabajar, pero no se puede. Me siento mal, me duelen todos mis huesos, mi barriga”, exclama Melchora. “¿Por qué en otras comunidades donde no hay minería no están como yo?”, se cuestiona. “Acá estamos flacas, amarillas, tengo dolor de riñón, el ovario duele, duele orinar también”, agrega, tocándose la zona pélvica.
De acuerdo a un estudio publicado en el Centro Nacional de Información de Biotecnología de Estados Unidos (NCBI por sus siglas en inglés), existe evidencia que sugiere una diferencia sexual en la retención de metales pesados en el sistema nervioso y los riñones. Una prueba en roedores de 56 días de vida con pequeñas dosis de cloruro de metilmercurio brindó esa información al estudio “Diferencias sexuales en la distribución y retención de mercurio orgánico e inorgánico en ratas tratadas con metilmercurio”.
El estudio encontró que, si bien la eliminación del mercurio fue más rápida en los cuerpos de las ratas hembras, fueron sus riñones y cerebros los que concentraron mayores dosis de la sustancia tóxica, en comparación con los machos. A diferencia de los machos, los cerebros de las hembras estuvieron 2,19 veces más expuestos al mercurio.
La bióloga Karem Luque, de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) y miembro de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, por su trabajo también conoce los efectos de los metales pesados en mujeres. “Varias de ellas han manifestado la aparición de granos y manchas blanquecinas en la piel, similar a la producida por hongos. Esto principalmente por tocar el agua para el uso de la cocina, los lavados domésticos y el aseo personal”, dice.
Luque también resalta el daño que los metales pesados, como el mercurio, genera en las mujeres embarazadas: “El mercurio puede cruzar la placenta, y afectar al feto. La evidencia nos dice además que la presencia de mercurio está relacionada a la teratogenicidad y al efecto embriocida. Es decir, procesos de malformación congénita o matar al embrión, y eso podría asociarse a los abortos”, señala.
Este tipo de síntomas y evidencias, sostiene la bióloga de DHSF, muestra una afectación de metales pesados diferenciada por género porque las personas que tienen mayor contacto con el agua contaminada son las mujeres en comparación con los varones.
El Estado peruano, por su parte, desde hace más de diez años cuenta con indicios de los dolores en común que habitan en los hogares de la provincia de Espinar y la contaminación impregnada en las aguas y suelos de la zona.
MALES CONOCIDOS
El génesis de la contaminación en Espinar, de acuerdo a las denuncias de la población y los indicadores de los estudios toxicológicos realizados hasta la fecha, apunta al relave de la minera Tintaya, cuyas operaciones concluyeron en 2012. Desde entonces, es la empresa Antapaccay, cuyo proyecto se encuentra a pocos kilómetros, la que usa el mismo relave para guardar sus desechos tóxicos.
Las pruebas comenzaron a surgir entre 2002 y 2005, cuando se realizaron los primeros monitoreos ambientales en fuentes de agua, suelos y aire de Espinar, para medir la contaminación en el área de influencia del proyecto minero Tintaya. Los resultados mostraron que en algunos puntos analizados se sobrepasaron los límites permisibles en hierro, manganeso, cobre, selenio y arsénico.
Los mismos resultados se obtuvieron de un monitoreo ambiental realizado del 2008 al 2010 por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).
En 2010, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), del Ministerio de Salud, examinó a 506 personas de las comunidades de Huarca, Huisa, Ccollana, Hanccollahua, Huano Huano, Paccopata y Jatarana, todas ubicadas en la provincia de Espinar. El 100% de las muestras tuvo niveles detectables de arsénico, cadmio, mercurio y plomo.
En 2012, la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, con la asistencia técnica de la Universidad Christian Abrechtzu de Kiel (Alemania), elaboró un monitoreo ambiental que volvió a detectar altos niveles de arsénico, plomo y otros metales pesados en fuentes de agua y suelos.
Por esos años la Oficina Defensorial del Cusco también emitió un informe sobre 17 metales pesados en la población de Espinar, y encontró que 11 de los 17 metales presentes en los organismos de la gente superaron los límites permisibles. En algunos casos la concentración de sustancias tóxicas superó hasta en 33 veces el límite.
