Viernes, 9 de enero de 2026 – Año XX – Edición 4875
Recibo de agua será más caro:
Sociedad Nacional de Industria critica incremento en la tarifa de Sedapal
La SNI criticó que el incremento no haya sido tramitado por la SUNASS y alertó sobre la intervención directa del Ministerio de Vivienda en el proceso.
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), a través de su
Comité de Usuarios de Agua Industrial, expresó su rechazo al reciente
incremento de las tarifas de agua anunciado por Sedapal. El pronunciamiento fue
realizado por su presidente, Rolando Piskulich, quien cuestionó la decisión al
considerar que no existe sustento técnico ni económico que respalde el aumento
aplicado al servicio.
En declaraciones a Canal N, Piskulich calificó el alza como
“desproporcionada” y recordó que la inflación registrada en 2025 fue de solo
1.5%. Bajo ese contexto, sostuvo que el ajuste tarifario no guarda relación con
el comportamiento de la economía ni con indicadores que justifiquen un
incremento de esa naturaleza para los usuarios, especialmente para el sector
industrial.
El representante del gremio señaló que este tipo de
decisiones terminan afectando directamente a las empresas, que deben asumir
mayores costos operativos, y advirtió que ello puede tener un impacto más
amplio en la economía, al trasladarse eventualmente al consumidor final.
Cuestionamientos y pedido de diálogo
Otro de los puntos centrales de la crítica de la SNI está
relacionado con el procedimiento seguido para aprobar el incremento tarifario.
Piskulich cuestionó que la medida no haya sido tramitada por la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), entidad
reguladora competente para este tipo de decisiones.
Según explicó, el Ministerio de Vivienda habría intervenido
directamente en el proceso, desplazando el mecanismo quinquenal habitual que
maneja SUNASS para la revisión y aprobación de las tarifas. Para el gremio industrial,
esta situación genera preocupación sobre la transparencia y la
institucionalidad en la toma de decisiones que afectan a miles de usuarios.
Ante este escenario, la SNI anunció que ha solicitado una
reunión urgente tanto con el ministro de Vivienda como con representantes de
Sedapal. El objetivo, según indicaron, es dialogar sobre la medida y buscar su
paralización, al considerar que el incremento no solo perjudica a la industria,
sino también a la economía de los ciudadanos.
Impactos económicos
Piskulich advirtió que el aumento en el costo del agua
podría traducirse en mayores precios para los consumidores finales, como
consecuencia de los sobrecostos que deberán asumir las empresas. Asimismo,
alertó sobre una posible afectación en el empleo si las compañías se ven
obligadas a ajustar sus gastos ante el nuevo escenario tarifario.
Finalmente, el representante de la SNI cuestionó la
posibilidad de que el incremento tenga como finalidad cubrir el suministro
gratuito de agua mediante cisternas en zonas vulnerables. No obstante, precisó
que no cuenta con información oficial que confirme este destino de los
recursos, por lo que insistió en la necesidad de mayor claridad y diálogo por
parte de las autoridades competentes.
Sunass explica incremento
La Sunass informó que el incremento de las tarifas de
agua potable y alcantarillado en Lima y Callao responde al cumplimiento del
Decreto Legislativo n.° 1620, promulgado en diciembre de 2023 durante el
gobierno anterior. Según explicó, esta norma dispuso la aplicación de un
rebalanceo tarifario con el fin de que las empresas prestadoras, incluida
Sedapal, cuenten con mayores ingresos para cubrir los costos de la prestación
del servicio.
En ese marco, Sunass señaló que desarrolló el proceso
regulatorio correspondiente en cumplimiento de una disposición emitida por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dicho procedimiento incluyó
la publicación del proyecto tarifario, la realización de una audiencia pública
y la recepción de comentarios por parte de usuarios, Sedapal, el propio
ministerio y otros actores del sector. Los resultados de esta evaluación
técnica se reflejan en las nuevas tarifas que serán aplicadas por la empresa.
