Miércoles, 11 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3965 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La suspensión del Perú de la EITI
La responsabilidad directa es del Ministerio de Energía y Minas y si bien es una suspensión temporal, lo ocurrido muestra el preocupante retroceso en materia de transparencia
La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias
Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), se originó como propuesta durante
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002. La
iniciativa fue planteada como un marco voluntario para promover la
transparencia informativa y contable, el buen gobierno y la rendición de
cuentas de los sectores extractivos, sobre todo en el petróleo, el gas y la
minería.
Luego, en junio de 2003, EITI recibió el apoyo del
denominado Grupo de los 8 y se aprobó un Plan de Acción para combatir la
corrupción y el mal manejo de los recursos públicos, al mismo tiempo que se
promovía la transparencia en los ingresos y egresos públicos.
Formalmente, la EITI comenzó el año 2004 con siete países y
se fue ampliando hasta llegar a 26 naciones. La EITI distinguió desde un inicio
tres categorías: los países que manifiestan su intención de aplicar la
iniciativa (adhesión); los países candidatos; y finalmente, los países
cumplidores.
Cabe señalar que el Perú fue el primer país de América
Latina en recibir la certificación el año 2012. El Perú había comenzado la
carrera en la EITI el año 2004, cuando fue invitado a participar y al año
siguiente, el 2005, pasó a ser país adherente. Al convertirse en un país
certificado, el Perú se comprometió a seguir el esquema de trabajo de EITI
internacional, lo que significaba ampliar la transparencia, mejorar la
gobernabilidad, combatir la corrupción, entre otros aspectos.
El Perú ha sido suspendido por el Consejo Internacional del
EITI, debido al incumplimiento de la entrega del VIII Informe Nacional de
Transparencia. La responsabilidad directa es del Ministerio de Energía y Minas
y si bien es una suspensión temporal, lo ocurrido muestra el preocupante
retroceso en materia de transparencia. Como se sabe, cada país que participa de
la iniciativa se compromete a elaborar un informe que incluya los ingresos de
los últimos ejercicios preparado por un auditor independiente.
El Perú tiene hasta el 30 de septiembre para corregir y
entregar el Informe Nacional de Transparencia y así recuperar el estatus de
país cumplidor. Estaremos atentos a las decisiones que tome el Ministerio de
Energía y Minas. https://cooperaccion.org.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
En Perú, los derrames de petróleo manchan a la Amazonía. ¿Por qué se actúa tan lentamente?
El 15 de enero de 2022, se derramaron cerca de 12 mil
barriles de petróleo en la refinería La Pampilla, operada por la empresa
española Repsol en Ventanilla, 20 km al norte de Lima, la capital peruana. Este
suceso fue catalogado como uno de los mayores desastres ambientales del Perú.
Sin embargo, esta situación no es nueva en el país.
Una publicación de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos (CNDDHH) y Oxfam, confirma que desde 1997 hasta 2021 ocurrieron 566
derrames de petróleo en la Amazonía, 404 en la costa y 5 en la sierra. En
cuanto al total de hidrocarburos derramados, se calcula que son más de 87
barriles.
Pocos días después del derrame de Repsol, la plataforma
Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT)
emitió un pronunciamiento para solidarizarse con los afectados. Pero también
trató de llamar la atención sobre la difícil situación de las comunidades
amazónicas a las que representa, comparando la respuesta y el clamor ante el
vertido de Lima con el "abandono" observado en sus territorios a
pesar de los daños sufridos durante décadas.
“Mientras que para el caso del derrame en Lima la reacción
de autoridades, funcionarios, congresistas y prensa ha sido de forma inmediata,
e incluso se han tomado medidas judiciales para que los representantes legales
de Repsol no salgan del país; ante nuestras denuncias lo que existe es
postergación, indiferencia y desidia”, publicó PUINAMUDT.
PUINAMUDT relata que el 22 de enero, una semana después del
evento protagonizado por Repsol, ocurrió un derrame en el Lote 192, en la
Amazonía norte de Perú. Sin embargo, los organismos estatales no se habían
presentado para atender el desastre.
José Fachín, líder indígena kichwa y asesor principal de la
plataforma Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP), afirmó que tras
el derrame de Ventanilla “las comunidades se sintieron discriminados porque,
además de la ausencia del Estado y de la prensa cuando suceden los derrames de
hidrocarburos en la Amazonía, lo poco que se informa contribuye con la
persecución a los pueblos indígenas, a quienes muchas veces se ha culpado de
estos desastres ambientales”.
