Martes, 29 de setiembre de 2020 – Año XIV – Edición 3568 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
·
PERÚ
- Sullana: agricultores de Ignacio Escudero claman por agua para salvar
cultivos
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PERÚ
– Amazonas. Protección tardía: tres líderes ambientales solicitaron garantías
antes de ser asesinados
·
PERÚ
- Caserío de Olmos denuncia daños por derrame de petróleo en Lambayeque
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Puno: niños y adultos presentan
arsénico y mercurio por consumir agua contaminada en Coata
Estudio
medioambiental dio positivo en 34 personas a la presencia de metales pesados
con valores por encima de los índices normales
Una profunda preocupación abruma los ánimos de habitantes de los distritos de Capachica, Coata y Huata, en la provincia y región de Puno, tras enterarse de que 34 personas dieron positivo a la presencia de arsénico y dos al mercurio, con valores por encima de los niveles permitidos, producto del consumo de agua contaminada con metales pesados en la cuenca del río Coata.
Los resultados de la investigación sobre la presencia de metales pesados en las personas de los distritos citados fueron brindados por el presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del río Coata, Félix Suasaca, tras acceder a un informe de la Dirección General de Salud Ambiental de Lima.
Según ese informe interno, las muestras fueron tomadas en febrero de este año a 55 personas, entre adultos y niños de ambos sexos, que viven por inmediaciones de la cuenca del río Coata. A dicho cauce, ingresan las aguas residuales de la ciudad de Juliaca sin ningún tratamiento, motivo por el cual está en marcha la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
El estudio fue remitido desde Lima, recién a fines de julio, a la Dirección Regional de Salud de Puno, quienes no pudieron hacerlo público debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19 decretada por el gobierno.
Sin embargo, en las últimas semanas, la Red de Salud de Puno, según su director Darwin Blanco Shocosh, notificó a cada persona de la muestra sobre los resultados de ese estudio, originando malestar en los habitantes al conocerse que 34 de ellos dieron positivo al arsénico y otras dos al mercurio.
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Dentro del grupo testeado, dieron positivo al arsénico cinco niños cuyas edades fluctúan entre 4 a 11 años y otros tres adolescentes entre 15 y 17 años. De los ocho casos, siete son del sexo femenino.
“El problema para las personas que dieron positivo al arsénico y mercurio es que tendrán repercusiones en su salud dentro de varios años, desarrollando enfermedades crónicas impredecibles”, manifestó Blanco Shocosh, sin precisar qué tipo de enfermedades podían desarrollar, principalmente los niños.
Esta mañana, Félix Suasaca, como dirigente de la organización social, junto a otros dirigentes y tenientes gobernadores llegaron hasta la ciudad de Puno, para protestar y pedir la atención de las autoridades para afrontar el problema.
El director Regional de Salud, Walther Sebastián Oporto Sánchez, les informó que un equipo médico viajó a la zona para iniciar la evaluación médica y tratamiento correspondiente en los casos necesarios a cada persona portadora del metal pesado.
Asimismo, en una reunión de emergencia entre el citado funcionario, alcaldes de los distritos afectados y dirigentes de organizaciones sociales, se acordó la conformación de una comisión multisectorial en tema de salud, invitando para esa reunión al presidente del Consejo de Ministros Walter Martos Ruiz.
Suasaca demandó la presencia de médicos especialistas en tratamiento de enfermedades por metales pesados, además de ampliar el estudio a toda la población de los tres distritos, así como otras localidades próximas a la ciudad de Juliaca, donde nace el problema de contaminación del río Coata.
“Si en esta muestra tomada a 55 personas 34 dieron positivo, cuántas más del resto de la población que consume agua contaminada tendrán presencia de arsénico y mercurio en sus cuerpos. Además, falta conocer los resultados sobre la presencia de otros metales, que al parecer están ocultando (las autoridades sanitarias) para no alarmarnos”, dijo Félix Suasaca. https://elcomercio.pe/
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HIDROREGIONES PERÚ
Sullana: agricultores de Ignacio Escudero claman por agua para salvar cultivos
Los agricultores del distrito de Ignacio Escudero, hicieron un clamoroso llamado a las autoridades nacionales y regionales, para que se les dote de agua y salvar de esa manera sus cultivos, los cuales se encuentran seriamente afectados por la falta del líquido elemento. Indicaron haber verificado el stock en la represa de Poechos y que no amerita la suspensión.
