Lunes, 18 de julio de 2022 – Año XV – Edición 4012 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Minam: aún hay contaminación por
hidrocarburo en playas dañadas por derrame de petróleo
Ministro Modesto Montoya y especialistas del OEFA inspeccionaron zonas afectadas por el desastre natural
El panorama del hermoso paisaje de la playa Chacra y Mar,
en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima, aún es desolador
tras el derrame de petróleo de Repsol ocurrido el 15 de enero de este año en
Ventanilla, porque las aguas de dicho espacio natural aún tienen huellas de contaminación
ocasionadas por ese desastre ambiental que afectó una considerable extensión de
ese ecosistema marino-costero ubicado al norte de la capital.
El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, tras
inspeccionar algunos de los balnearios dañados, informó que las aguas del mar
siguen contaminadas con restos de hidrocarburos, los cuales son arrastrados
hasta quedar depositados en la playa. “La arena tiene muestras de esos restos
de hidrocarburos”, manifestó con preocupación.
Asimismo, precisó que todavía se siguen haciendo las
evaluaciones sobre el retorno de las actividades de pesca artesanal en la zona.
“Por ahora no es adecuado. Los peces estarían contaminados con los restos de
hidrocarburos que aún hay en el mar”, advirtió. En esa línea, expresó que se deben
esperar los resultados especializados que haga el Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera (Sanipes).
En otro momento, el titular del Minam refirió que pasarán
varios años para que se restablezca el estado natural del mar. En ese contexto,
reiteró su llamado a la sociedad peruana para garantizar que nunca más se
vuelvan a repetir este tipo de desastres y que no haya impunidad para quienes
atentan contra el ambiente y los recursos naturales.
Como se sabe, luego de los análisis realizados por el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en junio último, se
encontró que en 32 playas y acantilados había presencia de hidrocarburos.
El dato:
En la víspera, el ministro Modesto Montoya, acompañado de
especialistas del OEFA, inspeccionó las playas Chancayllo, Chacra y Mar
(Chancay) y Punta Salinas (Huacho), para conocer el estado situacional del
ambiente en esos ámbitos marino-costeros a seis meses del citado ecocidio. En las playas inspeccionadas, se tomaron muestras
de agua, arena y sedimentos, las cuales vienen siendo procesadas para verificar
si están limpias de acuerdo a lo reportado por Repsol. https://andina.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Ayacucho: Contraloría advierte gastos adicionales en obra de Curipampa
La Contraloría alertó al Programa Regional de Irrigación y
Desarrollo Rural Integrado (Prider) que se aprobó la modificación de trabajos
adicionales en la obra del sistema de riego de Curipampa, provincia de
Parinacochas; sin una justificación, lo que acarreó un gasto adicional por S/
400 mil.
El informe de Visita de Control N° 008-2022-OCI/5997-SVC
detalla que los gastos adicionales contemplaron la incorporación de un
desarenador (para remover partículas y material orgánico contenidas en el agua),
compra e instalación de tuberías, asimismo, incluyeron la excavación de la
salida de un túnel que ya se había ejecutado; todo ello ha generado el
incremento del presupuesto de obra en perjuicio de la Entidad.
La comisión de control, además, alertó que se han realizado
trabajos deficientes e inconclusos en la construcción del dique e
impermeabilización de la presa, por lo que no garantizarían su estabilidad
estructural durante el tiempo de vida útil, poniendo en riesgo la dotación de
agua para riego y pérdida de tierras agrícolas aguas abajo del embalse frente a
sismos; asimismo, se observó la sustracción de materiales y equipos,
vencimiento de cemento y otros bienes que son inservibles para la ejecución del
Proyecto.
Entre otras situaciones, también se advirtió que una
camioneta 4x4, adquirida en 2016 para el Proyecto, viene siendo utilizado por
el Gobierno Regional, en mérito a un convenio suscrito el 6 de junio de 2017 y
que fue ampliado hasta la culminación del Decreto de Emergencia Nacional por el
brote del COVID-19; por lo que no está cumpliendo con el objetivo de su
adquisición.
