Miércoles, 24 de diciembre de 2025 – Año XX – Edición 4865
Oficializan cambios en la tarifa del
agua: Sedapal, Sedapar y Sedalib aplicarán nuevos cobros desde el próximo
recibo
El
rebalanceo tarifario aprobado por Sunass y publicado este 23 de diciembre en El
Peruano modifica los precios del agua y saneamiento para usuarios domésticos,
comerciales, industriales y estatales.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass) oficializó este martes 23 de diciembre nuevas resoluciones que
modifican el nivel y la estructura tarifaria, así como la meta de gestión
denominada “Relación de trabajo”, que serán aplicadas por las principales
empresas de agua potable del país, entre ellas Sedapal (Lima y Callao), Sedapar
(Arequipa) y Sedalib (La Libertad).
Estas disposiciones se enmarcan en el Decreto Legislativo
N.º 1620 y forman parte del rebalanceo tarifario nacional anunciado en meses
pasados, el cual alcanzará a 31 empresas prestadoras de servicios de saneamiento
y contempla incrementos para ciertos grupos / usuarios. En el caso de Lima y
Callao, más de 2,8 millones de usuarios de Sedapal afrontarán un alza en sus
recibos de agua y saneamiento.
La medida, que entrará en vigencia a partir del siguiente recibo
tras su publicación oficial en El Peruano, había generado fuertes
cuestionamientos desde el Congreso de la República y diversos sectores de la
población, que consideraron injusto el anuncio del aumento en un contexto de
servicios deficientes y denuncias por agua de mala calidad.
Mientras tanto, Sunass sostiene que el ajuste busca
garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas, mejorar la eficiencia
operativa y mantener subsidios focalizados para los hogares más vulnerables, lo
que implicará que algunos usuarios paguen más y otros menos, según su nivel de
consumo, ubicación y condición socioeconómica.
¿Para quiénes aumentó la tarifa de agua?
El aumento de tarifas impactará a los usuarios de
mayor consumo y a los sectores comercial, industrial y estatal en las tres empresas.
Quienes excedan los tramos básicos en la categoría doméstica pagarán un monto
más alto por cada metro cúbico adicional.
A continuación, se presentan los nuevos montos
establecidos para la tarifa de consumo de agua y el servicio de saneamiento.
Ambos conceptos han sido modificados respecto a los valores anteriores que se
muestran en las imágenes adjuntas:
Sedapal
Para los usuarios domésticos de Sedapal en Lima y
Callao (excepto Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo y Santa María del Mar),
la tarifa por metro cúbico de agua potable pasó a ser de S/ 2,20 hasta los
primeros 10 m³, S/ 2,36 entre 10 y 20 m³, S/ 3,22 entre 20 y 50 m³, y S/ 7,32
por cada metro cúbico adicional. En estos distritos, los usuarios con tarifa
social o subsidiada pagarán S/ 1,92 por m³ en el primer tramo.
En el caso de los usuarios comerciales y otros, la
tarifa se fijó en S/ 8,82 por m³ hasta los primeros 1.000 m³ y S/ 9,46 por m³
si el consumo supera ese volumen. Para los usuarios industriales, la tarifa es
de S/ 9,46 por m³, y para las entidades estatales, S/ 5,80 por m³.
En los distritos de Punta Negra, Punta Hermosa, San
Bartolo y Santa María del Mar, la tarifa doméstica inicial es de S/ 2,87 por m³
hasta 10 m³, S/ 3,22 entre 10 y 20 m³, y S/ 7,32 por m³ a partir de los 20 m³.
Sedapar
En la ciudad de Arequipa, la tarifa de agua potable
para usuarios sociales pasó a ser de S/ 1,21 por m³ y para usuarios domésticos
S/ 1,21 por m³ hasta los primeros 10 m³, S/ 2,14 por m³ de 10 a 25 m³ y S/ 4,36
por m³ a partir de 25 m³. Los usuarios comerciales y otros, así como los
industriales, pagarán S/ 7,70 por m³ de agua potable.