“Por reclamar ese tipo de situaciones nos han matado, nos
han torturado, nos han encarcelado y seguimos perseguidos judicialmente”,
afirmó Fachín.
Los derrames en la Amazonía se dan principalmente por falta
de mantenimiento de la infraestructura, por negligencias operativas, así como
también por atentados de terceros. El mayor número se dio en el Lote 192 (233),
que abarca territorios de las provincias de Datem del Marañón y Loreto; seguido
por el Lote 8 (189), provincia de Loreto; y el Oleoducto Norperuano (111), que
recorre las regiones Loreto y Amazonas a través de sus tramos I y II y el
denominado Ramal Norte.
Oleoducto Norperuano: un caso clave
El Oleoducto Norperuano es el más largo y el más
representativo del país, así como también el más controversial. Inició sus
operaciones en 1976, y tiene como fin trasladar el hidrocarburo de la Amazonía
hacia la costa peruana. En su recorrido total, de 1106 kilómetros, lleva el
crudo atravesando cinco regiones del país: Loreto, Amazonas, Cajamarca,
Lambayeque y Piura.
Según el informe de la CNDH y Oxfam, el 33 % de los
derrames en el oleoducto entre 1997 y 2021 corresponde a fallas operativas, el
22.33 % a corrosión, el 31.07 % a terceros, y el 13.59 % a causas naturales
como terremotos y avalanchas.
Algunos casos representativos son los de Cuninico y Morona
(Loreto), así como el de Imaza (Amazonas). En el primero, ocurrido en el 2014,
se derramaron 2500 barriles de petróleo; en el segundo (2016), 1444 barriles; y
en el tercero (2016), 3 mil barriles. Solo estos tres casos suman casi 7 mil
barriles vertidos sobre ríos, quebradas y suelos de la Amazonía.
Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Litigio
Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL), afirma que el caso más
emblemático fue el de Cuninico porque, antes de dicho derrame, se solía acusar
a las comunidades que habitaban cerca al desastre de dañar y vandalizar la
infraestructura y ello favorecía a Petroperú porque le eximía de toda
responsabilidad.
Sin embargo, Ruiz explicó cómo este argumento no se
sostenía legalmente. “[En el caso Cuninico] OEFA (Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental) presentó una histórica resolución. Por primera vez se
declaró la responsabilidad administrativa de Petroperú; primero, por no darle
mantenimiento al oleoducto; segundo, por daño real a la flora y fauna; tercero,
por daño potencial a la salud. Nunca antes se había tomado esa decisión”,
detalló el abogado de IDL.
Ruiz Molleda también mencionó que este caso sirvió de base
a otros como los de Imaza y Morona, por el cual el OEFA multó a Petroperú con
27 millones de soles (US$7 millones), precisamente por no realizar
mantenimiento al oleoducto, por no adoptar medidas inmediatas para controlar y
minimizar los impactos ocasionados, por generar daño a salud, entre otros.
En estos tres derrames, agregó el especialista de IDL, “las
víctimas querían que se les reconozca que ellos no habían roto la tubería. Les
indignaba que los acusen. Querían salud, porque después de recoger el petróleo
tenían secuelas. Dijeron que habían sido perjudicados económicamente, ya que
perdieron sus chacras y no podían pescar en los ríos, y por ello querían
compensación. Luego querían que se les asegure que no habrá otro derrame”.
En 2017, el Congreso de la República creó una comisión
investigadora para determinar quiénes eran los responsables de los derrames en
el Oleoducto Norperuano. En su informe final, señala: “La comisión
investigadora ha constatado la ineficiencia, inoperancia y falta de compromiso
con la que vino actuando Petroperú en la gestión del Oleoducto Norperuano, en
la conservación del ambiente, en la gestión de riesgos, en su relacionamiento y
responsabilidad social frente a las comunidades nativas”.
En agosto de 2019 se promulgó la Ley 30993, que declara de
interés nacional la consolidación y modernización del Oleoducto Norperuano.
Diálogo Chino intentó comunicarse con Petroperú para indagar sobre los avances
en la modernización de la infraestructura, pero no hubo respuesta.
¿Cómo reducir o poner fin a los
derrames?
Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que primero es
necesario que tanto autoridades como las empresas –antes de la elaboración de
un plan o la aprobación de una norma– consideren a este tema como prioridad, lo
cual no ha ocurrido en los últimos años.
“La atención de los impactos ambientales no han sido ni son
una prioridad para muchas gestiones estatales. Este tema tiene que priorizarse
por los riesgos y los impactos significativos que generan al ambiente y la
salud”, indicó.