Cabe mencionar que, la “Construcción del Sistema de Riego
Curipampa, distrito de Chumpi, provincia de Parinacochas - Ayacucho”, contó con
un presupuesto inicial de S/22 282 939,00 aprobado en el año 2012, teniendo a
la fecha un costo de inversión total de S/32 419 161,93, y beneficiarios de 950
personas, según Sistema de Seguimiento de Inversiones.
INTERPELACIÓN DE FUNCIONARIOS EN CAMINO
El Prider es un programa regional el cual no ha podido
trascender en el tiempo debido a numerosas obras sin culminar de gestiones
anteriores.
Por ello en la última sesión ordinaria del Consejo
Regional, el consejero Javier Berrocal pidió iniciar un proceso de
interpelación contra algunos funcionarios, entre ellos el director del Prider,
Noe Cruz. Una de las motivaciones es el vínculo que tuvo con el Consorcio
Asunta II que elaboró los estudios de saldo de obra del proyecto Ancasccocha,
donde el actual director se desempeñó como coordinador, pero, tras asumir el
cargo de director, firmó una conciliación con dicho consorcio a pesar que el
contrato había quedado absuelto por su antecesor.
Cabe mencionar que este tema fue denunciado por el
consejero Berrocal como un acto ilícito, por lo que incluso el director del
Prider le envió una carta notarial exigiéndole una rectificación inmediata.
El martes 19 de julio es el plazo límite para que el pedido
de interpelación sea admitido. Este pedido debe tener al menos la firma de seis
consejeros para que pueda ser admitido en el pleno del Consejo Regional de
Ayacucho.
Trascendió que, de admitirse el pedido, el consejo regional dispondrá de un abogado quien lleve adelante este proceso interpelatorio que también involucra al gerente de Desarrollo Económico, Edgar Gómez, y el director de Agricultura, Jhony Barrientos. https://diariocorreo.pe/
Sullana: investigan por peculado a presidente de la Comisión de los usuarios Sub-Sector Hidráulico de la Margen Derecha del Río Piura
Saúl Núñez habría utilizado
fondos públicos que administra la Comisión que preside para desarrollar sus
cruzadas personales con empresas privadas en perjuicio de pobladores. Saúl
Núñez Montenegro, presidente de la Comisión de los usuarios Sub-Sector
Hidráulico de la Margen Derecha del Río Piura, es investigado por la fiscalía
especializada en delitos de corrupción de funcionarios por el presunto delito
de peculado en agravio del Estado Peruano.
La denuncia fue interpuesta por
la señora Vicky Coronado Panta, miembro del Comité de Coordinación del Centro
Poblado El Tambo en el Distrito de Amotape, quien es consciente de los
diferentes abusos que viene cometiendo el señor Núñez Montenegro. La
denunciante manifiesta que el señor en mención, valiéndose de su calidad de
presidente, estaría utilizando los fondos que administra de la Comisión de
usuarios de la Margen Derecha, para solventar gastos de interés personal contra
las empresas privadas de la zona. Por ejemplo, instalando muros de concreto,
los cuales impiden el libre tránsito vehicular por las zonas aledañas al río,
impidiendo el libre tránsito para todas las personas que transitan por esta
zona.
“El señor utilizaría la plata de
la Comisión para colocar tranqueras y muros que solo afectan a la población, no
dejan transitar ningún vehículo particular ni de empresas privadas por la ruta
auxiliar, vía de acceso Sector Amotape – Tamarindo (Dique 2051 y 2052), y ahora
todos los carros pesados pasan por la carretera del pueblo por donde transitan
niños. También perjudica la obra que están haciendo en la carretera de Amotape,
porque esto hará más difícil que transporten el material” mencionó la
denunciante. Además, agregó: “este señor no sabe el daño que causa a la
población, no solo por el riesgo; también porque con esos pases los pobladores
teníamos trabajo. Las empresas privadas nos daban trabajo con puestos de
vigilancia y ahora ni eso tenemos” concretó.
La demanda, la cual ha sido
dispuesta a investigación por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de Sullana, fue respaldada por el estudio de abogados García
Cavero. Frente a ello, el Dr. Percy García, mencionó:
“La Fiscalía de Sullana ha
dispuesto el inicio de la investigación, esto nos indica que hay elementos de
sospecha. El Sr. Saúl Núñez estaría haciendo uso de los fondos públicos que, en
principio, están destinados al mantenimiento de la infraestructura hidráulica,
en temas personales y en la colocación de muros que afectan a la población.
