Lunes, 16 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3968 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Más de 140 derrames de petróleo se registraron en la costa peruana desde 2011
Hoy, se cumplen cuatro meses del derrame de más de 11 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, en un terminal de la Refinería La Pampilla, subsidiaria de la corporación española Repsol. A pesar de su gran magnitud e impacto en el ecosistema, este es solo uno de los numerosos incidentes de este tipo que se registran frecuentemente en la costa peruana. Entre enero de 2011 y enero de 2022 ocurrieron 144 incidentes. Piura es la región más afectada, donde se concentran 138 de ellos. Savia Perú, la estatal china CNPC y Olympic Perú son las compañías responsables del 61,8% de los vertimientos, tal como lo evidencia la información compilada por Convoca Deep Data, nuestra plataforma de análisis de datos sobre las industrias extractivas
Juan Eche, presidente del Gremio de Pescadores Artesanales
de Lobitos, ha sido citado por el Poder Judicial como testigo para dar su
testimonio sobre un derrame de petróleo en el mar de Piura. El dirigente está
desconcertado porque la audiencia que tiene este 19 de mayo no es para hablar
sobre el combustible vertido el último 28 de abril en la superficie marina de
este distrito de la provincia de Talara, sino por otro incidente registrado
hace nueve años, en dicha zona y atribuido a la misma empresa petrolera: Savia
Perú.
Para sancionar rápidamente esta clase de daños que
ocasionan las empresas transnacionales en el medio ambiente, la legislación
peruana no funciona, lamenta el dirigente pesquero: “Hay que esperar un año,
dos años o nueve años, como llevamos ya con este anterior derrame. ¿Qué
esperanza podemos tener?”.
El 4 de julio del 2013, Juan Eche también era presidente
del Gremio de Pescadores Artesanales de Lobitos cuando hubo un derrame de 48,57
barriles de petróleo crudo en el Lote Z-2B, en el mar del distrito de Lobitos,
en Piura, debido a un agujero en la línea submarina. El Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (Oefa) y la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (Dicapi) le impusieron sanciones administrativas a Savia Perú por
el derrame de hidrocarburos, mientras que la Municipalidad Provincial de Talara
interpuso una denuncia penal contra la empresa que aún se ventila en el Poder
Judicial.
Nueve años después, el 28 de abril último, se reportó un
derrame de petróleo en el mar del mismo distrito piurano de Lobitos, tras el
hundimiento de la plataforma marina VV del Lote Z-2B, a cargo de Savia Perú y
que estaba inoperativa desde el año 2012. La empresa informó que solo se
vertieron 1,9 barriles de petróleo, mientras que el Oefa inició una investigación
que aún continúa. El Gremio de Pescadores Artesanales de Lobitos pidió una
indemnización a la petrolera por los perjuicios ocasionados y aún está
negociando esta solicitud.
Estos son solo dos de los 144 derrames de combustible
registrados en la costa peruana entre enero de 2011 y enero de 2022, atribuidos
a 11 empresas petroleras, de acuerdo con los reportes del Oefa y que este medio
digital ha compilado en Convoca Deep Data, nuestra plataforma de análisis de
datos sobre las industrias extractivas. La mayoría se reporta en Piura (138),
pero también ha habido casos en Tumbes (4) y el Callao (2).
El año donde se consigna la mayor cantidad de estas
infracciones ambientales fue el 2019, con 29 reportes, mientras que el 2021,
durante la pandemia del Covid-19, fue el segundo, con 27.
Los vertimientos de combustibles registrados por la entidad
fiscalizadora se refieren a petróleo, fluido de producción, crudo, petróleo
crudo y fluido con hidrocarburos.
Savia Perú, manejada por De Jong Capital LLC desde 2021, es
la compañía que más incidentes reporta en dicho período: 37. Como se sabe, esta
es la principal operadora de plataformas offshore ("fuera de la
costa", en el mar) en el Perú. Le siguen en frecuencia la empresa estatal
china CNPC Perú y Olympic Perú, propiedad de la estadounidense Olympic Gas and
Oil, con 26 ocurrencias cada una. Solo estas tres sociedades acumulan el 61,8%
de todos los casos informados en la costa peruana.
