Miércoles, 20 de julio de 2022 – Año XV – Edición 4014 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Trabajadores de la EPS Seda Juliaca
levantan voz de protesta contra corrupción del alcalde y funcionarios
Pronunciamiento del Sindicato Único de Trabajadores de la EPS Seda Juliaca
El Sindicato Único de Trabajadores de SEDAJULIACA, nos
unificamos al paro convocado por los dirigentes, por ello alzamos la protesta
contra la pésima gestión por parte del actual alcalde como presidente de
accionistas mayoritario de la empresa EPS SEDAJULIACA S.A.
Lamentablemente, los directores y funcionarios designados
por el actual alcalde no han cumplido con expectativas de una gestión
transparente.
El Proyecto de PMRI II no ha sido gestionado en forma
transparente, es por ello el fracaso de la suscripción del contrato (Carta
fianza falsa) de la Medida III del Proyecto, retrasos y paralización de obra en
la Planta de Tratamiento de Agua Potable Ayabacas de la Medida I del PMRI II
donde de acuerdo lo describen los diferentes medios de comunicación solo se
tendría un avance físico de obra cercano al 10%, obras que ante los retrasos
suscitados, ponen en alto riesgo la sostenibilidad de la empresa de agua, donde
los responsables son los directores y el gerente general Ing. Manuel Zevallos
Aroni.
Además, las inversiones IOARR (fichas OTASS) financiados
por el OTASS en el año 2017, hasta la fecha no han sido ejecutados ni fueron
liquidados respectivamente, fichas ejecutados (durante el año 2018) por la
anterior gestión, presupuesto transferido que al día de hoy por una deficiente
gestión de la actual gestión puede ser revertido a el OTASS.
El gerente actual como los directores han causado mucho
daño a la empresa, como el incumplimiento de requerimientos de SUNASS, es por
ello que la entidad tiene sanciones y multas por no cumplir con remitir
información de designación del actual gerente y gerente de operaciones señor
Guido Misme Medina, sanciones y multas por parte de SUNAFIL por incumplimiento
de normativas laborales.
Los trabajadores en conjunto levantamos nuestra protesta
contra los actos de corrupción y la pésima gestión del actual alcalde y sus
funcionarios.
¡Abajo los actos de corrupción!
¡No más miedo a los actos de hostilidad
de la actual gestión!
¡Cambio total del directorio!
¡Cambio total del gerente general y
gerentes de línea!
¡No más SEDAJULIACA casa de empleos del
alcalde!
¡Viva el paro convocado por los dirigentes!
HIDROREGIONES PERÚ
Realizan movilización en Morales exigiendo proyecto de saneamiento básico
Ayer por la mañana, moradores de la margen derecha del río
Cumbaza del distrito de Morales, participaron en una movilización por las
principales calles de esa jurisdicción, exigiendo proyecto de saneamiento
básico, para que puedan tener agua y desagüe, ya que por más de 30 esperan
poder contar con esos importantes servicios.
Los manifestantes culminaron su recorrido, en el frontis de
la Municipalidad Distrital de Morales, donde hicieron un plantón, sin embargo,
fueron recibidos por el alcalde Hugo Meléndez Rengifo, quien les pidió seguir
luchando y presionando para conseguir ese importante proyecto, esperado por
muchas familias acentuadas en la margen derecha del río Cumbaza.
Según los dirigentes vecinales, de acuerdo al perfil
técnico la obra está valorizada en 57 millones de soles para abastecer a más de
12 mil personas aproximadamente quienes habitan en 25 asociaciones de viviendas
y sectores.
Por su parte el dirigente Amancio Peláez Baca, indicó que
por años vienen luchando para tener esa importante obra, cuyo proyecto inicial
tiene 18 observaciones que necesitan ser levantadas, es por ello que necesitan
el apoyo de las autoridades.
En los próximos días se conocerá si una comitiva de
dirigentes viajará con el alcalde de Morales hacia Lima para ver de qué manera
serán atendidos por el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, ya que muchas
familias están con la esperanza de contar con agua y desagüe lo más pronto
posible. https://www.diariovoces.com.pe/
Recorren cuenca del río Santa para promover su conservación y sostenibilidad del agua potable
La Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass) recorrió las cabeceras de la cuenca del río
Santa y la subcuenca Tablachaca, fuentes de donde se obtiene agua para el
abastecimiento de la población usuaria de Nuevo Chimbote. El regulador da
asistencia técnica a Sedachimbote en la elaboración del Diagnóstico Hídrico
Rápido (DHR) que contribuirá a la sostenibilidad del servicio de saneamiento.