Esto está afectando a los pobladores y empresas privadas”.
Finalmente, la denunciante
indica que “el Sr. Núñez Montenegro estaría ejerciendo dichas irregularidades
debido a que anteriormente, podía gestionar sin supervisión el manejo del agua
del río, sin embargo, debido a una compuerta instalada por las empresas
privadas y aprobada por la autoridad, a la fecha, ya no puede realizar lo
mismo. Ello lo ha motivado a realizar actos que afectan a toda la población”. https://www.elregionalpiura.com.pe/
HIDROMUNDO
Ecuador: comunidades denuncian incumplimientos de amnistías otorgadas a defensores de derechos humanos y naturaleza
Durante años en Ecuador se ha
resaltado la desconexión y el desconocimiento de los gobiernos, en las
ciudades, sobre la forma en que se vive en las zonas rurales. Ese fenómeno
—cree Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador
(ADHE)— explicaría por qué el gobierno del presidente Guillermo Lasso se haya
opuesto a las 268 amnistías, otorgadas por la Asamblea Nacional el pasado 10 de
marzo de 2022, en favor de defensoras y defensores de la naturaleza y de los
territorios, y otras personas que habían sido judicializadas por ejercer el
derecho a la protesta social.
“Existe un desconocimiento del
gobierno no solo de lo que sucede en los territorios, sino también una
invisibilización de lo que pasa en ellos y de aquellos a quienes afectan las
políticas que intentan imponer de forma unilateral, en desconocimiento de los
derechos de la población. Me refiero al caso de personas que son procesadas por
resistirse a actividades extractivas hechas de manera inconsulta”, comenta
Idrovo.
El gobierno ecuatoriano, a
través de la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, se opuso a las
amnistías con el argumento de que se había exculpado a algunos supuestos
responsables de actos violentos ocurridos durante las protestas de octubre de
2019 en Quito, Ambato y otras zonas del país.
El 29 de marzo, Vela presentó
una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC)
argumentando que los legisladores habían confundido justicia indígena y defensa
de la naturaleza con “la usurpación, el tráfico de tierras, la delincuencia
organizada, la intimidación, la paralización de servicios públicos, el robo, el
daño a bien ajeno, la actividad ilícita de recursos mineros, la asociación
ilícita, las lesiones, el delito de ataque y resistencia, y el secuestro”. Ese
mismo día, Vela renunció a su cargo por desavenencias políticas con el
presidente Lasso y la CC tiene en sus manos, desde entonces, la responsabilidad
de abordar el caso, aunque no hay una fecha definida para hacerlo.
Para Floresmilo Simbaña,
exdirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie), los funcionarios del Estado intentan construir un discurso
“antiprotesta social, en contra de cualquier posición crítica al gobierno”. A
lo que Idrovo añade que las impugnaciones demuestran que el Gobierno quiere
entorpecer la labor de personas defensoras “para seguir imponiendo sus
políticas extractivas tan claramente establecidas en los decretos 95 [sobre
extracción petrolera] y 151 [sobre minería]”.
Denuncias de empresas contra
defensores
Las 268 amnistías concedidas por
el parlamento ecuatoriano en marzo no estaban dirigidas únicamente a los
manifestantes de las protestas de octubre de ese año. Entre los beneficiarios
solo había 60 personas enjuiciadas por ejercer su derecho a la resistencia y a
la protesta social durante las manifestaciones de 2019, pero también fueron
beneficiados 153 defensores de territorios comunitarios; 12 personas que fueron
criminalizadas por haber ejercido su derecho a la administración de justicia
indígena y 43 defensores de la naturaleza. Entre esas personas estaban, por
ejemplo, Xavier Solís y Wilson Quindigua.
Entre mayo y junio de 2021, la
comuna kichwa El Edén, asentada en la provincia de Orellana, en las riberas del
río Napo, organizó una protesta en contra de la estatal petrolera Petroecuador
por operar sobre su territorio sin respetar el derecho a la consulta previa, en
el bloque Edén-Yuturi. Todos los miembros de la comunidad tomaron los caminos
por los que los operarios de la empresa transitaban y obligaron a la compañía a
interrumpir sus operaciones.
