Jueves, 23 de octubre de 2025 – Año XX – Edición 4823
La Libertad: agua y alcantarillado de
Ascope será administrado por SEDALIB
En la provincia de Ascope, la gestión del agua potable fue
tema central de debate entre los regidores provinciales. Con seis votos a favor
y cinco abstenciones, se tomó una decisión considerada histórica para los
habitantes locales, al aprobar que la empresa Sedalib administre el servicio de
agua y alcantarillado. Esta medida busca mejorar un servicio que durante años
ha sido motivo de quejas y preocupación por su mala calidad.
¿Por qué los regidores aprobaron la
administración de Sedalib?
La regidora Elcira Pósito explicó que la sesión
extraordinaria se convocó luego de varios meses de postergaciones. Según
indicó, la decisión se basó en el Decreto Legislativo 1280, que establece la
integración de los servicios de saneamiento bajo empresas prestadoras. El voto
dividido refleja un debate intenso, donde algunos regidores optaron por
abstenerse ante presiones y controversias locales. Sin embargo, la mayoría
coincidió en que era necesario un cambio urgente para garantizar el acceso al
agua segura.
¿Qué distritos serán beneficiados con
esta medida?
Sedalib abastecerá inicialmente a los distritos de Chocope
y Rázuri, donde los problemas de abastecimiento son más graves. La regidora
Pósito sostuvo que esta decisión representa un avance, pues la empresa tiene
mayor capacidad técnica y experiencia para atender la demanda provincial.
Además, no se ha establecido aún un monto económico por la transferencia, tema
que se resolverá en coordinación con el Ministerio de Vivienda y la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
¿Qué sigue tras la aprobación de los
regidores?
Luego del voto favorable, corresponde que la municipalidad
distrital de Casa Grande y otras jurisdicciones inicien la documentación
necesaria para formalizar la integración. Se espera que en las próximas semanas
se establezcan los plazos y requisitos técnicos. El proceso será supervisado
por las autoridades regionales y nacionales para garantizar transparencia y
cumplimiento de la norma.
¿Qué opinan los ciudadanos sobre la
decisión?
Parte de la población de Casa Grande y Ascope mostró
preocupación por el cambio, temiendo incrementos en tarifas o fallas en la
transición. Sin embargo, las autoridades locales aseguran que la prioridad es
mejorar la calidad del servicio y la salud pública. https://soltvperu.com/
Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para
suspender ejecución de proyecto minero
Luego de conocer la decisión del gobierno de autorizar el
inicio de las actividades de explotación de Tía María, los agricultores del
Valle de Tambo, acompañados de abogados de organizaciones de sociedad civil,
anunciaron que interpondrán una medida cautelar ante el Poder Judicial para
frenar los efectos jurídicos de la resolución que dio luz verde al proyecto
minero a cargo de Southern Copper Corporation.
En conferencia de prensa, el dirigente Miguel Meza calificó
como una "imposición" la actitud del Poder Ejecutivo, que no ha
respetado el mayoritario rechazo de la población expresado desde el 2009 en la
consulta popular realizada en seis distritos de Islay. Asimismo, cuestionó el
hecho de darle luz verde a Southern, pese a que no cuenta con el permiso de uso
de agua requerido ni el derecho de servidumbre
"¿Cómo le otorgan esta resolución ministerial a
Southern? Su estudio de Impacto Ambiental está caduco, no tiene la servidumbre
y no cuenta con autorización de uso de agua. Recordemos que, su primer EIA era
un mamarracho y respecto a su segundo estudio, dijeron que iban a sacar agua
del mar. Hace días estuve conversando con la alcaldesa de Mejía y me informó
que no hay trámite ante la municipalidad o Dicapi", manifestó.