El regulador precisó que el incremento tarifario en Lima se aplicará desde enero de 2026 y que su impacto será visible en los recibos a partir de febrero. Para los usuarios domésticos con un consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el aumento será de S/7.70. En términos porcentuales, el alza oscila entre 12 % para usuarios residenciales y 20 % para usuarios no residenciales, y Sunass indicó que intensificará la fiscalización para asegurar que los recursos adicionales se destinen a mejoras verificables en la calidad del servicio. https://www.infobae.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Sunass: Tarifa del agua en Lima sube 12 % desde enero
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass) confirmó el incremento de las tarifas de agua potable y alcantarillado
en Lima y Callao, vigente desde enero de 2026. La medida responde a un proceso
regulatorio aprobado el año pasado.
El impacto de este reajuste comenzará a reflejarse en los
recibos desde febrero, informó la entidad.
Aumento mensual para usuarios
residenciales será de S/ 7.70
Según Sunass, los usuarios domésticos que consumen en
promedio 16 metros cúbicos al mes verán un aumento aproximado de S/ 7.70 en su
recibo mensual. El ajuste tarifario para el sector residencial es del 12 %,
mientras que, para usuarios estatales, comerciales e industriales, el alza será
de hasta 20 %.
Regulador intensificará fiscalización
del servicio
Sunass indicó que el incremento debe estar vinculado a
mejoras verificables en la calidad del servicio. Por ello, se anunció una mayor
supervisión para garantizar que los recursos adicionales se utilicen
adecuadamente y en beneficio de los usuarios. https://canaln.pe/
La captura del agua: cómo dos gigantes de la agroindustria se aseguran un recurso escaso
Desde el dron, el dique se
distingue con claridad. Cruza el cauce del río Chira como una cicatriz de
tierra y piedras, a la altura del centro poblado de Macacará, en Piura, una de
las regiones más áridas del norte del Perú, donde el agua es un recurso cada
vez más disputado. Agroaurora, empresa del Grupo Gloria, lo levantó allí y, más
de un año después, sigue en el mismo lugar, pese a dos resoluciones
administrativas y una sentencia judicial que ordenan retirarlo.
Durante la sequía de 2024 que se
extendió hasta inicios de 2025 —la más severa que ha vivido la región en los
últimos años—, comuneros de la comunidad campesina de Miramar–Vichayal, una de
las más golpeadas por la escasez de agua, intentaron derribarlo hasta seis
veces, con palas, picos y maquinaria pesada. Cada vez que lo hicieron, la
empresa volvió a reconstruirlo.
Para los comuneros, el dique
hizo visible lo que la escasez ya venía anunciando. La poca agua que alcanzaba
a llegar al Bajo Piura se quedaba retenida, sin seguir su curso natural. Para
Agroaurora, en cambio, esa misma estructura era —y sigue siendo— una pieza
importante de su sistema de captación, un seguro frente a las sequías y una
forma directa de asegurarse el agua que alimenta sus extensos campos en la
región.
En el valle del Chira, la
disputa por el agua no se da entre iguales.
Ese desequilibrio se repite en
toda la región Piura. Existen más de 260 mil hectáreas bajo licencias de riego,
pero apenas 50 usuarios —en su mayoría grandes compañías agroindustriales y
agroexportadoras— concentran más de 64 mil. Entre ellos, Agroaurora destaca con
claridad: es la empresa con mayor superficie autorizada, con 10,700 hectáreas
distribuidas en 71 licencias otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua
(ANA).
Quienes estaban al frente de la
comunidad en esos meses vivieron el conflicto como un enfrentamiento directo
contra el poder. José Ramírez, quien presidía entonces la comunidad campesina
de Miramar–Vichayal, recuerda cómo el dique reaparecía cada vez que los
comuneros intentaban derribarlo.
—Lo rompíamos y
ellos lo volvían a levantar. Cuando se trata de los grandes, las resoluciones
no se cumplen. A nosotros nos miran como si no valiésemos nada.
