5/11/25

Trabajadores del Sindicato Sutselam Chiclayo realizan plantón - Hidroboletín Fentap 4832

 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 – Año XX – Edición 4832

 

Trabajadores del Sindicato Sutselam Chiclayo realizan plantón

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque SUTSELAM Chiclayo, participaron en el PLANTON de labores en todas las sedes de la empresa EPSEL. “No desmayemos compañeros hasta lograr revertir la suspensión de la entrega de los beneficios ganados en el Laudo Arbitral Año 2021-2022. Tenemos que estar unidos en esta lucha a una sola voz reclamando que no se vulneren nuestros derechos” señalaron en una publicación de sus redes sociales.

Esta medida de fuerza continuará.


HIDROREGIONES PERÚ

¿Qué se viene ante la imposición de Tía María?

El reciente anuncio del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que autoriza el inicio de las actividades de explotación del proyecto cuprífero Tía María, ha reavivado la tensión social en el Valle de Tambo y la región Arequipa. Pese a que la empresa Southern Perú sostiene que ha cumplido con todos los requisitos legales y ambientales, las comunidades del valle y diversos especialistas advierten que el proyecto carece de condiciones técnicas, legales y sociales para ejecutarse.

Este fue el eje de la más reciente edición de La Hora Verde, que analizó la decisión del gobierno de José Jerí de autorizar el inicio de operaciones del proyecto Tía María. El panel contó con la participación del especialista en inversión privada Elvis Jump, y el abogado de la Red Muqui, Rodrigo Lauracio. Ambos coincidieron en que la autorización al proyecto representa una imposición política y un retroceso en materia ambiental y de participación ciudadana.

Desde Arequipa, Elvis Jump explicó que el caso de Tía María se sostiene sobre una “realidad ficticia” construida desde el discurso oficial y mediático. “El país escucha que Tía María tiene todos los permisos, pero la verdad es que no puede ejecutarse. No tiene tierras, no tiene agua ni la legalidad necesaria. Es un proyecto inviable desde el punto de vista técnico y económico”, señaló.

Jump, exgerente de inversión privada del Gobierno Regional de Arequipa, precisó que Southern Perú no cuenta con los derechos de servidumbre ni la propiedad superficial de los terrenos donde debería construirse la planta de procesamiento, ubicada en la zona de Pampa Cachendo. “No se puede iniciar una explotación minera sin contar con los terrenos donde se procesará el mineral. La empresa solo tiene un acta provisional de entrega, y eso no tiene validez legal”, advirtió.

A ello se suma la falta de licencia para el uso de agua. “Tía María requiere 235 litros por segundo para procesar el mineral, pero no tiene autorización ni de la Autoridad Nacional del Agua ni de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Han intentado justificarlo diciendo que usarán agua de mar, pero ni siquiera tienen permisos para construir la planta desalinizadora”, afirmó.

El especialista añadió que el proyecto generaría un fuerte impacto ambiental y económico en la región. “No solo afectaría al Valle de Tambo y su agricultura; también pondría en riesgo el turismo y destruiría ecosistemas frágiles como Lomas de Cachendo. Incluso amenaza patrimonio cultural, como el antiguo ferrocarril de Mejía, una joya de la ingeniería arequipeña”, sostuvo.

Desde la perspectiva jurídica, Rodrigo Lauracio, abogado de la Red Muqui, destacó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto caducó en 2019, lo que vuelve inválida cualquier autorización para iniciar operaciones. “El EIA fue aprobado en 2014 y tenía cinco años de vigencia. Al no haber iniciado obras antes de 2019, perdió validez. Sin embargo, el Minem y el Senace se niegan a declarar formalmente su caducidad, permitiendo que Southern avance sin sustento legal”, explicó.

Lauracio agregó que el gobierno de José Jerí, al igual que el anterior de Dina Boluarte, “mantiene una línea de continuidad en la promoción de grandes proyectos extractivos pese a las irregularidades y la falta de licencia social”. En esa línea, informó que las comunidades del Valle de Tambo, con el acompañamiento de organizaciones civiles, han presentado una medida cautelar y una demanda de amparo para frenar la resolución que autoriza el inicio de la explotación.

El abogado también alertó sobre el riesgo de una nueva ola de conflictividad. “El Valle de Tambo lleva más de una década resistiendo este proyecto. La población no se opone a la inversión, sino a un modelo que prioriza la rentabilidad minera sobre la vida, el agua y la agricultura. Si el Estado insiste en imponer Tía María, se reactivarán las protestas y la criminalización contra los líderes sociales”, advirtió.

Ambos especialistas coincidieron en que la aprobación del inicio de operaciones de Tía María vulnera el Estado de derecho y los principios básicos de gestión ambiental. “No se trata solo de un conflicto agro-minero, sino de un problema de legalidad y de respeto a las normas. Si se permite que una empresa actúe sin tierras, sin agua y sin estudio ambiental vigente, estamos ante un Estado que renuncia a hacer cumplir la ley”, concluyó Jump.

La Hora Verde puso sobre la mesa un debate urgente: ¿puede el país seguir apostando por proyectos que dividen territorios, agravan la crisis climática y se sostienen en la ilegalidad? La respuesta, advierten los especialistas, determinará no solo el futuro del Valle de Tambo, sino también el rumbo del desarrollo en el Perú. https://cooperaccion.org.pe/

Vecinos exigen solución al problema de contaminación ambiental, inmensa laguna de aguas negras se forma en caserío de Yaurilla

n el caserío de Yaurilla, comprensión del distrito de Los Aquijes, se ha formado una inmensa laguna de aguas servidas, casi del tamaño de la legendaria Huacachina, gracias al grave descuido de las autoridades locales que hasta ahora no buscan una solución definitiva al alarmante problema de contaminación ambiental por el vertimiento irresponsable del desagüe sin previo tratamiento.

Los vecinos comentan que al comienzo Emapica trató de buscar solución al grave problema, pero que después se desentendió con el argumento que el tratamiento de esas aguas servidas no es su competencia, sino que esa jurisdicción pertenece a la JASS de Yaurilla.