Ese mismo año, la Municipalidad Provincial de Espinar realizó un análisis químico de metales pesados en 58 puntos de agua del área de influencia de la mina Tintaya, actual relave de Antapaccay, de los cuales 41 tuvieron niveles de metales pesados que superaron los estándares permitidos. También se analizó a las ovejas de la zona, y se observó que los órganos y carnes de los ovinos nacidos con malformaciones, así como los muertos, tenían concentraciones de arsénico, plomo y cromo.
EL PESO DEL HOGAR
Algunas de esas ovejas muertas eran de Esmeralda Larota, campesina de 33 años de la comunidad Huancané Bajo (Espinar), sin hijos, pero con dos padres que a diario se quejan de dolores de cabeza y estómago. En casa, por estudios toxicológicos realizados por el Ministerio de Salud hace más de cinco años, los tres saben que sus cuerpos guardan una diversidad de metales pesados.
TRIUNFO SIN TROFEO
Con un pueblo enfermo detrás, Melchora Surco y otros tres dirigentes de Espinar presentaron en 2019 una demanda contra varias instituciones del Estado por no declarar a la provincia en emergencia ambiental y sanitaria, pese a los estudios toxicológicos realizados en los últimos quince años que advirtieron la afectación de metales pesados en personas, animales, fuentes de agua y suelos. Contaminación por donde se vea.
El 5 de diciembre de ese año, el Juzgado Mixto y Penal Liquidadora de Espinar declaró fundada en parte la demanda y ordenó al Ministerio de Salud que en 90 días implemente una estrategia de emergencia sanitaria, un plan de acción para atención médica, vigilancia epidemiológica y monitoreo de las fuentes de agua. La sentencia fue confirmada el 30 de diciembre del 2020 por la Sala Mixta Descentralizada, Liquidadora y de Apelaciones de Canchis.
El triunfo en la vía judicial, sin embargo, resultó con un sabor a derrota.
“La sentencia ha salido para que nos vean en noventa días, pero hasta ahora no nos han visto cómo estamos las comunidades que vivimos al lado de la minera”, reclama Melchora casi veinte meses después de la primera sentencia. “Se olvidaron de nosotros, pero nuestras riquezas de acá están saliendo. ¿A consecuencia de qué? De nuestra salud. Estamos sufriendo envenenados de esos metales”.
Además del olvido del Estado, Melchora también afronta difamaciones y represalias. En su comunidad, varios de sus vecinos comenzaron a acusarla de haber recibido miles de soles por demandar al Estado. Los rumores no se confirmaron, pero sí calaron en la salud de Melchora. “Ya no tenía ganas para comer, lo que me decía la gente estaba en mi cabeza, no podía dormir, no podía ni echarme, mi cabeza me dolía y el cuello no podía ni voltear para acá”.
Como madre, cuenta Melchora, también teme que sus hijos sufran las represalias de ser parientes de una defensora ambiental. “A veces las mamás tienen miedo de hablar las verdades que nos está afectando, ya no quieren decir, porque sus hijos los van a botar del trabajo o no los van a recibir”, cuenta. Uno de esos hijos fue uno de los suyos.
“Será por mi culpa, por mi causa”, piensa Melchora. “La minera me conoce, soy como una oveja negra en la comunidad”. https://wayka.pe/
La agenda pendiente de Pedro Castillo en el Sur
La agenda de obras pendientes por ejecutar por el gobierno del presidente electo Pedro Castillo en el Sur, es tan amplia como el respaldo que esta parte del país le brindó en las urnas.
La larga lista de proyectos postergados por el Ejecutivo en Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Apurímac y Madre de Dios, bordea los US$ 8,000 millones, mientras que los proyectos a puertas de concretarse, especialmente relacionados a minería, superan los US$ 11, 340 millones (ver infografía).
Los expertos coinciden en que la hoja de ruta del camino que tomarán las promesas incumplidas en el Sur por anteriores mandatarios, se evidenciará en el primer mensaje a la Nación que dé el nuevo mandatario el 28 de julio. “Solo le pedimos al presidente que no se olvide del Sur”, comenta casi como una súplica el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Luis Caballero.