En los campos,
el impacto fue inmediato. Luis Abarca, exvicepresidente de la comunidad
campesina de Miramar–Vichayal, habla de hectáreas perdidas, animales enfermos y
familias que aún no logran recuperarse.
—Todo fue un
caos. Si vuelve a haber otra sequía y el gobierno no nos apoya, la pobreza va a
crecer aquí, porque todavía no nos recuperamos.
El dique está a
pocos metros de la Estación de Bombeo Macacará, una infraestructura que
Agroaurora utiliza para captar agua del río y trasladarla hacia dos reservorios
ubicados en la parte alta de sus terrenos. Desde allí, según la propia
compañía, riegan sus campos de caña de azúcar mediante un sistema de goteo.
El conflicto se
arrastra desde hace casi cinco años y solo se volvió inocultable cuando dejaron
de llegar las lluvias. En todo ese tiempo, ninguna de las instituciones
encargadas de regular y administrar el agua ha logrado que Agroaurora retire el
dique.
La apuesta por
el agua subterránea
La última sequía
no borró los conflictos por el agua entre comunidades y grandes empresas. Los
dejó expuestos y, al mismo tiempo, empujó otra pregunta que hoy recorre los
valles: de dónde sacar agua cuando la superficie ya no alcanza.
La crisis de
2024 y comienzos de 2025 no solo vació canales y reservorios. Empujó también
una búsqueda que empieza a marcar el territorio. La de agua bajo tierra.
Durante la emergencia hídrica declarada en 34 distritos, el gobierno anunció
como respuesta la rehabilitación de pozos, la construcción de nuevos “de manera
inmediata” y la compra de maquinaria para perforar.
La Autoridad
Nacional del Agua también habilitó medidas excepcionales. Permitió extraer más
agua subterránea, profundizar pozos ya existentes y transferir agua entre
titulares de licencias. En los papeles, se abrían nuevas fuentes. En el
territorio, muchos pequeños agricultores sintieron que esas salidas no se
convertían en soluciones reales.
Para José Miguel
Panta, integrante de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Margen
Derecha del río Chira, los anuncios no pasaron de eso.
—Se hablaba de
pozos, de obras, y muchos empezaron a buscar sus papeles para iniciar trámites.
Pero no se pudo. Los procedimientos eran engorrosos y no se logró nada—dice.
En paralelo, en
diciembre de 2024, el Congreso declaró de interés nacional la creación del
Programa Nacional de Aguas Subterráneas, una propuesta para ordenar el uso de
acuíferos. Un mes después, el Ejecutivo observó la norma y la devolvió a
comisión. Desde entonces, el programa no ha avanzado. No tiene contenido
operativo, ni reglamento, ni fecha de implementación.
Mientras ese
marco sigue ausente, el sector agroindustrial ha empezado a moverse por su
cuenta. Paola Gutiérrez, presidenta del Comité de Recursos Hídricos de la
Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (APAG-Piura), explica que
durante la emergencia no se autorizaron nuevas perforaciones, pero sí se
permitió profundizar pozos ya existentes y usarlos de acuerdo con los permisos
vigentes.
Gutiérrez
explica que el giro hacia el agua subterránea como salida frente a la escasez
ya está en marcha. De las 16 empresas asociadas a APAG-Piura, al menos cinco
presentaron solicitudes de nuevas licencias subterráneas ante la ANA entre
noviembre de 2024 y enero de 2025.
—Hay empresas
que han pedido autorización para un pozo y otras que están regularizando o
tramitando licencias para tres o cuatro. No tengo el dato exacto, pero sí puedo
decir que son varias las que están siguiendo estos procesos —dice.
Agroaurora
respondió para este reportaje que “no cuenta actualmente con pozos, aunque
evalúa proyectos en proceso de acreditación ante la ANA”.
Pero esta
alternativa no está al alcance de todos. Perforar un pozo profundo en Piura
—entre 100 y 150 metros para asegurar agua dulce— puede costar hasta 150 mil
dólares. Una cifra imposible para pequeños agricultores que dependen del
reservorio Poechos, de los canales de derivación o del propio río Chira.