La laguna se ha formado a espaldas de la urbanización Las Piedras de Bellavista, donde la JASS realiza todos los días el vertimiento de aguas pestilentes, estropeando el medio ambiente y ocasionando un grave problema de contaminación por la proliferación de insectos dañinos, tornando a la vez la atmósfera irrespirable.

Cansados de este grave problema, los vecinos nuevamente solicitaron el apoyo de la prensa local para denunciar lo que vienen padeciendo, temiendo por la salud de niños, mujeres gestantes y ancianos, quienes son los más vulnerables.

Indicaron que innumerables veces han solicitado que el alcalde Edward Amoroto intervenga y dé solución al problema que vienen padeciendo, y que el alcalde no presta atención a sus reclamos de vivir en un ambiente de paz y salubridad.

Al parecer estamos ante un negociado culpable, ya que el problema de contaminación se arrastra dese hace cinco años y cómo es posible que aparezca una lotizadora en la zona ofertando lotes para viviendas, cuando los nuevos residentes tendrán que enfrentar la misma pesadilla de las aguas servidas. La comuna aquijeña tendrá que aclarar si ha otorgado licencia o no, sostuvo a este diario regional un exdirigente vecinal. https://diariolaopinion.pe/

Más de 5 millones de colombianos siguen sin agua potable: Contraloría

Aunque Colombia alcanza un 97% de cobertura en acceso a agua potable gestionada de forma segura, aún se encuentra rezagada frente a países de la región como Chile, Brasil, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana y Perú, donde el índice supera el 99%.

El acceso al agua y al saneamiento básico continúa siendo un desafío estructural para el país. La Contraloría General de la República advirtió que más de cinco millones de colombianos todavía no cuentan con agua potable, una situación que vulnera derechos fundamentales como la salud, la vida digna y el ambiente sano.

El organismo de control también alertó sobre un retroceso en la inversión pública destinada al sector, lo que podría agravar las brechas existentes, especialmente en zonas rurales y apartadas.

De acuerdo con el informe, alrededor de 12,5 millones de personas carecen de alcantarillado sanitario, mientras que 8,6 millones no disponen del servicio de tratamiento de aguas residuales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la gestión y la financiación de los proyectos de infraestructura básica.

Garantizar el acceso universal a estos servicios es uno de los compromisos más relevantes del Estado colombiano y un pilar fundamental para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.elnuevosiglo.com.co/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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4/11/25

Puno. Dirigentes de Juliaca denuncian altos sueldos y retrasos en el proyecto de agua y alcantarillado - Hidroboletín Fentap 4831

 Martes, 4 de noviembre de 2025 – Año XX – Edición 4831

Dirigentes de Juliaca denuncian altos sueldos y retrasos en el proyecto de agua y alcantarillado

Dirigentes continúan mostrando su preocupación por los jugosos sueldos que percibían los funcionarios de la UCP del proyecto de agua y alcantarillado en Juliaca

Eusebio Cabrera Chunga, presidente de la Central de Barrios de Juliaca, sostuvo que en varias reuniones la dirigencia del comité de agua y otros sectores mostraron su preocupación por los sueldos exorbitantes que estaban percibiendo los funcionarios de la UCP del proyecto de agua y alcantarillado, pero no había rendimiento, y la primera etapa del trabajo que realizaron fue un fracaso, el mismo que debió ser entregado el 20 de enero del año en curso.

Reveló que, en ese entonces había dirigentes que se negaban a abordar este tema, porque no querían entorpecer el proyecto y que sólo debieron exigir para que continúe los trabajos. Sin embargo, este proyecto actualmente tendría varios retrasos, no hay una adecuada representación de la autoridad local y los dirigentes.

Asimismo, saludó que, el congresista Carlos Zeballos haya intervenido este proyecto y dé a conocer a la población de que efectivamente los trabajos no tienen avance y a pesar de esta situación los trabajadores percibían jugosos sueldos.

Explicó que, según información en la primera etapa se tendría un avance físico del 84% y el avance financiero se superaría este porcentaje, pero los más preocupante sería que están complementando la obra con habilitación directa de la UCP, desconoce cómo argumentaron la parte legal, pero la contraloría y el equipo de fiscalización del congreso determinarán si es correcto o no.

Aclaró que, para el control concurrente hay un presupuesto de 5 millones de soles, lo que, esperan que ahora sea invertido en este fin, ya que, dicho presupuesto habría sido tocado hasta el 31 de julio. La contraloría debe realizar el control concurrente para que haya una ejecución transparente del proyecto. https://radioondaazul.com/    


HIDROREGIONES PERÚ

Jauja: Comunidad San José de Apata vive una década de crisis por falta de agua

La comunidad campesina de San José de Apata, en Jauja, atraviesa una crisis prolongada marcada por el cambio climático y la ausencia de apoyo estatal. “La economía local ha bajado entre 50% y 60% en los últimos diez años porque ya no hay pastos, la producción ya no es como antes y la agricultura es muy baja”, afirmó Humberto Carhuavilca, agente municipal.

El acceso al agua es la necesidad más urgente. Durante los meses más secos, el servicio domiciliario no abastece y los comuneros deben caminar largas distancias para abastecerse. “En verano no llega casi nada de agua; por eso hay que racionar y muchas veces caminar tres horas o más hasta la laguna”, señaló Carhuavilca.

Esta situación afecta directamente a sus cultivos y al ganado, donde incluso se registra la muerte de crías. “Sin agua no hay producción y no hay comida para los animales; todo está seco en julio, agosto y septiembre”, remarcó. A ello se suman deficiencias en salud y educación. Solo cuentan con atención médica por las mañanas y no disponen de medicamentos, mientras que muchos jóvenes dejan de estudiar por falta de recursos. “Somos una comunidad olvidada. Pedimos que las autoridades vengan, vean nuestra realidad y que nos apoyen de verdad”, finalizó la autoridad. https://diariocorreo.pe/

Cerca de 2 mil familias sobreviven en Punchana sin agua potable y un desagüe abierto pese a sentencia del TC

La calidad de vida en los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de septiembre, en el distrito de Punchana (Iquitos) es algo que no existe. Ni siquiera es medible. Es una frase tan lejana como la presencia real del Estado en sus calles. Sobrevivir entre la basura, el desagüe y el olor fétido del ambiente se ha vuelto la mejor habilidad de sus habitantes. No obstante, no superan la destreza de las autoridades indolentes para evitar abordar esta problemática de falta de salubridad que se repite en otros sectores de Loreto.