Por su parte, César Ipenza, abogado especializado en temas
ambientales, consideró que –frente a derrames de hidrocarburos– organismos como
Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) y OEFA
solo actúan reactivamente, “sobre hechos consumados”. “¿Cuál es la labor de
ellos? Básicamente sancionar y tener una reacción cuando hay una situación de
contaminación, y creo que eso es lo peor que podemos hacer. Si tienen los recursos,
deberían tener una posición mucho más proactiva y adelantarse o verificar que
no sucedan. Se trata de que no lleguen después, que no lleguen tarde”, afirmó.
En esa misma línea, Lissette Vásquez recalcó que se
necesita “fortalecer e intensificar la fiscalización permanente y preventiva de
todas las actividades, y no solamente la fiscalización ambiental, sino también
las obligaciones técnicas y de seguridad. No podemos esperar a darnos cuenta de
que un plan de contingencia o una infraestructura no funcionan. Esos son
aspectos que pueden detectarse en supervisiones permanentes y preventivas”.
Si bien el ideal es que las empresas y las entidades del
Estado cumplan con las normas ya existentes para atender casos de emergencias o
evitarlos, Juan Carlos Ruiz de IDL consideró que este escenario aún es lejano
para la realidad peruana. Por ello, recordó que denunciar los hechos de manera
formal ante las entidades correspondientes puede dar algunos frutos cruciales.
Para poner un ejemplo, el especialista de IDL mencionó que
solo el caso Cuninico tiene cinco “batallas judiciales”. Estas tienen que ver
con declarar la responsabilidad de Petroperú, la atención de los afectados, la
compensación económica de cuatro comunidades nativas, el derecho de pago por
servidumbre petrolera a las comunidades indígenas, y la demanda de amparo ante
el Tribunal Constitucional para que Petroperú realice el mantenimiento del
oleoducto.
Según IDL, en este último caso, presentado en el 2018, se
“busca una decisión judicial final que obligue a la empresa estatal Petroperú a
fiscalizar y monitorear las operaciones del Oleoducto Norperuano, el más largo
del país, así como dar mantenimiento a sus tuberías en condiciones seguras para
evitar nuevos derrames”.
Finalmente, Lissette Vásquez de la Defensoría agregó que
también es necesario que nuestros sistemas de fiscalización, “además de ser
preventivos, garanticen permanentemente medidas correctivas o sanciones que
aseguren un desincentivo de la comisión de conductas infractoras, y debemos asegurar
que se cumplan las medidas destinadas a la remediación ambiental”.
“No basta con sancionar. Por ejemplo, es inconcebible que
hayan pasado 7 años y no tengamos información sobre si los impactos generados
por el derrame de Cuninico se remediaron. Algo mal estamos haciendo como Estado
para que esa situación se siga dando”, concluyó. https://dialogochino.net/
Transfieren S/ 2.5 millones para obras de rehabilitación de agua y saneamiento en Barranca y Cerro Colorado
El Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) recibió una transferencia de S/ 2 483 351 de
parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la ejecución de dos
proyectos de saneamiento urbano contemplados en el plan de reconstrucción con
cambios.
A través del Decreto Supremo
088-2022-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, se autorizó la
transferencia de S/ 1 681 769 para la reparación del sedimentador del sistema
de agua potable de Barranca, distrito y provincia del mismo nombre, en la
región Lima, que fue afectado por el fenómeno del Niño Costero.
Asimismo, se destinó S/ 801 582
para rehabilitar el colector y conexiones domiciliarias de la avenida José
Santos Atahualpa y la calle Prolongación Buenos Aires, en el distrito de Cerro
Colorado, en la provincia y región Arequipa.
Con la transferencia autorizada
por el MEF, se completa el monto total requerido para ambos proyectos, a cargo
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS.
En el caso de las obras en
Barranca, ya se contaba con S/ 1 221 841 para la ejecución y otros S/ 84 502
para la supervisión, asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura
2022. Como parte del proyecto, que beneficiará a casi 54 mil habitantes, se
contemplan trabajos en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
En tanto, en Cerro Colorado, el
Presupuesto Institucional de Apertura 2022 del MVCS contemplaba S/ 1 365 650
para la ejecución del expediente técnico y de las obras, así como S/ 285 543
para su supervisión. En este proyecto se
rehabilitarán más de 2.7 kilómetros de la red colectora y 98 buzones,
beneficiando a cerca de 800 habitantes. https://caretas.pe/
HIDROMUNDO
Sergio Díaz-Granados: La apuesta nuestra como CAF es que la atención mundial gire alrededor de la reforestación en el caso de América Latina
La semana pasada, el presidente
ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio
Díaz-Granados, visitó varios puntos de Ecuador como parte de los proyectos de
línea verde que apoya el organismo en el país y en la región, así como para
reunirse con el Gobierno.
