18/9/26

Trabajadores de Seda Huánuco protestan exigiendo destitución de funcionarios - Hidroboletín Fentap 5047

Viernes, 18 de setiembre de 2026 – Año XXI – Edición 5047

Trabajadores de Seda Huánuco protestan exigiendo destitución de funcionarios

Con un plantón en las instalaciones de la empresa Seda Huánuco, el Sindicato de Trabajadores inició una medida de protesta para exigir al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) el retiro de la plana gerencial. Pedro Beteta Tarazona, secretario general del gremio, advirtió que las protestas escalarán a un paro regional de 48 horas programado para el próximo 13 de octubre.

La dirigencia sindical formalizó el pedido de remoción de funcionarios designados por la entidad administradora, entre ellos del gerente general Mirko Jurado Dueñas, la gerente Operacional, Analyn García Torres, el gerente Comercial Carlos Sánchez Esquives, el administrador Miguel Castello Gonzales; además de Romina Sánchez Tapia, gerente de ingeniería y la asesora legal Gabriela Cevallos Portugal.

Entre las razones del reclamo, Beteta señaló deficiencias en la prestación del servicio de agua potable y presuntas irregularidades administrativas en la adquisición de indumentaria para el personal. «Hemos detectado la adquisición de uniformes sobrevalorados», afirmó el dirigente.

Asimismo, el gremio denunció atropellos laborales, modificaciones arbitrarias en los horarios de trabajo, demoras en el pago de beneficios sociales y el retraso continuo en la construcción del local central.

Respecto al estado técnico de la empresa, el sindicato cuestionó que el canal de conducción de agua —con más de 60 años de antigüedad— sufrió un colapso hace más de tres meses y hasta la fecha solo funciona mediante parches provisionales de tuberías sin una solución definitiva.

Dijo que la medida de fuerza abarca a un promedio de 150 trabajadores distribuidos entre las sedes de Huánuco, Tingo María y Aucayacu.

Los manifestantes exigen que la directiva de OTASS designe a profesionales de la misma región huanuqueña para dirigir la empresa. De no recibir una respuesta favorable, el sindicato evalúa sumar a la protesta a otros gremios como Construcción Civil y la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP). https://tudiariohuanuco.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

COMIPOS advierte posibles incumplimientos técnicos en obra de agua y desagüe en Laguna Temporal

El coordinador general de la Comisión Multisectorial del Proyecto Integral de Agua y Desagüe (COMIPOS), Crisóstomo Benique Apaza, informó que vecinos del sector Laguna Temporal, en Juliaca, han expresado su preocupación por un presunto incumplimiento de aspectos técnicos durante la ejecución de la segunda etapa del Proyecto Integral de Agua y Desagüe.

Benique señaló que las quejas están relacionadas con una posible incongruencia entre lo establecido en el expediente técnico y lo que se viene ejecutando en la zona. Precisó que, de comprobarse que los trabajos no se ajustan al proyecto aprobado, podrían generarse problemas en el sistema de agua y alcantarillado.

Explicó que el sistema contempla que el agua llegue a Juliaca por gravedad desde la estación Maravillas, ubicada a unos 48 kilómetros, por lo que consideró fundamental que se respeten las especificaciones técnicas previstas en el proyecto.

Ante las denuncias, el dirigente anunció que acudirá personalmente a Laguna Temporal para conocer la situación y recoger las observaciones de los vecinos. Asimismo, indicó que trasladará estas preocupaciones al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que se tenga conocimiento de los cuestionamientos formulados por la población.

El coordinador de COMIPOS también sostuvo que la responsabilidad de verificar el cumplimiento del expediente técnico corresponde a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y a la PMO, encargada de la supervisión. “Nosotros solamente somos un ente vigilante”, señaló.

Benique cuestionó además que tanto la UCP como la PMO no hayan convocado a COMIPOS para informar sobre las observaciones planteadas por la población. Consideró que las autoridades y responsables de la obra deben escuchar las denuncias vecinales y brindar las explicaciones correspondientes.

Según el dirigente, las preocupaciones no se limitan a Laguna Temporal, sino que también existen observaciones en otras urbanizaciones comprendidas en la segunda etapa del proyecto.

Finalmente, recordó los problemas registrados anteriormente con el componente de drenaje, señalando que una eventual paralización de los trabajos por falta de atención oportuna a las observaciones podría generar nuevas dificultades para la ciudad de Juliaca. https://www.ladecana.pe/


Perú: en la cuenca del Madre de Dios, la minería dejó pueblos indígenas rodeados de agua que no pueden beber

“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua. Y la realidad es esta”, se apura en decir Erick Aguirre Tijé, poblador indígena harakmbut de la Amazonía sur de Perú, mientras apunta con el dedo índice al agua turbia que corre por el río Inambari. Erick lleva el apellido de la familia que fundó la comunidad indígena Arazaire a orillas del río, uno de los que alimentan la cuenca del Madre de Dios y luego el gran Amazonas, y ha sido testigo de cómo ese territorio se ha ido transformando desde el 2010.

Recuerda, por ejemplo, que hace cinco años era usual ver a los peque-peque —embarcaciones artesanales de madera— surcando el río y llevando gente, así como las atarrayas aterrizando en el espejo de agua para pescar sábalos y zúngaros (un tipo de bagre). También a las familias que disfrutaban viendo a los niños nadar, las señoras que bajaban a recoger agua o los hombres que tomaban el sol para sacudirse el cansancio. Esa fotografía ha cambiado y ahora es una fábula para su primo Santiago, quien tiene esos mismos cinco años que han pasado desde esa nueva normalidad.

Para llegar al Inambari hay que abrir camino. Erick Aguirre, acompañado del pequeño Santiago, avanza con un machete en mano cortando las lianas que han crecido luego de un año de no ir a la zona. “Es que ya no usamos el río”, dice resignado. A un kilómetro de distancia se oye su rugir. Sigue presente en sus vidas, aunque ya no es parte de ellas. Solo queda el recuerdo de ese río que encandiló hace más de 50 años atrás a su abuelo José Tijé y que lo convenció de asentar allí a su pueblo harakmbut.

Elda Gutiérrez, madre de Santiago, le pide que no tome agua del río ni de las quebradas durante la caminata. Que mejor lleve una botella de agua que han comprado. “Hasta hace cinco años podíamos caminar más de 3 kilómetros hasta la quebrada de Buenqueme”, cuenta Ruth Tijé, comunera de Arazaire, describiendo uno de los puntos que usaban para hidratarse. Se refiere a un caño de agua que se puede ver desde la Carretera Interoceánica que se trazó entre el sur del Perú y el estado brasileño de Acre, que pasa muy cerca de la comunidad. “Ahora es puro lodo de la minería”, dice la lideresa indígena.

En Arazaire y el resto de comunidades asentadas a lo largo del Inambari, la turbidez del agua se atribuye a la minería. Es responsable de la contaminación, del cambio del cauce por la cantidad de sedimento removido en la extracción de oro y también del desvío del río para facilitar el trabajo a los mineros ilegales que operan del otro lado de la orilla. La erosión, aseguran, devora sin piedad las tierras indígenas.

“Cada vez es más chico el territorio de Arazaire porque el caudal ha erosionado las tierras de la comunidad”, agrega Tijé. “Ya como 300, 500 metros se llevó. Antes estaba lejos [el río], ahora está cerca”. Esa proximidad no los favorece, no solo por el riesgo de inundaciones sino también porque no pueden disponer más de esa agua cargada de lodo. Los datos confirman su temor. Un análisis realizado por Mongabay Latam, a través de la plataforma Google Earth, confirma que 13.5 hectáreas fueron arrasadas entre el 2012 y el 2025.