Petroecuador respondió
imponiendo una demanda en contra de Wilson Quindigua, entonces presidente de la
comunidad, y de Xavier Solís, abogado de la Fundación Alejandro Labaka y
representante legal de El Edén, ante la Unidad de Fiscalía de Delincuencia
Organizada Transnacional e Internacional de Orellana, por el presunto delito de
paralización de un servicio público. Con esa acusación, cuenta Solís, la
empresa “buscaba intimidarnos y forzar a que la comuna desista de su derecho a
la protesta”.
El tipo penal de paralización de
servicios públicos ha sido muy cuestionado por especialistas del derecho en
Ecuador, debido a la amplitud que supone pues ha sido usado en algunos casos
para criminalizar el derecho a la protesta de las comunidades amazónicas cuando
rechazan las actividades extractivas en sus territorios. “Pretendían que la
comunidad firmara un acuerdo acorde a los intereses de la empresa, pero por
debajo de las peticiones que venía realizando la comuna tres años atrás”,
aclara el abogado.
El 10 de marzo, la Asamblea
Nacional amnistió a Wilson Quindigua y a Xavier Solís, quienes constaban en la
lista de defensores de derechos de la naturaleza. Pero la crisis política que
enfrenta ese poder del Estado ha entorpecido el trámite que permite la
ejecución de sus amnistías.
Además, Solís reveló que tres
meses después “no hay quien atienda nuestro caso”. El proceso de
criminalización en su contra y de Quindigua empezó en la provincia de Orellana,
bajo competencia de fiscales de esa jurisdicción, pero dado que Quindigua es
kichwa, se solicitó que fuera juzgado bajo su propia lengua. “Es sorprendente
que la Fiscalía de Orellana, donde cerca del 40 % de la población es indígena,
no tengan un fiscal intercultural, indígena”, reclama Solís. Ese inconveniente
obligó a buscar alternativas. Poco después de que se iniciara el proceso, las
autoridades identificaron a un fiscal indígena en la provincia de Pastaza y
trasladaron el proceso a esa provincia, pero cuando la amnistía fue otorgada,
ese fiscal ya había sido destituido.
Xavier Solís hace notar que, a
pesar de que las amnistías fueron concedidas a inicios de marzo, en el registro
de la Fiscalía General del Estado los procesos todavía constan como abiertos.
“A pesar de que se archivan los procesos siguen constando ahí los datos de las
personas como denunciadas y criminalizadas y eso genera una revictimización y
estigmatización”, dijo.
Mongabay Latam y La Barra
Espaciadora se comunicaron con la Comisión de Garantías Constitucionales,
Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea
Nacional, que confirmó que la Secretaría de la entidad no ha terminado de
producir los documentos para que puedan hacerse efectivas todas las amnistías otorgadas.
La borrosa línea entre minería
legal e ilegal
Para la coordinadora de la
Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador (ADHE), el gobierno intenta
posicionar un discurso que ubica a la minería ilegal como el enemigo más
peligroso para el Estado, pero desconoce los incumplimientos de las empresas
mineras que, aún con licencias de operación y concesiones entregadas
oficialmente, violan los derechos de las comunidades y afectan los ecosistemas
de territorios comunales, ancestrales o patrimoniales. “Eso no se puede llamar
minería legal”, asegura Idrovo.
De acuerdo con investigaciones
de ADHE, no hay proyecto extractivista en Ecuador que haya cumplido con la
consulta previa, libre e informada. “En ningún caso se ha cumplido con la
Constitución”, dice Idrovo y agrega que el Estado sigue imponiendo decisiones
unilaterales en las vidas de las personas.
Esto ha sucedido en los
territorios de la nacionalidad shuar del Ecuador, asentada en su mayoría en la
Amazonía sur del país. En las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe
se concentran los primeros proyectos megamineros del país: Mirador
(Ecuacorriente), Fruta del Norte (Lundin Gold), San Carlos Panantza
(Explorcobres) y Warintza (Solaris Resources). Los shuar han sido desplazados
por la minería y están cada vez más amenazados por el creciente interés en las
cordilleras ricas en minerales en las que habitan.
Revisar texto completo aquí:
“Defender el Agua es Defender la Vida”