Lunes, 15 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4384
Marcapomacocha recibe ridículo monto
por canon pese a dotar de agua a distritos de Lima
A pesar de alimentar hasta 4 hidroeléctricas para Lima y dar líquido a la capital, población recibió poco más de 2 mil soles
La Municipalidad Distrital de Marcapomacocha (La Oroya)
recibió este año el ínfimo monto de 2 mil 389 soles en el rubro de canon
hidroenergético. Un presupuesto que resulta una burla para un poblado cuyas
lagunas abastecen a las hidroeléctricas del grupo Enel en Huinco, Callahuanca,
Moyopampa y Huampaní.
El alcalde Marco Antonio Garay Meza, quien viene exigiendo
el aumento de este canon desde el año pasado, no dudó en pronunciarse. “Se debe implementar de manera inmediata la
reglamentación de la Ley n.° 31720, ley que crea el canon hídrico como medida
de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase de aguas, norma que
incluye el proyecto de ley 1170/2021-CR. Se debe revisar bien y mejorar los
pagos de canon hidroenergético además de agendar de manera urgente en el
congreso la reglamentación de la Ley del Canon Hídrico para no seguir
recibiendo pagos injustos sin beneficiar a los pueblos donde nace el recurso
hídrico”, sostuvo.
Según la página web de la empresa Enel, para “las centrales
de Huinco, Callahuanca, Moyopampa y Huampaní se construyó un túnel trasandino
de 10 kilómetros de largo para llevar agua desde la laguna Marcapomacocha
(Junín) hacia la vertiente del Pacífico”. Por esa agua Marcapomacocha recibe
232.00 soles cada mes. Escandaloso.
El canon hidro energético es la participación que gozan los
gobiernos regionales y locales por los ingresos y rentas obtenidos por el
estado por la utilización del recurso hídrico en la generación de energía
eléctrica. https://diariocorreo.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
El Niño: Gore Piura propone crear la Autoridad de Drenaje Pluvial para evitar inundaciones
El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, propuso
la creación de una Autoridad de Drenaje Pluvial para la ciudad de Piura a fin
de evitar que la ciudad se inunde por las lluvias de temporada y que afectan no
solo viviendas, sino provoca el colapso del sistema de alcantarillado y daña la
infraestructura de pistas y veredas.
En declaraciones a la Agencia Andina, la autoridad regional
indicó que esa sería la obra definitiva e indispensable para la capital
piurana, que año a año sufre los embates de las aguas de las lluvias por no
contar con un sistema de drenaje adecuado.
"Nosotros tenemos un gran problema para Piura porque
lamentablemente la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios no culminó y
ahora pasa a la ANI (Autoridad Nacional para la Infraestructura) y la ciudad no
tiene ni siquiera un perfil ni menos un expediente para el drenaje
pluvial", aseveró el gobernador.
Sostuvo que por ello las lluvias hacen un gran daño a la
ciudad y que ahora se han construido cubas grandes para almacenar el agua y de
allí llevarla al río o en su defecto a quebradas "pero no son obras
definitivas cuando esa debe ser la prioridad".
En ese sentido, Neyra afirmó que apenas termine el periodo
de lluvias de este año, el Gobierno Central debe empezar de inmediato los
trabajos para dotar de un sistema de drenaje a Piura, que, por su envergadura,
demandará una inversión que supera los dos mil millones de soles.
Dijo que ya se ha conversado con el alcalde provincial de
Piura, Gabriel Madrid Orué, y con autoridades de otras localidades aledañas
para darle prioridad para el drenaje a la capital de la región.
Sin embargo, informó que ciudades como Sullana están
avanzando con un drenaje pluvial, en tanto en Talara, incluso una empresa ya se
está ejecutando un avance porque cuenta con expediente técnico y cosa similar
existe en Paita, pero no ocurre lo mismo con Piura Metropolitana, que no cuenta
con trabajos para una obra definitiva.