Primero estuvo en Galápagos,
luego en Manabí, donde conversó con este diario sobre varios temas que
relacionan a Ecuador con el trabajo que viene desarrollando el banco. Su viaje
concluyó en Quito con una reunión con el presidente Guillermo Lasso, el pasado
viernes.
¿Qué objetivos tenía su visita
al país esta semana?
Básicamente tenemos la
aspiración como CAF de acompañar los esfuerzos de la región en prepararse para
el cambio climático y para tener un balance positivo en cuanto a biodiversidad
y relación con la naturaleza. Ese es el horizonte del banco a 2026 y espero a
2030. La capitalización reciente que hicimos de $ 7.000 millones es para aumentar
la capacidad operativa del banco. Además, la composición de esa cartera,
llevarla mayormente a financiamiento verde, lo vamos a pasar del 20 % (cerca de
$ 6.000 millones) en 2021 al 40 %. Va a crecer la cartera en tamaño y va a
cambiar la composición. Aspiramos a acumular un total de cartera de $ 25.000
millones para 2026 en financiamiento verde. Ya tenemos claro el tamaño del
banco y su horizonte. Por esa razón estamos en Ecuador esta semana, porque
vamos a comenzar a construir la red de trabajo, los socios, para poder hacer
esto realidad. El año pasado Ecuador recibió operaciones por cerca de $ 1.100
millones y probablemente podremos movilizar muchos más recursos para el Ecuador
en unos cinco o seis años.
¿Qué apoyo dio esta semana a Galápagos
específicamente?
La visita tenía un propósito y
era poner a andar un proyecto con el Fondo Global del Ambiente (GEF) para
contener las especies invasoras en la isla Floreana, porque se están
deteriorando las especies endémicas de la isla. Ya hemos hecho proyectos
similares en el pasado que han ayudado a restaurar los balances de los
ecosistemas. De fondo también estamos mirando de qué manera en el archipiélago
podemos trabajar en modernizaciones que permitan hacer mucho más sostenible la
isla. Por ejemplo, los temas de vertimiento de aguas residuales, la parte de
saneamiento, en el suministro de agua potable a los habitantes actuales, en los
mecanismos de logística para hacer mucho más sostenible a las islas. Y estamos
preparando otros proyectos asociados con la parte de consumo, energía y
producción de energía en el archipiélago. Esto va camino a qué. Camino a la
Cumbre de Océanos que tenemos en Portugal en junio, donde como CAF queremos
hacer un anuncio de los compromisos como institución con lo que hemos llamado
economía azul. Creemos que el banco es un banco azul y defiende los
archipiélagos, no solamente Galápagos, que es la gran joya del Pacífico, muchas
más islas en el norte y en el sur de América Latina.
¿Cómo entender el proyecto de
‘biodiverciudades’ que ya comienzan a conectar en Ecuador con el evento en
Manabí?
La red (de biodiverciudades)
arrancó el año pasado en Barranquilla, en diciembre. Entonces, es la primera
vez que montamos una red de este tipo en Ecuador. Lo que hay que hacer es ponerla
en funcionamiento y comenzar a dar ejemplos y atraer a más ciudades. Es un
proceso de crecimiento. Arrancamos (el jueves) con ciudades grandes y pequeñas
en la sierra, en la zona central, en la zona oriental, en la costa. Lo que esto
significa en cada municipio es distinto. Una cosa va a ser pensar un municipio
en el páramo y cómo trabajamos soluciones basadas en la naturaleza ahí, por
ejemplo, con los cultivos de papa o la producción de leche, o qué significa en
la costa los vertimientos sobre la bahía para efectos de la pesca. O qué
significa esto en un archipiélago como Galápagos.
¿Cuál es el objetivo de la línea
verde que ha tomado la CAF y qué influencia en ello tuvo usted?
El CAF viene haciendo proyectos
de financiamiento verde no ahora, sino de hace muchos años y como banco
multilateral se coordina con los requerimientos de los países. En lo personal,
yo creo que hay varias cosas alineadas. Primero, que hay una alerta global y un
compromiso de los líderes, de los presidentes de salvar el planeta, de cambiar
la forma en que estamos consumiendo y produciendo. Tratar de ser cada vez mucho
más sostenible. Eso está claro como mandato general y las instituciones tienen
que navegar en esa dirección. Y en lo personal, yo creo firmemente en esto.