Esto los llevó a buscar otras fuentes de agua limpia, como la quebrada Buenqueme. Al poco tiempo, narran los comuneros, allí también empezó a llegar sucia y tuvieron que ir más lejos, a otras quebradas, en busca de agua limpia. Pero la contaminación minera también las alcanzó.

“Lo que sucede río arriba, se sufre abajo”, resume el problema Ruth Tijé.

¿Cómo entender la paradoja de una comunidad que vive rodeada de agua, pero no puede usarla? ¿Cuánto ha cambiado el río Inambari y toda la cuenca de Madre de Dios en los últimos años? Las imágenes satelitales muestran esa contradicción: una zona con más superficie de agua que hace veinte años, pero que ha crecido a costa de la aparición de pozas asociadas a la minería y de parches de deforestación.

Periodistas de Mongabay Latam, El Espectador y del Correo del Caroní analizaron los cambios que han afectado al Madre de Dios en las últimas dos décadas y a otros tres ríos amazónicos, con apoyo de científicos de MapBiomas y del programa de formación en ecología cuantitativa del Instituto Serrapilheira de Brasil. Lo hicieron como parte de la investigación Aguas Partidas, que coordinó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con ocho medios de la región.

En total, esta alianza periodística analizó 722 microcuencas de cuatro países —el 63 % de ellas territorio de al menos 74 pueblos indígenas— usando el análisis por microcuencas de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), a partir de datos de la plataforma MapBiomas Agua.

Los resultados son contundentes. En Bolivia, las microcuencas con minería ilegal ganaron 21.5 % de superficie de agua en 25 años, mientras que las que no tienen ninguna perdieron 17.2 %. En Venezuela, la superficie total de agua de los 98 ríos afluentes y los embalses en el Caroní cayó un 5.8 %, según datos de MapBiomas Venezuela. Dado que más de tres cuartas partes del agua del Caroní está contenida por tres grandes centrales hidroeléctricas (Guri, Macagua y Caruachi), ese hecho enmascara una pérdida de agua significativamente más grande en los ríos.

En Colombia, donde la deforestación por ganadería es la presión dominante, hay microcuencas donde la deforestación acumulada cubre más de la mitad del territorio, y las más deforestadas también pierden agua. Y en las cuatro cuencas se repite un patrón más fino: una de cada seis microcuencas pierde agua natural y gana agua artificial al mismo tiempo, en el mismo lugar; de cada cinco hectáreas de esa agua artificial, más de cuatro aparecen en territorio indígena.

En el caso peruano, en la gran cuenca del Madre de Dios, se analizaron 84 de las 155 microcuencas que lo componen. En 45 de ellas se ha registrado un incremento de agua artificial, y la casi totalidad de esa agua nueva se concentra en las microcuencas con presencia de minería legal e ilegal: entre 2000 y 2023 la superficie de agua artificial de la cuenca se multiplicó casi por doce —de 1224 a 14 418 hectáreas—, y el 99.7 % de esa agua está en las 45 microcuencas donde hay minería registrada; en las 39 que no la tienen, apenas llega a 38 hectáreas. Solo tres microcuencas —entre ellas la de Arazaire, sobre el río Inambari— concentran el 81 % de toda esa agua nueva. 41 de esas 84 microcuencas se solapan, además, con territorios indígenas de 14 pueblos distintos: no es que haya más agua, es que aparecieron pozas donde antes no había nada. Casi toda el agua artificial nueva de Madre de Dios apareció en territorio indígena.

En esas microcuencas, la minería ilegal ocupa en promedio 10.3 % del territorio, frente a apenas 0.4 % donde no hay territorio indígena de por medio, según el análisis científico realizado para esta investigación. Y cuanto más territorio indígena tiene una microcuenca, más agua antrópica registra, según el modelo estadístico del proyecto. Las comunidades no están protegidas de la minería, sino que están rodeadas.

Por esas pozas justamente sobresale Arazaire, una comunidad indígena invadida por retroexcavadoras, dragas y contaminación, donde El Estado peruano ha otorgado 11 concesiones mineras tituladas y activas que se superponen al territorio de Arazaire. Y son 153 las que afectan a ocho comunidades indígenas de Madre de Dios, sobre 12 768 hectáreas de territorio comunal, según una investigación publicada en marzo de 2026 por Mongabay Latam. Amazon Mining Watch, una plataforma que rastrea la minería en la Amazonía con inteligencia artificial sobre imágenes satelitales, revela la dimensión del daño en el propio territorio de la comunidad. Hasta mediados de 2026, la minería habría afectado 688 hectáreas dentro de este territorio, una cifra que ha crecido desde 2018, según los datos de la plataforma. Además, se calcula que el 85 % de esa actividad ocurre fuera de cualquier concesión, en zonas sin autorización para minar. Es decir, la mayor parte de la minería que carcome a Arazaire es presuntamente ilegal.

El problema de fondo es legal. Según César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, no existe una prohibición expresa que impida al Estado otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autoriza bajo el argumento de que el título no es un permiso de explotación, pues para eso hacen falta permisos ambientales adicionales. El problema legal radica en que las concesiones sobre cuerpos de agua se solicitan para reservar el subsuelo, pero en la práctica se usan como escudo para ingresar al Reinfo. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es un padrón creado en 2016 para regularizar a los pequeños mineros, otorgándoles una exención de responsabilidad penal mientras dura el trámite, cuyo plazo de vencimiento se ha aplazado cinco veces en estos diez años. Esto facilita operar sin permisos y usar el título para confundir a las comunidades, mientras las dragas prohibidas continúan operando en los ríos.

«Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho», explica en la misma investigación de Mongabay Latam. A eso se suma que las dragas, la maquinaria con que se extrae el oro de los cauces, están prohibidas en los ríos desde 2012, y aun así operan dentro de concesiones tituladas del Inambari.

Arazaire ya vivió en carne propia ese vacío. En 2025, sus comuneros encontraron una excavadora operando dentro de su territorio titulado, la detuvieron y la denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) en Madre de Dios. A los pocos días, el Estado ordenó devolverla. «Los 200 000 soles (60 000 dólares) que vale esa máquina cuestan más que nuestras vidas», resume la dirigencia de la comunidad, quienes prefieren no ser nombrados por seguridad. Lo que ocurrió después con ese caso terminaría de mostrar de qué lado se inclina la balanza.

El agua que no pueden beber

En Arazaire, el agua se compra. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), que agrupa a 38 comunidades de siete pueblos indígenas de la región, confirmó a Mongabay Latam que dos terceras partes de esos 38 poblados indígenas de la región pagan por el agua.

“No va a tardar mucho para que el agua cueste más que el petróleo», dice Eusebio Ríos, vicepresidente de Fenamad y líder del pueblo harakmbut.

Según pobladores que dependen de ese servicio, cada tanque contiene 1100 litros y cuesta 70 soles (alrededor de 21 dólares), aunque también hay bidones de 20 litros por los que pagan 11 soles (alrededor de 3 dólares). «Religiosamente hay que llamar a la municipalidad para que llene el tanque una vez por semana», dice resignada Elda Gutiérrez.

La imagen del lodo que desplazó las aguas cristalinas del Inambari está presente en la memoria y las conversaciones de los comuneros que viven a orillas de este afluente. Eusebio Ríos aún recuerda una infancia idílica que tenía al río como el centro de su vida. «De niños buceábamos, veíamos peces; era algo maravilloso. Ahora estamos frente a este atropello y frente al riesgo de exterminio, por el agua que ya no podemos consumir ni en los ríos ni en las quebradas. Están contaminadas por la minería», dice.