"Una obra de ese tipo está en manos del Gobierno
Central puesto que se trata de una inversión multimillonaria que llegaría a los
2,500 millones de soles", apuntó, Neyra León, al expresar su confianza en
que el Ejecutivo tome cartas en el asunto lo más antes posible.
Respecto a las obras realizadas por la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), para
enfrentar posibles inundaciones ante la presencia del Fenómeno El Niño, dijo
que se está solicitando información documentada para conocer si los trabajos de
descolmatación se han realiza teniendo en cuenta los caudales históricos.
"Eso es importante porque allí se podrá conocer la
capacidad de soporte de los trabajos y de haber tenido en cuenta los caudales
históricos, no habrá problemas", enfatizó.
En general, respecto a los trabajos realizados hasta el
momento en la región dijo que es indudable que no se ha entregado todo el
presupuesto para las obras necesarias pero que se ha avanzado y si bien no se
ha terminado, "vamos a continuar hasta cuando podamos, es decir hasta que
llueva".
El gobernador sostuvo que en lo respecta al trabajo
realizado por región dijo que se está haciendo lo mejor dentro del marco de sus
competencias. https://andina.pe/
Perú: comunidades envenenadas por la minería en Cerro de Pasco exigen que se les atienda
El cráter a cielo abierto parece
estar a punto de tragarse la ciudad entera. Casas de adobe con tejados de chapa
ondulada se tambalean al borde del inmenso pozo minero Raúl Rojas, ahora
recubierto con alambre de espino, que se extiende casi 2 kilómetros a lo largo
y tiene 300 metros de profundidad. Este es el centro de Cerro de Pasco, una
metrópoli en el centro de Perú, que se encuentra a una altura de más de 4300
metros sobre el nivel del mar.
Para los habitantes, lo que es
más alarmante incluso que la misma mina que domina esta autoproclamada capital
minera de Perú no es tan visible. Durante décadas, las 80 000 personas que
residen en Cerro de Pasco han estado viviendo en lo que los expertos denominan
uno de los lugares más contaminados del mundo, donde los niveles desorbitados
de metales pesados han dañado la salud y el futuro de las personas. Sin
embargo, la empresa minera continúa eludiendo su responsabilidad, mientras que
las autoridades siguen en gran medida sin responder.
Una historia envenenada
En febrero de 2022, un informe
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) identificó a Cerro de Pasco
como una de las cuatro “zonas de sacrificio” en América Latina y el Caribe; lo
describe como una “inmensa mina a cielo abierto adyacente a una comunidad
empobrecida expuesta a elevados niveles de metales pesados”.
Según el mismo informe, cada año
la contaminación derivada de la minería mata, aproximadamente, a 9 millones de
personas en el mundo. Los trabajadores mineros en particular tienden a tener
esperanzas de vida más cortas, pero los metales pesados liberados al medio
ambiente afectan a personas más allá de la industria.
En Perú, la minería representa
alrededor del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), con las exportaciones
mineras valoradas en 66 mil millones de dólares en 2022, o aproximadamente el
57 % del valor total de las exportaciones.
Cerro de Pasco ha sido explotado
industrialmente desde principios del siglo XX, pero su historia minera se
remonta al siglo XVII, cuando su abundancia de plata, zinc y plomo atrajo a
buscadores de oro que la convirtieron en la segunda ciudad más grande de Perú,
que en aquella época formaba parte del virreinato español. Galeones llenos de
plata y oro de sus montañas llegaron a Europa. Para los años cincuenta, la
mayoría de las minas subterráneas a pequeña escala diseminadas por debajo de la
ciudad fueron reemplazadas por grandes minas a cielo abierto, incluida la mina
Raúl Rojas.
La mina fue comprada en 1999 por
Volcan Compañía Minera S.A.A., el mayor productor de zinc y plata de Perú, que
adquirió la empresa minera Paragsha de la estatal Centromín Perú; ahora tiene
siete unidades mineras, siete plantas concentradoras y una planta de
lixiviación en Cerro de Pasco. Volcan, cuyo mayor accionista es el operador de
materias primas suizo Glencore, presentó en junio un total de 1,9 mil millones
de dólares en activos y un valor neto de 366,5 millones de dólares, Glencore
Perú tiene una participación del 23 % en Volcan.
