Martes, 16 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4385
Mientras fiscalía investiga a sus
ejecutivos, Repsol sigue negando la contaminación y descarta pagar más
reparaciones a pescadores
Se cumplen dos años del masivo derrame de petróleo frente a las costas de Ventanilla, en el Callao. Los avances para exigir resarcimientos ambientales y sociales son mínimos. Lo mismo ocurre en materia de salud y rehabilitación de los ecosistemas. Por otro lado, la Fiscalía Ambiental de Lima Noroeste investiga por el presunto delito contra el ambiente a ocho ejecutivos de la gerencia de Repsol, al capitán del buque italiano Mare Doricum y a funcionarios de tres empresas encargadas de la seguridad del descargo y de la supervisión de la infraestructura que terminó rompiéndose
Dos años han pasado desde el tóxico derrame de petróleo en
las costas de Lima y Callao, ocurrido el 15 de enero del 2022, luego de una
descarga fallida de hidrocarburos en el terminal marítimo La Pampilla, operado
por Repsol. Desde entonces, la compañía ha emprendido una fuerte campaña
comunicacional para minimizar los impactos del desastre, ha apelado multas que
se le impusieron por 66 millones de soles y ha mantenido en reserva la
situación que legal que atraviesan sus ejecutivos.
Convoca.pe accedió a documentos de la Fiscalía Ambiental
del Distrito Fiscal Lima Noroeste y confirmó que ocho ejecutivos de Repsol
figuran como imputados en la formalización de la investigación preparatoria,
presentada en 2023, por la presunta comisión del delito de contaminación del
ambiente. Estos son el español Jaime Fernández Luca de Tena, representante
legal del Grupo Repsol y gerente de La Pampilla, y los empleados locales José
Gregorio Reyes Ruíz, Carlos Alberto Paiva Venero, Sebastian Guzmán Brioso, José
Martín Goméz, Roberto Wong Lay, Cecilia Posada Jhong y Renzo Tejada Mackenzie.
La fiscalía detecta que tuvieron una "clara intención
de minimizar la catástrofe", además de "incumplir las exigencias de
notificación, las alertas a las autoridades y población" y "la
activación del nivel correcto de emergencia" según el plan de contingencia
de la empresa.
Según la tesis fiscal, Fernández Luca de Tena no cumplió
adecuadamente sus responsabilidades de gerente general y líder de las empresas
a su cargo y, por el contrario, se dispuso a “desinformar”, como quedó en
evidencia en el Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales que estaba
“intencionadamente falseado en 7 galones de petróleo crudo”. La autoridad
señala que esta actitud permitió que el “vertimiento contaminante” cause daño y
perjuicio por una cantidad mayor a 11 mil barriles de petróleo en el mar. Y que
la compañía, incluso después de saber las causas del derrame, siguió en una
“línea de minimización y desinformación”.
Asimismo, la presunta responsabilidad penal también alcanza
al ciudadano italiano Giacomo Pisani, capitán del buque Mare Doricum, por ‘no
asumir eficazmente su responsabilidad de capitán (...) frente al desplazamiento
y desequilibrio del buque", lo que posteriormente causaría la rotura del
PLEM (infraestructura donde se conectan las mangueras del buque con los ductos
de la refinería). Uno de los argumentos preponderantes de la Fiscalía, de
acuerdo a las conclusiones de la Pericia Naval de Maniobras, es que no se encuentran
evidencias de que Pisani ni su segundo al mando ordenaron la paralización de la
descarga luego de la emergencia.
Otros factores que salen a la luz en estos documentos es
que los prácticos marítimos Washington Reynaga (no contaba con licencia
vigente) y Anselmo Tovar, ambos de la empresa Representaciones Navieras y
Aduaneras Renadsa SAC, debieron estar en el buque, pero no fue así. Tampoco se
contó con la ayuda de los remolcadores de la empresa Petrolera Transoceánica
SA, coordinados por Abraham Rojas Retiz de la empresa Transtotal Agencia
Marítima, lo que habría evitado el desplazamiento del buque.