—Pensamos que un
pozo podía ser parte de la solución. Pero hasta ahora no hay ninguna obra. No
tenemos nada que nos prepare para otra sequía —dice Luis Abarca, comunero de
Miramar–Vichayal.
Mientras las
empresas avanzan con planes propios de contingencia, comunidades campesinas
como Miramar–Vichayal, Tamarindo y otras siguen esperando los pozos anunciados
durante la emergencia.
Hoy, las
proyecciones oficiales no hablan de una nueva sequía inmediata. Para el periodo
de agosto de 2025 a julio de 2026, la autoridad del agua aprobó en Piura una
oferta mayor que la demanda estimada. Y, según la Comisión Multisectorial del
ENFEN, no existe un riesgo inminente de un nuevo fenómeno de El Niño en 2026,
aunque sí la probabilidad de condiciones cálidas débiles a partir de abril.
Pero después de
2024, los pronósticos ya no bastan. En un territorio donde el acceso al agua
depende cada vez más de infraestructura propia, capacidad de inversión y margen
para gestionar permisos, la sequía no empuja a todos hacia el mismo lugar.
Para algunas empresas, la respuesta ya se está buscando bajo tierra. Para muchas comunidades, sigue siendo una promesa. https://saludconlupa.com/
LIMA PERÚ
Lima Norte tendrá su primera ‘reserva estratégica’ de agua desalinizada: planta en Ancón garantizaría servicio continuo a más de 570 mil personas en zonas vulnerables
Lima Norte se encamina a contar
por primera vez con una planta desaladora que permitirá transformar agua de mar
en agua potable para consumo humano. El proyecto, impulsado por la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), forma parte de una estrategia
orientada a fortalecer el abastecimiento hídrico en una de las zonas con
mayores brechas de acceso al servicio en la capital.
La iniciativa se desarrolla bajo
la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) autofinanciada y se ejecutará
en el distrito de Ancón. Además de atender la demanda doméstica, la
infraestructura también garantizará el suministro de agua para el futuro Parque
Industrial de Ancón, considerado un eje clave para el desarrollo productivo de
Lima Norte.
Planta
desaladora en Ancón: inversión privada, capacidad de producción y alcance del proyecto
hídrico
La primera
Planta Desaladora de Lima Norte requerirá una inversión estimada de US$ 204.77
millones, la cual será asumida íntegramente por el sector privado. Al tratarse
de una APP sin cofinanciamiento, el proyecto no compromete recursos fiscales
del Estado, permitiendo acelerar su implementación. La infraestructura tendrá
la capacidad de producir 86.400 metros cúbicos de agua potable al día. Para
ello, contará con sistemas de captación de agua de mar, procesos de filtración
y ósmosis inversa, además de estaciones de bombeo, redes de transporte y
mecanismos de control de calidad.
El Ministerio de
Vivienda otorgó en agosto del 2025 la opinión de relevancia favorable al
proyecto, habilitando su desarrollo dentro del marco normativo vigente. La
planta está diseñada para operar bajo estándares internacionales, asegurando
continuidad del servicio incluso frente a escenarios climáticos adversos como
sequías o eventos extremos. Este proyecto hídrico permitirá reforzar el sistema
de distribución de Sedapal en Lima Norte, ampliando la capacidad de atención y
reduciendo la dependencia de fuentes tradicionales de agua, cada vez más
presionadas por el crecimiento urbano.
Más de 570 mil
vecinos beneficiados en Lima norte y cierre de brechas de acceso al agua
potable
La puesta en
marcha de la planta desaladora beneficiará directamente a más de 570 mil
habitantes de Lima Norte, principalmente en los distritos de Ancón, Santa Rosa
y Ventanilla. En estas zonas, muchas familias reciben actualmente agua potable
de manera intermitente, en algunos casos solo una vez al día. https://larepublica.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