Por increíble que parezca, el escenario descrito se viene dando pese a que hace dos años, el Tribunal Constitucional (TC) declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la región Loreto, “ante la vulneración masiva del derecho al agua potable, la falta de acceso a la red de agua y al sistema de alcantarillado en Punchana”.

Los demandantes fueron precisamente los habitantes de los dos asentamientos humanos mencionados. Si bien la sentencia del TC representa una victoria legal y sienta un precedente importante, el desafío actual se encuentra en la ejecución de las medidas ordenadas. Mientras tanto, la situación de vulneración al derecho al agua y saneamiento persiste, y la población afectada sigue esperando que las autoridades cumplan con su deber de garantizarles un servicio básico y un entorno digno y saludable.

Argumentos de la demanda y el fallo

La demanda de amparo ante el TC es dirigida en contra de varias instituciones. Una de las principales es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), pues es el responsable de formular, proponer y fiscalizar las políticas nacionales de saneamiento. Del mismo modo, al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), adscrita a la anterior, encargada de la gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS).

La demanda también incluye a la Empresa Municipal de Saneamiento de Maynas S.A. (EMAPACOP S.A.), responsable de la prestación de los servicios de agua y alcantarillado; la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que es el organismo regulador; el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Loreto (Diresa), responsables de la salud pública y el control sanitario del agua.

Los puntos clave de la demanda de amparo tienen que ver con falta de acceso a la red de agua potable y de alcantarillado de EMAPACOP, así como los riesgos a la salud de la población, ya que esta se abastece de pozos artesanales. Estudios del Minsa y la Diresa confirmaron que esta agua no es apta para el consumo humano por su alta concentración de hierro, manganeso y bacterias, lo que genera enfermedades gastrointestinales, cutáneas, parasitarias y otras afecciones.

Asimismo, la demanda alega la vulneración de los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado. Por su parte, el TC declaró fundada la demanda de amparo, reconociendo el derecho fundamental al agua como un derecho humano autónomo.

Por lo tanto, el TC ordenó a EMAPACOP S.A. y Otass adoptar las medidas necesarias para conectar los asentamientos a la red pública de agua potable y alcantarillado. Al Minsa y la Diresa los conminó a realizar el control de calidad del agua y garantizar la salubridad de la población mientras se implementan las obras. Mientras que al MVCS le exigió supervisar y asegurar el cumplimiento de la sentencia.

Demoras en cumplimiento

A pesar del mandato del TC, el cumplimiento de la sentencia ha sido problemático, pues hay varios obstáculos alrededor. Aunque se ha ordenado a EMAPACOP S.A. y al OTASS la conexión de los asentamientos a la red pública de agua y alcantarillado, los avances son lentos.

Asimismo, hay una falta de coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales (Gobierno Regional, municipalidades y entidades del Gobierno Central) debido a la diversidad de partidos políticos, lo que dificulta el avance de los proyectos.

Además, la falta de proyectos y expedientes técnicos viables y la deficiente fiscalización son barreras adicionales que impiden una solución rápida y efectiva.

Mientras tanto, la población de estos asentamientos continúa dependiendo de pozos artesanales para el consumo de agua, a pesar de que el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado que no es apta. Esto expone a los habitantes, especialmente a niños y ancianos, a un alto riesgo de enfermedades infecciosas y gastrointestinales. El problema se agrava por la falta de un sistema de alcantarillado.

A fin de darle seguimiento al tema, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial han participado en audiencias para supervisar los avances del cumplimiento de la sentencia. Se ha establecido que una comisión debe informar al juzgado de ejecución sobre sus progresos cada tres meses.

También, el juez a cargo del caso ordenó a la Municipalidad de Maynas entregar agua de forma continua con camiones cisterna mientras se completan las obras, una medida que, según los informes, no se ha cumplido de manera efectiva.

Por su parte, dirigentes de la zona han formado organizaciones para gestionar el desarrollo de sus asentamientos humanos y asegurar que las autoridades cumplan con sus responsabilidades.

"Es cuestión de vivir con dignidad"

En dialogó con El Comercio, Monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo de Iquitos, indicó que, pese a que en el último tiempo ha habido “algunos avances” en materia de agua en Punchana, pues de vez en cuando llega este recurso por medio de camiones cisternas, subrayó que la sentencia del TC es clara, y que se debe cumplir en su totalidad, algo que aun no ocurre.

“La sentencia indicia que hay un estado de cosas inconstitucionales en todo Loreto, que es uno de los departamentos donde mayor pobreza económica existe. Es necesario ir pensando en un proyecto grande de agua potable y saneamiento para toda la ciudad de Iquitos y el departamento de Loreto. Es un tema de ciudadanía, de que puedan vivir como personas”, manifestó.

El monseñor señaló que las autoridades deben ir solucionando estos problemas para que la población afectada viva con dignidad y se tenga una democracia que realmente valga la pena. “Si la gente ve que la democracia no está resolviendo los problemas concretos, esto conllevaría a estallidos sociales con mucho dolor y violencia. Por eso es urgente y necesario tratar a las personas con la dignidad que merecen”, expresó.

Cadenas agregó que la Iglesia lleva 10 años asistiendo a estas comunidades en temas jurídicos, tiempo que ha sido más que suficiente como para poder haber resuelto el problema ya, sin embargo, esto no ha sucedido. “Hace dos años de la sentencia y aun no hay una solución que se pueda contemplar. Los ciudadanos tienen derechos que deben ser ejercidos, y el Estado tiene obligaciones con la gente que vive aquí. Es un problema de dignidad humana”, resaltó.