La investigación de la Fiscalía Ambiental también se
refiere a la rotura del PLEM. Según la tesis del Ministerio Público, Marcelo
Bustamante Pinillos, representante de Cosmos Agencia Marítima SAC, avaló
información inexacta en un documento titulado "Informe Técnico", del
2 de noviembre del 2017, que firmó. El informe de Bustamante aseguraba a las
autoridades competentes las supuestas condiciones óptimas del PLEM, que, como
ya se sabe, había sido mal instalado. Por estas acciones, es investigado por la
presunta comisión del delito ambiental, en la forma específica del "delito
de responsabilidad falsa contenida en informes".
La entidad también añade responsabilidad a la empresa
Applus Norcontrol Perú SAC, que inspeccionó la misma infraestructura en el
2019.
Otra acción inmediata no ejecutada fue la intervención —por
falta de equipos— de los dos buzos de la mencionada Cosmos Agencia Marítima,
quienes debían verificar el lugar y la causa del derrame. Aunque este paso era
indispensable en los planes de contingencia aprobados por Osinergmin y Dicapi,
no se ejecutó sino 9 horas después del suceso inicial.
La Fiscalía agrega que el Estado debe exigir a Repsol por
el daño causado una exhaustiva rehabilitación ambiental que “involucre los
alcances del daño moral y el daño ambiental”. Además, reconoce que la
afectación no solo ha sido al ecosistema sino a los “servicios ambientales” que
este brinda, lo que tardará varias generaciones hasta restablecerse.
Por su parte, el abogado Julio Guzmán, procurador público
del Ministerio del Ambiente, dice a Convoca.pe que el Ministerio Público ya
realizó un peritaje económico.
“Es un caso sólido y que, además, dentro de la
investigación, recoge evidencia y suficiente material probatorio para
demostrarle a un juez que la empresa es responsable de los daños económicos
causados en nuestros recursos naturales marítimos”, sostiene Guzmán. Añade que
la justicia tendrá todos los elementos para ordenar una reparación civil
significativa.
Al consultar a la empresa sobre su posición ante las
imputaciones de la Fiscalía, solo comunicó que “es totalmente respetuosa del
marco jurídico peruano”.
Dos años de lentos avances y nulos
resultados
Los avances para exigir resarcimientos ambientales y
sociales han sido mínimos. Incluso la rehabilitación de las áreas afectadas por
parte de la empresa aún no se lleva a cabo y los planes para dicha acción se
encuentran esperando la aprobación del Ministerio de Energía y Minas. En
respuesta a este medio, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(Oefa) aseveró que ninguna zona afectada ha sido rehabilitada.
La empresa presentó un total de 18 planes de rehabilitación
al Ministerio de Energía y Minas.
“Ninguno de estos planes han sido en su totalidad aprobados
y, en consecuencia, tampoco son implementados. Nueve de ellos se encuentran en
evaluación de requisitos de admisibilidad, dos han sido admitidos y siete
fueron calificados como ‘no presentados’ porque no cumplían con los requisitos
de admisibilidad”, advierte la abogada Lissette Vásquez Noblecilla, titular de
la adjuntía de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
“Necesitamos que esta rehabilitación sea efectiva. Y además
es necesario que Oefa continúe con sus labores de evaluación y supervisión”,
añade la adjunta.
Por el lado de sanidad pública, los monitoreos de salud
mental y física tampoco se han realizado hasta ahora, a pesar de las exigencias
de los gremios de pescadores quienes mediante un memorial enviado el 5 de
septiembre de 2023 a Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros,
solicitaron expresamente que el Ministerio de Salud active protocolos para la
evaluación de los afectados.