El análisis realizado por un equipo de científicos del Instituto Serrapilheira —con la asesoría de los expertos de MapBiomas Agua— le da la razón. Entre 2000 y 2023 aparecieron en distintos tramos de la cuenca del Madre de Dios cerca de 13 mil hectáreas de superficie de agua artificial o antrópica, otra manera de referirse a las pozas contaminadas que deja la minería. En 2000, el agua artificial apenas llegaba al 1 % de este espacio analizado. Dos décadas después, para 2023, esta fotografía ya llegaba a un 11 %.

Es decir, hoy una de cada nueve hectáreas de agua detectada en la zona corresponde a pozas asociadas a la minería. Las imágenes satelitales Sentinel 2 muestran cómo las áreas más afectadas son justo los espacios donde algunas comunidades aseguran que no pueden usar el agua, lo que confirman los dirigentes de Fenamad.

Ese salto es más pronunciado en los territorios del propio pueblo harakmbut —el de Erick, Ruth y Marcia Tijé—, que en conjunto acumulan más de 12 000 hectáreas de agua antrópica nueva, más que todos los demás pueblos identificados en la cuenca juntos.

Estos hallazgos son consistentes con lo que la ciencia ya ha documentado para Madre de Dios. Un estudio publicado en Science Advances en 2020 por científicos de la Universidad de Duke y el Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) midió la expansión de las pozas y lagos artificiales creados por la minería aurífera usando imágenes satelitales de 1985 a 2018.

Encontraron que en las cuencas más minadas la superficie de esos cuerpos de agua creció un 670 %, mientras que en las cuencas sin minería el aumento fue de apenas 20 %. También hallaron que esas pozas convierten el mercurio en metilmercurio, su forma más tóxica, a un ritmo hasta siete veces mayor que los ríos. Aunque los ríos también realizan esta conversión de forma natural, el agua estancada y sin oxígeno de las pozas acelera drásticamente el proceso. Es decir, el agua nueva que aparece no solo es inservible, es más peligrosa que la que reemplazó.

Lo que el análisis de esta investigación aporta es más actual, hasta 2024, y a otra escala: no solo el del Madre de Dios, sino cuatro cuencas en cuatro países, con los mismos patrones: La del Caroní en Venezuela, la del Beni en Bolivia y la del Caquetá en Colombia.

Carlos Álvarez, guardia indígena de Arazaire, señala una de las pozas que está dentro del territorio comunal. A simple vista luce como un hueco que almacena agua estancada de color marrón oscuro.

—Antes allí se pescaba bocachico, sábalo, huasaco—, dice.

—¿Y ahora qué hay en esa agua?

—Lodo, nomás. Ya no hay vida, no hay nada.

En 23 años, la superficie de agua artificial del Madre de Dios se multiplicó casi por doce. Pasó de ocupar 1224 hectáreas a 14 418, según los datos compilados por MapBiomas. Pero no creció por toda la cuenca, sino donde hay maquinaria. Más del 99 % está en los ríos donde el satélite ha detectado actividad de minería. Es decir, en 45 de las 84 microcuencas analizadas se concentra la casi totalidad del agua artificial nueva. Son más de 13 000 hectáreas, un 40 % de la extensión total del Santuario Histórico de Machu Picchu. En las 39 restantes, donde no hay actividad minera registrada, el agua artificial llega a ocupar con mucho esfuerzo 38 hectáreas.

La mayor parte del agua artificial detectada —más del 80 %— se concentra sobre todo en tres microcuencas situadas en tramos de los ríos Colorado, Malinowski e Inambari. En la comunidad de Arazaire, que está asentada a orillas de la tercera, hoy una de cada cinco hectáreas de agua es artificial.

Ese sector específico del Inambari, que atraviesa Arazaire, tiene una extensión de más de 164 000 hectáreas y es una de las más golpeadas de Madre de Dios. Es la que tiene más terreno concesionado para la minería (81 % del territorio), la segunda en pérdida de bosque, la tercera con más pozas de agua artificial y la sexta en cantidad de minería detectada. De hecho, la superficie de agua artificial en ese tramo creció unas 2615 hectáreas en 23 años.

«Esa zona donde antes era puro árbol, ahora hay pura poza. Están las aguas removidas que antes no había. Las quebraditas que antes había, ahora están con relaves”, dice Ruth Tijé, refiriéndose a lo que sucede en esa zona ubicada en la margen izquierda del territorio indígena.

Aunque el satélite puede ver el cambio en la superficie del agua, hay detalles que pueden pasarse por alto. Joaquín Romualdo, geógrafo experto en teledetección del Instituto del Bien Común y responsable del análisis hídrico de MapBiomas en Perú, lo explica así: «Captamos el dato como una fotografía aérea, pero si baja el nivel del río, eso no lo podemos captar y mucho menos la contaminación». Es decir, si el río baja de nivel o se llena de sedimentos y mercurio, esa degradación no queda registrada.

Por eso una comunidad puede aparecer en los mapas rodeada de más agua que nunca, cuando en terreno ya está obligada a vivir de espaldas al río. “El agua es lo que más sufre, el elemento que más sufre al final, además del bosque”, añade Romualdo.

Arazaire, por ejemplo, vive acorralada por la minería y la deforestación que esta arrastra. Es uno de los puntos que más destacó el análisis y una historia cuyo impacto completo solo se puede contar desde el territorio.

Mapas contra el olvido

Un grupo de comuneros despliega un mapa sobre la mesa. Están reunidos afuera de la maloca del centro comunal de Arazaire, el centro ceremonial con techo de hojas de palma y piso de tierra donde los habitantes se reúnen para tomar las decisiones más importantes. Juntos revisan el territorio de la comunidad en una imagen satelital que el equipo de Mongabay Latam les ha compartido. Es su tierra vista desde arriba, como pocas veces la han observado. Hay marcadores de colores dispersos en la mesa y la invitación es a que puedan señalar sus principales fuentes de agua, las rutas que seguían para ir al río y las quebradas a las que solían ir y a las que no pueden volver más.

El dedo índice de Beatriz Tijé empieza a recorrer la línea de la Carretera Interoceánica sobre el mapa. Es ella quien le pone fecha al quiebre. «Desde el 2012 entraron las máquinas [de la minería] con fuerza por aquí», dice. Fue dos años después de que se abriera esa vía que redujo el tiempo de viaje de su comunidad a Puerto Maldonado de un día entero a dos horas y media. La que trajo con la misma facilidad a los mineros y la deforestación.

La pérdida de bosque por minería en Madre de Dios creció más de 400% tras la llegada de esa carretera, según Cincia, una reconocida ONG ambiental que entre otras actividades viene haciendo seguimiento a la contaminación por mercurio en los ríos amazónicos. Ese vínculo se confirma en los números de toda la cuenca: la deforestación es la presión que más se asocia con la aparición de agua artificial en el conjunto de las cuatro cuencas —porque la tala suele venir de la mano de la minería, que es la que abre las pozas—. La pérdida de agua natural, en cambio, no responde a una sola presión.

Marcia Tijé secunda a Beatriz y empieza a nombrar lo que el agua se llevó. «Íbamos a Amanatapo arriba, que era un lago. Ahí yo y mi papá íbamos a pescar siempre, con flecha, hasta el último», dice, señalando un punto al que ya no pueden volver. Pasaron de cazar y pescar en el río a tener piscigranjas y comprar alimentos en Mazuko, el centro poblado más grande a 20 minutos de la comunidad. «Antes era más intercambio. Sembrábamos un producto, el plátano, la yuca; a veces intercambiábamos con carne, con yuca, con piña, naranja que tenía el vecino”, dice Ruth Tijé. De forma muy evidente y estruendosa, el paisaje cambió con la llegada de la maquinaria pesada. Las imágenes satelitales solo confirman lo que las hermanas Tijé ya saben de memoria.