Líderes religiosos piden medidas urgentes

En setiembre del 2024, líderes religiosos de IRI Perú (Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú) visitaron Punchana y constataron el “indignante nivel de salubridad” de los asentamientos humanos Iván Vásquez Valera y 21 de Setiembre.

Laura Vargas, coordinadora de IRI Perú, remarcó la voluntad interreligiosa de articular con los funcionarios competentes. “Tenemos que tocar todas las puertas y buscar autoridades que realmente respondan a esta situación tan dura. No podemos seguir cerrando los ojos ante esta realidad”, declaró.

A su vez, Azam Sahih, representante de la Comunidad Bahá’í del Perú, señaló que se necesita tomar medidas urgentes. “Es una situación inhumana. Todos somos hijos de Dios por igual y merecemos tener un estado de vida digno del ser humano. Tenemos que actuar”, recalcó.

Ante ello, los miembros del Consejo Interreligiosos del Perú solicitaron información sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional a la Municipalidad Distrital de Punchana, la Municipalidad Provincial de Maynas, el Gobierno Regional de Loreto y el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. https://elcomercio.pe/


Minería ilegal, residuos sólidos y aguas residuales: las principales amenazas del lago Titicaca

El Titicaca es el lago de agua dulce más alto del mundo, y el más extenso de Sudamérica. Se ubica a 3810 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Puno, y es uno de los veinte lagos antiguos que existen en el planeta (se cree que tiene tres millones de años), según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Este espejo de agua, además de su importancia para la economía de miles de personas de Perú y Bolivia, es el hábitat de una variedad de especies de fauna y flora. Alberga peces endémicos y anfibios como la rana gigante (Telmatobius culeus), y es un sitio clave para las aves migratorias y acuáticas andinas, como el zambullidor; además, destaca por poseer en su entorno a la totora (Schoenoplectus tatora), una especie que tiene diversos usos, sobre todo en la comunidad de Uros.

Por estas características, el lago es considerado un sitio Ramsar, una categoría que se le da solamente a los humedales de importancia internacional porque son cruciales para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar de ser un lugar clave para el turismo, la economía y la preservación de manifestaciones culturales, el lago Titicaca enfrenta diversas amenazas que, con el tiempo, se han agudizado.

Basura, desagüe y residuos mineros

Según el biólogo Jhazel Quispe, coordinador general de Natural Way Peru, existen múltiples amenazas que afectan el lago y todo el equilibrio que la mantiene. Una de las principales es la contaminación por aguas domésticas (desagües) que llegan directamente desde diferentes ciudades. Otro problema son los residuos sólidos que se evidencia en las orillas, sin contar los residuos que no se ven, los que terminan en el fondo del lago.

En el 2017, un estudio de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) identificó 172 vertimientos de aguas residuales como fuentes de contaminación de la calidad ambiental del lago. De estos, se destacan cinco tipos: domésticos (14), industriales (13), municipales (117), actividad minera (22), pasivos mineros (03) y vertimientos de piscinas de aguas termales (03).

“Es difícil pensar que en pleno siglo XXI este tipo de contaminación persista en las principales ciudades como Puno y Juliaca. Yo que buceo hace más de cinco años en el lago he visto residuos de todo tipo, desde llantas, plásticos, mallas fantasmas, pilas y demás, puedo decir que en todas las zonas subacuáticas he visto al menos una bolsa de plástico”, afirma el investigador.

Otra amenaza, agrega Quispe, es la quema de zona de totorales en temporada seca, donde personas prenden fuego a grandes extensiones de esta planta acuática emergente. “Ha existido años donde se ha registrado la pérdida de miles de hectáreas que incluso abarcan zonas protegidas como la Reserva del Titicaca. Estas quemas alteran la calidad del lago y afectan las especies que dependen de este hábitat”, explica.

Al vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos, se suma la presencia de pasivos ambientales mineros alrededor del lago, y la actividad minera informal e ilegal que vierte sustancias contaminantes en los ríos que alimentan al lago, según consta en el “Plan de acción para la prevención y recuperación ambiental de la cuenca del lago Titicaca 2020-2024”.

“Los resultados del monitoreo de la calidad de agua en el ámbito de intervención, evidencian concentraciones de metales pesados y metaloides en diferentes puntos de los ríos afluentes del lago Titicaca, asociados a la composición geológica local, la presencia de pasivos ambientales mineros y el desarrollo de actividades mineras”, indica el citado documento.

Sobreexplotación de recursos

Debido a su extensión de 8372 kilómetros cuadrados, y profundidades que pueden llegar a los 281 metros, el lago Titicaca destaca por su variedad de especies que son aprovechadas por el ser humano. Sin embargo, explica el biólogo, en algunos casos se ha advertido una sobreexplotación de recursos, como en el caso de los peces nativos (orestias) y la rana gigante, cazada comúnmente para venderlo en los mercados y casas naturistas como extracto afrodisíaco. A ello se ha sumado la introducción de especies exóticas como la trucha y el pejerrey que devoran la fauna acuática a su paso.

“Actualmente en Puno se vive la masificación por la truchicultura, que ha topado zonas con jaulas flotantes y que diferentes instituciones del estado apoyan a su incremento sin tener estudios de los impactos que este incremento masivo estaría acusando al lago. Todas estas amenazas han llevado al declive al ecosistema del lago, traduciéndose en una pérdida de biodiversidad que se evidencia en las especies endémicas Rana del Titicaca (Telmatobius culeus) y zambullidor del Titicaca (Rollandia microptera) que actualmente están bajo amenaza de extinción”, advierte Jhazel Quispe.

Oportunidades de mejora

El coordinador general de Natural Way Peru comenta que han podido notar que en diferentes comunidades que viven a orillas del lago carecen de gestión de residuos, desde zonas de acopio y frecuencia de colecta, y esto es común en diferentes zonas.

Por ello, indica que con Natural Way están dado el primer paso: el involucramiento de las comunidades locales “en todos los procesos que realizamos, desde la investigación científica hasta el desarrollo de oportunidades para que se involucren en el cuidado y la conservación del lago”.