De igual forma, recordó que, hasta el momento, ningún
representante del gobierno se ha acercado a dialogar con la población del Valle
de Tambo, pese a que se han cursado invitaciones anteriormente tanto a la
expresidenta Dina Boluarte como a sus ministros de Estado. Por lo pronto,
insistirá en este pedido ante el mandatario José Jerí y el gabinete
ministerial, aunque reconoce no tener muchas expectativas al respecto.
Meza informó que en los próximos días se convocará a una
asamblea popular para decidir las acciones a tomar en rechazo al proyecto Tía
María. Para este propósito, se ha conformado una comisión que dialogará con
otras organizaciones sociales y ya está en funciones un Comando de Lucha en el
Valle de Tambo que liderará la presión en las calles.
Inicio de Tía María podría frenarse
Según explicó David Velazco, director Ejecutivo de
Fedepaz, ya existe una demanda de amparo contra las autoridades ambientales y
la propia empresa de capitales mexicanos que fue presentada a fines de marzo de
este año. El cuestionamiento central se centra en la vigencia del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), que caducó en el 2019.
"Estamos cuestionando la vigencia del EIA a
través de la demanda de amparo que hemos presentado ante el Primer Juzgado
Constitucional de Lima. Este jueves, vamos a plantear una medida cautelar, de
manera preventiva, y esperamos que el Poder Judicial suspenda los efectos de
esta resolución directoral que autoriza las actividades de explotación hasta
que se resuelva el pedido principal que tiene que ver con la caducidad del Estudio
de Impacto ambiental", indicó a este medio.
En la misma línea, estimó que el Poder Judicial debe
emitir un pronunciamiento en unos 30 días y el tema de fondo podría resolverse
a fines de diciembre o inicios de enero del próximo año. A su juicio, existen
las pruebas necesarias para conseguir un fallo exitoso, puesto que un EIA tiene
solo cinco años de vigencia, y el estudio presentado y aprobado data del 2014
Por su parte, Rodrigo Lauracio, miembro del equipo
legal de la Red Muqui, recordó que los pobladores del Valle de Tambo han
agotado todas las vías administrativas necesarias antes de recurrir a la
instancia judicial. Y es que, ellos presentaron un pedido de nulidad ante la
Dirección General de Minería y solicitaron al Senace incorporarse como tercero
en el procedimiento administrativo. No obstante, estos recursos fueron
desestimados.
"Senace han sostenido que los pobladores no
tenían un interés legítimo para intervenir en este procedimiento de evaluación
de la caducidad del EIA. Esto claramente es una negativa y, por lo tanto, la
vía que correspondía era judicializar el caso a través de una demanda de
amparo. Una vez llevada la audiencia el 18 de diciembre, el juez tiene el plazo
de 10 días para emitir una decisión. Para los primeros días del 2026,
deberíamos tener una sentencia, que consideramos debería ser favorable porque
tenemos los medios probatorios para acreditar que el EIA ha perdido
vigencia", anotó.
Dirigentes denuncian criminalización y evalúan
protestas
En la conferencia de prensa, también participaron
otras representantes del Valle de Tambo como Agripina Páucar, Paulina Bobadilla
y Vilma Bobadilla. Ellas denunciaron que el proyecto Tía María supone una
amenaza de contaminación de su medio natural agrícola y advirtieron una posible
afectación al ecosistema frágil de Lomas de Cachendo.
De no obtener respuesta por parte de los integrantes
del gobierno de José Jerí, no dudarán en retomar las movilizaciones para
defender el agua, su territorio y fuentes de vida. Recordaron que entre el 2011
y 2014, siete peruanos perdieron la vida durante las protestas, dos se
encuentran en prisión y existe una estrategia de criminalización contra los
líderes sociales.
En otro momento, Meza se refirió a las declaraciones
del CEO de Southern Perú, Raúl Jacob, quien anunció que concluirá la parte de
la construcción de la mina y de apertura para la segunda parte del 2027, así
como resaltó las bondades económicas de Tía María. Para Meza, la agricultura es
la actividad que mayor trabajo les da a los pobladores.
