HIDROBOLETÍN FENTAP
Miércoles, 25 de julio de 2018 – Año XIII – Edición 3025 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
·
PERÚ
- Glencore se expande en Espinar: Nueva “Coroccohuayco” debe respetar derechos
humanos. La operación se coloca sobre nuevos territorios de comunidades
campesinas indígenas de la provincia de Espinar, afectará más fuentes de agua
y así, aportará a los varios impactos de
sus operaciones vecinas Tintaya y Antapaccay.
·
PERÚ
- Programa Nacional Operación Alcantarillado atiende 36 sectores en Huaral. Con
la implementación de este programa es crear conciencia en las autoridades y la
población sobre el uso responsable del alcantarillado
·
PERÚ
- Municipalidad de Arequipa roba agua potable para depósito. Técnicos de la
empresa de saneamiento constataron en el lugar que empalmaron un tubo para
utilizar el recurso hídrico.
·
ECUADOR
- Comunidades indígenas continúan denunciando actividades mineras en Ecuador. Desde
2017 el Estado ecuatoriano otorgó 20 concesiones mineras inconsultas y más de
30 se encuentran en estado de tramitación.
·
HONDURAS
- Ambientalistas de 35 organizaciones protestaron contra la minería metálica
·
VENEZUELA
- Organizaciones convocan a Jornadas de discusión y lucha Anti-Extractivistas
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Glencore se expande en Espinar: Nueva
“Coroccohuayco” debe respetar derechos humanos
http://cooperaccion.org.pe
– La Empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va
concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en
nuestro país: Tintaya-Antapaccay vuelve a crecer para incorporar un nuevo tajo
abierto y labores subterráneas de explotación de cobre a las que denomina “Integración Coroccohuayco”. La operación se coloca sobre nuevos
territorios de comunidades campesinas indígenas de la provincia de Espinar,
afectará más fuentes de agua y así,
aportará a los varios impactos de sus operaciones vecinas Tintaya y Antapaccay.
Estos tres tajos y todos sus componentes (túneles, instalaciones, fajas
transportadoras, carreteras, camino de acceso, entre otros) forman así parte de
la mega operación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.
El estudio de impacto ambiental de Coroccohuayco
presentado por la empresa y evaluado (y acompañado) por el Servicio Nacional de
Certificación Ambiental (SENACE), describe los varios impactos ambientales
(sobre el agua superficial, el agua subterránea, los suelos, los bofedales,
etc.) así como los impactos sociales y económicos, comunes para una operación
de esta magnitud. Como es costumbre en los estudios ambientales del sector
minero en nuestro país, la empresa concluye que todos esos impactos son de poca
o muy poca intensidad. El mensaje que se repite una y otra vez para la
población local es que no deberían preocuparse por ellos, pues
-apelando a una fe ciega que se exige de las comunidades donde se hace
gran minería- todo “está previsto”,
fríamente calculado.
Acta de visita a Oficina de enlace del proyecto
Coroccohuayco del 3 de octubre de 2017. Frente a la imposibilidad de realizar
audiencias públicas por rechazo de la población, la empresa optó por este tipo
de consultas como uno de sus mecanismos principales de participación ciudadana
para el MEIA – Coroccohuayco. Como vemos
de esta escena (que es constante para varios proyectos mineros de gran escala en el
sur andino) estos mecanismos de participación no logran responder a las dudas
de la población afectada, limitándose a hacer referencias generales del
proyecto.
Fuente: MEIA Antapaccay Expansión Tintaya – Integración
Coroccohuayco. Junio 2018. N° de Informe: 164-415-2145. Anexo 28. Pág. 456.
Más allá de la calidad del estudio de impacto o de los
mecanismos de participación ciudadana (que trataremos en otra ocasión)
implementados por Glencore, esta vez es necesario detenernos en un aspecto que
llama la atención de los documentos presentados por Glencore para justificar la
viabilidad de su nuevo emprendimiento: la omisión a la realidad en donde opera.
Glencore: Coroccohuayco fuera de la realidad
En su EIA para Coroccohuayco, Glencore omite referirse a
la difícil realidad local donde ha operado todos estos años y planea
expandirse.
