Viernes, 13 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3967 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Justicia para Jorge García S. ex dirigente del Sindicato de trabajadores de Emapa Huacho – Agua de Lima Norte
La Corte Superior de Justicia de Huaura – Sala laboral, ha
decretado, con fecha de 06 de mayo del 2022, DEJAR SIN EFECTO EL DESPIDO
FRAUDULENTO INFRINGIDO AL DEMANDANTE, en consecuencia, ORDENA que la demandada
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A., CUMPLA CON REPONER al demandante a su puesto de
labores antes del despido u otro de similar nivel.
Asimismo, ordena que, la demandada cumpla con pagar al
demandante la suma de S/ 38, 801.58 soles por concepto de lucro cesante, más
los intereses legales.
Esta victoria es en conmemoración de todos los trabajadores y los representantes sindicales que siempre luchan por defender sus derechos y los nuestros.
NO A LOS ABUSOS COMETIDOS POR LA PATRONAL
Hoy y siempre defendemos causas justas
Por ello "SUTAPH SIEMPRE DE PIE ... NUNCA DE
RODILLAS"
¡¡ESTOS SON, AQUÍ ESTÁN LOS QUE SIEMPRE LUCHARAN!!
HIDROREGIONES PERÚ
Gore sigue sin asegurar reserva de agua para el proyecto Alto Piura
El presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, Arnulfo
Adrianzén, reveló que, hasta la fecha, el Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), no ha cumplido con gestionar y lograr
la renovación de la prórroga para asegurar recurso hídrico importante para el
funcionamiento de este megaproyecto paralizado desde el año 2018.
En enero de este año, Cutivalú ya había recogido el
testimonio del presidente de esta Junta de Usuarios, quien manifestó su
preocupación porque la primera prórroga solicitada a la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) venció el 27 mayo del año 2020 y exigió que el Gobierno Regional
(Gore) tome acciones para evitar que no se llegue a aprovechar este recurso
hídrico beneficioso para los cerca de 25 mil agricultores de la zona.
Como se recuerda, mediante Resolución Jefatural Nº
131-2018, el ANA aprobó dicha prórroga de la reserva hídrica correspondiente a
un volumen de 335 millones de metros cúbicos de agua provenientes de la cuenca
alta.
Sin embargo, el dirigente volvió a cuestionar a la
directiva del Peihap aduciendo que “es lamentable que desde el año 2020 a la
fecha no se haya obtenido la reserva hídrica debido a la actitud negligente del
proyecto”.
Adrianzén volvió a hacer hincapié en que se debió elaborar
un nuevo expediente para solicitar al ANA que se extienda dicha prórroga
vencida, tal como también lo recomendó el propio organismo a inicios de este
año.
Advirtió que el expediente presentado por el Peihap ante el
ANA presenta una serie de observaciones las cuales podrían hacer perder
millones de soles invertidos en el primer componente y que ve muy poco probable
que dichas observaciones puedan ser subsanadas por los directivos del
megaproyecto.
De igual forma, dijo que este problema impediría que haya
una licitación para el expediente de saldo de obra del Peihap y por ello, la
gran importancia de asegurar la gran cantidad de recurso hídrico.
Por último, reiteró que el Gobierno Regional debe subsanar
los errores de este caso, ya que de eso depende la producción y progreso de los
miles de agricultores de la zona que se han visto afectados por la presunta
negligencia en el manejo de este importante proyecto que lleva décadas en
similar situación.
Dato: para la ejecución del proyecto Alto Piura, ya se han
resuelto dos contratos anteriormente. Con la constructora Camargo Correa se
suscribió el primero en el año 2010 por un monto de más de 479 millones de
soles, para luego resolverse en el 2013, mientras que en el 2015 se firmó un
contrato con la constructora Obrainsa – Astaldi, el cual fue resuelto en el
2018. A la fecha, este aún se encuentra sometido a cinco procesos de arbitraje.
Denuncia por presunta corrupción
El presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura,
cuestionó que el gobernador regional Servando García siga manteniendo como
gerente del Peihap a Manuel Vega Palacios, ya que consideró que su gestión “no
ha hecho nada por mejorar las deficiencias que se están presentando”.
Esto, debido a que el proyecto Alto Piura no logró
gestionar y lograr hasta el momento, la extensión de la prórroga que permite
asegurar el recurso hídrico que permite el funcionamiento del proyecto el cual
se encuentra sometido a procesos de arbitraje desde el año 2018.
Por ello, el dirigente reveló a Cutivalú que la Junta de
Usuarios ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público a raíz de
supuestos malos manejos y gestiones dentro del Peihap en perjuicio del sector
agropecuario. Adrianzén aseguró que dicha denuncia ya se encuentra en curso y
se espera que la Contraloría también tome acciones.