"En el Valle de Tambo, el jornal de trabajo es de
S/110 y S/120 y falta personal para trabajar la chacra. En su propio EIA,
señalan que generan 700 empleos directos, de las cuales, el 90% es para mano
calificada y el 10% que no tienen una carrera. Resulta que las políticas
mineras buscan ensalzar las bondades económicas a costa de la agricultura y el
ambiente sostenible", sentenció. https://larepublica.pe/
Banco alemán KFW se reúne con SEDACHIMBOTE
y ratifica financiamiento para PTAR II de Chimbote
SEDACHIMBOTE recibió a
representantes del Banco de Desarrollo Alemán KFW y del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para realizar un nuevo seguimiento a los estudios de lo que será la
futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) II de Chimbote, que
tiene el respaldo financiero de la entidad de cooperación extranjera.
En representación del presidente
del directorio, Dr. Víctor Sichez Muñoz, la directora Dra. Luz Domínguez Díaz
lideró la reunión junto al gerente general Ing. Rómulo Antúnez Antúnez y el
equipo técnico de Sedachimbote. La reunión de trabajo de evaluación de avances
del proyecto terminó en una visita de campo con la consultora Fitchner que se
encuentra a cargo de la fase de estudios definitivos cuyos resultados servirán
para la licitación del proyecto que se daría en agosto del 2026. La modalidad
'fast track' sería el procedimiento a implementar que permitirá otorgar a una
empresa la elaboración del diseño y la ejecución de la obra
El coordinador de cartera de
proyectos de agua y saneamiento de KFW, León Rivera, resaltó la reactivación
del proyecto superando algunos retrasos. En la visita de campo se verificaron
los trabajos técnicos de la consultora en el sector Las Gaviotas y en el cerro
cerca de Él Dorado, en Nuevo Chimbote, donde se proyecta realizar un túnel por
donde pasará la tubería para el emisor submarino que arrojará las aguas
residuales a 1500 m de longitud y a 50 metros de profundidad mar adentro luego
de ser tratadas en la PTAR II.
La directora Luz Domínguez Díaz
destacó que uno de los objetivos del PTAR II es la reutilización de las aguas
residuales, siguiendo las políticas ambientales del Estado en base al modelo de
la economía circular. En esa línea, gran parte de las aguas residuales tratadas
podrían reutilizarse en los cultivos agrícolas del Proyecto Especial Chinecas,
en el riego de parques y jardines, y en proyectos de forestación.
FINANCIAMIENTO GARANTIZADO
Los representantes de KFW
también revisaron el avance de otros proyectos que también apoyan
financieramente como el de la implementación del sistema SCADA para la
automatización que supervisa y controla procesos a distancia y el de la
adquisición de un hidrojet para Sedachimbote. Para este último ya se realizó el
llamado a licitación internacional, informó la consultora a cargo,
El gerente general de
Sedachimbote, Ing. Rómulo Antúnez Antúnez, resaltó que con esta visita KFW ha
ratificado su apoyo financiero a estos proyectos que impactarán grandemente en
la calidad de vida de la población. https://www.facebook.com/Sedachimbote
Piura, una de las regiones más
vulnerables al cambio climático
Especialistas advierten que
Piura es una de las regiones más afectadas por el cambio climático en el Perú.
Sequías prolongadas, reducción del recurso hídrico, pérdida de cultivos y
aumento de enfermedades como el dengue son algunas de las consecuencias que ya
golpean la salud y la economía de miles de familias.
En entrevista con Cutivalú, los
especialistas Micaela Guillén, coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano
frente al Cambio Climático (MOCICC), y César Ipenza, abogado especializado en
delitos medioambientales, coincidieron en que las políticas del Estado siguen
priorizando las actividades extractivas por encima de la protección ambiental.