En 2013, la extracción se
suspendió en Raúl Rojas, y en 2018 se reinició parte de la actividad en su lado
sur.
Desde 2009, la ONG Source
International analiza muestras ambientales de Cerro de Pasco, que miden la
contaminación del agua y el suelo en los barrios de Paragsha y Champamarca.
También ha estado tomando muestras del río Ragra, una fuente de agua para la ciudad
y los lagos Quiulacocha y Yanamate, que ahora son, en efecto, balsas de
estériles para residuos mineros. Su estudio más reciente, publicado en agosto,
encontró concentraciones extremadamente altas de metales pesados como plomo,
arsénico, mercurio y cadmio en el agua, el suelo y el aire, así como en la
comida y en los espacios públicos que son usados principalmente por niños. Las
concentraciones de todos estos elementos excedían el límite máximo de seguridad
permitido por los estándares peruanos e internacionales.
Muchos de los metales pesados
que afligen a Cerro de Pasco son conocidos por provocar cáncer y otras
enfermedades. El envenenamiento por plomo, por ejemplo, puede provocar
problemas de comportamiento y aprendizaje, sobre todo en niños, además de tener
el potencial de provocar anemia, lesiones nerviosas, cerebrales y renales e
infertilidad. Cuando se respira en altas dosis, el cadmio puede dañar los
pulmones y puede ser mortal; el manganeso puede desencadenar enfermedades
neurológicas similares al Parkinson.
Los ríos y arroyos que corren
por la dura meseta de Cerro de Pasco, sobre todo aquellos cercanos a las
plantas procesadoras, las zonas mineras o los emplazamientos de residuos, están
altamente contaminados. Una muestra de agua del arroyo Quiulacocha, que recibe
aguas residuales de la extracción minera en Paragsha, uno de los lugares más
contaminados de la ciudad, tenía 3200 veces más cadmio que el límite máximo
permitido en Perú.
En el aire enrarecido por encima
del límite de la vegetación arbórea en los Andes Centrales de Perú, una laguna
de color naranja ilumina el paisaje. El embalse de residuos Quiulacocha, que en
su día fue un lago antes de ser ahogado por el barro contaminado que rebosa de
las minas, es una de varias lagunas contaminadas alrededor de la ciudad. Las
ovejas beben de sus márgenes y el ganado se alimenta en los pastizales vecinos.
Aquí los niveles de hierro, manganeso y zinc exceden los límites de seguridad
determinados por el Banco Mundial y el gobierno peruano en 6 000, 200 y 197
veces, respectivamente.
No hay un plan de cierre de la
minería por responsabilidad medioambiental para los embalses de residuos
aprobado por la autoridad competente, lo que significa que no pueden ser
inspeccionados por el Ministerio de Ambiente de Perú, confirmó el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Según información de OEFA
compartida con Mongabay, uno de los embalses está en riesgo de desbordamiento,
lo cual podría expandir la contaminación.
En el río Ragra, los niveles de
manganeso están 350 veces por encima de los límites nacionales; el hierro y el
plomo están 13 y 3,8 veces por encima, respectivamente. Esa agua entra en la
cuenca del río San Juan, que a su vez entra en el lago Junín, la segunda masa
de agua interior más grande de Perú (después del lago Titicaca) y un ecosistema
montañoso único para el zambullidor de Junín (Podiceps taczanowskii), un ave no
voladora que es una especie endémica amenazada.
Una evaluación realizada en 2020
por el OEFA confirmó que el río Ragra estaba contaminado por metales pesados y
desechos humanos, y dijo que un plan de recuperación para el río empezaría
hacia finales de ese año; eso incluiría el cierre del depósito de aguas ácidas
Yanamate, parcialmente responsable de la contaminación del río, aunque no
especificaba cuando iba a tener lugar.