Otras compañías que también tienen registros en OEFA son
Petroperú (16 casos), Unna Energía (15), Sapet Development (8), Petrobras
Energía Perú (5), Interoil Perú (4), BPZ Exploración & Producción (3) y
Repsol (2).
A cuatro meses del derrame de 11.900 barriles de petróleo
en el mar de Ventanilla, en el Callao, donde opera la refinería La Pampilla,
subsidiaria de la empresa española Repsol, aún persisten los efectos de este
desastre ecológico, mientras que en las regiones de la Costa Norte y la
Amazonía se sigue vertiendo hidrocarburos en la superficie del mar, ríos y
suelos.
El biólogo Edwin Vegas, ex rector de la Universidad
Nacional de Piura, explica que los constantes derrames de petróleo en la bahía
de Talara, en Piura, han provocado una disminución de la población de peces y
mariscos y que los pobladores tienen problemas para entrar al mar pues tienen
un continuo enfrentamiento con la empresa Savia Perú.
Solo durante entre enero de 2020 y enero de 2022 el Oefa ha
investigado más de 120 derrames a nivel nacional, de los cuales 40 tuvieron
lugar en la costa peruana. La mayoría de estos últimos también son atribuidos a
la empresa Savia Perú, en Piura.
Según la información sistematizada por Convoca Deep Data,
Savia fue responsable de 14 incidentes en dicho periodo. Olympic Perú ha
acumulado 11 en la costa norte peruana, desde el 2020. Unna Energía del Grupo
Graña y Montero (ahora renombrado Aenza) reporta siete derrames.
Le siguen las compañías de capitales estatales chinos Sapet
Development y CNPC, con cuatro y tres derrames respectivamente. Petrolera
Monterrico, del Grupo Vera Gutiérrez, también fue responsable de un derrame en
dicha zona durante la pandemia.
Impacto
El derrame ocurrido el último 15 de enero, hace exactamente
cuatro meses, en Ventanilla por responsabilidad de la española Repsol es el
mayor desastre ecológico registrado en el mar peruano. El Oefa le ha impuesto
cinco multas coercitivas por un total de 2 millones 300 mil soles, porque ha
incumplido 5 de las 16 medidas administrativas dictadas para mitigar el daño
ambiental provocado por el derrame de combustible.
El 13 de mayo último el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó
la primera demanda civil de responsabilidad objetiva por intereses difusos en
el Perú contra la petrolera Repsol, por el derrame que afectó a consumidores,
usuarios y terceros. Con esta medida, exige un pago de 4,500 millones de
dólares.
“El derrame de petróleo en Ventanilla es una cosa minúscula
respecto a los derrames que ocurren en la Amazonía y todo el desmadre que ha
hecho Pluspetrol. Hay que ver cómo el Ministerio de Justicia se interesa por
incorporar el ecocidio en el Estatuto de Roma porque es otra forma de crimen
contra la naturaleza. Esto permitiría penalizar a las transnacionales”, explica
a Convoca.pe el biólogo Edwin Vegas.
Tan solo entre el 2000 y el 2019 se registraron 474
derrames de petróleo en los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto
Norperuano, según el informe “La sombra del petróleo”, elaborado por la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, lo que implica que, en la selva
peruana, ocurre un derrame de hidrocarburos casi cada semana.
De acuerdo con la información sistematizada por Convoca
Deep Data, entre enero del 2011 y enero del 2022, el Oefa registró e investigó
389 derrames de combustible en la selva peruana, que afectaron el agua y suelo
de las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Ucayali, Cusco y Lambayeque.
El último derrame de petróleo en la Amazonía se reportó los
primeros días de este mes de mayo, en el kilómetro 184 del Tramo I del Oleoducto
Norperuano, en el distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón,
departamento de Loreto. El Oefa inició una investigación por esta fuga de
combustible de la tubería a cargo de Petroperú.