Adrianzén mencionó que la mala gestión de la gerencia del proyecto Alto Piura ha impedido que dicha prórroga, vencida en mayo del 2020, se pueda extender, lo cual termina por afectar a cerca de 25 mil agricultores que necesitan el recurso hídrico para la producción. https://www.cutivalu.pe/
La Defensoría del Pueblo registró 209 conflictos sociales al mes de abril 2022
La Defensoría del Pueblo
presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 218, correspondiente al mes de
abril de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 209 conflictos
sociales registrados (160 activos y 49 latentes). Durante el cuarto mes del año
surgieron cuatro nuevos conflictos y 220 acciones colectivas de protestas.
Casos nuevos
Respecto al mes anterior, se
incorporó cuatro nuevos conflictos sociales. Un caso se desarrolla en Amazonas,
donde organizaciones sociales demandan al gobierno nacional concretar una
agenda social y de inversión en la provincia de Condorcanqui; relacionada al
financiamiento para las obras de saneamiento, electrificación,
telecomunicaciones e infraestructura. Otro, de tipo comunal se registra en
Junín. En este caso las comunidades campesinas de Cochas y San Francisco de
Macon mantienen un conflicto limítrofe por la propiedad de un área ubicada
entre ambas comunidades.
Otro nuevo conflicto de tipo
socioambiental involucra a la comunidad campesina de Chinchán, región Pasco,
que exige la atención de daños causados por el referido desborde del canal de
demasías de la Central Hidroeléctrica de Chaprín, y expresa desacuerdos
respecto al uso de tierras comunales por parte de la empresa Nexa Resources S.A.A.
Un cuarto caso se ubicó en la región en San Martín, donde diferentes
organizaciones sociales demandan a la Municipalidad Provincial de Tocache la
adecuada ejecución de la ampliación y mejoramiento del proyecto de agua y
alcantarillado.
Demandas sociales
En este mes se registró 9
demandas sociales relacionadas a cuatro conflictos sociales nuevos. De acuerdo
con la clasificación de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a los temas de
demanda social identificados, el de demarcación territorial, propiedad individual
y colectiva representa el 33.3 % (3) y el de servicios públicos y otras
prestaciones del Estado, también el 33.3 % (3). Le siguen las demandas
vinculadas a proceso de diálogo, con el 22.2 % (2), mientras que otros temas
representa el 11.1 % (1). (Ver página 11 del reporte).
Casos por tipo y lugar
Con relación a la distribución
territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de
conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento,
seguido de Cusco (19) y Áncash (15). En cuanto a la tipología, los casos
socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.2%). Este tipo de
conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los
conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los
socioambientales, es de 65.9%.
Diálogo
Del total de casos activos, el
63.8% (102 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de
diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 78 de ellos. Del total de
conflictos en diálogo, el 76.5% (78 casos) corresponde a casos
socioambientales.
Violencia
En este mes se registró una
persona fallecida y 18 heridos producto del enfrentamiento entre integrantes de
las comunidades campesinas de Cochas y San Francisco de Macon, en Junín. La
víctima fue identificada como Gavino Cirilo Loroña Torres de 58 años. Asimismo,
en el marco de las protestas registradas en la provincia de Tocache en San
Martín, cuatro personas resultaron heridas (un civil y tres policías).
Igualmente, los enfrentamientos
entre la Policía Nacional y comuneros de Fuerabamba y Huancuire, en Apurímac,
tuvieron como resultado a 44 personas heridas (32 civiles y 12 policías).
Protestas
Se registró 220 acciones
colectivas de protesta en el mes de abril. Del total, el 34.5% (76) fueron
plantones y el 29.1% (64), bloqueos de vías.
Alertas tempranas
En atención a su evaluación e
intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado,
las empresas y la sociedad 20 alertas tempranas (ver página 13 del reporte),
para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del
total de alertas, 4 son conflictos nuevos, 4 son casos activos y 12 son casos
en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
Para más información del Reporte
Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente
dirección electrónica:
https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/
Alerta para la transparencia ambiental: ¿qué le espera a Perú luego de ser suspendido de la EITI?
La Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) es
una iniciativa que reúne en los países implementadores a representantes del
Gobierno, de empresas extractivas y gremios, a la sociedad civil y
organizaciones internacionales para trabajar de manera conjunta en implementar
estándares de transparencia y rendición de cuentas.
