14/6/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3989: PERÚ - Chiclayo: Defensoría del Pueblo dio ultimátum a Municipalidad Provincial de Chiclayo, por problema de aniego en Santa Victoria. El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque señaló que la Municipalidad de Chiclayo es la responsable del colapso del sistema de alcantarillado que se produjo a consecuencia de la obra que ejecuta por más de S/ 2 millones

 Martes, 14 de junio de 2022 – Año XV – Edición 3989 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Chiclayo: Defensoría del Pueblo dio ultimátum a MPCH por problema de aniego en Santa Victoria

El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque señaló que la Municipalidad de Chiclayo es la responsable del colapso del sistema de alcantarillado que se produjo a consecuencia de la obra que ejecuta por más de S/ 2 millones.

Ante los aniegos con aguas residuales en la urbanización Santa Victoria a consecuencia de la reparación de calzadas y veredas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), la Defensoría del Pueblo exigió al ayuntamiento que realice acciones inmediatas, ya que ocasionaría consecuencias a la salud y al medio ambiente.

Con el Oficio N.° 398, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, requirió al alcalde Marcos Gasco Arrobas que, en el plazo de cinco días, informe las acciones que realiza para solucionar dicho problema que se originó a consecuencia de los trabajos del ayuntamiento.

En el documento se indica que urge que el proyecto se realice en condiciones de salubridad y seguridad. Esto, a fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la salud e integridad de la población, en especial en aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad (niños, niñas, ancianos y gestantes) que habitan en la urbanización Santa Victoria.

“La obra es antitécnica, pues la comuna no consideró el mal estado de las redes de saneamiento antes de realizar el mejoramiento de las veredas y la calzada. No se puede responsabilizar a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), cuando es la municipalidad chiclayana la que ejecutó la obra”, expresó Hidalgo a La República.

El funcionario señaló que dicho proyecto está a cargo de la contratista Veldiz Perú SAC. Tiene una inversión de S/ 2 292 976, el cual inició el 1 de abril de 2022 con un plazo de ejecución de 120 días. El periodo culmina el 31 de julio próximo.

Hidalgo señaló que la población afectada reside en las calles Eten, Pimentel, Pacasmayo, La Mar, General Goicochea.

En dichas localidades se registró la inundación de aguas residuales en la vía pública y en las viviendas a causa de la rotura de los buzones. https://larepublica.pe/

 

HIDROREGIONES PERÚ

Afectados por la contaminación de la cuenca Coata exigen en Lima celeridad en ejecución de proyectos

Una comitiva de autoridades y dirigentes de los distritos afectados por la contaminación de la cuenca Coata y el lago Titicaca, viajaron hasta la ciudad de Lima para exigir a las autoridades del nivel central acelerar la ejecución de proyectos a favor de la población afectada y que ayuden a remediar dicha cuenca.

El presidente del Frente de Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago Titicaca, Félix Suasaca, señaló que cansados de los desaires de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), decidieron viajar hasta la ciudad de Lima para exigir a las autoridades la ejecución de proyectos de saneamiento básico, irrigación agricultura, salud, descontaminación y otros.

“Exigimos que se atienda la salud humana de los niños y afectados por metales pesados, es responsabilidad del Estado proteger la salud de todos los ciudadanos”, dijo a través de Pachamama radio.

El dirigente, adelantó que desde el Gobierno Regional de Puno ya se dio inicio a la elaboración del expediente técnico para la recuperación de los ríos Torococha y Coata, además del lago Titicaca; sin embargo, no se precisó la fuente de financiamiento para tal fin. https://www.pachamamaradio.org/

 


PAAE: declaren en emergencia circuito petrolero

Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAE), solicitaron al presidente Pedro Castillo, declare en Emergencia Permanente las 5 provincias pertenecientes al circuito petrolero: Datem del Marañón, Loreto, Maynas, Requena y Alto Amazonas.

La declaratoria ayudaría a resolver los problemas ambientales, sociales, humanitarios, educativos, salud, saneamiento, electrificación, conectividad, desarrollo turístico, agrario, pecuario y productivo.

Argumentan que se encuentran en el ámbito de intervención del Lote Petrolero, que según la OEFA se registraron más de 400 derrames de petróleo y hasta a la fecha no solucionaron el impacto ambiental ocasionado.

“Según un estudio del Ministerio de Salud, gran parte de la población que vive en estos distritos, tiene mercurio y otros metales en su cuerpo. Además, los constantes derrames de petróleo ocasionaron que los ríos estén contaminados y la población no puede dedicarse a la pesca ni alimentarse de pescado”, indican a través de un documento.

De otro lado, informes de Defensa Civil de los municipios del circuito petrolero, concluyen que más del 90% de la infraestructura educativa se encuentra en alto riesgo y no existen condiciones para que los niños estudien en condiciones dignas.

A esta problemática se suma, que cerca del 95% de la infraestructura de los Puestos de Salud es de alto riesgo y la población no puede recibir atención de salud adecuada, ni acceder a medicinas y profesionales calificados. https://proycontra.com.pe/

 


HIDROMUNDO

50 años de contaminación industrial acabaron con todo

Restaurantes con mesas vacías, paseos costeros sin turistas, una pequeña caleta de pescadores atendiendo a un puñado de clientes locales y una empobrecida cadena de comercios sobrevive bajo las columnas de vapor, gas y metales pesados que liberan fábricas concentradas en menos de ocho kilómetros de una costa de Chile.