Marcia Tijé es quien guarda los relatos de los harakmbut de su comunidad. Eso lo aprendió de su padre, el patriarca que fundó Arazaire. Muchos de esos mitos se usan para responder las grandes dudas que algunos tienen sobre las razones por las que los deslizamientos, según cuentan en la comunidad, son responsables de la muerte de algunos mineros.

“Ese fue el ‘siquitbe’”, responde Marcia Tijé sin titubeos. Para los harakmbut, el ‘siquitbe’ es una especie de dragón de cinco cabezas que vive bajo el bosque. “Está a la altura del tramo entre el kilómetro 65 y el 125 de la Interoceánica”, cuenta. Es un guardián del bosque que está dormido, pero que puede ser despertado. “Cuando ellos levantan el agua en pozas, cuando cavan mucho, jalan a la fiera. Hace años hubo una gran inundación en una de las zonas mineras y se llevó todo, el área minera, los bares, la prostitución. Sólo quedó piedra, arena y palos”, relata Marcia. Por eso cree que el ‘siquitbe’ no tardará mucho en volver a aparecer. “Si siguen huequeando por oro, va a volver a inundar todo y llevarse todo de nuevo”.

La memoria comunal va a la par de lo que es innegable: la minería que entra con más fiereza que el ‘siquitbe’. Eso se ve claramente con solo ver a Arazaire y su historia. Cuando el Estado peruano les tituló el territorio en 1976, varias décadas después de haberse asentado ellos, se crearon dos espacios geográficos claros y divididos por el Inambari y sus vertientes. Al lado derecho están las casas, las chacras (o espacios de cultivo) y las piscigranjas. Y del izquierdo están las nacientes de las quebradas que alimentan al Inambari, donde cazaban, donde hacían rituales. “Nadie trabajaba ahí. Todo era verde. Iban a cazar, a buscar fibra y semillas”, añade Ruth Tijé. Ahora ese espacio está ocupado por minería legal, es decir, entregado a concesionarios o empresarios privados, y por la ilegal, según se ha detectado en plataformas como Amazon Mining Watch, donde se ve actividad minera fuera de los espacios delimitados como concesiones.

La lucha de Arazaire contra las concesiones no empezó con esta generación. Su fundador, el líder harakmbut José Tijé Huarao, pidió al Estado la nulidad de las concesiones que invadían la comunidad desde 1991. La respuesta llegó ocho años después, en 1999. Fue improcedente, porque en esos procesos sólo pueden participar el titular de la concesión y el Estado, sin la intervención de terceros. Ni la propia comunidad sobre cuyo territorio se otorgaban los permisos tenía derecho a opinar. José Tijé murió el 14 de julio de 2020, a los 81 años, por covid. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad que él había fundado.

Alrededor de la mesa está también Erick Aguirre Tijé. Escucha atento a sus compañeras, mientras el mapa empieza a activar su memoria. Cuenta que para llegar al gran caudal del Inambari solo tenía que cruzar caños angostos que colindaban con el lado derecho de Arazaire. “Hasta caminando cruzábamos”, dice. Pero entre el 2010 y el 2012, esa angosta vertiente del Inambari, donde solían pescar y bañarse tranquilos, se convirtió en un brazo caudaloso del río. “Lo desviaron aguas arriba para que no dañara la zona minera”, cuenta Marcia Tijé. Esa “zona minera”, ubicada en el lado izquierdo de Arazaire, era un área sagrada para la comunidad.

Las imágenes en Google Earth, que van de 1980 a 2010, le ponen una fecha a los cambios que narran los comuneros de Arazaire. En 2010, por ejemplo, se ve que el caño que pasaba por el lado derecho de la comunidad era angosto. Dos años más tarde, en 2012, se observa río arriba de Arazaire como el caudal había empezado a cambiar y un sector de la comunidad comenzó a erosionarse. Las imágenes satelitales de 2025 confirman que ahora esa erosión se extiende hasta alcanzar unas 13.5 hectáreas.

Marta Torres, directora nacional de Cincia, señala que este tipo de cambios en el curso se suelen observar cuando hay minería ilegal aguas arriba. “Ese lodo [que sale de la actividad minera], mientras avanza, comienza a estabilizarse. Eso implica que el fondo del río se colmate, los cauces se llenen y pierdan profundidad. Al perder profundidad, el riesgo de inundaciones es mayor. Cada vez tenemos inundaciones más agresivas. Y en temporada seca, esa gran cantidad de lodo que encuentras en el fondo del río, ahora ya lo ves como playas, y comienzan a cambiar el curso de la vertiente», explica.

Las inundaciones dejaron su peor huella en Arazaire hace siete años. «El periodo de peor inundación fue entre el 2019 y 2020, una catástrofe», recuerda Marcia. El agua sobrepasó los tres metros, añade, llegó hasta las piscigranjas donde criaban pacos (Piaractus brachypomus) y gamitanas (Colossoma macropomum) y arrasó lo que encontró a su paso. «Se fueron piscigranjas, cacao, plátano», agrega. Y si no son las inundaciones, son las sequías, que secan el río y las quebradas «más que antes».

Esa oscilación, entre el agua que sobra y la que falta, no es solo local. Los datos de MapBiomas Água muestran que, en toda la Amazonía peruana, las temporadas húmedas y secas son cada vez más extremas – parte de lo que los científicos llaman la intensificación del ciclo hidrológico. En el año 2000, por ejemplo, las imágenes satelitales mostraban que el área que ocupaba el río Inambari era de unas 20 000 hectáreas. En el 2025, esa superficie se expandió hasta alcanzar las 30 000 hectáreas. «Es una causa directa del cambio climático. Los meses húmedos están siendo más húmedos, y los secos, más secos», explica Joaquín Romualdo, de MapBiomas Agua Perú. Desde 2019, además, la superficie de agua de la Amazonía viene disminuyendo año a año, hasta tocar un punto crítico en 2024. En 2025 hubo una leve recuperación, pero sin volver a los niveles de antes.

A la par, lo que sucede en la margen izquierda de la comunidad es otra tragedia. Según la plataforma Global Nature Watch, entre el 2001 y el 2025, se perdieron 530 hectáreas de bosque, casi la mitad de la vegetación que existía en ese sector.

Waldo Lavado-Casimiro, subdirector de hidrología aplicada del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), reconoce el peso del clima, pero aclara que en un territorio tan golpeado por la minería este no es la causa única del problema, sino un agravante que acelera lo que la actividad humana ya ocasionó. «Probablemente, como escala macro no se nota mucho a detalle, pero ellos ya lo sienten», explica.

Lavado confirma, además, la paradoja desde la hidrología. Los sedimentos de la minería, dice, «hacen mucho para que no parezca que falta agua», porque llenan de lodo el cauce y lo desbordan. «Aparentemente parece que no falta agua o que hay mucha agua, pero el tema es ver qué tipo de agua es», añade. Un estudio del que es coautor con un equipo de científicos peruanos y franceses mostró que, al perderse el bosque, el agua deja de infiltrarse y escurre por la superficie. En el Inambari, el más afectado de Madre de Dios, la escorrentía podría aumentar hasta 187 % al año, según la estimación del modelo hidrológico. Eso, explica Lavado, multiplica el arrastre de lodo y el riesgo de crecidas.