Es de conocimiento común que la población y comunidades
de la provincia de Espinar mantienen una relación altamente tensa (por decir lo
menos) con la empresa minera. Esta difícil relación tiene en su record varios
conflictos, estallidos y crisis sociales; que han causado la muerte de 3 ciudadanos
espinarenses, decenas de heridos y
varios otros costos sociales. Estos conflictos han revelado la precaria
situación de ejercicio de derechos que caracteriza a las operaciones mineras de
Glencore en el sur de Perú.
Así Glencore, en su EIA para Coroccohuayco, omite abordar
la crítica situación de riesgo y afectación al derecho a la salud de la
población de sus áreas de influencia por causa de la exposición a metales
pesados. Glencore no menciona las demandas por la afectación del derecho al
medio ambiente por contaminación minera de fuentes de agua
locales que aún no han sido resueltas por falta de un (tan esperado) estudio de
causalidad de calidad y concluyente, que cierre el tema; tampoco aborda la
vulneración de los derechos de agua de campesinos locales, por la reducción del
volumen disponible del recurso y la dependencia del bombeo de la empresa para
reponer los caudales de sus canales. Glencore no habla sobre la afectación a la
libertad de expresión y a la protesta, limitada severamente por el contexto de
represión implementado por las fuerzas policiales en convenio con la empresa.
Glencore no menciona si es qué y cómo se respetará el derecho a la consulta
previa, al territorio y a la autonomía de las comunidades indígenas locales[4];
tampoco menciona que quizás a futuro la operación de Coroccohuayco podría
causar el desplazamiento involuntario de las comunidades donde se va
asentar[5]. Por último, Glencore omite hablar sobre el riesgo que significa operar
– y producir más impactos- en un
contexto como el que acabamos de describir.
En resumen, Glencore omite incluir en su evaluación la
situación de los derechos humanos de las personas a las que a afectar con sus
operaciones. Hombres y mujeres que también serán responsables, con su trabajo,
territorio y recursos, de gran parte del éxito y claro está, alta rentabilidad,
de sus operaciones (aunque a veces se nos haga difícil recordarlo).
Glencore está obligado a respetar derechos humanos
A pesar de lo que muchos empresarios y otros afines al
sector minero peruano todavía puedan creer, la necesidad de evaluar e
implementar medidas específicas para respetar derechos humanos por parte de las
empresas no resulta una demanda “exorbitante” (por usar un término común del
gremio). En el nuevo escenario de
globalización, los compromisos de las
empresas como Glencore de respetar los derechos de la gente sobre la que
impactan con sus operaciones, deben ir más allá de una simple declaración de
voluntades.
Como vemos, entre sus varios compromisos, ampliamente
difundidos frente a la comunidad internacional, Glencore afirma actuar conforme
a los instrumentos internacionales de derechos humanos que existen, evaluar
riesgos e implementar varios otros mecanismos para respetar los derechos de las
poblaciones donde opera. No obstante, lejos del marketing internacional, la
realidad de la empresa en nuestro país es otra.
Con Corocohuayco a punto de ser aprobada, creemos que es
momento de exigir a la empresa ir más allá de los marcos legales nacionales;
marcos que resultan débiles frente al poder político y económico que una
empresa transnacional, de la magnitud de Glencore, puede ejercer en un país con
una democracia tan debilitada como la nuestra. Así, mecanismos desde el marco
internacional como la necesidad de llevar a cabo un proceso debida diligencia
en derechos humanos resultan urgentes para Glencore en Espinar. El marco previsto por los Principios Rectores
de Empresas y Derechos humanos debe guiar las operaciones de Glencore en
Espinar, siguiendo lo estipulado por empresa en su propio Código de Conducta.
Por lo pronto, y esto debe llamar la atención de la
empresa (y por qué no, de sus inversionistas), organizaciones de la zona ya han
levantado su voz de protesta frente a Coroccohuayco. Ayer martes, fecha en la que se celebró una
audiencia de un proceso judicial vigente por la omisión de consulta del
proyecto Antapaccay de Glencore, las comunidades afectadas y sus organizaciones
se movilizaron en relación a Coroccohuayco. Junto con ellos, exigimos a la
empresa a que vaya más allá de sus expectativas económicas y tome en serio su
responsabilidad de respetar los derechos de las personas en cuyos territorios
piensa operar.
HIDROREGIONES PERÚ
Programa Nacional Operación Alcantarillado atiende 36
sectores en Huaral
Tres hidrojets y un
camión cisterna del Programa Nacional de Limpieza de Colectores “Operación
Alcantarillado”, que impulsan el Ministerio de Vivienda y el Organismo Técnico
de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), llegaron a la
ciudad de Huaral, para la limpieza de 12 kilómetros de redes de desagüe en 36
sectores de esa localidad.