El historial de derrames de combustible de los últimos años en la costa y selva del Perú ha evidenciado que las sanciones administrativas y los procesos penales abiertos contra las empresas no son suficientes para frenar estos incidentes que atentan contra el medio ambiente y los derechos de las personas. https://convoca.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Empresa contratada por la MPCh genera un gran aniego en la urbanización Santa Victoria
Treinta familias de la calle Pimentel, en la urbanización
Santa Victoria de Chiclayo, se encuentran seriamente afectados a raíz del
colapso del desagüe.
Con pancartas en mano, un grupo de moradores salió a
protestar e indicaron que, hace casi un mes, su salud se encuentra en riesgo, a
causa de un aniego.
De acuerdo a lo que se pudo constatar en la zona, las aguas
residuales, que ya tienen un color verde, ocupan casi toda el área de la pista.
Durante el plantón los manifestantes exigieron a la
Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) solucionar este tema, ya que es
consecuencia de la mala intervención que hizo una empresa contratada por la
comuna.
Debido a las obras para la renovación de pistas y veredas
en Santa Victoria, la MPCh inició trabajos en diferentes sectores.
En el presente caso, es la empresa Beltis Perú SAC la
responsable de dicha tarea; sin embargo, los obreros habrían realizado un mal
corte del terreno, generando que el sedimento ingrese a la tubería.
Ello significa que las aguas residuales que provienen de
las viviendas no son expulsadas a través de la red principal, y por eso emanan
hacia el exterior.
“Hay una mala planificación de obras, pues los funcionarios
municipales saben que la red de alcantarillado es antigua y precaria, debieron
intervenir primero ahí “, sostuvo Jaime Luis Venegas.
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casi cuatro años en vivienda de Chiclayo
Pero a pesar de la urgencia de lo sucedido, la contratista
tampoco brinda una alternativa, pues en el lugar solo se ha colocado una malla
de seguridad y contención.
La presencia de este foco infeccioso podría generar
enfermedades respiratorias, intestinales y en la piel. Hay quienes ya presentan
problemas y otros malestares en su salud.
“El alcalde debió informar, es una obra de S/ 3 millones de
soles y los vecinos estamos preocupados, pues el contratista podría irse y no
solo es la contaminación sino la humedad que afectaría a las viviendas”,
detalló otro vecino.
Cabe anotar que el mismo problema se observa en las calles
Pacasmayo y Eten.
Epsel se pronuncia respecto al problema
Desde la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque
(Epsel) indicaron que la obra está a cargo de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo, y que la maquinaria hidrojet no podrá ingresar porque esto provocaría
más daño.
Señalaron que estos problemas son resultado de la falta de
coordinación de parte de los municipios. En el sector Cruz del Perdón rompieron
tuberías y dejaron sin agua a tres sectores (Pololo, Mariátegui y Elías
Aguirre).
La pavimentación en Santa Victoria avanza, sin que la MPCh
haya requerido el estado situacional de las redes principales. https://diariocorreo.pe/
Conflictividad social: ¿En qué momento estamos?
En estos tiempos de aumento de
estallidos sociales en diferentes partes del país, desde varios medios de
comunicación se intenta instalar la idea que nunca hemos estado en una
situación tan complicada. Como si por primera vez estuviésemos viviendo en el país
un clima de paros y protestas, sin que nuestras autoridades muestren capacidad
de reacción.
Si bien no es nuestra intención
minimizar lo que pasa actualmente en el país y los permanentes desatinos de
este gobierno, lo cierto es que ya hemos atravesado por momentos complicados y
la sensación que queda es que no hemos tenido la capacidad de sacar lecciones y
corregir los problemas que están a la base de la conflictividad social, sobre
todo en las zonas de influencia de la minería.
Como se puede ver en el siguiente
gráfico -que organiza la información de la Defensoría del Pueblo por
quinquenios-, la conflictividad social nos ha acompañado permanentemente en las
últimas décadas, con varios momentos de incremento sostenido, que ha afectado a
los distintos gobiernos.