Los agricultores del predio Cerro de Piedra, quienes se dedican a la siembra de arroz, mostraron la realidad de sus cultivos; pidiendo que la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Agricultura, el proyecto Chira Piura, el ministro de Agricultura y el mismo presidente Martín Vizcarra deberían ayudar para que no se pierdan los cultivos.
“Somos de Ignacio Escudero, Ventarrones y otros lugares, somos padres de familia, pequeños agricultores (…) los cuales exigen agua y que se construya el canal Miguel Checa” clamaron tras el déficit del recurso hídrico, que podría afectar a la población regional.
Igualmente, tras indicar que tienen préstamos con entidades financieras, el vocero de los agricultores espera que el Gobierno Regional de Piura, los parlamentarios del departamento, consideren su problemática y eviten un perjuicio mayor al que vienen viviendo.
Recordemos que la mayor parte de la población de la provincia de Sullana y otras como Paita, Piura, Talara y Sechura dependen de la provisión del agua por parte del río Chira. https://www.elregionalpiura.com.pe/
Protección tardía: tres líderes ambientales solicitaron garantías antes de ser asesinados
El reciente asesinato del líder indígena Roberto Carlos Pacheco expone una vez más el contexto de inseguridad en el que se encuentran los líderes ambientales. Él y su padre, Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, habían recibido amenazas de muerte; pero las autoridades no les ofrecieron garantías para proteger su vida, a pesar de las denuncias que presentaron desde el 2012 y el pedido de protección que hizo la Defensoría del Pueblo en abril del año pasado.
En los últimos siete años, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, solo en la Amazonía 12 líderes ambientales fueron asesinados. De esa cifra, la muerte de cuatro de ellos ocurrió durante la pandemia: Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pío (Junín), Lorenzo Wampagkit (Amazonas) y Roberto Carlos Pacheco (Madre de Dios).
Antes de ser asesinados, Meléndez, Pío y Pacheco -este último a través de su padre- pidieron garantías para su vida. Demetrio Pacheco dijo a OjoPúblico que, en 2016, fue personalmente a la prefectura de Puerto Maldonado a tramitar garantías para su vida y la de su hijo; pero que las autoridades se las denegaron.
EN 2016, DEMETRIO PACHECO SOLICITÓ GARANTÍAS PARA ÉL Y SU HIJO; PERO SE LAS DENEGARON.
“Aquella vez adjunté pruebas, di nombres de quiénes me amenazaban, a mí y a mi hijo, porque incluso me dejaron una bala en mi concesión forestal. Llené los formularios que me pedían, volví al siguiente mes, pero no me dieron las garantías”, contó Pacheco, con impotencia. Recién el miércoles 16 de setiembre -cinco días después de la muerte de su hijo- la subprefectura del distrito de Laberinto le otorgó dichas garantías para él, su esposa y sus otros tres hijos; y ordenó que la policía le brinde protección.
El reciente asesinato del líder indígena Roberto Carlos Pacheco expone una vez más el contexto de inseguridad en el que se encuentran los líderes ambientales. Él y su padre, Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, habían recibido amenazas de muerte; pero las autoridades no les ofrecieron garantías para proteger su vida, a pesar de las denuncias que presentaron desde el 2012 y el pedido de protección que hizo la Defensoría del Pueblo en abril del año pasado.
En los últimos siete años, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, solo en la Amazonía 12 líderes ambientales fueron asesinados. De esa cifra, la muerte de cuatro de ellos ocurrió durante la pandemia: Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pío (Junín), Lorenzo Wampagkit (Amazonas) y Roberto Carlos Pacheco (Madre de Dios).