La respuesta por parte del Ministerio de Salud llegó el 22
de septiembre de 2023 y versó sobre el estado de los informes de Digesa en sus
monitoreos a las playas afectadas, pero no se tocó ninguno de los temas
exigidos por los pescadores. Para el abogado Mario Carranza, encargado de la
defensa de las asociaciones pesqueras, sus patrocinados tienen la sensación de
que el “Ministerio de Salud da la espalda a la salud”. Tampoco se han tomado en
cuenta las reiteradas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para activar
un monitoreo de salud mental a la población perjudicada.
En cuanto a las negociaciones para las compensaciones
económicas que Repsol debía pagar a los afectados por el derrame de petróleo,
la congresista Ruth Luque y la defensa de los perjudicados coinciden en que
estas han sido controladas preponderantemente por la compañía transnacional, de
manera vertical y en medio de un halo de secretismo.
“La presencia del Estado en las negociaciones ha sido
nula”, lamenta Mario Carranza, abogado de varios gremios de pescadores
artesanales.
Este último punto ha generado una escalada de protestas por
parte de los afectados quienes denuncian que la empresa no ha pagado el monto
total de las compensaciones correspondientes al año 2023. Estas manifestaciones
alcanzaron su pico máximo entre octubre y noviembre del año pasado, cuando los
manifestantes bloquearon la carretera central y fueron reprimidos por la
Policía Nacional del Perú, que dejó como saldo diversos heridos.
El mar sigue contaminado
Un informe sobre monitoreos a zonas afectadas por el
derrame de petróleo —elaborado por el Ministerio de la Producción (Produce)—
publicado en noviembre de 2023 indica la alta concentración de Hidrocarburos
Totales de Petróleo en el mar y las áreas costeras de Ventanilla, Ancón y
Chancay. El documento concluye que no hay condiciones para el desarrollo normal
de la pesca artesanal.
Sobre esto, Repsol respondió a Convoca que el informe del
organismo tiene “conclusiones erradas” porque posiblemente ha usado un ECA
(Estándar de Calidad Ambiental) equivocado, por lo que han pedido la
“corrección y rectificación”. Además, a pesar del informe de Produce que
advierte la presencia de elementos contaminantes en la zona, la petrolera de
capitales españoles reafirma su posición de que “las condiciones están dadas
para la reactivación de la pesca”.
De acuerdo a información brindada por Oefa a este medio,
los recientes monitoreos realizados por el organismo en los meses de octubre,
noviembre y diciembre a los componentes ambientales (agua, sedimento e
hidrobiología), han encontrado presencia de hidrocarburos en los sedimentos
frente a la costas del distrito de Ventanilla. Y, de acuerdo a las
“evaluaciones ambientales de seguimiento y focales correspondiente al año 2023,
se superó el ECA para agua en tres formaciones costeras correspondientes al distrito
de Ventanilla: la playa los Delfines y
en el distrito de Ancón: las playas Punta Mulatas y Ancón”.
El organismo añade que los comunicados de Repsol donde se
desliza la posibilidad de playas libres de hidrocarburos contienen información
falsa. “Es información falsa debido a que el OEFA en sus evaluaciones
ambientales del 2023 identificó 32 formaciones costeras con presencia de
hidrocarburos”, precisa el organismo fiscalizador en sus respuestas a este
medio.
Con relación al tema de las playas de uso recreacional, la
adjunta de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, indica que no existe un
verdadero control en el acceso y cuidado de los ciudadanos para no exponerse a
playas afectadas por el derrame de petróleo.
“La Defensoría del Pueblo ha visitado algunas playas
ubicadas en Ancón, Santa Rosa y Callao. Y se ha detectado que, a pesar de ser,
de acuerdo a la evaluación del Estado, consideradas afectadas, no hay control
para que los bañistas accedan. No hay advertencias por parte del municipio
indicando los riesgos que puede significar exponerse a playas afectadas por el
derrame”, precisa Vásquez. La funcionaria incluso advierte que una bañista
luego de ingresar a una de estas playas requirió atención médica. Aunque
Repsol, mediante un comunicado de prensa publicado el 15 de enero de 2024,
asegura que las playas de Ancón y Santa Rosa "hace meses están listas para
la pesca, comercio y otras actividades recreativas".