Según el OEFA, entre 2018 y
2023, Volcan recibió multas por un valor de unos 3,5 millones de soles (unos
910 000 dólares), principalmente por violaciones ambientales, exceder los
límites de contaminación y no supervisar los planes correctivos.
Source International encontró un
total de 140 violaciones de concentraciones de metales pesados —115 de fuentes
de agua y 25 de suelo— por encima de los límites nacionales permitidos, que ya
de por sí son más indulgentes que las directrices de la Organización Mundial de
la Salud. A lo largo de los 13 años de realizar monitoreos en el área, los
resultados no han cambiado mucho.
“Estas cifras son sorprendentes
ante la pasividad de las autoridades”, dijo a Mongabay Jaime Silva, subdirector
de Centro Labor, una ONG de los derechos humanos en Cerro de Pasco. “Se
prioriza la actividad minera nacional por encima de los derechos fundamentales
de las personas”.
Sin ningún cambio a la vista
Hasta la fecha, la acción del
gobierno para abordar la contaminación en Cerro de Pasco ha sido inconsistente.
En 2011, Gloria Ramos Prudencio, nativa de la ciudad y legisladora nacional en
ese momento, exigió la reubicación de la población, pero el traslado nunca tuvo
lugar, y el mandato de Ramos Prudencio en el congreso acabó ese mismo año.
En septiembre de 2015, el
Ministerio de Salud lanzó una campaña en Cerro de Pasco, envió pediatras
especializados en neurología, endocrinología y oftalmología para tratar unos 40
niños del distrito Simón Bolívar.
En febrero de 2017, el
ministerio recogió muestras de sangre de niños en las comunidades afectadas,
que mostraron niveles de plomo por encima del límite de seguridad; para junio
de 2017, se declaró un estado de emergencia en Cerro de Pasco. El ministro de
salud también anunció planes para cerrar vertederos mineros y el lanzamiento de
un plan de mitigación ambiental y de atención médica para monitorizar los
niveles de metales pesados en los niños.
En marzo de 2018, el gobierno de
Perú declaró otra emergencia sanitaria en los distritos más afectados de Simón
Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca y después envió doctores para monitorear los
impactos de los metales pesados.
En diciembre de 2021, el
presidente firmó un decreto para un plan multisectorial para ayudar a los
peruanos que habían sido expuestos a metales pesados y otras sustancias
tóxicas. Ahí se incluía a la población de Cerro de Pasco.
Aun así, en 2023, después de
repetidos cambios de gobierno y debilitamiento institucional, todavía hay mucha
ignorancia alrededor de la situación sanitaria de Cerro de Pasco, dijo el
doctor Percy Herrera-Añasco, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública del Ministerio de Salud. “No solo en el caso de los médicos…
de todos los trabajadores en el ministerio de salud con respecto a metales
pesados”, dijo en un foro en Lima en agosto sobre la situación en Cerro de
Pasco. “No es que no haya dinero, es que no está siendo gastado adecuadamente”.
Ni Volcan ni Glencore
respondieron a repetidas solicitudes de comentarios por parte de Mongabay.
Previamente las empresas han culpado de la contaminación en la zona a antiguas
operaciones mineras.
“Vida sí, plomo no”
En Cerro de Pasco, bajo el lema
“Vida sí, plomo no”, el arte callejero es un recordatorio constante de los
peligros invisibles. Lourdes Mendoza, de 40 años y con tres hijos de 19, 12 y 8
años, respectivamente, ha sido testigo de primera mano de sus devastadores
efectos para la salud.
Su hijo mediano, Noah Benjamín,
ha estado gravemente enfermo durante casi toda su vida. Ha perdido un ojo,
debido al retinoblastoma, un cáncer del ojo que padeció cuándo tenía solo dos
años.
