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HIDROBOLETÍN FENTAP 3991: ERÚ - Chiclayo: MPCh no solicitó planos del estado situacional de las redes de saneamiento. El gerente general de Epsel informó que la municipalidad no pidió documentos técnicos para ejecutar las obras de avenida José Balta y urbanización San Juan. Afirmó que, si hay problemas, la comuna asumirá responsabilidades

 Jueves, 16 de junio de 2022 – Año XV – Edición 3991 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Chiclayo: MPCh no solicitó planos del estado situacional de las redes de saneamiento

El gerente general de Epsel informó que la municipalidad no pidió documentos técnicos para ejecutar las obras de avenida José Balta y urbanización San Juan. Afirmó que, si hay problemas, la comuna asumirá responsabilidades   

El gerente general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), Víctor Mondragón Villalobos, confirmó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) no solicitó los planos del estado situacional de las redes de alcantarillado y agua potable para la renovación de veredas y adquisición de mobiliario urbano en la avenida José Balta, así como para la reparación de pavimento y veredas en la urbanización San Juan, a pesar de que el reglamento técnico de construcción así lo exige a fin de evitar daños en el sistema de saneamiento.

Mondragón Villalobos refirió que la EPS no emitió el documento técnico debido que el ayuntamiento no presentó ninguna solicitud a fin de conocer la situación de las tuberías que tienen hasta 60 años de antigüedad en las zonas donde el municipio chiclayano ejecuta los trabajos.

“Contar con la documentación debe ser parte del trámite administrativo con el propósito de prevenir las interferencias en las redes de agua y desagüe. Además, hay que tener en cuenta que en las veredas se encuentran las cajas de registro, las cuales podrían ser afectadas”, expresó Mondragón.

El funcionario aseveró a La República que la comuna omitió dicho procedimiento; sin embargo, anotó que Epsel designó un equipo del área de Comercial y Catastro para que realicen un acompañamiento en la obra de la avenida José Balta.

“El objetivo es que la contratista (Consorcio Asfaltos Urbanos) cumpla con los lineamientos técnicos y no se afecte la infraestructura de Epsel”, remarcó.

Ante un eventual daño en el sistema de saneamiento, Víctor Mondragón remarcó que será la municipalidad la que asuma responsabilidades, es decir, en el gasto de la inversión, que significaría reparar la tubería o las conexiones domiciliarias.

Incluso señaló que la Contraloría General de la República debe ejecutar las acciones de control que correspondan en el marco de la norma. https://larepublica.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Contraloría alerta incremento de costo por retraso en ejecución de obra de agua y saneamiento en Coata

La Contraloría General alertó que la ejecución de la obra Mejoramiento y ampliación del sistema integral de agua potable y saneamiento en las localidades de Coata, Sucasco y Almozanche, distrito de Coata-Puno «, se encuentra atrasada, lo que genera un incremento en su costo y una demora en su ejecución, así como en la entrega a la población beneficiaria.

Esta obra de agua potable y saneamiento está a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) y cuenta con un presupuesto de S/ 25 millones 465 mil 667 soles.

De acuerdo al Informe de Control Concurrente N° 032-2022-OCI/5303-SCC, el avance acumulado reportado en la valorización N°18, correspondiente al mes de abril, es de 36.96% pero según el avance programado debió estar al 90.30%, lo que evidencia un retraso en la ejecución de la obra.

La fecha de inicio de ejecución de obra fue el 12 de noviembre de 2020 y fin del plazo 3 de octubre de 2021 (inicial), pero con las ampliaciones de plazo será el 17 de junio de 2022. https://www.pachamamaradio.org/

 


Obra de saneamiento de Huarmey está paralizada por deficiencias en expediente técnico

Desde enero de 2022, la obra de creación del servicio de agua potable y desagüe que ejecuta la Municipalidad Provincial de Huarmey (región Áncash), en el centro poblado Congon, se encuentra paralizada. Al respecto, la Contraloría General de la República ha expuesto los motivos de la suspensión del proyecto.

Irregularidades

Mediante un informe de orientación de oficio, la entidad de control precisó que la obra está detenida por deficiencias encontradas en el expediente técnico y por la demora de la reformulación del mismo por parte de la comuna de Huarmey.

El proyecto tiene un costo aproximado de 1,1 millón de soles y fue adjudicado al consorcio Alpamayo en abril del 2021, tras un proceso de selección convocado por la municipalidad.

Dicha situación adversa retrasó la prestación básica del sistema de agua potable y desagüe a los beneficiarios. Además, afectó el cumplimiento de los objetivos institucionales de la obra.

La última suspensión, que fue la segunda, se realizó el 31 de enero de este 2022 y se amplió por 45 días más el 1 de marzo. De esta manera, la Contraloría precisó que, al contar desde fines de enero hasta el 27 de mayo último, llevaba 116 días paralizada.

En este contexto, la Contraloría exhortó al alcalde de la provincia de Huarmey, Elmer Dueñas Espíritu, que se adopten las medidas correctivas. https://larepublica.pe/

 


HIDROMUNDO

Minería y mercurio, amenazas peligrosas que atentan contra la salud de comunidades indígenas

La minería y el mercurio se han convertido en una amenaza para las comunidades indígenas por su alto impacto negativo en la salud de los pobladores. Entre 2015 y 2021, Bolivia importó alrededor de 1.285,3 toneladas de mercurio, la mayor parte se destina a la minería, según Óscar Campanini, actual director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

El mercurio es una sustancia tóxica catalogada por Naciones Unidas como uno de los venenos más peligrosos que hay en el mundo, pero en Bolivia se sigue utilizando sin ningún tipo de control.