Vengo de un municipio que ha sido afectado por cambio climático, Santa Marta,
en el Magdalena, en el norte de Colombia, una ciudad costera que tiene una gran
provisión de bienes naturales. Entonces, como responsable de la organización en
este momento, también tengo la convicción de que es lo correcto y que hay que
pensar con mentalidad de ancestro, hay que pensar que todos tenemos una
responsabilidad que cumplir y que debemos tratar de salvar el planeta, que no
es nuestro, sino de nuestros nietos y de las siguientes generaciones. Parte de
eso orienta la inspiración de mover el banco hacia financiamiento verde.
¿Qué escenario le espera a la
región en un año de recuperación y cómo afecta esto los objetivos ambientales
que tiene la CAF?
Hay que tener en cuenta el contexto
global primero. Hay una interrupción fuerte del comercio que viene desde la
pandemia y acelerado por la crisis geopolítica entre China y Estados Unidos,
hay una crisis energética en curso, por la invasión de Rusia a Ucrania y en
seis, ocho meses, Europa dejará de comprar petróleo y gas a Rusia, pero
comenzará a buscarlo en otras fuentes. Hay un desafío de transición energética
de aquí al 2030: reducir 50 % los gases de efecto invernadero. Si no tenemos
ese progreso es muy probable que sea muy tarde. Reducir el 50 % de emisiones en
el mundo o en la región de América Latina va a tener ciertamente incidencia en
la forma como producimos energía. El gran sector que aporta emisiones de
carbono a la atmósfera en América Latina es la tala de bosques. La gran tecnología
para resolver la emisión son los árboles. América Latina tiene del 25 % al 30 %
del área reforestable para la solución. América Latina es el continente de
solución, no somos los grandes contaminadores. La apuesta nuestra como CAF es a
que la atención mundial gire alrededor de la reforestación en el caso de
América Latina. La segunda gran fuente de contaminación en América Latina son
las ciudades y particularmente el transporte. Entonces tenemos siete años para
migrar de sistemas de transporte y estamos viendo tecnologías importantes en
crecimiento, el hidrógeno, los carros híbridos, los carros eléctricos; estamos
tomando la decisión de que tenemos que acelerar la transición porque somos
conscientes de que la estamos embarrando por el peligro que existe. ¿Qué
implica esto? Que tenemos que buscar tecnologías que no tenemos todavía y es
ahí donde vienen los criterios de transición, tenemos que comenzar a aprender
de transición. En CAF queremos acompañar la transición de aquí al 2030 y que
logremos llegar a un nivel de reducción del 50 % de los gases de efecto
invernadero; ahí es donde estamos enfocando los esfuerzos como banco para ese
propósito.
¿La dificultad es mayor que hace
tres años para ese objetivo?
Sí, la pandemia nos dejó
golpeados desde el punto de vista de empleo, de informalidad. Nos pasa una
factura a largo plazo, que es la educación, la generación pequeña de la
pandemia (que hoy tienen entre cuatro y ocho años) es la que se va a ver
afectada el día de mañana. Entonces hay que, y es una parte de la misión del
banco, centrarnos sobre todo en esa semilla latinoamericana. Hay diversas
alternativas que podemos utilizar para enfrentar el coletazo de la pandemia. La
economía circular, por ejemplo, nos ayuda a cumplir las metas de reducción de
gases de efecto invernadero, de evitar la destrucción del planeta y generar el
empleo necesario para las mujeres y para los jóvenes, que son los grupos más
afectados por la pandemia.
¿Cómo ve a Ecuador en ese
proceso?
Ecuador, al igual que el resto
de los países de América Latina, quedó con una gran necesidad y grandes
desafíos en materia de empleo, informalidad, en buscar fuentes de crecimiento,
en recuperar la gente que se afectó por la pandemia, particularmente los que
dejaron de ir al colegio. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío, que es
homogéneo para toda América Latina. Los grados de intensidad varían según el
tamaño del país, su capacidad de endeudamiento, que tengan o no tengan política
monetaria. Ecuador tiene una restricción financiera porque no tiene un banco
central que provea soluciones monetarias y tiene que hacer un esfuerzo
adicional a lo que hacen otros países en la parte macro, pero ahí está la
gracia del trabajo en equipo e identificar en cada país y en cada ciudad lo que
hay que hacer. (I) https://www.eluniverso.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”