Asomada al Pacífico, la bahía de Quintero-Puchuncaví era apenas un poblado habitado desde la última glaciación en el que descansaba una de las postas finales del llamado «camino Inca», cuando el conquistador Pedro Valdivia la pisó por primera vez y se la entregó a uno de los sobrinos del papa Julio II.

Una larga playa y ensenada del litoral central dedicada a la agricultura y pesca tradicional, rica en fauna y flora, hasta que en 1958 el entonces Gobierno de Chile tomó una decisión que más de medio siglo después la ha convertido en uno de los lugares más contaminados del mundo.

Un «área de sacrifico ambiental» en el que el desarrollo industrial prevalece sobre la salud y la vida de los ciudadanos, envuelto a diario en una tóxica nube de ‘smog’ que causa lluvia ácida e intoxicaciones masivas, como la que la segunda semana de junio de 2022 afectó a más de 150 personas, en su mayoría niños, obligando a parar la vida.

Acabaron con todo

A lo largo de la playa, donde los Incas desarrollaban su comercio, ahora se alinean 18 industrias altamente contaminantes que vierten a la atmósfera miles de millones de partículas de dióxido de azufre y que se deshacen de sus venenosos residuos sobre un océano que hasta hace solo unos años era un paraíso de biodiversidad.

No es la única. Hay otras cuatro «zonas de sacrificio» en Chile: Coronel, Huasco, Mejillones y Tocopilla, pero Quintero-Puchuncaví sí es la más deteriorada y tristemente famosa porque las intoxicaciones masivas se repiten sin que parezca que se quiera atacar el problema.

«Toda nuestra vida ha estado condicionada durante los últimos 50 años «, afirmó a Efe el dirigente vecinal Juan Pablo Arancibia, a pocas cuadras de uno de los colegios afectados por la nueva intoxicación.

«Nunca se puede encontrar la fuente emisora de la contaminación, las sanciones nunca llegan y eso provoca mucha frustración en la población, que ve que esto se naturaliza», agregó.

«Teníamos una calidad de vida muy buena, preciosa. Nuestras playas tenían arenas blancas, dunas. Hoy no queda nada», aseguró Alonso.

Historial de habitantes intoxicados

La transformación de esta bahía, antes un reconocido lugar de veraneo, empezó en 1961, con la fundación del parque industrial Ventanas, en un contexto de fomento productivo impulsado por el Estado.

Primero, la lluvia ácida suprimió la fertilidad de la tierra, reduciendo en un 99% la superficie cultivada entre 1964 y 2007. Después se deterioró el mar, que antes ofrecía una abundante pesca. Y luego empezaron las enfermedades.

En 2018 fueron 1.700 los afectados, pero las escenas de aquel entonces se han repetido cuatro años más tarde, esta semana, con ambulancias y carros de bomberos que se apostaron fuera de colegios para atender los síntomas: mareos, dolores de cabeza, vómitos, desmayos y una gran indignación entre los habitantes.

“Es terrible que se te intoxique un hijo, que le salga sangre de las narices, que se desmaye, que no sienta las piernas porque se expuso a la contaminación”, comentó a Efe la vocera de Mujeres de Zonas en Sacrificio en Resistencia Quintero-Puchuncaví, Katta Alonso.

Resulta complejo determinar responsables porque no todos los gases están regulados por la ley. Las industrias suelen culparse unas a otras, aunque diversas investigaciones apuntan a que el dióxido de azufre y el material particulado sobrepasan los límites normados.

“Toda nuestra vida ha estado condicionada durante los últimos 50 años”, afirmó a Efe el dirigente vecinal Juan Pablo Arancibia, a pocas cuadras de uno de los colegios afectados por la nueva intoxicación.

«Nunca se puede encontrar la fuente emisora de la contaminación, las sanciones nunca llegan y eso provoca mucha frustración en la población, que ve que esto se naturaliza», agregó.

¿Qué industrias contaminan?

A los residuos de la fundición de cobre que funciona junto a la playa se han sumado a lo largo de los años una ola de derrames petroleros, prolongando un conflicto entre pescadores y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

En 2014, la rotura de una conexión entre un buque y el terminal de puerto produjo, según un informe de la Gobernación Marítima, el vertimiento de 38.700 litros de petróleo, el primero de una serie de derrames que continúan hasta junio de 2022.

«Estamos en una situación gravísima. Lo que pedimos es que de una vez por toda se cierren las empresas más contaminantes y se hagan estudios de impacto ambiental», apuntó Alonso.

La presencia de metales pesados y gases tóxicos ha sido constatada por diversos organismos como el Colegio Médico, organizaciones no gubernamentales e investigaciones del Estado.

Un estudio de la Universidad Católica y la fundación Chile Sustentable determinó que los habitantes de zonas con termoeléctricas se enferman hasta cuatro veces más que la media nacional, con cuadros respiratorios, cardiovasculares y tumores malignos. https://www.lahora.com.ec/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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