Campanini detalla que desde 2015 en el país se importa un promedio de 180 toneladas de mercurio al año, cuando se necesitan solo entre 60 y 90 toneladas. La mayor parte de esta sustancia se destina a la explotación del oro. Esa situación ubica a Bolivia como el segundo importador más importante de mercurio a nivel internacional, después de la India.

Pero lo que más preocupa al experto es la ausencia de control desde el gobierno sobre las importaciones, el comercio y el uso de esta del mercurio en territorio nacional.

“Antes de 2015 se importaba 10 toneladas de mercurio por año, la mayor parte destinada a la minería. Desde ese año subió a casi 200 toneladas por año de mercurio importado, eso ha convertido a Bolivia en el segundo importador más grande del mundo. Esa situación genera una gran preocupación porque (el mercurio) termina mal usado o en los lechos del río contaminando a los peces y a las personas que nos alimentamos de esos productos”, afirma a la ANF.

El experto señala que desde 2015 uno de los principales proveedores de mercurio es México, desde 2020 se sumaron los países de Rusia y la India.

“En Bolivia no existe un control sobre la importación del mercurio”, alerta el director del Cedib y señala que esta sustancia se usa en minería aurífera, y para ello se esparce en los ríos, contaminándolos y poniendo en riesgo a la salud de la población.

El mercurio es un elemento metálico líquido que ayuda a separar y extraer el oro de las rocas, arena u otro material.

Lamenta que el estado boliviano no tenga un Plan Nacional de Acción para controlar la importación legal del mercurio, pese a que existe un compromiso por el convenio de Minamata a la cual está suscrito el gobierno y establece que los estados deben implementar estrategias para controlar, disminuir el uso, el comercio y los desechos del mercurio.

“En el caso de Bolivia esto desafortunadamente no avanza, pese que el plan debía presentarse en mayo, donde se tenía que describir cuáles eras las acciones. Lamentablemente no existe un control sobre la importación del mercurio, hacia dónde va, cómo se usa, cómo se almacena ni como se desechan o quiénes y dónde venden, esto es un tema de alta preocupación, pero el Estado no toma cartas en el asunto a pesar de sus compromisos internacionales asumidos”, afirma.

Campanini asegura que en Bolivia existe una normativa ambiental que establece la obligación de que la minería aurífera que usa mercurio sí o sí lo recupere a través de ciertos mecanismos, sin embargo, “el propio Gobierno ha reconocido que el 90% del oro que se extrae en Bolivia no recupera mercurio”.

El mercurio y la salud de las comunidades

Otra de las preocupaciones para el Cedib es el impacto directo del mercurio sobre la salud de las personas. Expresa que hay estudios que demuestran que las personas de comunidades indígenas, sobre todo en el río Beni y el río Madre de Dios, ya tienen un nivel de mercurio en el cuerpo muy alto.

“El mercurio en el agua se transforma en una molécula orgánica altamente tóxica que absorbido por microorganismos que son el alimento de peces y otros animales, que son consumidos al final de la cadena por las personas. Esto puede tener impacto importante en la salud y el cuerpo muy difícilmente elimina el mercurio, eso quiere decir que lo acumula y afecta a los riñones y al sistema nervioso”, agrega.

Campanini dice que entre los efectos están dificultades para controlar el cuerpo, los movimientos y en el caso de las mujeres gestantes que se contaminan con mercurio, presentan complicaciones en el embarazo e incluso, los niños no desarrollan de forma óptima su sistema nervioso.

Isidro Flores, indígena de la comunidad Correo en el norte paceño, explica que su región está siendo afectada por las mineras y que cada vez son atacados, amenazados y encarcelados para no denunciar la actividad extractivista, pero lo que más le preocupa es la contaminación que genera la actividad que depredan los árboles y contaminan los ríos, donde antes solían pescar e incluso usar el agua del río para beber y preparar sus alimentos.

Hoy ya no lo pueden hacer, afirma Isidro, debido a que el agua que hace dos años tenía un color claro, hoy está sucio, contaminado por mercurio y diesel que utilizan las empresas mineras para extraer oro. Incluso, en los lechos de los caudales ya no cultivan sus alimentos por esa situación.

“Nosotros en la comunidad no tenemos agua potable, tomábamos del río, con esa agua nos cocinábamos, pero ahora fíjense el río está sucio, lleno de mercurio y diesel, ya no hay pescado. Por tomar agua, nos enfermamos”, dice a tiempo de señalar que su comunidad no tiene un centro de salud y menos médicos que cuiden de la salud de los pobladores.

Campanini agrega que la actividad minera ilegal o legal en territorio nacional no respeta la forma de vida de las comunidades indígena y son estas áreas donde la actividad cada vez más se incrementa sin ningún tipo de control ni cuidado con el medio ambiente.

“Hay actividades totalmente ilegales pues ni siquiera han iniciado sus trámites y están realizando actividades mineras en zonas en las que no se permitirían estas actividades. Hay descontrol total de la minería aurífera”, afirma. https://elpais.bo/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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