El Estado inmóvil
La congresista Ruth Luque, presidente de la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, asegura que el
papel del Estado peruano ha sido ineficiente para solucionar los problemas de
compensación económica, de rehabilitación ambiental.
“A dos años tenemos un cúmulo de problemas irresueltos de
una especie de peloteo entre la empresa y el Estado. De una empresa que dice
haber hecho todo. Ellos dicen haber entregado compensaciones al 98%, pero en
realidad se entregó a diez mil trescientas personas, cuando la empresa ha
recibido innumerables pedidos y memoriales”, precisa la congresista a
Convoca.pe.
Para Luque la empresa ha impuesto sus propios criterios
frente a un Estado con incapacidad de respuesta ante desastres naturales de
esta magnitud. “El gobierno dice que no tiene facultades para obligar a la
empresa. Respecto a la remediación ambiental, es negligente la actitud del
Ministerio de Energía y Minas. A los dos años simplemente se demuestra que el
estado no tiene herramientas soberanas para garantizar ambientes saludables y
defender a las poblaciones afectadas”, declara Luque, quien reitera que en este
tiempo nunca hubo liderazgo político para emplazar a una empresa “que hace lo
que quiere”. https://convoca.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Buscan mejorar gestión de recursos hídricos en Alto Piura
La Autoridad Nacional del Agua, a través de la
Administración Local de Agua (ALA) Alto Piura y la Junta de Usuarios del Sector
Hidráulico Menor Alto Piura (JUSHMAP)– Clase B, se reunieron para articular
acciones que permita mejorar la gestión de recursos hídricos en el ámbito.
El jefe de la ALA Alto Piura, Ing. Félix Astudillo Bances,
conjuntamente con su equipo brindará acompañamiento técnico para la continuidad
del Programa de Distribución de Agua (PDA) y para el cumplimiento de la
cobranza de acuerdo al valor del m3.
Según se informó desde la ALA Alto Piura se asumió el
compromiso de coordinar un curso de aforadores con instituciones aliadas, y
dicha actividad estará dirigida a los hijos de los usuarios de agua.
Cabe resaltar que la cobranza de fua fue aprobada con la
Resolución Administrativa 0192-2023.ANA-AAA.JZ-ALA.APH dando cumplimiento a la
Resolución Jefatural de la Autoridad Nacional de Agua, 0155-2022-ANA. https://www.elregionalpiura.com.pe/
Loreto: moradores del distrito de Punchana queman llantas con el fin de tener la atención del alcalde
En la región Loreto, moradores
de diferentes asentamientos humanos, ubicado en el distrito de Punchana,
protestaron contra el alcalde de la localidad, Olmex Escalante.
Los pobladores quemaron llantas
y bloquearon la vía con la finalidad de tener la atención de la autoridad edil.
Los residentes de Punchana
exigieron que cumpla su promesa cuando postuló a la alcaldía, en el que
prometió construir el sistema de alcantarillado y mejoras en la
infraestructura.
“Se necesita el sistema alcantarillado
y también de la mejora de la vía independencia. Para eso se necesita la
presencia de la autoridad municipal con los funcionarios”, sostuvo uno de los
manifestantes.
Asimismo, señalaron que en
distintas ocasiones buscaron el diálogo con el alcalde de Punchana, pero al no
tener éxito se vieron obligados a tomar nuevas medidas.
“Que venga hacer un trabajo
responsable. Si el alcalde no viene va generar un conflicto social y no
queremos llegar a eso”, concluyó. https://www.expreso.com.pe/
LIMA PERÚ
Durante 2023 minería ilegal afectó 49 sectores en Perú y otros países amazónicos
El incremento de la minería
ilegal de oro es un problema que afectó en 2023 no solo al Perú. La
deforestación de bosques primarios y contaminación de ríos se registra más allá
de las fronteras peruanas, abarcando territorios amazónicos de Ecuador, Brasil,
Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam, de acuerdo con el estudio de
imágenes satelitales recogidas en el informe 197 del Proyecto Monitoreo de la
Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés). El informe documentó 49
sectores donde se practica la minería ilegal en la Amazonía.