Esta semana, la EITI anunció que
Perú ha sido suspendido temporalmente de esta alianza por no presentar informes
sobre el desempeño de actividades extractivas del sector minero e
hidrocarburos. Los informes EITI transparentan la información de las actividades
petroleras, de gas y de minería en el país, con el fin de dar a conocer cifras
detalladas sobre las contribuciones e impactos del sector y reúne información
sobre licencias y contratos, supervisión a la producción, generación de renta y
tributación, distribución de la renta, aporte social y económico, seguimiento
ambiental, entre otros.
La información que debía remitir
el Gobierno peruano correspondía al octavo informe del periodo de 2019-2021, de
acuerdo al plan de trabajo aprobado inicialmente; sin embargo, aunque el plazo
de entrega fue ampliado, no se cumplió con este compromiso lo que conllevó a la
suspensión del país.
Desde 2005, el Perú es parte de
la iniciativa EITI luego de implementar voluntariamente una serie de medidas
relacionadas a garantizar la gobernanza de la iniciativa y mecanismos de
transparencia para asegurar el cumplimiento de los estándares de dicha
iniciativa para la transparencia y rendición de cuentas de las actividades
extractivas. Lamentablemente, estos esfuerzos han sido en vano ya que, de
mantenerse la suspensión a Perú, el consejo de EITI podría considerar la
exclusión del país.
¿Qué significa la suspensión de
Perú a la EITI?
De acuerdo con lo indicado por
la EITI, Perú tiene hasta el 30 de setiembre de este año para presentar el
informe pendiente de envío. En caso no se publique, Perú será suspendido hasta
que el Consejo de la iniciativa pueda corroborar que el país ha cumplido
satisfactoriamente con el compromiso de transparentar la información del sobre
pagos y gastos socioambientales correspondientes al 2019. Sin embargo, si la
suspensión dura más de un año, el Consejo podrá considerar la posibilidad de
excluir a Perú de la lista de países que forman parte de la EITI.
Esta suspensión es un claro
retroceso a los esfuerzos del país para asegurar el escenario de transparencia
y rendición de cuentas que favorece al fortalecimiento de la democracia
ambiental del país y, por tanto, también el clima de inversiones y, con ello,
la calidad de las mismas. También es evidente que el pronunciamiento de la EITI
es resultado del insuficiente desempeño del país en trabajar en los estándares
de la iniciativa que permiten poner a disposición de la ciudadanía, empresas y
gobiernos, la información de los recursos provenientes de las actividades extractivas.
Así, es peligroso para la
democracia y gobernabilidad que Perú demuestre este comportamiento para el país
y para la región, pues visibiliza la falta de interés en continuar con la
agenda en temas de transparencia y, en general, sobre la democracia ambiental
del país, agenda que se ha venido construyendo por años y que aún es urgente
que sea priorizada por las autoridades de distintos niveles.
Alerta para la democracia y
gobernanza ambiental
El anuncio de la suspensión del
país en la EITI pone en relevancia otras plataformas multilaterales. Es
importante poner sobre la mesa que este es un compromiso común con otras
iniciativas como la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en
inglés), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de Escazú,
las cuales deben sumar sinergias por los muchos elementos en común que tienen
entre ellas, además de las coincidencias entre sus planes y agendas.
Estos cuatro espacios no solo
proporcionan mejores estándares que fortalecen la transparencia de la
información, sino también garantizan la participación de la ciudadanía al darle
un rol protagónico, activo y vigilante, para así contribuir al desarrollo
sostenible y fortalecimiento de la confianza en el Estado.
El Acuerdo de Escazú aún continúa
en el archivo y a la espera de la decisión del Congreso de la República para
que el país pueda adherirse e iniciar su implementación junto con los países de
América Latina y el Caribe. Mientras que OGP espera iniciar un nuevo proceso de
elaboración del Plan de Acción país para establecer nuevos compromisos para un
nuevo periodo de implementación.
No debemos de restar importancia
al trabajo a favor de la transparencia, ya que es pilar de la democracia
ambiental y de otros derechos como la participación pública y la administración
de justicia que significa la principal herramienta para la lucha contra la
corrupción. Tampoco debemos hacerlo con la participación del país en estos
espacios pues además de significar una oportunidad para trabajar en la modernización
del Estado y respaldar derechos, es una oportunidad para integrar sus planes,
metas y objetivos para alcanzar su conjunción y avanzar en la democracia
ambiental, derechos humanos, transparencia, participación ciudadana y rendición
de cuentas.
La implementación del compromiso de la iniciativa EITI para fortalecer la transparencia de información y la rendición de cuentas ha significado un gran paso hacia la construcción de la democracia y gobernanza ambiental más sólidas. Es reprochable que retrocedamos en el trabajo para garantizar derechos y en el fortalecimiento de la institucionalidad. https://www.actualidadambiental.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”