En La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La
Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón, la tarifa social y doméstica
básica es de S/ 1,08 por m³ hasta 10 m³, S/ 1,91 por m³ de 10 a 25 m³ y S/ 3,87
por m³ a partir de 25 m³. Los comercios e industrias pagan S/ 7,18 por m³ de
agua potable.
En Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala y Caravelí, la
tarifa social y doméstica básica es de S/ 0,61 por m³ hasta 10 m³, S/ 1,28 por
m³ de 10 a 25 m³ y S/ 2,32 por m³ a partir de 25 m³.
En El Pedregal, la tarifa social y doméstica básica es
de S/ 0,68 por m³ hasta 10 m³, S/ 1,41 por m³ de 10 a 25 m³ y S/ 2,56 por m³ a
partir de 25 m³.
Asignación máxima de consumo: En todas las zonas, el
volumen asignado es de 15 m³ al mes para usuarios sociales y domésticos, 50 m³
para industriales y 95 m³ para estatales.
Sedalib
La tarifa de agua y saneamiento varía según el tipo de
usuario, el volumen consumido y la localidad. En Trujillo, La Esperanza, El
Provenir, Víctor Larco, Huanchaco, Florencia de Mora y Salaverry, los usuarios
sociales y domésticos comenzarán a pagar S/ 2,42 por m³ hasta 8 m³. Entre 8 y
20 m³, la tarifa doméstica es S/ 2,80 por m³. Por encima de 20 m³, sube a S/
6,21 por m³.
Los comercios y otros usuarios pagarán S/ 5,45 por m³
hasta 20 m³ y S/ 8,17 por m³ si superan ese volumen. Las industrias pagarán S/ 8,62
por m³ hasta 100 m³ y S/ 9,93 por m³ por consumos mayores.
En Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, Chocope y
Pacanguilla, la tarifa social y doméstica es S/ 1,74 por m³ hasta 8 m³, S/ 2,10
entre 8 y 20 m³ y S/ 4,51 por m³ a partir de 20 m³.
La asignación máxima de consumo mensual es 19 m³ para
usuarios sociales, de 10 a 19 m³ para domésticos según las horas de
abastecimiento, 28 m³ para comercios, 100 m³ para estatales y 90 m³ para
industrias. Si el usuario no acepta la instalación de medidor, el consumo
asignado se duplica.
Para el quinto año regulatorio, la tarifa sube 1,33%.
En el primer año del siguiente periodo regulatorio, el incremento será de
11,97%.
¿Para quiénes disminuyó o se mantiene la tarifa?
Las tarifas disminuyen o se mantienen para hogares de
bajos ingresos y usuarios con bajo consumo, gracias al sistema de subsidios
cruzados y ajustes focalizados:
Usuarios calificados como “sociales” o “subsidiados”
en las tres empresas pagarán menos por metro cúbico de agua y saneamiento. En
Sedapal, la tarifa social baja a S/ 1,92 por m³ de agua.
Beneficiarios identificados por el Padrón General de
Hogares del MIDIS o clasificados en manzanas de estrato bajo y medio bajo
recibirán un descuento especial en la tarifa básica.
En Sedalib, los hogares de Trujillo y otras ciudades
con calificación de pobreza verán tarifas por debajo del promedio nacional para
los primeros 8 m³ de consumo.
¿Por qué se implementan estos cambios?
El rebalanceo tarifario busca que las empresas de agua
puedan cubrir sus costos y financiar inversiones, sin dejar de atender a la
población más vulnerable.
El Decreto Legislativo Nº 1620 obliga a todas las
empresas a revisar sus tarifas para lograr un equilibrio entre ingresos y
egresos.
Sunass ha fijado metas de eficiencia para cada
empresa: Sedapal (56%), Sedapar (60%) y Sedalib (59%) en la relación de
empleados por cada mil conexiones, buscando un uso más racional de los recursos
humanos y mayor calidad en el servicio.
El ajuste promueve la sostenibilidad financiera, la
mejora en la continuidad y la calidad del agua potable.