El DHR permite identificar y
conocer el estado de conservación y/o degradación de los ecosistemas hídricos a
fin de priorizar acciones de conservación, restauración y/o uso sostenible.
Este es un elemento primordial
para implementar los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos
(Merese), instrumentos que permiten garantizar la provisión de agua a las
ciudades.
El DHR ayudará, además, a
delimitar las subcuencas o microcuencas que aportan agua para el tratamiento y
posterior distribución de Sedachimbote. Ello permitirá identificar y caracterizar
los servicios ecosistémicos hídricos más importantes para la empresa de
saneamiento.
En esa línea, el equipo recorrió
la subcuenca del río Tablachaca, y en coordinación con actores sociales e
instituciones, visitaron los puntos identificados en los mapas de cobertura
vegetal e hidrogeología, así como los centros poblados y las comunidades
campesinas. Los centros poblados visitados fueron Chuquicara, Pallasca, Pampas,
Pelagatos, Huandoval y Cabana, así como las lagunas Pelagatos, Pusachocha, La Canasta
y Cabracochita, en la provincia de Pallasca.
Luego recorrieron la cuenca del río Santa, donde visitaron las lagunas Conococha y Querococha, así como los centros poblados de Catác, Ticapampa, Tayacoto y Huallanca; y se visitó las zonas de investigación de ecosistemas de montaña del INAIGEM y la Central Hidroeléctrica Cañon del Pato. http://chimbotenlinea.com/
Defensores comunitarios de extractivismos mineros: una necesaria pausa para una reflexión rigurosa
La continua expansión de la
minería, especialmente aquella de pequeña escala, sigue su marcha, y hace pocas
semanas atrás ocurrió un hecho que no pasó desapercibido. Se realizó el Primer
Congreso de Comunidades Indígenas Mineras del Perú, con delegados de cinco
departamentos, acompañados por congresistas, autoridades estatales y algunos
políticos1.
Estos fenómenos pueden ser
analizados desde varias miradas, y entre ellas existen algunas que no pueden
desatenderse. En primer lugar, se podrían señalar que estamos ante una
contradicción. Por un lado, comunidades locales en esas regiones que denuncian
los impactos negativos que padecen por la minería y que la resisten; y por el
otro lado, grupos que en esas mismas localidades defienden e incluso demandan
más minería. Los señalamientos de los problemas alrededor de los extractivismos
mineros se han repetido en Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho y Huancavelica, y
desde esos mismos departamentos concurrieron delegados a ese congreso de
minería indígena.
No faltarán los actores y
analistas que defienden los extractivismos que interpretarán que ese encuentro
demuestra que las comunidades locales ansían ser mineras, y que finalmente
habrían comprendido que esa actividad les aseguraría un beneficio económico.
Podrían, además, insistir en que las oposiciones eran infundadas o
exageraciones.
En segundo lugar, tampoco pasa
desapercibido que los participantes en ese congreso se identifiquen a sí mismos
como “indígenas”. Más allá de la exactitud en emplear esa etiqueta en ese caso
y de qué se entiende por “indígena”, es evidente que esa denominación no es
banal. A tono con las consideraciones anteriores, los conocidos defensores de
los extractivismos podrían sostener que, por fin, se está ante grupos indígenas
que en lugar de ser un “obstáculo” para el desarrollo, ahora se vuelven
aliados. Algún otro podría agregar que esto demostraría que pensamientos como
los de Hernando de Soto son acertados, bastando que los “indígenas” se
convirtieran en empresarios, o que, por fin, dejaron de ser los “perros de los
hortelanos” que trababan el progreso, como los describía Alan García años
atrás.
Desde esas dos líneas de
razonamiento, como desde otras afines, se podría concluir que los reclamos ante
los extractivismos mineros en particular, y las alternativas a los
extractivismos como estilos de desarrollo, no tendrían sentido. Se podría
declarar, del mismo modo, que todo eso es un invento de grupos o personas
ajenas a las comunidades.