Otro punto importante, agrega el investigador, es “el reconocimiento de las comunidades como dueños de su territorio y tenerlos como aliados porque ello fortalece la conservación. Creo que ese paso es importante para todas las instituciones y organizaciones que trabajan en el ámbito del lago”.

“Algo que también debe mejorar es la educación que busque fortalecer y mejorar la identidad sobre el lago. Las comunidades a orillas están olvidando prácticas amigables con el ambiente porque no tiene un valor agregado para ellos, por ejemplo, la biodiversidad única que presenta el lugar. En las ciudades no se reconoce el valor de la biodiversidad que alberga y su valor más allá de lo estético. Poner en valor el corazón del lago, es decir la zona subacuática, es algo que no se realiza, y por eso aún este ecosistema es uno de los menos explorados del planeta”, puntualiza.

Finalmente, el biólogo Jhazel Quispe advierte que la conservación del Titicaca actualmente es muy superficial o débil, y si no se trabaja en una protección integral, las especies vivas serán las más perjudicadas.

“Si bien existen instituciones u organizaciones que trabajen para su conservación, esta no es suficiente debido a la continuidad de amenazas que presenta. Si continúa esta situación, con el pasar del tiempo se irá perdiendo la naturalidad de muchas zonas. Existen zonas que se han perdido totalmente por la contaminación, como la desembocadura del río Coata o la bahía interior de Puno. Si bien aún hay lugares que mantienen condiciones naturales, el futuro de estas aún es frágil e incierto”, concluye.

¿Quiénes deben proteger el Titicaca?

La protección y recuperación del Lago Titicaca es una tarea que involucra a diversos sectores, y no solo del Perú sino también de Bolivia. El principal organismo es la Comisión Multisectorial para la Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes, presidida por el Ministerio del Ambiente (Minam), esta comisión reúne a más de 20 instituciones nacionales para coordinar políticas, planes y proyectos de recuperación ambiental. Entre ellas están incluidas nueve ministerios, entidades técnicas, colegios profesionales, así como el Gobierno Regional de Puno y las municipalidades provinciales.

Otro ente es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), a través de la Jefatura de la Reserva Nacional del Titicaca (RNT), que se encarga directamente de la conservación de la diversidad biológica y la gestión de la parte peruana del lago declarada como área natural protegida.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), por su parte, es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y tiene la función técnico-normativa de monitorear y velar por la calidad del agua en la cuenca del Titicaca.

En el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Minam, se encarga de la supervisión y fiscalización ambiental, incluyendo la contaminación del lago.

Finalmente, se encuentran las autoridades binacionales, debido a su carácter compartido, existen entidades creadas por ambos países para la gestión conjunta, entre ellas la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, Salar de Coipasa. Este organismo se encarga de la planificación y coordinación del uso racional y la protección de todo el sistema hídrico compartido entre Perú y Bolivia. https://www.actualidadambiental.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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3/11/25

La FENTAP, el SUTSMAPACON y el SUTOPEC vigilantes ante Acción Popular que busca anular los derechos ganados para tercerizados - Hidroboletín Fentap 4830

 Lunes, 3 de noviembre de 2025 – Año XX – Edición 4830

La FENTAP, el SUTSMAPACON y el SUTOPEC vigilantes ante Acción Popular que busca anular los derechos ganados para tercerizados

Este 03 de noviembre la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP, el Sindicato de Trabajadores de Servicio y Mantenimiento del Agua Potable y Alcantarillado de Lima CONCYSS - SUTSMAPACON y el Sindicato Unitario de Trabajadores Operadores de Estaciones de Control de Agua Potable y Alcantarillado - SUTOPEC estarán vigilantes a la vista de la causa de la Acción Popular que busca anular los derechos ganados para los trabajadores tercerizados.


HIDROREGIONES PERÚ

Obras de saneamiento en Chachapoyas: promesas, deficiencias y controversias

Durante la gestión municipal de Diógenes Zavaleta Tenorio (2007–2010), la Municipalidad Provincial de Chachapoyas impulsó uno de los proyectos más emblemáticos de infraestructura básica:

“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Chachapoyas”, obra ejecutada por el Consorcio Aguas del Oriente, representado por el Ing. Trigoso, con supervisión de la empresa CONSULT S.A. y financiamiento compartido entre el Gobierno Central y la Municipalidad Provincial.

El proyecto fue anunciado como una solución integral al histórico problema de agua y saneamiento que afectaba a miles de familias chachapoyanas. Sin embargo, años después surgieron denuncias y observaciones por deficiencias técnicas, incumplimiento de plazos y fallas estructurales que hoy siguen afectando el sistema.

Principales observaciones técnicas

Los colectores y redes secundarias presentaron hundimientos y colapsos tempranos en varios sectores (Pampas de Higos Urco, Pucatambo y Travesía).

La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) nunca llegó a operar de manera adecuada.

Varias válvulas y cámaras de bombeo no fueron instaladas conforme a lo establecido en el expediente técnico.

El plazo original de ejecución (12 meses) se extendió más de dos años por adendas y modificaciones contractuales.

Investigaciones y seguimiento

Tras las denuncias vecinales y auditorías de la Contraloría General de la República, se determinaron presuntas responsabilidades administrativas y técnicas por la recepción de partidas inconclusas.

Los informes de control revelaron que el consorcio Aguas del Oriente no cumplió con pruebas hidráulicas completas y que la municipalidad aprobó valorizaciones sin sustento técnico.

Contexto actual

Más de una década después, la deficiente infraestructura heredada de ese proyecto sigue siendo una de las causas principales del colapso del sistema de agua y alcantarillado de Chachapoyas, situación agravada por el reciente informe de la Contraloría sobre la obra de Púcara (2025), la cual intentaba complementar aquel proyecto inicial. https://reinadelaselva.pe/

Tacna: Municipio pagó más de 180 mil soles por obra de agua inconclusa

La Contraloría General de la República (CGR) determinó que la Municipalidad Distrital de Ticaco efectuó pagos por la obra de “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, en la localidad de Challaguaya”, pese a que la empresa contratista no ejecutó el 100 % de los trabajos.