El monitoreo científico del agua en Madre de Dios llegó tarde. Aunque el Senamhi ha expandido recientemente su red sumando nuevas estaciones automáticas —como las de Billinghurst y Tambopata—, la base de datos histórica es alarmantemente joven. El punto de control clave en el río Inambari, por ejemplo, apenas acumula unos años de registros. «El récord aún es corto», admite Waldo Lavado, especialista de la institución. Y lo es porque la ciencia exige al menos 30 años de datos continuos para identificar una tendencia climática real.

En una de las regiones más transformadas por la minería y la deforestación en el país, la memoria estadística del agua recién se está empezando a escribir. https://es.mongabay.com/


El científico más influyente en glaciares tropicales propone crear un parque nacional para proteger el Quelccaya

El reconocido científico estadounidense Lonnie Thompson, uno de los científicos climáticos más influyentes del mundo y pionero en el estudio de los glaciares tropicales, propuso crear el Parque Nacional Quelccaya con el fin de proteger este importante ecosistema de montaña y otros glaciares de la cordillera Vilcanota, ubicada entre Cusco y Puno.

Thompson, quien investiga el Quelccaya desde 1974, planteó esta propuesta debido a la importancia de este ecosistema y la preocupación que existe respecto al acelerado retroceso del glaciar por el cambio climático y los impactos ocasionados por actividades humanas, como la minería.

Además de su valor científico, el glaciar también cumple un papel fundamental en la regulación hídrica de los ecosistemas, poblaciones altoandinas y las zonas urbanas. Sus aguas alimentan a comunidades y actividades productivas de Cusco y Puno, entre ellas la agricultura y ganadería, además de ser fuente importante para el agua potable.

Por estas características, el Quelccaya y su área de influencia (503 mil hectáreas, según la propuesta) es uno es uno de los paisajes de montaña más significativos desde el punto de vista científico, ecológico y cultural del hemisferio occidental, y uno de los principales laboratorios naturales para estudiar el cambio climático.

Amenazas documentadas

Un estudio reciente del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) reveló que el Quelccaya ha perdido el 58 % de su superficie en los últimos 40 años. Es decir, pasó de 100 a 42 km2. Además, la tasa de retroceso se aceleró un 50 % en la última década.

En conversación con Actualidad Ambiental, Lonnie Thompson afirmó que la “amenaza más grave e irreversible del Quelccaya es el cambio climático, que está acelerando el retroceso glaciar y alterando los sistemas hídricos que sostienen a las comunidades, los ecosistemas y las actividades económicas río abajo”.

Asimismo, agregó que “la zona también enfrenta presiones como la minería, el turismo no regulado y una capacidad institucional limitada para el monitoreo y la fiscalización ambiental. Estas presiones están interconectadas: a medida que los glaciares se reducen y la disponibilidad de agua se vuelve más variable, tanto los sistemas sociales como los ecológicos se vuelven más vulnerables a presiones adicionales”.

¿Por qué un parque nacional?

En el Perú existen nueve categorías definitivas para las áreas naturales protegidas (ANP): parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos, reservas nacionales, refugios de vida silvestre, reservas paisajísticas, reservas comunales, bosques de protección y cotos de caza.

Las tres primeras son de uso indirecto, por lo que priorizan la conservación y no permiten la extracción de recursos naturales ni la modificación del ambiente; las seis restantes son de uso directo, lo que permite, bajo determinadas condiciones y planes de manejo, el aprovechamiento sostenible de recursos.

Para el caso del Quelccaya y su área de influencia, Thompson señala que eligieron proponer esta categoría “debido a la importancia excepcional de la zona a nivel nacional. Sus glaciares, cuencas hidrográficas, ecosistemas, biodiversidad y paisajes culturales trascienden una preocupación exclusivamente local o regional y tienen relevancia para el patrimonio ambiental y la seguridad hídrica del Perú en su conjunto”.

“Un parque nacional también ofrece un marco institucional más sólido y duradero, con reconocimiento a nivel nacional, capacidad de gestión dedicada y mayores oportunidades para coordinar la conservación, la investigación científica, la educación ambiental y la adaptación al cambio climático”, recalca.

Una propuesta en ruta

El científico señala que la iniciativa para establecer un nuevo parque nacional ya ha sido compartida con varias entidades estatales, incluyendo funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio de Energía y Minas (Minem), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y autoridades nacionales y regionales.

“Nuestro objetivo ha sido abrir un diálogo constructivo sobre la base científica de la propuesta, su valor para la conservación y sus posibles beneficios para las comunidades locales”, asegura y agrega que hasta el momento “la respuesta ha sido alentadora: existe un amplio reconocimiento de la importancia ambiental de la zona, particularmente dados sus glaciares, fuentes de agua, biodiversidad y paisajes culturales”.

Thompson es consciente de que el proceso de establecimiento “es un proceso institucional extenso que requiere coordinación entre múltiples entidades públicas, evaluaciones técnicas rigurosas y una participación significativa de las poblaciones locales. Seguimos buscando orientación sobre el camino más adecuado a seguir”.

Presencia de comunidades

De acuerdo a la propuesta para establecer el área protegida, en la zona de influencia existen 74 polígonos de comunidades indígenas y campesinas que ocupan 319 069 hectáreas (63 % del área total), además contiene 101 sitios arqueológicos, el Santuario Religioso de Qoyllur Riti, 175 monumentos prehispánicos, dos zonas de agrobiodiversidad reconocidas oficialmente (Marcapata Collana y Collasuyo) y 22 áreas oficiales de manejo de vicuñas (DEMA).

En el caso de las comunidades, el científico resalta la importancia de que estén informadas y participen activamente en las decisiones, porque solo así la propuesta será “viable y legítima”.

“Estas comunidades tienen relaciones históricas, culturales y prácticas profundas con el paisaje, y su conocimiento debe ser central en cualquier iniciativa de conservación”, resalta. Asimismo, afirma que han buscado “iniciar un diálogo y compartir información con los actores locales, aunque reconocemos que esto no equivale a un proceso de consulta formal”.

“Cualquier designación oficial deberá seguir los procedimientos legales e institucionales correspondientes, incluyendo mecanismos participativos y, cuando corresponda, las obligaciones de consulta previa. Nuestra posición es clara: la conservación no debe imponerse desde afuera. Debe construirse de manera colaborativa, respetar los derechos y las prácticas consuetudinarias, y generar beneficios y salvaguardas claras y tangibles para las comunidades locales”, puntualiza.

No todo está perdido

Según Inaigem, en las últimas seis décadas el Perú ha perdido el 59 % de sus glaciares debido al cambio climático, acelerado por las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y, según el Inventario Nacional de Glaciares, actualmente existen 4500 de estos ecosistemas a nivel nacional. Si bien la tendencia parece irreversible, Thompson considera que no todo está perdido.

Thompson señala que, si bien la designación de un área protegida por sí sola no puede detener el deshielo de los glaciares, “eso no significa que no haya esperanza ni motivos para actuar. Proteger el paisaje circundante puede salvaguardar los humedales, los pastizales de altura, las lagunas y las fuentes de agua que regulan y almacenan el agua, además de reducir presiones humanas adicionales y apoyar la adaptación local”.

“Quelccaya es especialmente valioso para la investigación climática en curso. Si se protege, podría seguir generando evidencia esencial para comprender -y eventualmente ayudar a revertir- la crisis climática más amplia. Por lo tanto, la protección no es una solución al cambio climático por sí misma, pero sí es una forma esencial de adaptación climática, de gestión científica y de reducción de riesgos”, agrega.