¿Cómo y cuándo se aplican las nuevas tarifas?
Las tarifas ajustadas y las nuevas metas de gestión
comenzarán a regir desde el siguiente recibo de agua tras la publicación de las
resoluciones.
El cargo fijo mensual en cada empresa se actualizará
por inflación: Sedapal (S/ 6,32), Sedapar (S/ 3,71) y Sedalib (S/ 4,82).
Los usuarios que rechacen la instalación del medidor
recibirán una asignación de consumo duplicada y, después de dos meses, podrán
ser objeto de corte de servicio. https://www.infobae.com/
Deuda de 110 millones y déficit financiero pusieron a EMSA Puno
al borde de ser administrada por la OTASS
El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Arturo
Mamani Pandia, se pronunció sobre la situación financiera de EMSA Puno,
señalando que la empresa arrastra una deuda que supera los 110 millones de
soles y mantiene un déficit económico sostenido en los últimos años. Esta
situación, según indicó, fue uno de los factores que generó la advertencia de
una posible intervención por parte de la OTASS, en el marco de una resolución
emitida por la SUNASS.
Mamani Pandia explicó que el consejo municipal no fue
informado oportunamente ni convocado a reuniones previas donde se habría
evaluado la administración temporal de EMSA Puno por la OTASS. Asimismo, señaló
que existe preocupación por la falta de información detallada sobre los
criterios técnicos y financieros que sustentarían dicha medida, así como por
las deficiencias en la prestación del servicio de agua potable en diversas
zonas de la ciudad y otras localidades atendidas por la empresa.
Finalmente, se conoció que en la reunión sostenida el
último viernes, el gerente de EMSA Puno descartó que la empresa pase a la
administración de la OTASS. No obstante, precisó que se continuarán
desarrollando reuniones y evaluaciones relacionadas con las deudas acumuladas y
las problemáticas financieras y operativas que actualmente presenta EMSA Puno. https://ladecana.pe/
Faenón a favor de Cerro Verde:
Sedapar «regala» agua tratada a empresa minera por 35 años más
La decisión de abandonar los
intereses de Arequipa en favor de Cerro Verde, la minera más grande del Perú en
cuanto a la explotación de cobre, corresponde a SEDAPAR. Los mandamases de la
empresa de saneamiento de Arequipa son el presidente de la Junta de
Accionistas, Víctor Hugo Rivera, en su calidad de alcalde provincial; y el
presidente del Directorio, Marco Falconí Picardo, excongresista y exmiembro de
la controversial Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ambos, eternos candidatos en
elecciones regionales y municipales que -tras muchos años- lograron un triunfo
electoral que ahora usan para perjudicar a su ciudad.
En medio de un ambiente de
secretismo y a espaldas de la población, el Octavo Convenio Marco entre Sedapar
y Cerro Verde se suscribió el viernes pasado en la ciudad de Lima donde el
presidente José Jerí iba a apadrinar el acuerdo, lo que finalmente no sucedió.
Mediante el documento, se entrega el agua servida de Arequipa por 35 años o
más, luego de ser tratada en la planta La Enlozada.
Hasta entonces, SEDAPAR no
informó los términos del Convenio, pese a varias solicitudes de información y
aunque se trata de un asunto que afecta a toda la población, actual y futura,
no se socializaron los términos con autoridades ni la sociedad civil.
Así, el recurso hídrico limitado
y escaso que tiene Arequipa, ya utilizado por la población, pero con
posibilidades de reuso como se hace en todo el mundo, ha quedado hipotecado por
tiempo indefinido para uso exclusivo de la empresa minera.
Los «términos» del «acuerdo»
Pese a que, por años, se habló y
discutió sobre el monto que la empresa minera debía pagar por el uso del agua
tratada, finalmente, se desestimó cobrarle. No se venderá el agua tratada, en
cambio, se apelará a la buena voluntad de Cerro Verde para que efectúe una
«contraprestación» por ese uso.