“Luego padeció hemorragias
nasales constantes cuándo tenía seis o siete años. Podían durar horas, no
podíamos pararlas”, dijo Mendoza a Mongabay en un pequeño apartamento de planta
baja donde vive con sus hijos.
Según los expertos, las
hemorragias nasales crónicas, o epistaxis, son una señal característica de la
exposición al plomo, una afección común entre los niños del lugar. Noah
Benjamín también sufre de náuseas, diarrea, dolores de cabeza y
desvanecimientos.
Mendoza, hija de un minero,
nació en la comunidad minera cercana de Paragsha. Recuerda que cuando era una
niña hacía bolas con los residuos mineros para jugar con ellos. Su padre,
Amador, que ya falleció, sufrió de silicosis como consecuencia de su trabajo,
lo que le obligó a jubilarse de manera anticipada.
Mongabay se encontró con Mendoza
cuando volvía de hacer el turno de noche limpiando el almacén de Volcan. Madre
soltera, vive en un edificio de la empresa, donde no tiene que pagar por la
electricidad y que le permite mantener a sus hijos con un salario de solo 1200
soles (314 dólares) al mes.
Dice que solía llevar a su hijo
a Lima para que recibiese tratamiento médico, pero encontró que los médicos
eran insensibles; en vez de ofrecer algún tratamiento, la culpaban de la
condición de su hijo porque vivía en Cerro de Pasco.
“El doctor me dijo que lo único
que yo podía darle a mi hijo era calidad de vida porque se va a morir. ¡Como si
estuviese preparada para dejarlo morir!”, dijo a Mongabay. “El estado ha sido
tan cruel al abandonarnos que no descansaré hasta que se haga justicia”, lloró
Mendoza.
La minería pasa factura a los
jóvenes
“Poco o nada se ha hecho”, dijo
Carolina Caqui Calixto, concejala de la región de Pasco. “Así lo demuestra la
cantidad de niños contaminados que tenemos en nuestra región debido a la
pasividad y tolerancia de las autoridades que no han exigido que la empresa
minera asuma su papel de responsabilidad social”, dijo a Mongabay. “Es urgente
que el gobierno central asuma la responsabilidad porque está afectando la vida
y la salud de nuestros hijos”.
Estefen Hidalgo, de 30 años,
alcalde de Paragsha, uno de los puntos críticos de contaminación de la ciudad,
dijo que sentía “una gran tristeza” por las conclusiones del último informe de
Source International. “¿Qué hago como padre para proteger a mis hijos?”, dijo,
“Nadie está en contra de la economía, pero [la minería] tiene que hacerse de
manera responsable”.
La exposición a altos niveles de
metales tóxicos como el plomo y el mercurio, sobre todo durante los tres
primeros años de vida, puede provocar un retraso en el desarrollo del cerebro,
reducir las habilidades motrices y disminuir los conocimientos lingüísticos y
sociales. Padres en Cerro de Pasco están acostumbrados a detectar las señales
reveladoras, como la presencia de líneas blancas en las uñas de sus hijos. El
informe de Source International mostraba que las muestras de pelo de 82 niños
en Paragsha, de entre 5 y 14 años, tenían niveles de plomo 43 veces superiores
a los niveles máximos aceptables para niños. Los niveles de hierro y aluminio
eran cuatro veces más altos, mientras que los valores de manganeso estaban
siete veces por encima del límite aceptable.
El estudio también encontró que
el coeficiente intelectual de los niños en Paragsha era de una media de 82,5,
un nivel en sí mismo muy bajo, y 12,3 puntos más bajo que el de los niños en
Carhuamayo, una ciudad montañosa a 43 kilómetros de Cerro de Pasco en la que no
hay minería.
Un estudio previo concluyó que
las “actividades mineras de Cerro de Pasco constituían una amenaza constante
para el medio ambiente y para la salud de los niños que viven cerca de la
mina”, y que estas actividades estaban “asociadas con un riesgo hasta 15 veces
mayor de desarrollar varios problemas de salud”.