Por ahora, Thompson espera que las autoridades hagan suya esta propuesta y consideren que “sin una protección más sólida y coherente, la zona seguiría siendo vulnerable a decisiones fragmentadas, usos de suelo en competencia y actividades que erosionan gradualmente su integridad ecológica”.

No actuar significaría poner en mayor riesgo las fuentes de agua, los humedales, la biodiversidad, los valores arqueológicos y culturales, y los medios de vida de las personas que dependen de este paisaje.

“Esta propuesta es fundamentalmente preventiva: busca actuar antes de que el daño ecológico o los conflictos sociales ya estén en curso, en lugar de responder a ellos después”, concluye. https://www.actualidadambiental.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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17/9/26

Sermamet debe casi S/10 millones a Sedapar por consumo de agua en Arequipa - Hidroboletín Fentap 5046

Jueves, 17 de setiembre de 2026 – Año XXI – Edición 5046

Sermamet debe casi S/10 millones a Sedapar por consumo de agua en Arequipa

Patricia Hidalgo atribuye el millonario pendiente a una deficiente gestión y señala que existe una sanción de S/250 mil; la MPA evalúa un esquema para asumir los pagos.

La regidora de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Patricia Hidalgo Mamani, señaló que el Servicio Municipal de Administración del Matadero Metropolitano de Río Seco (Sermamet) debería un aproximado de S/10 millones por uso del agua. La concejal mencionó que esto se habría dado por las malas gestiones de los funcionarios correspondientes.

La concejal mencionó que -entre la deuda- resalta una sanción impuesta a la entidad de S/250 000. Dicha penalidad fue impuesta por no pagar dicho servicio, según Patricia Hidalgo.

Cabe señalar que -según Patricia Hidalgo- todavía no se tiene un esquema respecto a los pagos que deberán ejecutar al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar). No obstante, resaltó que la municipalidad todavía se encuentra evaluando dicha posibilidad.

Cabe señalar que esta deuda se mantiene desde hace varios años atrás. https://diarioviral.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

Fiscalía Ambiental investiga contaminación con arsénico en el poblado de Pachabamba

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Huánuco dispuso la apertura de una Investigación Preliminar por un plazo de 120 días contra quienes resulten responsables de la presunta comisión del delito ambiental, en la modalidad de contaminación del ambiente en agravio del Estado, hecho registrado en el centro poblado de Pachabamba, distrito de Santa María del Valle.

Así lo establece la Disposición N° 01 – Investigación Preliminar en Sede Policial, de fecha 7 de septiembre de 2026, emitida por el fiscal titular Dr. César Gonzales Ramos. La investigación, correspondiente a la Carpeta Fiscal N° 2006015200-2026-230-0, estará a cargo de la fiscal Laura Agui Esteban.

La intervención fiscal inició tras la información difundida por Tu diario sobre la presunta presencia de arsénico en una fuente de agua destinada al consumo humano en Pachabamba, situación que habría afectado la salud de varios pobladores, principalmente menores de edad.

Como se recuerda, en la edición del 27 de agosto de 2026, Tu diario denunció que 14 escolares habrían ingerido agua contaminada con dicho metal pesado, procedente de un «ojo de agua» de la zona. Ante la alerta, las autoridades de salud activaron los protocolos correspondientes y procedieron con la toma de muestras biológicas y del recurso hídrico.

Posteriormente, el 31 de agosto, bajo el titular «Confirman contaminación por arsénico en niños de Pachabamba», se informó el desarrollo de un barrido sanitario en el que se evaluó a 51 personas (29 niños y 22 adultos). Los análisis confirmaron que 14 menores presentaban niveles elevados de arsénico y sintomatología asociada, por lo que fueron priorizados para atención y seguimiento médico.

Ante la gravedad del caso, la Disposición Fiscal ordenó a la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la PNP Huánuco realizar los actos de investigación en un plazo máximo de 60 días calendario. De no cumplirse el plazo, se remitirán copias a la Inspectoría de la Región Policial.

Asimismo, se solicitó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco la entrega de documentación oficial sobre las acciones sanitarias, incluyendo: informes detallados sobre las intervenciones de vigilancia y evaluación realizadas, resultados de los análisis biológicos (precisando laboratorio, método, valores obtenidos y de referencia), muestras remitidas al Instituto Nacional de Salud (INS) para confirmación especializada, y ubicación exacta y coordenadas geográficas (latitud/longitud y/o UTM) del punto de captación de agua para la diligencia de inspección.

Finalmente, el Ministerio Público encomendó diligencias urgentes para verificar si en la zona se desarrollan actividades mineras que puedan estar vinculadas a la contaminación del manantial. Para ello, ha requerido informes oficiales a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), al Ingemmet y a la Autoridad Local del Agua (ALA) Alto Huallaga, entre otras instituciones competentes. https://tudiariohuanuco.pe/


Plan para llevar agua del río Willy al cono norte de Puno aún espera financiamiento

César Hugo Tito Rojas, diputado de la República, informó que el plan de contingencia para enfrentar la escasez de agua en el cono norte de Puno todavía requiere definir su financiamiento antes de pasar a una etapa de ejecución. La propuesta de EMSA Puno contempla captar agua del río Willy para atender a los sectores que actualmente enfrentan problemas de abastecimiento y garantizar el recurso hídrico para el Hospital del Altiplano de EsSalud.

Tras una nueva reunión con el Ministerio de Vivienda, Tito Rojas señaló que existe disposición del sector para contribuir con el financiamiento que resulte necesario. Según explicó, el monto pendiente podría encontrarse entre 10 y 15 millones de soles, aunque todavía debe determinarse con precisión cuánto requiere el proyecto y bajo qué mecanismo se cubrirá este presupuesto.

El parlamentario indicó que este jueves se prevé una nueva reunión entre el ministro de Vivienda, representantes de EMSA Puno y autoridades involucradas, con el objetivo de establecer un cronograma y plazos concretos. La propuesta busca convertirse en una medida de contingencia frente al déficit hídrico que podría agravarse durante los próximos meses.

Mientras tanto, el problema del abastecimiento continúa siendo una preocupación para el cono norte de Puno y también condiciona el funcionamiento del Hospital del Altiplano, cuya infraestructura ya está culminada, pero enfrenta dificultades relacionadas con los servicios de agua y saneamiento. https://radioondaazul.com/


LIMA PERÚ

Ministro del Ambiente defiende inversiones en áreas naturales protegidas y afirma que no deben convertirse en “museos vivientes”

¿Desarrollo sostenible o industrias extractivas? El debate volvió a encenderse en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados. Durante la presentación de su plan de trabajo, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, sentó una postura controversial frente a las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Específicamente, descartó abiertamente que estas deban ser tratadas como «museos vivientes» y justificó su apertura a la inversión.

Aunque Huaroc aseguró que las ANP siguen siendo el «corazón» de su política y que ningún proyecto las afectará, garantizó que el aprovechamiento económico en estos territorios se viabilizara bajo estrictos estándares ambientales. Además, para sustentar su posición, el ministro recordó a la comisión que actualmente 25 de estas áreas de reserva ya conviven con la presencia de inversiones petroleras y gasíferas.

Esta visión, sin embargo, choca frontalmente con las alertas de la sociedad civil y de especialistas. Organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advierten de manera constante que permitir actividades industriales y extractivas dentro de las ANP desnaturaliza su fin supremo de conservación. Así, estas actividades exponen la biodiversidad y a las comunidades locales a pasivos ambientales que el Estado aún tiene dificultades para fiscalizar y remediar.