Por ejemplo, el segundo gobierno
de Alan García (2006-2011) se inició con menos de 100 conflictos y rápidamente
comenzaron a aumentar, hasta llegar a los 286 conflictos, cifra récord desde
que la Defensoría del Pueblo comenzó con su registro. Fue el período de
conflictos como el de Combayo y otros más en Cajamarca, Río Blanco-Majaz en
Piura, el Baguazo en Amazonas, el Aymarazo en Puno, el primer capítulo de Tía
María en Arequipa, entre varios otros. También en ese período se comenzó a
gestar el caso Conga. La incapacidad del gobierno de García para atender la
conflictividad social estuvo acompañada de un discurso y medidas que buscaron
afectar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
García terminó su mandato con 234 conflictos y varias bombas de tiempo que
pocos meses después comenzaron a estallar.
Si bien el gobierno de Humala se
inicia con una tendencia a la baja, en su primer año tuvo que enfrentar varios
conflictos importantes: el caso Conga comenzó a escalar en el segundo semestre
de 2011 y alcanzó niveles de movilización y paralizaciones en Cajamarca en el
último trimestre del año. Como se recuerda, Conga explica en parte la crisis y
la caída del primer gabinete de Humala y el inicio de un giro en su gobierno.
Posteriormente, otros conflictos, como el de Espinar (mayo de 2012), Tía María,
Las Bambas, entre varios otros, caracterizaron ese período que terminó con
cifras que superaron los 200 conflictos por mes.
La inestabilidad y la crisis
política permanente caracterizaron el período 2016-2021, con renuncias y
vacancias, cuatro presidentes, cierre del Congreso, en medio de una disputa
abierta entre los principales poderes del Estado y el inicio de la pandemia. En
cierta medida, el escenario de crisis política y la pandemia, hizo que no sea
tan visible la conflictividad social en el período. Sin embargo, con el inicio
de las operaciones comerciales en Las Bambas el 2016, se comenzaron a registrar
sucesivos estallidos en diferentes puntos del denominado corredor del sur andino,
a lo que se sumaron conflictos en Islay, por el proyecto Tía María, en Espinar,
Ancash, en la zona de influencia de Antamina, entre varios otros. En el primer
semestre del 2021, durante el gobierno Francisco Sagasti, se comenzó a notar un
ligero incremento de conflictos sociales.
Las características del actual
momento
El último reporte de la
Defensoría del Pueblo da cuenta que en la actualidad existen 208 conflictos
sociales en el país, de los cuales la gran mayoría (160) son activos [1], lo
que significa que un gran número de casos demandan una atención prioritaria y
urgente de parte de las autoridades encargadas.
Al lado de la amplia
predominancia de los conflictos activos, la matriz de conflictividad aparece
hoy en día más diversa que de costumbre: en los últimos meses, a los habituales
conflictos vinculados a la minería, ha habido paro de transportistas, de
productores agrarios, controladores aéreos, manifestaciones ciudadanas por el
alza del costo de vida y pedidos al gobierno que cumpla con sus promesas en
localidades como las de Huancayo, Cusco y hasta Lima.
Sin embargo, los casos
vinculados a la minería siguen ocupando un espacio central en el mapa de la
conflictividad social del país y el gobierno muestra serias limitaciones. En
Cuajone, las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala tomaron el
reservorio de Viña Blanca que abastece de agua a la operación minera y la vía
férrea. Las comunidades reclaman que, en algún momento del desarrollo de la
mina, fueron despojados de parte de sus tierras. Luego de varias semanas de
tensión y con el riesgo que se produzca un enfrentamiento entre trabajadores y
las comunidades, fue declarado el estado de emergencia en la zona y, por el
momento, se han retomado conversaciones entre la empresa, las comunidades y
representantes del Ejecutivo.
Por otro lado, en la zona de
influencia de Las Bambas el último estallido se ha dado en el epicentro de la
operación minera, en el tajo de Ferrobamba y en lo que será el nuevo
yacimiento, el de Chalcobamba. Como se sabe,
para que la primera fase de la operación de Las Bambas se pueda concretar, la
empresa minera tuvo que adquirir las tierras de la comunidad de Fuerabamba y
reubicarla, antes de construir la primera mina a cielo abierto. La comunidad
alude que la empresa no ha cumplido con todos los compromisos firmados y han
decidido reinstalarse en las tierras.