Antes de ser asesinados, Meléndez, Pío y Pacheco -este último a través de su padre- pidieron garantías para su vida. Demetrio Pacheco dijo a OjoPúblico que, en 2016, fue personalmente a la prefectura de Puerto Maldonado a tramitar garantías para su vida y la de su hijo; pero que las autoridades se las denegaron.
EN 2016, DEMETRIO PACHECO SOLICITÓ GARANTÍAS PARA ÉL Y SU HIJO; PERO SE LAS DENEGARON.
“Aquella vez adjunté pruebas, di nombres de quiénes me amenazaban, a mí y a mi hijo, porque incluso me dejaron una bala en mi concesión forestal. Llené los formularios que me pedían, volví al siguiente mes, pero no me dieron las garantías”, contó Pacheco, con impotencia. Recién el miércoles 16 de setiembre -cinco días después de la muerte de su hijo- la subprefectura del distrito de Laberinto le otorgó dichas garantías para él, su esposa y sus otros tres hijos; y ordenó que la policía le brinde protección.
En el caso de Pío -asesinado en mayo de este año- su esposa Maribel Casancho confirmó a OjoPúblico que, en 2016, el líder indígena pidió garantías para su vida ante la prefectura de Satipo; pues lo habían amenazado y, además, lo responsabilizaban de la muerte de un invasor de tierras, en la comunidad indígena Nuevo Amanecer Hawai, ubicada en la triple frontera de Junín, Ucayali y Pasco. “En la prefectura no le dieron las garantías”, se lamenta la mujer que, después del homicidio, ha dejado su hogar por miedo.
En abril, Arbildo Meléndez, líder cacataibo de la comunidad indígena Unipacuyacu también fue asesinado. Su esposa, Zulema Guevara, contó a OjoPúblico que en noviembre del año pasado Meléndez pidió garantías en la prefectura de la provincia de Puerto Inca (Huánuco), pero tampoco se las otorgaron. “De allí nos enviaron a Codo de Pozuzo, decían que era nuestra jurisdicción. En ninguno de los dos sitios nos daban importancia”, precisó la mujer.
Berlín Diques, de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), explicó que Arbildo, además de pedir protección ante la prefectura, realizó denuncias contra invasores y taladores ilegales. “Lamentablemente, nos enfrentamos a la corrupción del Estado, que discrimina a los indígenas. Denunciamos ante la policía, ante la fiscalía, pero no ha avanzado”, dijo el líder indígena.
Edgardo Rodríguez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (Minjus), también confirmó a OjoPúblico que los tres defensores ambientales habían solicitado garantías antes de los homicidios, pero las prefecturas de sus localidades -que dependen del Ministerio del Interior- no se las otorgaron a tiempo.
Un protocolo con deficiencias
En abril de este año, el Ministerio de Justicia, mediante la resolución ministerial 159-2019-Minjus aprobó el protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, entre ellas a los defensores ambientales. Dicho instrumento incluye un procedimiento de alerta temprana y la creación del primer registro de denuncias e incidencias sobre ataques y amenazas a defensores de derechos humanos, o situaciones de riesgo a las que están expuestos.
Sin embargo, no considera al Ministerio del Interior, al Ministerio Público ni al Poder Judicial como integrantes del equipo que coordina la implementación de dicho protocolo. “Estas instituciones colaboran con nosotros, pero no están obligadas a aplicar el protocolo, y al inicio eran renuentes”, reconoció Edgardo Rodríguez, quien está a cargo de la implementación de dicho instrumento, en una entrevista a OjoPúblico.
En un año y medio, su despacho ha recibido 15 solicitudes para activar el mecanismo de protección, pero luego de una revisión de los casos, solo aceptaron siete: en cuatro se activó el sistema de alerta temprana y, en los tres restantes, coordinaron medidas urgentes de protección.
EL MINISTERIO DE JUSTICIA HA ADMITIDO SIETE PEDIDOS DE PROTECCIÓN PARA DEFENSORES DE UCAYALI, HUÁNUCO, CUSCO, LORETO Y LIMA.