Freno a la minería ilegal y trabajo con comunidades

Donde sí se evidenció un consenso cerrado entre el Minam y las diferentes bancadas fue en la necesidad de frenar a las economías ilícitas. Huaroc informó que, en sus primeros 48 días de gestión, se ha priorizado la contención de la degradación territorial:

Se han ejecutado intervenciones de erradicación conjunta con el Ministerio Público, el sector Defensa y la Marina de Guerra.

Las acciones directas se han concentrado en zonas críticas tomadas por la minería ilegal, como La Pampa (Madre de Dios) y la cuenca del río Nanay (Loreto).

El Minam reafirmó el rol de las comunidades indígenas como «socias estratégicas», impulsando con ellas el desarrollo de actividades productivas basadas en la bioeconomía.

Burocracia y el destrabe de las certificaciones

Otro de los puntos críticos de la jornada, exigido por el presidente de la comisión, Arturo Alegría, fue la urgencia de abandonar el «estancamiento» y la excesiva burocracia del sector.

Actualmente, el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) es uno de los mayores cuellos de botella. Por ejemplo, la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d) toma alrededor de 350 días. Esto supera de lejos el plazo legal de 120 días. Las demoras, según el ministro, se deben a expedientes incompletos y a la falta de criterios comunes entre las entidades estatales.

Para agilizar estos procesos, el Minam ha renovado la presidencia del OEFA y reforzado al Senace, apostando por la trazabilidad digital de los expedientes. Además, el Ejecutivo ha solicitado facultades legislativas para optimizar el SEIA y reforzar la protección del personal del Sernanp durante sus labores de campo. Finalmente, desde el Legislativo se exigió que esta agilización de trámites no signifique desprotección. Los diputados demandaron garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico para el agro frente al avance minero. También pidieron resultados concretos para detener la alarmante deforestación amazónica y un respeto irrestricto a los derechos de los pueblos originarios. https://inforegion.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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16/9/26

Lima. Buzones rotos y sin plan de emergencia: la Contraloría detalla las fallas de Sedapal detrás de la inundación en Villa El Salvador - Hidroboletín Fentap 5045

Miércoles, 16 de setiembre de 2026 – Año XXI – Edición 5045

Buzones rotos y sin plan de emergencia: la Contraloría detalla las fallas de Sedapal detrás de la inundación en Villa El Salvador

La inspección detectó buzones deteriorados, estructuras oxidadas y puntos de la red que operaban al 75 % de su capacidad máxima.

Villa El Salvador volvió a quedar en el centro de la preocupación luego de que varias zonas del distrito resultaran afectadas por un desborde de aguas servidas. Familias enteras perdieron pertenencias y algunas incluso se quedaron sin un lugar donde pasar la noche. El problema ocurrió el pasado 16 de agosto y dejó en evidencia las deficiencias en el sistema de alcantarillado.

Según un informe de Contraloría al que ATV accedió en exclusiva, Sedapal lleva nueve meses sin realizar mantenimiento preventivo a las redes secundarias de alcantarillado. El documento advierte que el contrato destinado a estas labores culminó en diciembre de 2025 y no fue renovado durante los meses siguientes.

La situación quedó expuesta cuando tres sectores de Villa El Salvador terminaron cubiertos por aguas residuales. Los vecinos tuvieron que ingresar a zonas contaminadas para intentar recuperar muebles, electrodomésticos y otros objetos que habían adquirido con esfuerzo. Algunos residentes aseguraron que perdieron prácticamente todas sus pertenencias.

Una de las afectadas perdió todas sus pertenencias a causa del desborde y señaló que ya no tenía dónde dormir, luego de que las aguas residuales ingresaran a su vivienda.

La emergencia motivó que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegara hasta el distrito para inspeccionar las áreas perjudicadas. Durante su recorrido, reconoció la magnitud de las pérdidas.

“El daño es inmenso. Con el ministro de Vivienda vamos a tener que hacer una reestructuración de Sedapal”, manifestó la mandataria durante su visita.

El reporte de Contraloría también identificó problemas en la infraestructura. Las imágenes incluidas en la inspección muestran buzones deteriorados, estructuras oxidadas y concreto afectado. Algunos puntos de la red, además, operaban al 75 % de su capacidad máxima, una condición que incrementa la vulnerabilidad ante nuevos episodios de desborde.

A ello se suma la falta de una planificación específica para responder ante una eventual emergencia. De acuerdo con el documento, Sedapal no contaba con un plan ni con un cronograma para atender oportunamente este tipo de contingencias.

La capacidad operativa de los equipos destinados a enfrentar estas situaciones también presenta deficiencias. Para afrontar el fenómeno El Niño 2026-2027, Sedapal debía disponer de seis hidrojets operativos en la zona sur. Sin embargo, en Villa El Salvador solo dos de los cinco vehículos propios se encontraban disponibles. Los otros tres permanecían en talleres o afrontaban problemas administrativos.

Especialistas advierten que la presencia de aguas residuales representa un peligro para la población, debido a la posible exposición a microorganismos capaces de provocar infecciones. Entre las enfermedades asociadas a este tipo de contaminación se encuentran problemas gastrointestinales y afecciones como la leptospirosis.

La preocupación aumenta ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas, debido a que una infraestructura debilitada y una capacidad limitada para atender emergencias podrían favorecer nuevos desbordes. Los vecinos temen que un episodio similar vuelva a afectar sus viviendas y agrave las pérdidas económicas.

Ante estos hallazgos, la Contraloría otorgó a Sedapal un plazo de cinco días hábiles para informar qué medidas adoptará con el objetivo de corregir las deficiencias identificadas. Hasta el cierre de este informe, la empresa no había emitido un pronunciamiento sobre las observaciones formuladas por el órgano de control. https://www.infobae.com/


HIDROREGIONES PERÚ

Vecinos de Urbanización Aeropuerto denuncian a EPS SEDA Juliaca por cobros sin servicio de agua

Lo irónico del caso es que, mientras los vecinos reciben agua turbia, chocolatada con una paraciencia desagradable, los vecinos vieron que funcionarios de la EPS Sedajuliaca toman agua de bidones compradas a un proveedor. Más de 350 familias de la Urbanización Aeropuerto en Juliaca denunciaron públicamente a la EPS SEDA Juliaca alertando a la SUNASS, INDECOPI y Defensoría del Pueblo por cobros indebidos pese a llevar más de seis meses, incluso en algunos casos más de 3 años sin recibir agua potable cuyo recibo es de 34 soles, “De que pagamos”, señalaron los vecinos. El presidente de la organización vecinal, Percy Quispe Cabana, lideró la denuncia colectiva presentada el 11 de septiembre de 2026.

Los usuarios exigen la anulación inmediata de todas las Actas de Corte de Servicio y de todo proceso coactivo condicionado al pago de meses sin agua. La población organizada rechaza las conciliaciones individuales que la empresa promueve para presionar de manera aislada a los usuarios afectados por el desabastecimiento.

Una vecina de la residencial relató que la empresa envía cisternas dos veces por semana, pero el abastecimiento no alcanza para todos. El agua llega con apariencia amarilla y café, según describieron los afectados, quienes además señalaron que el horario de reparto coincide con sus jornadas laborales.

Los residentes indicaron que pagan entre S/ 33 y S/ 34 soles mensuales por un servicio que no reciben en sus domicilios. Algunos vecinos llevan más de dos años sin agua potable y otros seis meses, mientras la empresa continúa facturando el consumo habitual sin aplicar rebaja alguna.

El plan de contingencia mediante cisternas fue calificado como humillante por los usuarios, debido a que el líquido no es suficiente ni de calidad adecuada. Los vecinos denunciaron que el agua de cisterna llega sin tratamiento visible y genera problemas estomacales en los niños de la zona.