En el Informe de Control Específico N. º028-2025 se evidenció que los miembros del comité de recepción tuvieron conocimiento de que aún faltaban ejecutar trabajos para culminar el proyecto; sin embargo, optaron por registrarlos solo como observaciones y suscribieron el acta de recepción.

No aplicaron penalidades

En este contexto, el gerente de Infraestructura y Obras de la Municipalidad de Ticaco otorgó la conformidad al término del contrato sin aplicar las penalidades que ascendían a S/ 172,890, debido al retraso. Asimismo, el gerente brindó conformidad a la última valorización presentada por la empresa, pese a que esta contenía partidas no ejecutadas por S/ 7,447.

Como resultado de estos hechos, la municipalidad continuó con el trámite de liquidación y pagó a la contratista S/ 180,337, generándose presunta responsabilidad penal en los integrantes del Comité de Recepción de Obras de la entidad. Por este caso, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en un funcionario y tres miembros del comité de recepción de la época en que ocurrieron los hechos. https://diariocorreo.pe/

Defensoría del Pueblo realiza supervisión conjunta a punto de descarga de Sedapal en el río Rímac como parte de seguimiento a caso de contaminación

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía de Medio Ambiente y Cambio Climático, realizó el 29 de octubre una supervisión conjunta e inopinada en la faja marginal del río Rímac, como parte del seguimiento a los compromisos asumidos en la reunión interinstitucional de abril de 2025, convocada para abordar los vertimientos de aguas residuales en este afluente. La acción tuvo por finalidad verificar la situación actual del punto de descarga asociado al colector “Cerro Candela”, operado por la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), desde donde se reportó el vertimiento de aguas con coloración rojiza al río Rímac en diciembre pasado.

De acuerdo con los informes técnicos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el colector habría vertido aguas residuales sin tratamiento adecuado, superando varios componentes los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) entre ellos los coliformes en 24’000.000% (veinticuatro millones por ciento).

La acción defensorial contó con la participación del OEFA, la ANA, la Coordinación Nacional de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (CNFEMA) y la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú. Durante la visita, se advirtió olores fétidos y se constató el vertimiento directo de aguas residuales al río Rímac, lo que compromete la salud de las personas, la flora, la fauna y exponiendo en riesgo la salud y vida de más de 15 mil familias que habitan en las riberas del río hasta la región Callao.

Posteriormente, el equipo supervisor se trasladó a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que tiene acceso por La Atarjea, con el propósito de constatar las acciones adoptadas por SEDAPAL para mitigar los impactos del vertimiento. Sin embargo, los representantes de la empresa impidieron el acceso para la PTAR, alegando que la infraestructura es operada por un tercero y que era necesario coordinar previamente. Esta negativa contraviene el artículo 161° de la Constitución Política del Perú, que establece el deber de colaboración de las entidades públicas con la Defensoría del Pueblo.

Cabe recordar que, en abril de 2025, la Defensoría del Pueblo convocó una mesa de trabajo interinstitucional con la participación del OEFA, ANA, MINAM, MVCS, PRODUCE y las municipalidades de Lima Metropolitana y San Juan de Lurigancho, con el fin de abordar la contaminación del río Rímac y promover medidas conjuntas de control y fiscalización. No obstante, la persistencia del problema y la falta de medidas correctivas oportunas evidencian la necesidad de fortalecer la articulación entre las entidades competentes y asegurar una gestión ambiental efectiva y transparente.

La Defensoría del Pueblo exhorta a SEDAPAL y a las autoridades competentes a adoptar de manera inmediata las acciones necesarias para asegurar el tratamiento adecuado de las aguas residuales y proteger la calidad ambiental del río Rímac, en cumplimiento de las normas vigentes. Asimismo, recuerda que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho de la población al agua segura, a la salud y a un ambiente sano y equilibrado, conforme a lo establecido en los artículos 2 inciso 22, 7 y 7-A de la Constitución Política del Perú.

Finalmente, la institución reafirma su compromiso de supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sanitarias por parte de las entidades públicas y privadas cuando estas últimas ejerzan funciones públicas; en defensa del derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente equilibrado, sostenible y libre de contaminación. https://www.defensoria.gob.pe/


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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31/10/25

Lima. Sedapal reclama más de S/1.200 millones a Sunass por presuntos errores en tarifas del agua - Hidroboletín Fentap 4829

 Viernes, 31 de octubre de 2025 – Año XX – Edición 4829

Sedapal reclama más de S/1.200 millones a Sunass por presuntos errores en tarifas del agua

La empresa acusa al regulador de aplicar una metodología deficiente en el cálculo tarifario 2022–2027, que habría afectado su sostenibilidad y capacidad de inversión

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) inició una conciliación extrajudicial contra la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y exige una indemnización superior a S/1.200 millones, bajo el argumento de que el regulador habría aplicado un cálculo incorrecto a las tarifas del periodo 2022–2027. La empresa señala, entre otras razones, una supuesta tasa de ganancia inadecuada, la subestimación de la base de capital y la falta de consideración de los efectos de la pandemia por COVID-19.

El organismo autónomo emitió un pronunciamiento señalando que la solicitud fue presentada pese a que Sedapal alcanzó en 2024 utilidades netas por S/778 millones, la cifra más alta de los últimos años, y ocupó el segundo lugar entre las empresas estatales más rentables del país, conforme al reporte de FONAFE 2023. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1620, vigente desde ese año, la empresa pudo incrementar sus tarifas en 8,4 % y espera beneficiarse con S/400 millones adicionales anuales por el rebalanceo tarifario a partir de 2026.

Las resoluciones tarifarias citadas por Sedapal fueron emitidas por Sunass en diciembre de 2021 después de un proceso técnico que incluyó una audiencia pública, la publicación del informe de sustento y la revisión de aportes de la empresa, usuarios y terceros. El análisis se efectuó sobre información entregada por Sedapal en su Plan Maestro Optimizado, e inició formalmente con la Resolución n.° 004-2019-SUNASS-DRT.