El informe, publicado en octubre
de 2023, muestra cómo áreas naturales protegidas (ANP) y territorios indígenas
fueron afectados por esta práctica ilegal. En el caso de Perú, en la región de
Madre de Dios, fue observada la presencia de minería ilegal en las ANP de la
Reserva Nacional de Tambopata y la Reserva Comunal Amarakaeri.
Cabe recordar que el incremento
de mineros ilegales en los últimos dos años en el sector denominado ‘La Pampa’,
ubicado dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de
Tambopata, fue de cuatro veces. Solo en esta región del suroriente peruano, en
menos de tres años, la minería generó la pérdida de 23.881 hectáreas de
bosques, un área equivalente al distrito de Lurigancho-Chosica (Lima), de
acuerdo con el informe 195 del MAAP, que difundimos en Actualidad Ambiental.
Asimismo, en Iquitos, Cusco,
Puno y otras regiones del Perú encontraron presencia de mineros, en algunos
pocos casos legales, como en el Corredor minero de Madre de Dios. Al respecto,
a pesar de encontrarse en una zona donde es posible realizar esta actividad
existe una escasa voluntad de querer formalizarse.
A julio de 2023, se registraron
un total de 11 023 inscripciones en el Registro Integral de Formalización
Minera (Reinfo), correspondientes a las regiones de Loreto, Madre de Dios,
Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco. De este número de inscripciones de
formalización minera, el 21.58 % se encuentran vigentes y el 78.42 % están en
condición de suspendidos por no haber cumplido con la normativa, informó el
estudio Minería ilegal en la Amazonía peruana, elaborado por Unidos por el
Bosque de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) –
Perú.
De acuerdo con el reporte del
MAAP, la minería aurífera de oro se extiende, en el Perú, además, de los ríos
Madre de Dios y Tambopata, en el Nanay, Mazán, Yaguas, Curaray, Cenepa, etc.
Vale precisar que muchos de estos ríos son cercanos a comunidades nativas, que
son directamente perjudicadas no solo con la deforestación de sus bosques, sino
también con la contaminación (en la minería aurífera predomina el uso de
mercurio) de las principales fuentes de suministro de agua potable.
De igual forma, esta situación
se extiende en territorios de Brasil, Ecuador, Colombia y otros países
amazónicos en que la minería ilegal afecta sus áreas naturales y territorios
indígenas.
En el primer grupo se encuentran
el Parque Nacional Podocarpus, Ecuador; Parque Nacional Madidi, Bolivia;
Parques Nacionales Canaima, Caura y Yapacana en Venezuela. Por otro lado, los
territorios indígenas afectados son Kayapo, Menkragnoti, Yanomami y Mundurucu,
Brasil; y Pueblo Shuar Arutam, Ecuador.
Esta situación recogida en el
citado estudio reportó 36 conflictos socioambientales: 16 en áreas protegidas y
20 en territorios indígenas. Además, hallaron otros dos conflictos con bosques
nacionales brasileños.
“El reporte es importante porque
provee una guía actualizada y precisa sobre el estado de la minería,
especialmente la ilegal, a través de la vasta Amazonía multifrontera. Esperamos
que los gobiernos y la sociedad civil puedan utilizar esta información para
planificar mejores estrategias a través de fronteras”, declaró Matt Finer,
director del MAAP y autor del citado informe, a Mongabay.
Dato:
El presente reporte fue
elaborado con información obtenida durante los últimos años, con el monitoreo
continuo que llevan a cabo el MAAP sobre deforestación, así como datos
proporcionados por sus socios en los países amazónicos. La información fue
completada con datos automatizados de Amazon Mining Watach y de la Red
Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). https://www.actualidadambiental.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”