“[Estos] niños nunca tendrán
autonomía y nunca se sentirán realizados profesionalmente, y las autoridades no
han hecho nada”, dijo Laura Grassi, científica medioambiental y jefa de
proyecto de Source International, durante la presentación del estudio de la ONG
en Cerro de Pasco en agosto de 2023.
“Están condenando a toda una
generación a no ser capaces de alcanzar [su potencial]”, dijo a los miembros de
la comunidad local durante la presentación, a la que no asistió ninguna
autoridad local.
Oportunidades limitadas
“Esto no es agua potable”,
exclamó Grassi, que señalaba partículas en el agua del grifo en una escuela
primaria en Champamarca, un barrio periférico de Cerro de Pasco, al lado de una
pila como una montaña de residuos mineros, ahora cubiertos en su mayor parte
por láminas de plástico.
La pequeña escuela, pintada de
azul y rosa, solo tiene 48 estudiantes. La directora Herminia Villanueva, de 62
años, vertió el agua del grifo de cubo en cubo, dejó que el sedimento se
asentase; luego mezcló un poco de lejía y lo puso en otro envase para que los
niños lo usasen para lavarse las manos.
Villanueva dijo que las
capacidades cognitivas de los niños han mejorado gracias a una mejor higiene y
uso del agua. “Hace años a los niños les costaba más aprender, aprendían algo y
al día siguiente lo habían olvidado”, dijo Villanueva, que lleva 30 años dando
clases aquí.
Villanueva dijo que los padres y
los profesores son también más conscientes acerca de una mejor higiene y
filtración del agua, e insiste en que los niños beban agua embotellada potable
tanto dentro como fuera de la escuela.
Sin embargo, parece que poco
puede cambiar el lugar donde crecen los niños de Cerro de Pasco. Granos en
polvo de plomo y otros metales se desprenden de los montones de residuos y se
mezclan con la tierra que forma los campos deportivos locales. Aquí los niños
de todas las edades juegan al futbol todos los días y respiran el polvo mortal
mientras corren detrás del balón.
Las canchas de voleibol y de
futbol en el parque recreativo José Carlos Mariátegui de la ciudad tenían 33
veces más plomo, 30 veces más cadmio, 10 veces más arsénico y dos veces más
mercurio que un patio de escuela en Carhuamoyo, según un estudio de 2022 de
Source International.
Los otros cuatro parques
infantiles analizados tenían niveles de metales pesados que excedían los
límites de seguridad peruanos, lo que representa un “grave riesgo a la salud
humana”, según el informe.
“Estos datos son realmente
aterradores porque son lugares a los que los niños no deberían de tener
acceso”, dijo Grassi en la presentación del informe en Cerro de Pasco.
“Vemos a niños que juegan en
estos parques, así que, ¿saben los habitantes de Cerro [de Pasco] lo que
sucede? ¿Está el Estado protegiendo a sus ciudadanos o está protegiendo los
intereses vinculados a las multinacionales?”, dijo Grassi.
“El estado no informa de lo que
está sucediendo, no tienen políticas de acción, prevención y comunicación. Y a
la gente se le está acabando el tiempo”. https://es.mongabay.com/
LIMA PERÚ
Caso Repsol: A dos años del desastroso derrame de petróleo en el mar peruano
El 15 de enero de 2022 más de 10
mil barriles de crudo de petróleo fueron vertidos al mar peruano, contaminando
48 playas. Un año después la OEFA reportó 71 áreas afectadas. Las evidencias
apuntaban a Repsol como responsable del desastre ambiental, empresa sobre la
cual pesaban más de 10 procesos administrativos sancionadores hasta antes del
derrame masivo en el terminal Multiboyas 2 de la refinería La Pampilla, en
Callao.
Entre los casos multirregionales
reportados mensualmente por la Defensoría del Pueblo persiste el conflicto
social ocasionado por el derrame de petróleo de Repsol. Dos años después sin
encontrar justicia, los pescadores artesanales, comerciantes y ciudadanos
afectados de Ventanilla, Aucallama, Ancón, Santa Rosa y Chancay continúan
demandando la indemnización por la afectación a la pesca artesanal. También
siguen pidiendo atención inmediata para el restablecimiento de la actividad
pesquera y comercial de las playas afectadas y determinar a los responsables
del derrame de crudo.