¿Qué es lo que aparentemente ha
ocurrido en este caso? Si bien los acuerdos entre la empresa minera y
Fuerabamba tiene una cláusula de confidencialidad y es difícil conocer a
ciencia cierta todos los acuerdos, por testimonios que hemos recogido en la
zona, aparentemente algunos puntos no habrían sido cumplidos: la comunidad de
Fuerabamba entregó 4,774 hectáreas y a cambio ha recibido de la empresa 4,200
hectáreas, distribuidos en varios fundos. Además, aluden que los fundos debían
servir para actividades agrícolas y ganaderas, característica que no presenta
por ejemplo el predio de Yavi Yavi, adquirido por la empresa en la provincia
cusqueña de Chumbivilcas.
Pero todo indica que otro de los
motivos del retorno de Fuerabamba a sus tierras, tiene que ver con el hecho que
las comunidades vecinas de Chila y Choaquere -que le vendieron tierras a la
empresa minera para el reasentamiento de Fuerabamba, habrían invadido terrenos
vecinos a las viviendas de la urbanización conocida como Nueva Fuerabamba,
generando un clima de tensión y hostilidad. Es por eso que Fuerabamba le ha
pedido a la empresa minera que solucione este tema con las comunidades
mencionadas.
Este nuevo capítulo de la larga
lista de conflictos que han estallado en el denominado corredor del sur andino,
pone en evidencia una situación que es cada vez más compleja y explosiva. Los
estallidos pueden ocurrir en Cotabambas (Apurímac) o en las provincias de
Chumbivilcas y Espinar e incluso en Paruro (Cusco). Además, las demandas y
expectativas también son variadas: pueden ser económicas, sociales o
ambientales, entre otras.
Otra característica es que en
algunas zonas las comunidades terminan compitiendo entre sí: lo que una
comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o el Estado, puede
terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de comunidades vecinas que
terminen en nuevos estallidos. Está claro que, entre Apurímac y Cusco,
precisamente por lo que viene sucediendo en el corredor vial por donde se
transporta el mineral, autoridades y comunidades se miran con cada vez mayor
recelo. La búsqueda de una vía alternativa para la salida de los minerales
desde Apurímac que ha propuesto el gobernador de esa región, es un claro
indicador de las tensiones y recelos que crecen en esa zona.
Reconociendo que las salidas no
son sencillas y que estamos frente a conflictos que se han complejizado, una
alternativa es hacer un giro radical en su abordaje. Las mesas de diálogo han
perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven, en el
mejor de los casos, para desbloquear los levantamientos e instalar
negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado. Se hace necesario
construir un nuevo sistema de gobernanza para estos territorios que buscan ser
considerados mucho más que zonas de extracción y tránsito de minerales. https://cooperaccion.org.pe/
Abandono y contaminación a cuatro meses del derrame de Repsol
Pedro Álvarez mira todas las
mañanas al mar, se persigna y, con pesar, le da la espalda. Hace cuatro meses
que no puede pescar como lo ha hecho más de la mitad de su vida porque el
derrame de petróleo de Repsol le quitó su fuente de trabajo. Tiene 53 años y
toda la experiencia para bucear y pescar sin más equipos que una red y una
chalana llamada ‘La Chili’. Hoy, sin embargo, se ‘recursea’ en lo que puede
mientras su chalana, rota por la falta de uso, permanece varada en la playa Bahía
Blanca de Ventanilla.
Solo en esta playa hay diez
familias de pescadores independientes que no han sido incluidos en el padrón
único de afectados por el derrame ocurrido el 15 de enero pese a que viven y
trabajan en el lugar desde hace años. “Consideraron a los pescadores y
comerciantes asociados, a los independientes no nos dio nadie un sol, ni
Repsol, ni la municipalidad ni el Gobierno”, dice.
Sin posibilidad de trabajar en
el mar, sobreviven recurséandose en albañilería, haciendo taxi colectivo,
pidiendo ayuda en mercados o vendiendo lo poco que tienen. Al inicio de la
temporada, antes de que se derramaran 11.900 barriles de crudo en la refinería
La Pampilla, invirtieron entre todos unos 10 mil soles para renovar mallas,
flotadores y otros materiales. En estos meses han ido vendiendo poco a poco sus
materiales. “Eso es lo que más te duele, el verano era la temporada más grande
para pescar. El lenguado está de 60 a 70 soles y este era un criadero inmenso,
acá desova la corvina, los cangrejos, todo se perdió y nos quedamos con
residuos de petróleo”, lamenta.