Una evaluación que debe ser
rigurosa
Ese tipo de tensiones deben ser
analizadas con todo detenimiento. En su esencia expresan contradicciones entre
actores ciudadanos que, por las razones que sean, defienden prácticas a las que
están vinculados económicamente pero que tienen efectos negativos sobre ellos,
especialmente en su salud y el ambiente. Esas oposiciones no son nuevas. Las
más conocidas, y que se arrastran desde largo tiempo, ocurren en la
contradicción entre vecinos que desean clausurar fábricas contaminantes, pero
que son defendidas por sus obreros organizados en sindicatos. Es una oposición
que tiene una larga historia, y es bien conocida en Perú por los
enfrentamientos en La Oroya. Pero es tan persistente que acaba de ocurrir en
Chile, donde el nuevo gobierno finalmente cerró una planta de la minera estatal
Codelco por su contribución a los muy severos impactos en el ambiente y la
salud que se viven en la localidad de Ventana. Esa medida inmediatamente
disparó la protesta, movilización y huelga de los sindicatos, quienes hicieron
oídos sordos a la abrumadora evidencia de los impactos en la salud y el
ambiente2.
Tampoco es novedad que en
comunidades locales que se identifican como indígenas o campesinas, distintos
grupos de personas se organicen para dedicarse a la minería. En los últimos
años se ha registrado esto en Bolivia, Colombia y Ecuador, e incluso ya había
ocurrido en Perú. En ocasiones eso responde a distintas posturas en el seno de
una comunidad, donde algunos persisten en denunciar y evitar la minería, y
otros deciden lanzarse a ella. En otros casos es una decisión acordada como una
medida de defensa; los comuneros prefieren hacer ellos mismos esa minería para
evitar el ingreso de actores externos. Asoma como una causa importante en esa
postura la necesidad de enfrentar el avance de la minería de oro aluvial.
Debe entenderse el contexto de
pobreza e incluso indigencia bajo el cual ocurren estas situaciones. Son
condiciones que se arrastran por años o por generaciones. Es así que, para
algunas de esas personas y sus familias, casi no existen opciones posibles, y
por ello la minería les resulta una oportunidad para un alivio que es sentido
como urgente. Varios conocen los riesgos que enfrentan en cuanto a su salud, y
por ello no son raras las disputas familiares. En entrevistas con comunidades
de ese tipo he encontrado que los varones abrazan la minería por razones
económicas pero las mujeres persisten en rechazarla preocupadas por la salud
propia y de sus hijos. No celebran dedicarse a la minería porque abandonan
tradiciones comunitarias o familiares de trabajo con la tierra, sino que lo
hacen bajo condiciones dramáticas, sintiéndose atrapados y sin otras opciones.
Las comunidades que mantienen
sus condiciones de vida pero que deciden reclamar títulos mineros o explotarlos
directamente, lo hacen también como una medida de defensa. Lidian con la
amenaza del ingreso de mineros ilegales, con sus séquitos propios o la
complicidad policial o militar. A su violencia se suma la destrucción de los
ríos y sus márgenes, la deforestación y contaminación de aguas. Entonces, esas
comunidades razonan que si ellos llevan adelante la explotación minera pueden
detenerlos, hacerlo a un ritmo más lento y escala menor, y lograr ingresos
adicionales que de otros modos se los llevarían agentes externos. Aquí tampoco
hay celebraciones, sino que presenciamos las consecuencias del fracaso del
Estado para evitar la minería ilegal, las redes de corrupción que la amparan y
la violencia que imponen.
Si se tiene en cuenta estas
condiciones queda en claro que celebrar esa minería indígena como un triunfo
del desarrollismo convencional respondería a modelos simplistas que no
describen adecuadamente lo que está ocurriendo. Por el contrario, es una
consecuencia del fracaso de ese tipo de desarrollo, de la persistencia de la
pobreza y de la marginalidad, y de la incapacidad estatal para resolver esos
problemas.
Pero la necesaria precaución
ante el simplismo también debe operar en sentido inverso, en el seno de algunas
organizaciones ciudadanas o analistas. Allí también se encontrarán a quienes
describen una sociedad civil homogénea, con grupos campesinos o indígenas todos
ellos encolumnados para resistir la minería, quienes unánimemente defenderían
las mismas alternativas a los extractivismos. Sin embargo, esas también son
lecturas irreales. En el seno de la sociedad se encontrarán múltiples posturas,
y no puede disimularse que los extractivismos mantienen un fuerte arraigo
popular, por supuesto que en las ciudades ya que allí no padecen directamente
sus impactos, pero también en el medio rural.
Insistir en posiciones binarias,
con un bando monolíticamente maléfico de un lado, y otro siempre acertado y
homogéneo, es justamente el modo de pensar y comunicarse de muchos de los
defensores de los extractivismos. Las organizaciones ciudadanas no pueden caer
en eso si realmente desean promover alternativas, buscando la justicia social y
ecológica. No es posible construir alternativas a los extractivismos desde el
simplismo, el slogan o el maniqueísmo; ese tipo de posturas impide entender las
creencias y expectativas que sostienen los extractivismos, y por lo tanto
desembocan en propuestas de cambio escuálidas. Es necesario reconocer la
heterogeneidad y diversidad de posiciones en nuestras sociedades, ajustando las
propuestas de cambio a cada una de esas circunstancias.