Pese a los resultados favorables, la empresa suministradora sostiene que el estudio tarifario aprobado no refleja, según sus alegatos, la rentabilidad que hubiera correspondido. Sunass objetó este reclamo señalando que, además de no haber presentado sustento técnico o económico para el monto exigido, Sedapal no exhibe indicadores de problemas financieros.

“Solo se mencionan, de forma general, supuestas causas como una tasa de ganancia incorrecta, subestimación de la base de capital y efectos del Covid-19, sin evidencia concreta”, subrayan.

El regulador destaca que el bajo nivel de ejecución de inversiones comprometidas por Sedapal durante el periodo 2022–2024, con un cumplimiento promedio de 55 % y un índice global de metas de 48,49 % en 2024, limita las mejoras del servicio para los usuarios, a pesar de la disponibilidad de recursos.

La preocupación central radica en que la empresa inició la demanda contra su regulador mientras disfruta de una posición financiera robusta y de mayores ingresos derivados de nuevos marcos tarifarios, sin evidenciar con documentación los fundamentos técnicos de su reclamo.

El argumento de Sedapal

En la demanda presentada ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, la cual fue hecha pública por Índice.pe, Sedapal sostiene que las resoluciones emitidas por Sunass presentan graves fallas técnicas y metodológicas. Según la empresa, estas decisiones habrían disminuido de manera indebida los ingresos tarifarios proyectados, afectando su sostenibilidad operativa y su capacidad de inversión.

La compañía detalla diez errores principales de Sunass en el estudio tarifario aprobado mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD y N° 021-2022-SUNASS-CD:

Fondos de inversión obligatorios y elevados: Sunass habría exigido a Sedapal consignar saldos iniciales de S/ 343 millones y S/ 76,6 millones en los fondos de saneamiento y aguas subterráneas respectivamente. Esta situación, afirma la empresa, ha generado una crítica falta de liquidez que afecta el desarrollo habitual de sus operaciones.

Reducción del programa de inversiones: El regulador aprobó inversiones por solo S/ 1.963 millones para el quinquenio, lejos de los S/ 14.236 millones previstos por Sedapal en línea con el Plan Nacional de Saneamiento y los compromisos de acceso universal al agua potable.

Desconocimiento del contexto económico: En la demanda, Sedapal alega que Sunass no consideró los efectos de la pandemia de Covid-19 sobre su recaudación y estructura de costos, a pesar de estar debidamente documentados.

Errores en el cálculo de la base de capital: Sunass no habría reconocido activos fijos, omitió activos depurados y aplicó una fórmula que duplicó el capital de trabajo, ocasionando distorsiones en el cálculo de la rentabilidad y reducciones artificiales en las tarifas aprobadas.

Metas de gestión sin sustento técnico: Según Sedapal, el regulador estableció metas de presión de agua y satisfacción del usuario sin estudios técnicos ni representativos, imponiendo incrementos de hasta 8% en indicadores de percepción.

Cálculo incorrecto del incremento tarifario: El análisis financiero de la empresa señala que el aumento tarifario aprobado fue de 8,4% cuando debió alcanzar el 11% para lograr el cierre financiero previsto, lo que generó pérdidas acumuladas por S/ 174 millones en el quinquenio.

Aplicación inadecuada de la tasa de descuento: Sunass fijó una tasa de 4,22%, aunque el costo promedio ponderado del capital (WACC) debió calcularse en 5,3%. Esto impactó la tarifa media de agua (S/ 2.80 por m³ en vez de S/ 2.90) y alcantarillado (S/ 1.56 por m³ en lugar de S/ 1.66).

Falta de evaluación del cierre financiero: Pese a lo dispuesto en el Reglamento General de Tarifas, Sunass no evaluó la viabilidad económica del flujo de caja. Un informe interno (N° 019-2024-EPOF) determinó que las tarifas vigentes generan un saldo negativo que compromete la continuidad del servicio.

Negativa a reconocer el desequilibrio financiero: Sedapal solicitó en 2023 y 2024 la revisión excepcional del estudio tarifario por ruptura del equilibrio económico-financiero; sin embargo, Sunass rechazó el pedido. La empresa denuncia que el regulador omitió iniciar, por iniciativa propia, la revisión, a pesar del aumento de más del 13% en los costos operativos reales.

Omisión de costos ligados a concesiones: Sedapal acusa a Sunass de no incluir los pagos por concesiones de las plantas Taboada, La Chira y Huachipa, que ascienden a S/ 544 millones. Esta omisión, según la empresa, alteró los costos reales y el equilibrio financiero del periodo. https://www.infobae.com/


HIDROREGIONES PERÚ

Alcalde de Ticaco asegura que irregularidades en obra de agua son de anterior gestión

El alcalde del distrito de Ticaco, Freddy Arcaya, confirmó haber tomado conocimiento del informe de la Contraloría General de la República n.°028-2025-2-0473-SCE relacionado al pago de más de 180 mil soles por obra inconclusa de mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la localidad de Challaguaya. El burgomaestre precisó que el documento ya fue remitido a la Procuraduría Pública, que deberá formular las denuncias correspondientes, dado que la Municipalidad Distrital de Ticaco no cuenta con una procuraduría propia y es atendida en Tacna.

Arcaya explicó que el informe de la Contraloría señala presuntas irregularidades cometidas durante la ejecución de la obra, desarrollada entre el 13 de enero y el 2 de noviembre de 2021, como el pago de más de S/ 180,000 por trabajos inconclusos y la no aplicación de penalidades. En ese sentido, enfatizó que los hechos observados corresponden a la gestión anterior (2019–2022) y no a su actual administración, iniciada en 2023.

El alcalde subrayó que ninguno de los funcionarios implicados en el informe —incluidos los miembros del comité de recepción y el exgerente de infraestructura que otorgó la conformidad de la obra— forma parte de su actual equipo de trabajo. Asimismo, indicó que su gestión brindó todas las facilidades a la Contraloría durante el proceso de investigación.