Obras claves
La relación de proyectos con adjudicación dada, pero con larga espera la lidera Majes Siguas II de la región Arequipa (US$ 700 millones). La obra agro energética generará 100 mil puestos de trabajo, tras 11 años de espera, está a punto de concretarse. El Ministerio de Economía y Finanzas días atrás, dio luz verde al mismo, por lo que se estima que las obras podrían retomarse en diciembre próximo. Caballero, remarca que es clave que el gobierno de Castillo le dé el impulso respectivo siguiendo el esquema original, es decir mantener módulos de producción de 200 hectáreas. “Solo así se garantizará su rentabilidad”.
El inicio de Majes II, traería por “arrastre” la concretización de las hidroeléctricas Lluta y Lluclla que suponen una inversión de US$ 970 millones. El gobierno dio la concesión definitiva en diciembre de 2020.
La construcción de la represa de Yanapujio, cuyas aguas irrigarán las provincias de Sánchez Cerro (Moquegua) e Islay (Arequipa) es otro asunto pendiente que debería concretar el nuevo gobierno. La obra es clave para terminar con el déficit hídrico en el Valle de Tambo.
El proyecto Vilavilani, ubicado en la región Tacna que implica una inversión de US$ 98 millones también es otra obra pendiente de destrabar por el gobierno de Castillo. A la fecha, un lío legal entre la región tacneña y Puno, ha paralizado el proyecto que solucionaría el problema de agua para consumo humano y agricultura.
El gasoducto Sur Peruano, ahora llamado SIT Gas, es otro millonario proyecto valorizado en US$ 4,500 millones pendiente de concretar. El proyecto fue cancelado por el Gobierno a inicios de 2017 cuando tenía un avance de 35%. La constructora brasileña Odebrecht no pudo conseguir financiamiento para el mismo. A la par era investigada por ofrecer sobornos para ganar obras públicas en Perú. El Ejecutivo planteó licitar el proyecto a mediados de este año, sin embargo, el nuevo anuncio apunta a 2022.
Cusco espera
La región Cusco también tiene una amplia cartera de proyectos paralizados o inconclusos. El gobernador, Jean Paul Benavente, anunció que la próxima semana espera reunirse con el gobierno saliente de Francisco Sagasti y el nuevo de Pedro Castillo para garantizar que la transferencia contenga los proyectos pendientes.
La culminación del hospital Antonio Lorena (US$ 464 millones) es una urgencia para Cusco. La postergación continua de las obras, motivó una serie de protestas en los últimos días. Los manifestantes anunciaron radicalizar sus medidas si el proyecto emblemático no tiene luz verde en el gobierno de Castillo.
Además del Lorena, hay otros tres nosocomios en manos del Ejecutivo. Estos son: Belempampa, Paucartambo y Chumbivilcas. También se espera la ejecución de los centros de salud de Quillabamba (La Convención), Espinar y Machupicchu (Urubamba).
El gas también representa una cruel paradoja para los cusqueños. La planta de Kepashiato es otro proyecto que depende del Ejecutivo. Este, junto al gasoducto, permitirá que la población del Cusco se beneficie del recurso que se extrae del distrito de Megantoni, provincia cusqueña de La Convención. Actualmente, el balón de gas de 10 kg bordea los S/ 50 en la provincia Cusco, mientras que en comunidades como Camisea superan los S/ 80.
Demandas de Puno
El ingreso libre de gas boliviano, es la solución a los problemas medioambientales en provincias y la ejecución de proyectos viales, son los tres temas prioritarios que deben estar en la agenda del gobierno de Pedro Castillo con la región Puno, consideró el presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP), Amador Núñez.
Por su parte, Juan Vilca Yujra, dirigente del comité de lucha de la zona sur de Puno, manifestó que en el rubro de transportes la agenda debe ser la doble vía hacia la frontera con Desaguadero y la remediación ambiental en la cuenca de Llallimayo, en la provincia de Melgar.
El sociólogo Carlos Flores, remarca que, entre todas las regiones del sur, Puno siempre ha marcado la pauta de descontento social y si no se atiende sus problemas prioritarios, el altiplano será la región que encienda la chispa del descontento contra el gobierno del Bicentenario.
Proyectos mineros
El 47% de la cartera de proyectos mineros en construcción se encuentran en el Sur del país. La mayoría con proyección a iniciar durante la gestión de Castillo.