El ministro de Vivienda
destacó que uno de los objetivos del Ejecutivo con la implementación de este
programa es crear conciencia en las autoridades y la población sobre el uso
responsable del alcantarillado, toda vez que se debe evitar el arrojo de basura
y desperdicios a las redes de desagüe, que generan atoros y ocasionan
enfermedades, dado que se convierten en focos peligrosos para la salud pública
y el medio ambiente. ANDINA
Municipalidad de Arequipa roba agua
potable para depósito
En
una intervención inopinada realizada hoy en el depósito de vehículos de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, ubicado en la avenida Independencia,
personal de Sedapar y la Comisaría de Santa Marta detectaron una conexión
irregular de agua potable.
El
predio de propiedad de la Beneficencia Pública, entregado temporalmente en
convenio a la comuna, tiene una deuda
con la empresa desde el 2015 por lo que a partir de noviembre de ese mismo año
retiraron el medidor. Sin embargo,
técnicos de la empresa de saneamiento constataron en el lugar que empalmaron un
tubo para utilizar el recurso hídrico. DIARIO CORREO
HIDROMUNDO
Comunidades indígenas continúan
denunciando actividades mineras en Ecuador
Según
escrito, desde 2017 el Estado ecuatoriano otorgó 20 concesiones mineras
inconsultas y más de 30 se encuentran en estado de tramitación.
Denunciaron
que estas actividades están provocando graves afectaciones a territorios
ancestrales, lo que ha provocado "un cambio radical en sus formas de vida
y amenazan con causar serios daños ambientales".
Las
comunidades afectadas han censurado que las autoridades pertinentes no han dado
respuesta a sus requerimientos: "Solamente ofrecimientos y promesas sin
ninguna acción concreta de regulación ni remediación social, económica o
ambiental", apunta el texto.
Y
ante la falta de respuesta, las comunidades indígenas han convocado la
celebración de una Asamblea Comunitaria y un recorrido territorial para
corroborar el daño provocado que, según estos colectivos, vulnera los derechos
humanos y de la naturaleza. EL COMERCIO
Honduras. Ambientalistas de 35
organizaciones protestaron contra la minería metálica
Representantes
de unas 35 organizaciones aglutinadas en la Coalición Nacional de Redes y
Organizaciones Ambientales, CONROA, realizaron una marcha de protesta y
posterior plantón en Tegucigalpa, en desacuerdo con la explotación de la
minería metálica que impulsa el régimen de Juan Orlando Hernández.
Unas
mil personas salieron del parque Benito Juárez en la colonia Palmira de capital
hondureña, para luego apostarse en una zona hotelera a protestar con pancartas
y consignas en contra de la extracción minera en el país.
La
protesta la realizaron frente a un hotel de la capital en donde se realizó el
IV Congreso Minero. KAOS EN LA RED
Venezuela. Organizaciones convocan a Jornadas discusión y
lucha Anti-Extractivistas
Desde
el año 2009, por iniciativa de activistas mexicanos y canadienses se celebran
jornadas de lucha contra la mega minería en varios países, principalmente de
América Latina, como Perú, Ecuador, Argentina y México. El avance de la
resistencia anti-extractivista tiene como clave central el encuentro de los
afectados y su articulación para enfrentar a las corporaciones y a los Estados
que se encuentran a la cabeza de los proyectos megamineros.
Actualmente,
Venezuela padece distintas crisis que afectan a todos sus habitantes,
potenciadas por la minería a pequeña escala que ocurre al sur de Venezuela, y
que podrían incrementase de concretarse estos megaproyectos. Todo el territorio
está sumergido en una crisis hídrica sin precedentes. Cientos de comunidades
rurales sin agua potable desde hace meses y hasta años, fuertes dinámicas de
racionamiento, pésimo servicio en las principales ciudades entre otras
dinámicas, contaminación de nuestros principales ríos y afluentes. La escasez
de agua demuestra el colapso de los acueductos, la red de sistemas de
distribución, plantas de tratamiento y embalses. Directamente relacionado a
este problema estructural, tenemos que toda la zona del territorio venezolano
al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los
procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala
inevitablemente conducirán a una reducción adicional de los volúmenes de agua
en la zona y del país. APORREA
“Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
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