Arcaya anunció que viajará de urgencia a Tacna para reunirse con los responsables de las áreas involucradas y analizar las medidas que se adoptarán. Agregó que se evaluará iniciar procesos administrativos disciplinarios (PAD), además de las denuncias penales que deberá presentar la Procuraduría. También informó que la Contraloría realiza otras indagaciones sobre proyectos de agua y desagüe ejecutados en Ticaco durante la gestión anterior.

Respecto a la jurisdicción de Challaguaya, Arcaya aclaró que esta localidad pertenece oficialmente al distrito de Sitajara, aunque históricamente ha sido atendida por Ticaco “por usos y costumbres”. Recordó que los pobladores recién conocieron su pertenencia a Sitajara alrededor del año 1999, y que el comité comunal (Comile) continúa asentado en Ticaco.

Finalmente, el alcalde invitó a la población a participar en las actividades por el 151 aniversario de creación política del distrito de Ticaco, que se celebrará el 12 de noviembre. Habrá eventos culturales y recreativos, el tradicional desfile y una feria gastronómica con los platos típicos de la zona, como el chicharrón y la merienda ticaqueña. https://radiouno.pe/


Yunguyo: Anapia abandonada ante contaminación del lago desde Bolivia

El distrito de Anapia en la provincia de Yunguyo permanece en total abandono mientras avanza la contaminación del lago Titicaca desde el lado boliviano sin que ninguna entidad se preocupe por atender esta problemática que afecta a pobladores y ganado, señaló el poblador Teófilo Mamani.

Mamani indicó que la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (conocida como ALT) tiene una lancha que ha estado rondando aproximadamente 20 días, pero no se comunica con la población para informar sobre los trabajos que realizan, ni bajan al muelle para conversar con los habitantes del distrito fronterizo sobre la situación.

El poblador cuestionó que las autoridades manejan dineros y fondos grandes sin que existan resultados visibles para la población, porque no informan sobre las acciones que ejecutan ni los avances en el control de la contaminación que avanza desde territorio boliviano hacia las aguas peruanas.

Mamani señaló que actualmente ninguna entidad está abordando el tema de la contaminación porque todo permanece totalmente abandonado, situación que afecta principalmente la totora que utilizan para alimentar al ganado que ahora está completamente contaminada por las aguas sucias del lago.

El poblador explicó que tanto los pobladores como los animales consumen agua del lago contaminado porque no tienen otra alternativa, situación que representa un grave riesgo para la salud de las familias y el ganado que habita en esta zona fronteriza de Yunguyo sin atención de las autoridades.

La comisaría de la policía permanece con infraestructura inadecuada que estaba por caerse desde hace años, situación que fue constatada por el congresista Flavio Cruz Mamani quien visitó Anapia en 2023 y tomó fotografías de las precarias condiciones del puesto policial.

Mamani señaló que los pobladores enfrentan otro problema porque la Marina les exige pagar tarifas de altamar para sus pequeñas embarcaciones, tributo al que se han opuesto porque resulta excesivo para las condiciones económicas de los pescadores artesanales del distrito insular.

El congresista Flavio Cruz Mamani se comprometió a sacar una ley especial para reducir el impuesto de las embarcaciones del lago Titicaca durante su visita a Anapia, promesa que no se concretó porque después solicitó un memorial para poder exigir la medida en el Congreso.

Mamani cuestionó que los congresistas reciben 2,800 soles del Estado por su semana de representación, pero no hacen nada por las necesidades de la población, situación que genera desconfianza entre los habitantes del distrito fronterizo que se sienten abandonados por las autoridades nacionales.

El poblador manifestó su indignación porque ahora los habitantes de Anapia ya no pueden creer en ninguna autoridad tras las promesas incumplidas, declarando que en el distrito ya no quieren recibir a candidatos políticos que llegan con ofrecimientos que nunca se materializan.

La contaminación del lago avanza cada día desde el lado boliviano sin que existan medidas efectivas de control o tratamiento, mientras la totora se contamina y tanto personas como animales consumen agua contaminada en condiciones de total abandono por parte de las entidades competentes del Estado. https://pachamamaradio.org/

Dirigentes cuestionan presencia del congresista Carlos Zeballos durante visita de control al Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado en Juliaca

Durante una visita de control de la Contraloría General de la República en la urbanización San Pablo, en Juliaca, los dirigentes de las zonas beneficiarias del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado expresaron su malestar por la presencia del congresista Carlos Zeballos en las actividades vinculadas a la Etapa I de la obra. Los representantes comunales consideraron que la intervención del parlamentario, a pocos meses de concluir su gestión, resultaba innecesaria y levantaba sospechas sobre posibles intereses políticos.

Los líderes vecinales recordaron que, en gestiones anteriores, no recibieron apoyo ni acompañamiento del legislador cuando viajaron a Lima para buscar soluciones a las necesidades básicas de sus comunidades.

“Cuando vamos a Lima a realizar gestiones, nunca lo vemos; jamás hemos recibido apoyo de su parte”, manifestó Carmen Paredes, dirigente de la zona, quien además subrayó la falta de compromiso del congresista con los problemas reales de la población juliaqueña.

La actividad contó con la participación de representantes de la fiscalía provincial, la Defensoría del Pueblo y la propia Contraloría, con el objetivo de supervisar la transparencia y el correcto desarrollo de la obra, cuyo reinicio se concretó el pasado 21 de octubre bajo la modalidad de administración directa.

El reinicio de los trabajos ha despertado tanto expectativas como preocupación entre los beneficiarios, debido a los antecedentes de retrasos y controversias que arrastra el proyecto. Los dirigentes advirtieron sobre el riesgo de que, en la etapa final de la gestión legislativa, se intente utilizar el proyecto con fines políticos, desviando su verdadero propósito: mejorar el acceso al agua potable y saneamiento para miles de familias.

Por su parte, el presidente encargado del Comité Central de Gestión, Sixto Mamani Pari, lamentó la actitud del congresista Zeballos y pidió que se reúna de manera directa con los dirigentes para atender sus demandas y aclarar su participación en el proceso.

La Contraloría, junto con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, continuará con el seguimiento permanente de la ejecución del proyecto, a fin de garantizar que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente y que la obra finalmente beneficie a la población, después de años de espera. https://ladecana.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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