Sopesando las novedades en los
extractivismos mineros
Teniendo presentes esas
precauciones, es posible compartir algunas reflexiones ante esta coyuntura. El
ingreso de actores locales, en particular campesinos o indígenas, hacia la
minería, no representa una solución a problemas estructurales vinculados a la
calidad de vida y la pobreza. El alivio momentáneo que pueda significar para
algunos tiene como contracara acentuar condiciones de marginación e impactos
que seguirán agravando sus condiciones de vida.
El amplio abanico de impactos de
esos extractivismos no desaparece si cambia quien los lleva adelante. Basta
tener presente que el mercurio seguirá contaminando tanto si es aplicado en un
emprendimiento indígena como por una compañía registrada en Lima. Dicho de otro
modo, la propiedad de los agentes que realizan la extracción no predetermina
sus impactos locales. Del mismo modo, que esa actividad esté en manos de grupos
campesinos o indígenas tampoco es un blindaje suficiente contra la corrupción y
la violencia. Esto es particularmente claro en la extracción de oro, ya que
parte de ese mineral termina en redes ilegales (sea por traficar con mercurio
como por encaminar el oro hacia el contrabando). Además, los actores que controlan
esos entramados, y en especial los nodos de insumos y comercio, son cada vez
más violentos. Estamos ante modos de apropiación que no pacifican los
territorios.
Si se observa la situación en
los países vecinos para discernir hacia dónde puede derivar la situación
peruana, en primer lugar, debe examinarse lo ocurrido en Bolivia. Allí han
proliferado las “cooperativas” mineras que, en una primera lectura
desprevenida, podrían verse como muy positivas. El cooperativismo podría
permitir esquivar la dependencia de empresas y corporaciones. En el caso de las
bolivianas, estas a su vez se presentan a sí mismas con palabras tales como
revolucionarias, anti-oligárquicas y anti-imperialistas3, por lo cual algunos
agrupamientos políticos las defienden ya que con ello serían aliadas en una
lucha contra el imperialismo de los recursos naturales. Incluso, podrían
concebirse eso como un extractivismo popular, análogo a una estatización de la
minería.
Pero la realidad es muy
distinta. Esas cooperativas bolivianas se han alejado de los modos solidarios y
se organizan como empresas convencionales, con sus asalariados, y múltiples
denuncias de incumplir normas de seguridad, salud y cobertura social. Se las ha
señalado como las mayores responsables de contaminación en varias regiones. A
medida que aumentó su número, se incrementó su influencia político partidaria,
contando con sus propios legisladores y decidiendo los nombres de autoridades
ministeriales. La violencia aparece en enfrentamientos entre cooperativas, o de
éstas con empresas mineras o campesinos, aunque también se han rebelado contra
el gobierno (en 2016, en un recordado incidente con mineros cooperativas
movilizados contra la reforma de las normas mineras, secuestraron y asesinaron
al viceministro del interior del gobierno de Evo Morales4).
La experiencia boliviana muestra
que, con el paso del tiempo, lo que comenzó como una minería de base
tradicional y local que apeló a un régimen de cooperativismo, dejó de ser un
espacio de solidaridad y apaciguamiento, para repetir los extractivismos
depredadores que desencadenan todo tipo de impactos sociales y ambientales, y
alimentar la violencia. La lección aquí es que los extractivismos siempre
imponen efectos sociales y ambientales, los que son inevitables e inmanejables.
Esto es justamente lo opuesto a lo que sostienen sus defensores. Como esos
impactos son resistidos por las comunidades locales, el único modo en que
pueden seguir expandiéndose es recurriendo a distintos tipos de violencia.
Perú se encuentra ante presiones intensas en este campo, de un lado la pobreza y marginación local que hace que muchos busquen una alternativa en ese tipo de minería, y del otro lado, la penetración de actores que activamente la promueven o imponen. Las comunidades locales están por momentos atrapadas entre esas dos condiciones. A pesar de ello, el país puede observar lo que ha sucedido en las naciones vecinas para no repetir sus errores. Pero, en cualquier caso, se requiere una mirada atenta y rigurosa para no caer en simplismos. https://cooperaccion.org.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”