Sin ayuda
El daño producido por el derrame
de Repsol alcanzó cinco distritos del departamento de Lima: Santa Rosa,
Ventanilla, Ancón, Aucallama y Chancay, los últimos de la provincia de Huaura.
A mediados de marzo, se publicó el padrón de damnificados que fue elaborado por
el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) con la información
proporcionada por las municipalidades y en coordinación con Repsol. En la lista
se incluyó a 5.555 jefes de familia de las zonas afectadas.
Sin embargo, trabajadores
independientes de distintos rubros relacionados con la pesca, gastronomía y
comercio ambulatorio denuncian que no fueron incluidos. Se estima que son unas
3.000 personas en esta situación.
Martín Rodríguez, abogado
representante del colectivo Defendiendo Ancón, sostiene que solo en su distrito
son aproximadamente 2.300 personas, entre vendedores ambulantes de golosinas,
sombrilleros, heladeros, cocineros y pescadores independientes, que no han
recibido el adelanto de indemnizaciones entregado por Repsol. “Tenemos
heladeros que vendían en el muelle, en las playas Conchitas o Pocitos, que
fueron cerradas por el derrame, y se quedaron sin trabajo, pero no están en el
padrón. Han reconocido solo a los vendedores que tenían licencia, pero el 80%
de trabajadores del país son informales, no tiene sentido ese criterio”,
denuncia a este Diario.
El problema, dice, surgió porque
no hubo información adecuada al inicio del empadronamiento. “Al inicio vino
Indeci a inscribir sin explicar bien qué era, algunos entendieron que era para
que entreguen canastas, pero la gente quería soluciones reales y no se
apuntaron. De ahí salió el padrón”, sostiene.
Lo mismo denuncian en Chancay.
Carmen Cabanillas, vicepresidenta de la Asociación de pescadores, recurseros y
vendedores independientes del puerto de Chancay, asegura que son 220 personas
que no fueron empadronadas pese a tener pruebas de que su trabajo dependía del
mar: desde vendedoras de gelatinas, fileteadores de pescado hasta pinteros de
orilla (de cordel y anzuelo) que no formaban parte de ninguna asociación.
Graciela Paredes Mejía, del
pueblo joven Santa Rosa, añade que solo ellos son 45 personas dedicadas a la
producción y venta de artesanías en el puerto de Chancay. “Hemos adjuntado
declaraciones juradas, tenemos fotos de nuestras máquinas procesadoras,
rodadoras, cortadoras, tenemos cómo probar que nosotros hacemos las chaquiras
que vendemos, pero nos ignoran”, añade. La historia se repite con la Asociación
de tolderos, sombrilleros y comerciantes ambulantes de la playa Chorrillos
parte sur, con 51 integrantes, o la Asociación de sombras y sombritas del
puerto de Chancay, de 11 miembros. Son todas asociaciones creadas después del
derrame, precisamente para tener un respaldo que ayude a los independientes a
ser reconocidos. Indican que son al menos 1.000 en total.
El jueves 12 de mayo, estas
agrupaciones marcharon hacia la Municipalidad de Chancay para pedir exigir que
de una vez se les escuche. Ese día, Jorge Núñez Carrión, jefe de la oficina de
Defensa Civil de la comuna, reconoció que en la primera lista de beneficiarios
“hubo muchos problemas de personas que no han sido afectadas” y prometió
empezar una nueva lista que estaría lista recién para la quincena de junio.
El congresista Edward Málaga
sostiene que los problemas de empadronamiento evidencian la desorganización del
Estado para identificar y atender a los afectados. Prueba de ello es que nunca
se entregó el bono prometido los primeros días del derrame, durante la gestión
de la exprimera ministra Mirtha Vásquez. “Mucha gente fue excluida por no estar
agremiada. Indeci no explica qué criterios consideraron”, señala.