La denuncia también señala un trato discriminatorio en la instalación de medidores, pues solo 12 usuarios cuentan con el dispositivo. Más de 350 familias permanecen sin medidor y sin criterios técnicos transparentes que expliquen la selección, según el documento presentado por la organización.

Los afectados rechazaron las amenazas de corte del servicio de desagüe que la empresa habría comunicado a quienes reclaman. Un vecino señaló que recibe amenazas con tapar el sistema de desagüe cuando acude personalmente a la oficina a presentar su reclamo por la falta de agua.

La denuncia colectiva solicita a SUNASS iniciar un proceso sancionador contra la EPS por violar las normas de saneamiento. INDECOPI deberá investigar el cobro indebido y la falta de idoneidad del servicio, mientras Defensoría del Pueblo atenderá la vulneración del derecho constitucional al agua.

Percy Quispe Cabana, presidente de la organización vecinal, ingresó al interior de las oficinas de la EPS SEDA Juliaca para sostener una reunión de conciliación. Los vecinos agotaron la vía administrativa y decidieron protestar frente a la institución ante la falta de respuestas concretas de la empresa.

Los usuarios exigen el restablecimiento inmediato del agua potable por red pública y la devolución integral de cada sol pagado durante el periodo de desabastecimiento. La asamblea de usuarios advirtió que no aceptará presiones ni conciliaciones individuales y aisladas por parte de la EPS SEDA Juliaca.

Mientras la institución dirigida por el gerente general de la EPS SedaJuliaca, Freddy Carita Fajó, no brindó información detallada sobre la deuda de más de un millón 400 mil soles ni sobre las obligaciones incumplidas. La empresa mantiene una deuda pendiente que forma parte de los antecedentes del conflicto con la población afectada. https://pachamamaradio.org/

SEDA Ayacucho advierte que conectar agua de lluvia al desagüe puede provocar desbordes y retorno de aguas residuales

Las conexiones de agua de lluvia al sistema de alcantarillado sanitario pueden sobrecargar las redes y provocar atoros, desbordes y retorno de aguas residuales hacia las viviendas durante las precipitaciones. SEDA Ayacucho advierte que el problema también se agrava cuando los buzones son utilizados para arrojar basura u otros materiales.

Nancy, representante de SEDA Ayacucho, explicó que las redes de alcantarillado sanitario están destinadas a conducir aguas residuales y no fueron diseñadas para recibir directamente el volumen de agua generado por las lluvias.

Cuando varias viviendas conectan sus canaletas o sistemas de evacuación de lluvia a las tuberías de desagüe, el caudal aumenta de manera considerable. La capacidad de las redes puede verse superada y el agua termina saliendo por los buzones hacia las calles.

En las zonas ubicadas a menor nivel, la acumulación puede generar otro problema: el retorno de aguas residuales hacia las viviendas a través de los inodoros. Esto ocurre cuando el agua de lluvia ingresa a la red, se mezcla con las aguas residuales y el sistema pierde capacidad para evacuar el volumen acumulado.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) también ha advertido que utilizar el alcantarillado sanitario como drenaje pluvial puede ocasionar atoros, reboses y aniegos de aguas residuales. La entidad señala que el agua de lluvia debe ser conducida por sistemas de drenaje pluvial o canales destinados para ese propósito.

El ingreso de residuos sólidos constituye otro factor que puede afectar el funcionamiento de las redes. De acuerdo con SEDA Ayacucho, durante la atención de atoros se encuentran materiales como guaypes, trapos, zapatos, virutas, plumas y vísceras, elementos que terminan obstruyendo las tuberías.

La empresa también recomienda evitar que grasas, aceites, arena y restos de comida ingresen al sistema de alcantarillado. Para los lavaderos de cocina, plantea utilizar rejillas de malla fina que permitan retener los residuos antes de que lleguen a las tuberías.

En el caso del aceite usado, la recomendación es almacenarlo en un recipiente cerrado y evitar que sea vertido directamente al desagüe. La acumulación de grasa en las tuberías puede reducir progresivamente el paso del agua y generar obstrucciones dentro de las conexiones domiciliarias.

Los pañales y otros productos absorbentes tampoco deben ser arrojados al inodoro. Estos materiales pueden aumentar de volumen al absorber agua y contribuir a la obstrucción de las tuberías.

Sunass ha señalado que el ingreso de tierra, cascajo y otros materiales a los buzones también reduce la capacidad de evacuación y puede generar atoros, reboses y aniegos. La entidad recuerda que los buzones no deben utilizarse para desfogar agua de lluvia ni para eliminar residuos sólidos.

El problema no termina en las tuberías de las calles. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) señala que el ingreso de aguas de drenaje a los sistemas de alcantarillado genera incrementos fuertes e intempestivos del caudal que llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Según la ANA, estas variaciones pueden generar problemas en los procesos de tratamiento. En plantas que trabajan con sistemas como filtros percoladores, RAFAS o lodos activados, los cambios importantes de caudal pueden alterar su funcionamiento. La entidad recomienda evitar que los excedentes generados por el drenaje pluvial ingresen a las plantas de tratamiento.

En Ayacucho, SEDA también ha señalado que la sobrecarga puede afectar el proceso de tratamiento de las aguas residuales en las plantas de Totora y Jasajato.

Durante la entrevista, SEDA Ayacucho informó que se viene trabajando una propuesta de ordenanza municipal para evitar que el agua de lluvia sea conectada a las redes de alcantarillado sanitario.

La propuesta también contempla medidas para establecimientos como restaurantes, pollerías, grifos y lavaderos de vehículos, debido a que sus actividades pueden generar grasas y sedimentos. Según lo explicado por la empresa, estos negocios deberían contar con sistemas que permitan retener dichos elementos antes de que sus aguas ingresen a las redes colectoras.

El uso adecuado del alcantarillado busca evitar que el sistema reciba volúmenes de agua y residuos para los que no está diseñado. La separación entre el drenaje pluvial y el alcantarillado sanitario permite reducir la sobrecarga de las redes y prevenir atoros, reboses y aniegos durante los periodos de lluvia. https://jornada.com.pe/


SUNASS brindará asistencia técnica a EMSAPUNO tras incendio en ecosistemas que conservan el agua en Totorani

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) brindará asistencia técnica a Emsapuno S. A. y evaluará la información presentada tras el incendio forestal en la cuenca de aporte Totorani, que cumple un papel estratégico en el abastecimiento del agua potable para la ciudad de Puno.

Las acciones realizadas por Emsapuno S. A. en Totorani se financian mediante los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (Merese) hídricos, que la Sunass impulsa a nivel nacional a fin de promover la sostenibilidad del agua potable en las ciudades.

Por ello, el regulador verificó los daños ocasionados en la zona, cuyo incendio afectó plantaciones de queñua, zanjas de infiltración y cobertura vegetal.

“Según la evaluación proporcionada por Emsapuno S. A., el incendio afectó 3769.81 metros lineales de zanjas de infiltración y ocasionó la pérdida de 850 plantones de queñua. Los principales daños se registraron en las zonas media y baja de la cuenca”, informó Javier Pineda Ancco, jefe de la Sunass en Puno, quien también lamentó la pérdida de una vida humana a causa de este siniestro.

Pineda exhortó a la población a no realizar quemas de pastizales, debido a que pueden provocar incendios y poner en riesgo la vida de las personas, los ecosistemas y las fuentes de agua. La cuenca de aporte Totorani abarca cerca de 6000 hectáreas y, según el estudio tarifario de Emsapuno S. A., este sistema abastece aproximadamente al 18 % de la población de Puno. https://elbuho.pe/  

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