“El cambio climático está
presente en nuestras vidas”
“Aún persiste la idea errada de
que el cambio climático no nos afecta, pero está presente en nuestras vidas. En
Piura hemos visto una reducción progresiva del recurso hídrico y restricciones
de agua en los últimos años. El impacto se refleja en los cultivos, en la
economía familiar y en la salud de la población”, explicó César Ipenza.
El especialista advirtió que los
cambios bruscos entre periodos de lluvia y sequía afectan directamente a los
agricultores y ganaderos, generando pérdidas que repercuten en toda la cadena
alimentaria. Además, los fenómenos naturales extremos se han vuelto más
impredecibles, lo que complica la planificación de actividades productivas y
eleva el costo de vida.
Por su parte, Micaela Guillén
señaló que el país atraviesa una etapa de gran vulnerabilidad. Los fenómenos de
El Niño y La Niña ahora se presentan con mayor frecuencia e intensidad,
generando consecuencias devastadoras no solo en la infraestructura, sino
también en la salud pública y la seguridad alimentaria.
“En menos de diez años hemos
vivido varios eventos extremos que han destruido infraestructura, incrementado
el dengue y afectado la seguridad alimentaria. Esto no solo golpea la economía,
también deteriora nuestra calidad de vida”, sostuvo Guillén.
Políticas que favorecen la
deforestación y la minería
Ambos especialistas coincidieron
en que la crisis climática está relacionada con decisiones políticas que
debilitan la institucionalidad ambiental. Recordaron que, en los últimos años,
el Congreso y el Ejecutivo aprobaron leyes que favorecen la deforestación,
flexibilizan la fiscalización ambiental y permiten la expansión de la minería
informal e ilegal.
“No son leyes complacientes, son
leyes cómplices. Estas normas facilitan la pérdida de bosques, que son patrimonio
de todos los peruanos, reducen la capacidad de captura de carbono y amplían la
impunidad de quienes dañan nuestro medio ambiente”, enfatizó Ipenza, al
referirse a la denominada Ley Antiforestal y a la ampliación del proceso de
formalización minera.
Guillén alertó que, mientras el
Perú se presenta en foros internacionales como un país comprometido con el
medio ambiente, en la práctica se impulsan proyectos mineros y extractivos que
destruyen ecosistemas y ponen en riesgo la vida de comunidades enteras.
“Mientras se habla de compromiso
ambiental en la ONU, aquí se priorizan las inversiones extractivistas sobre la
vida de la gente. Las leyes que se aprueban han destruido la poca
institucionalidad ambiental que teníamos y desprotegido los bienes naturales
que sostienen nuestra existencia”, indicó.
Falta de propuestas ambientales
en los planes de gobierno
Los especialistas también
llamaron la atención sobre el desinterés de los partidos políticos por incluir
propuestas ambientales en sus planes de gobierno. En las últimas campañas
electorales, los apartados sobre medio ambiente no superaban media página, lo
que refleja una visión limitada del problema y una falta de compromiso con la
sostenibilidad del país.
“Cuando hablamos del medio
ambiente, no hablamos solo de árboles o animales; hablamos del agua que
bebemos, del aire que respiramos y de los alimentos que consumimos. Si no
controlamos la contaminación, estamos afectando nuestra propia existencia”,
insistió Ipenza, quien recordó que la Ley General del Ambiente garantiza el
derecho de todos los ciudadanos a vivir en un entorno sano y equilibrado.
Finalmente, ambos especialistas
coincidieron en que el cambio climático es un problema estructural que requiere
un cambio urgente en las políticas nacionales y en la conciencia ciudadana.
Guillén subrayó la importancia de que el Perú asuma su responsabilidad en la
próxima COP 30, que se desarrollará en Brasil, donde los países de América
Latina deberán mostrar avances o retrocesos en la lucha ambiental. Por su
parte, Ipenza concluyó con un mensaje directo a la ciudadanía “Elegir bien
también es una forma de proteger el planeta.” https://www.cutivalu.pe/