Sin embargo, se ha fijado un
costo por metro cúbico de agua tratada, mínimo que contradice todos los
cálculos anteriores, para que se tome en cuenta en la «contraprestación» que se
hará a través de obras en un listado cuya prioridad tampoco ha sido socializada
sino impuesta.
Lo más indignante del hecho es
que estas otras se harán bajo convenio en la modalidad «Obras por Impuestos»
que es una modalidad de contratación por la cual la empresa deja de pagar
impuesto por un monto equivalente a lo que invierte en la obra. Así, la
«contraprestación» no es tal, porque la empresa ya está «cobrando» (por usar un
término que se entienda) por esas obras. Su retribución por el uso del agua
tratada termina siendo igual a cero.
Pero hay más. La minera cobra
montos elevados por la construcción y la operación de la planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR) La enlozada, que construyó al lado de sus
operaciones, lo que elevó sus costos en su momento. Y sus «cálculos», en
contraposición a los que hizo una empresa auditora especializada alemana,
resultaron más altos de lo imaginado y, curiosamente, igualan o exceden lo que
debía pagar el uso del agua hasta el momento.
En suma, según explicaron los
funcionarios de SEDAPAR, la minera Cerro Verde está siendo magnánima con
Arequipa. Y su filantropía es lo único que permite descontaminar las aguas y
salvarnos de esa carga que-en la práctica- le ha permitido quintuplicar sus
operaciones.
La negligencia de SEDAPAR
La que podría ser la «peor
negociación de la historia», deja a SEDAPAR, una empresa pública, prácticamente
en la indigencia por los próximos 35 años. Pues el convenio rige hasta el año
2060 o «hasta que la minera finalice sus operaciones, lo que ocurra después».
En otras palabras, SEDAPAR no podrá dotar de agua a grandes masas de pobladores
que permanecen sin el recurso básico porque su prioridad en darle todo tipo de
facilidades a la gran empresa.
Todas las explicaciones del
«entreguismo» brindadas en conferencia de prensa este lunes 22 se basan en la
falta de recursos. Sin embargo, la propia gerenta de la empresa, Yanet Montoya,
a quien deberían darle un curso básico de finanzas empresariales, reconoció que
están dejando de cobrar a Cerro Verde por el agua utilizada desde 2015, un
total de 2 mil 163 millones de dólares. Según estimaciones de entendidos, lo
que se dejará de cobrar hasta 2060 supera los 8 mil millones de dólares. Aquí
sí aplica la frase: «son pobres porque quieren».
Así pues, más allá de las
posibles responsabilidades civiles y penales por esta «mala negociación»,
Víctor Hugo Rivera Chávez y Marco Falconí Picardo le deben una explicación a
Arequipa con la que acaban de adquirir una deuda histórica. La población no lo
olvidará. https://elbuho.pe/
El año ambiental
El cierre del 2025 encuentra al
país – y al mundo – en un escenario ambiental marcado por retrocesos
institucionales, conflictos socioambientales persistentes y una agenda
climática debilitada frente al avance de intereses extractivos. A ello se suma
un contexto político preelectoral que incrementa la presión sobre los
territorios y pone en riesgo derechos fundamentales vinculados al ambiente, el
agua y la vida.
En su última edición del año, el
programa La Hora Verde realizó un panel para evaluar los logros y desafíos
ambientales del 2025. Con la participación de especialistas, se destacaron
algunos avances puntuales, pero prevaleció la preocupación por un contexto
general de debilitamiento institucional, imposición de proyectos extractivos y
la creciente presión sobre los territorios.
Entre los
aspectos positivos, Jessica Huertas, activista ecofeminista, resaltó la
creación de la nueva área natural protegida de Bajo Putumayo, lograda mediante
consulta previa, y la actualización de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC) del Perú, que ahora incluyen temas como migración climática
y transición justa. Asimismo, Paul Maquet, de CooperAcción, valoró hitos como
la multa impuesta a la minera Antapacay por contaminación del aire en Espinar,
la absolución de defensores ambientales de Cotabambas y el reconocimiento del
lago Titicaca y el río Marañón como sujetos de derechos.