La Defensoría del Pueblo reportó
en noviembre último que, la última intervención del Ejecutivo por buscar un
diálogo entre los afectados y la empresa involucrada fue en diciembre de 2022,
cuando aún Pedro Castillo era Presidente de la República:
“El 2 de diciembre la
Presidencia de Consejo de Ministros, MINSA, PRODUCE y MINAM emitieron un
comunicado en relación al Grupo de Trabajo de la Mesa de Diálogo para abordar
la problemática relacionada al derrame de petróleo del 15 de enero de 2022. En
el comunicado 001 señala que “en base a los resultados de la evaluación, no se
cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona
afectada por el derrame esté libre de presencia de petróleo. Por consiguiente,
no se cuenta con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades
de recursos hidrobiológicos relacionados a la pesca artesanal”.
Demanda contra Repsol en la
Corte de La Haya
Hace unos días se hizo pública
una demanda en contra de Repsol. El recurso reúne a más de 34 mil personas,
entre pescadores y vecinos afectados de Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho,
Santa Rosa y Ventanilla. La medida también está representada por la firma
internacional de abogados Pogust Goodhead, La corte realizará una primera
audiencia en junio de este año para decidir si la demanda procede en la
jurisdicción de la corte de La Haya.
Repsol se pronunció sobre la
demanda contra la Refinería La Pampilla. La empresa señaló que la demanda
judicial “no tiene fundamento”. En un comunicado también añadió que, según a
experiencias similares, considera que este caso debe ser abordado en el Perú.
En enero de 2023, Albina Ruíz,
quien ocupa la titularidad del Ministerio del Ambiente hasta la fecha, mencionó
en una actividad protocolar que “No habrá impunidad ante el derrame de petróleo
ocasionado por Repsol”. Sin embargo, a dos años del desastre, los ciudadanos
del litoral irreversiblemente dañado tuvieron que recurrir a ayuda
internacional ante la indiferencia de las autoridades peruanas.
Conflicto social multirregional
Hasta la fecha, los pescadores y
familias del litoral de más de 40 playas afectadas por el derrame de Repsol
piden justicia.
Dialogamos sobre el caso Repsol
el diciembre pasado con el abogado Percy Castillo, especialista en Derechos
Humanos que trabajó por 27 años en la Defensoría del Pueblo:
“Usualmente [para la resolución
de conflictos] se realiza un primer nivel de acuerdos. Sin embargo, luego no
hay un seguimiento a que los compromisos asumidos se cumplan. Eso deja el
problema abierto y genera que el conflicto se vuelva a presentar en un ciclo
repetitivo […] Los pescadores y ciudadanos no se sienten justamente resarcidos,
tampoco hay un cuidado del daño a las playas. Al ejecutivo lo que le toca es
supervisar que la empresa [Repsol] cumpla con sus deberes, exigirle el
cumplimiento de su responsabilidad”.
Percy Castillo Torres ejerció
hasta noviembre de 2023 como adjunto de Derechos Humanos en la Defensoría del
Pueblo. Su renuncia se dio en medio de una serie de bajas en la entidad
defensorial, entre ellas la de la secretaria del sindicato de trabajadores de
esta institución, Magaly González. Hace unos días también se supo sobre otra
renuncia clave en la Defensoría del Pueblo: Rolando Luque, Adjunto en materia
de Conflictos Sociales y Gobernabilidad.
Precisamente, en el último
reporte de Conflictos Sociales, publicado el 10 de enero de 2024, se da cuenta
de manera muy escueta sobre los pobres avances en la resolución del conflicto
social desatado por el derrame de petróleo en la Refinería a cargo de Repsol,
hace dos años. https://elbuho.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”