El consultor de la Cámara Minera del Perú y docente de la Universidad Católica San Pablo, César Montes de Oca resalta que a la fecha hay ocho proyectos en la zona sur claves para reactivar la economía (ver Infografía). De todos estos, el mejor encaminado a nivel nacional es Quellaveco (Moquegua) con una inversión de US$ 5,300 millones.
En ese contexto, el experto señala que corresponde al gobierno de Castillo hacer que de una vez por todas el Estado cumpla su real rol, es decir dar seguridad, paz y cubrir las necesidades básicas de la población, para que la inversión privada sea un socio del desarrollo.
Cabe señalar que en la relación de proyectos priorizados no figura Tía María. La obra cuprífera de Southern no ha logrado licencia social del Valle de Tambo (Arequipa). Durante su discurso de campaña, Castillo anunció la desestimación del proyecto. Montes de Oca recuerda que una de las premisas de la inversión es que los “proyectos no deben generar conflictos sociales”. No obstante, remarca que “un proyecto minero en fase de producción significa el 1% del PBI”, por lo que es vital dialogar.
Caballero de la Cámara de Comercio, espera que, como presidente, Castillo encuentre formas para resolver este entuerto. Recordó que el sector privado está dispuesto a trabajar de la mano con Castillo.
Presupuesto inequitativo para el sur
El especialista en proyectos de inversión de la Universidad Católica San Pablo, Jean Marco Villena, resalta que en los últimos años ha habido diferencias marcadas e inequidad en la asignación presupuestal para el Sur por parte del Ejecutivo. De acuerdo a la data de Proinversión, durante este año se destinó US$ 2,300 millones para obras en el país, de los cuales poco menos del 10% fue destinado para regiones del Sur.
Villena explica que revertir esta situación en parte dependerá de las gestiones que hagan en adelante los gobiernos regionales. “Las buenas relaciones y ejecución de grandes proyectos dependerán de alguna forma de nuestros gobernadores”, remarcó tras recordar que, pese a estas diferencias, el Sur ha contribuido con el 15% del PBI. https://larepublica.pe/
Lambayeque: falta de mantenimiento en pozos tubulares afecta servicio de agua potable
Monsefú, distrito de la provincia de Chiclayo (región Lambayeque), lleva más de una semana sin el servicio de agua potable, mientras familias esperan el paso de cisternas para poder abastecerse del líquido o se ven obligadas a realizar compras en jurisdicciones aledañas.
El problema iniciado el último sábado 17 de julio se extendería hasta este lunes 26 julio, ya que los directivos de Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) se han comprometido a la normalización del servicio.
En diálogo con La República, el representante de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, manifestó que la problemática del desabastecimiento de agua potable en distritos lambayecanos se debe a la falta de inversión en el mantenimiento de los diferentes pozos tubulares.
Esto está relacionado con prácticas de intervención poco ejecutadas en estas estructuras, las cuales, una vez finalizado su perforación, instalación del equipo de bombeo y puesta en funcionamiento, no cuenta con un monitoreo continúo de sus condiciones operativas.
Para Hidalgo Reyes otros factores que influyen en la falta del servicio de agua es la no ejecución de proyecto para mejorar el sistema de alcantarillado y desagüe, y el servicio de calidad. Al igual que Monsefú, los distritos de Pítipo, Jayanca y Lambayeque también han sido afectados por el desabastecimiento.
“El mantenimiento que se les da a los pozos tubulares es muy poco, y eso provoca su deterioro. Además, el sistema de red de agua potable requiere una mejora integral porque la demanda por el servicio ha aumentado”, comentó.
Hidalgo hizo énfasis en la responsabilidad de Epsel y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) para garantizar un óptimo servicio.
“Hay un cumplimiento de funciones que tiene Epsel con la población, sin considerar los diversos afectar el servicio del agua. Esto es un problema que puede agudizar y necesita una rápida atención”, mencionó.
Hasta este domingo 25 de julio, los vecinos de Monsefú vienen comprando agua en los distritos de Santa Rosa y Ciudad Eten, pagando entre de 5 y 10 soles a mototaxista para su traslado, lo que afecta el bolsillo de las familias.
A través de su página de Facebook, Epsel informó que venía abasteciendo a la población de Monsefú con camiones cisternas, mientras realizaba acciones correctivas en el pozo n.° 03. Descartó que existan inconvenientes en el pozo n.° 01. https://larepublica.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”