En el plano
internacional, Santiago Cané, de la Asociación Interamericana para la Defensa
del Ambiente (AIDA) destacó avances como el Acuerdo del Alta Mar y las
opiniones consultivas de cortes internacionales que reconocen la obligación de
los estados de proteger el clima.
Sin embargo, el
balance evidenció múltiples retrocesos y amenazas. En el nivel nacional, se
señaló el constante debilitamiento de la institucionalidad ambiental, con
intentos de reducir las atribuciones del Ministerio del Ambiente y del SENACE.
La minería ilegal e informal sigue expandiéndose, agravada por la quinta
ampliación del REINFO, una medida que no resuelve el problema de fondo. También
se criticó la imposición de proyectos extractivos, como Tía María, y de
infraestructura vial, como el llamado Anillo Vial Periférico, pese al rechazo
de las poblaciones locales. Se destacó la continuidad de los crímenes contra
defensores ambientales, en particular el asesinato de Hipólito Quispehuamán,
defensor de Tambopata (Madre de Dios), que nos recuerda que el Perú sigue siendo
uno de los países más peligrosos para los luchadores que protegen el ambiente.
En el plano
climático, se advirtió que el Perú llega al próximo año con escasos avances en
adaptación y mitigación, pese a ser uno de los países más vulnerables a los
efectos del cambio climático. La falta de articulación entre niveles de
gobierno, la ausencia de presupuestos adecuados y la desconexión entre
discursos internacionales y políticas internas fueron señaladas como brechas
críticas.
A nivel
internacional, los panelistas coincidieron en que la COP30 en Belén do Pará,
pese a su mayor participación indígena y social, no logró acordar una hoja de
ruta concreta para el abandono de los combustibles fósiles, la tarea más
urgente. Se lamentó el nuevo retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y el
avance del negacionismo climático en gobiernos como el argentino, donde se
priorizan las ganancias de las empresas sobre los derechos ambientales.
Mirando hacia el
2026, los expertos plantearon retos clave. Huertas enfatizó la necesidad de
priorizar la adaptación al cambio climático, implementar el Plan Nacional de
Adaptación y fortalecer la educación ambiental. Maquet llamó a convertir lo
ambiental en un tema prioritario para la opinión pública en un año electoral
crucial, para evitar que se siga desmantelando la institucionalidad. Cané
alertó sobre los riesgos de una escalada bélica global y de un nuevo
extractivismo de minerales críticos para la transición energética, que repite
patrones de colonialidad en la región.
El programa
cerró subrayando que, pese a los avances técnicos y jurídicos aislados, la
tendencia regional es de flexibilización normativa, persecución a defensores y
un enfoque que prioriza la inversión sobre la protección ambiental, lo que hace
más urgente que nunca la articulación y movilización de la sociedad civil. El
programa puso énfasis en que el extractivismo sigue siendo el eje dominante del
modelo de desarrollo, sin una discusión real sobre transición justa ni
alternativas económicas sostenibles. Conflictos vinculados a minería,
hidrocarburos y deforestación continúan reproduciéndose en diversas regiones
del país, mientras el Estado muestra una respuesta fragmentada e insuficiente.
Asimismo, se
remarcó que el 2026 —marcado por procesos electorales— será clave para definir
si el país profundiza el actual rumbo o abre espacio a una agenda ambiental
basada en derechos, participación ciudadana y justicia territorial. La
necesidad de que el debate ambiental ingrese con fuerza a la discusión política
fue uno de los llamados centrales del programa.
La Hora Verde
dejó sobre la mesa una reflexión urgente: sin una ciudadanía informada y
organizada, y sin autoridades comprometidas con la defensa de los bienes
comunes, el balance ambiental seguirá inclinándose hacia la pérdida de
ecosistemas, el aumento de conflictos y el deterioro de las condiciones de
vida. El desafío no es menor: redefinir el rumbo antes de que los daños sean
irreversibles. https://cooperaccion.org.pe/