Ante esta situación, Pedro Díaz,
director de la Dirección Desconcentrada de Indeci de Lima y Callao, informó a
El Comercio que se encuentran elaborando, junto a las oficinas de defensa civil
de las municipalidades de los distritos afectados, una “segunda y última” lista
que será concluida en unos 20 días. Se estima que incluiría a más de 3.000
personas. “Esta lista se entregará a Repsol y esta empresa procederá a firmar
actas individuales con lo cual, en 7 días, se procederá al pago”, dijo a este
Diario.
Restos de crudo
El último viernes, Indecopi
presentó una demanda judicial ante los juzgados especializados en lo civil de
la Corte Superior de Justicia de Lima en contra de Repsol por 4.500 millones de
dólares por su responsabilidad civil extracontractual y daños ocasionados por
el derrame.
Julián Palacín, presidente
ejecutivo de Indecopi, precisó que la demanda se realiza en concordancia con
las normas del Código Civil. “Esta indica que quien opera un bien riesgoso o el
ejercicio de una actividad riesgosa y, causa daño a otro, está en la obligación
de indemnizarlo”, añadió.
En un comunicado, la empresa
española respondió que la demanda “resulta infundada, improcedente e
incongruente” porque a la fecha han desembolsado más de 29 millones de soles en
el adelanto de indemnizaciones a los 5.555 afectados del padrón, más el coste
de los trabajos de contención, limpieza y remediación del litoral que en total
todo sumaría 150 millones de dólares. Además, Repsol volvió a responsabilizar
del derrame al “desplazamiento incontrolado del buque Mare Doricum en el
momento de la descarga de crudo”.
El 13 de abril, la empresa
terminó la limpieza superficial de las playas, pero todavía no se ha definido
el daño en el fondo marino ni el impacto en la fauna marina que sobrevivió al
derrame. De hecho, pescadores de Ventanilla y Chancay denuncian que siguen
apareciendo restos de hidrocarburo en las zonas rocosas de las playas e islas.
Cristian Reyes Gonzaga, pescador
artesanal de la playa Bahía Blanca, por ejemplo, mostró a este Diario un juguete
varado por el mar el día jueves que en su interior tenía restos contaminados.
“Estamos mayo, cuatro meses de la catástrofe, aún encontramos residuos con
petróleo”, denunció. A esto se suma que varios de ellos han presentado
problemas de salud tras el derrame, desde dolores de cabeza, ardor de ojos,
fatiga, diarreas y vómitos.
El congresista Málaga, quien
realizó una visita a Ventanilla el martes 10 de mayo, confirma que la zona
rocosa sigue visiblemente contaminada. “En los socavones de los acantilados
vimos que, si pasas la mano, las rocas están aceitosas. Cuando el agua entra,
estas rocas son lavadas y el residuo vuelve al mar”, explicó. Por ello, pide
que Repsol asegure que la limpieza y monitoreo de todas las áreas contaminadas
por lo menos durante un año, sin considerar, las investigaciones necesarias
para determinar el daño en el fondo marino.
Daniel Cáceres Bartra,
representante en Latinoamérica de la Sustainable Ocean Alliance (SOA), añade
que desde que ocurrió el derrame entidades como Instituto del Mar del Perú
(Imarpe) hayan realizado los estudios necesarios para evaluar la presencia de
contaminantes en la fauna marina que resultó afectada directa e indirectamente
por el crudo. El riesgo adicional, señala a este Diario, es que los stocks de
recursos puedan colapsar cuando se reinicien las actividades extractivas.
“No hay un análisis de
hidrocarburos totales en los invertebrados, este combustible se acumula en el
cuerpo de los organismos que luego son consumidos. Las tallas de los pescados
ya no son las de antes, el derrame ocurrió en época de reproducción de aves y
todo este impacto se desconoce”, explicó.
En los cuatro meses que han
pasado desde el derrame de petróleo, miles de personas fueron obligadas a
sobrevivir de espaldas al mar que era fuente de su trabajo y de su vida. Lo
peor es que, coinciden los expertos consultados por este Diario, todavía no
sabe si es posible o cuánto tiempo tardará recuperar todo el ecosistema dañado
la noche del 15 de enero del 2022 con la fuga de casi 2 millones de litros de
petróleo de Repsol. https://elcomercio.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”