Los casos admitidos corresponden a las regiones de Ucayali, Huánuco, Cusco, Loreto, Piura y Lima (3). Las medidas de protección alcanzan a la familia de los líderes indígenas asesinados Arbildo Meléndez (Huánuco) y Gonzalo Pío (Junín). En ambos casos dichas garantías de vida fueron entregadas por las prefecturas después de la muerte de los apus. La comunidad Nueva Austria del Sira, en Huánuco, también cuenta con medidas de protección, otorgadas después de que las amenazas que recibían sus líderes se hicieran públicas por los medios de comunicación, en 2019.
Dentro de los otros siete casos evaluados por el Minjus, tres fueron descartados porque no cumplían alguno de los cuatro requisitos contemplados: que fueran defensores de derechos humanos, que otorguen su consentimiento para ser protegidos, que acrediten con pruebas las situaciones de riesgo y que señalen el tipo de protección que necesitaban. “Los casos descartados fueron uno perteneciente a la población LGTBI, un caso que denunció un congresista por invasión de terrenos y otro de una persona que se sintió maltratada por el gobierno peruano y denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Otros cinco están en revisión”, dijo Rodríguez.
El funcionario explicó que cuando reciben las solicitudes, evalúan los casos y luego coordinan con el Ministerio del Interior la entrega de garantías de vida, si hubiera urgencia. Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, detalló a OjoPúblico que, si bien el protocolo es un primer paso en la protección de los líderes, aún es insuficiente. “Se necesita una herramienta aprobada con rango de ley, que comprometa a otros actores, como el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Ahora el protocolo solo es un respaldo político, pero su capacidad operativa es limitada”, señaló.
EL PROTOCOLO ES UN RESPALDO POLÍTICO, PERO SU CAPACIDAD OPERATIVA ES LIMITADA”, SEÑALÓ MAR PÉREZ.
Sus limitaciones incluyen una falta de articulación con otros sectores. “El protocolo no es vinculante. No incorpora al Ministerio Público y al Poder Judicial, que son las instancias llamadas a investigar y sancionar a quienes violentan a los defensores de derechos humanos. Se necesita un mecanismo multisectorial, sobre todo para los defensores indígenas y ambientales, que son los más amenazados por las actividades ilegales”, advirtió Nelly Aedo, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, Rodríguez, del Minjus, aceptó las limitaciones actuales del protocolo, pero adelantó que buscarán la incorporación de todas las instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos mediante la publicación de un decreto supremo.
Alerta en la Amazonía
La zona de mayor riesgo para los líderes ambientales ahora es la Amazonía, dijo Rodríguez, del Minjus. “Allí hay un vínculo entre la ilegalidad y el ejercicio de los derechos, no solo por las bandas criminales, sino también por la presencia de empresas informales. Esa ilegalidad aumenta el riesgo para ellos”, precisó el funcionario.
Añadió que, tras la muerte de Roberto Carlos Pacheco, en Madre de Dios, el Ministerio de Justicia coordinó con el Ministerio del Interior para que le otorguen garantías a su padre, Demetrio Pacheco, y a su familia. “La verdad que el caso del señor Roberto Carlos no lo tenían mapeado las organizaciones con las que trabajamos. No habíamos previsto que fuera un caso de tanta urgencia”, aceptó Rodríguez.
La violencia contra líderes de comunidades indígenas es constante, dijo Nelly Aedo, quien detalló que desde 2013 han recibido nueve reportes de amenazas. Entre ellos, a los líderes de Santa Clara de Uchunya (Ucayali), Nueva Austria de Sira (Huánuco) y Boca Pariamanu (Madre de Dios). Este último es un caso reciente y las amenazas, de personas vinculadas a la minería ilegal, alcanzan a los apus de la comunidad, pero también a algunos de sus habitantes.
El aumento de la violencia en esta comunidad coincide con los nuevos focos de minería ilegal en la región. En junio de este año, OjoPúblico alertó que esa actividad ilícita había disminuido en la zona de La Pampa, pero había registrado un incremento en los sectores de Pariamanu y Apaylon, ubicados dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
Dos semanas después del asesinato de Pío, en junio de este año, el Ministerio del Interior emitió el memorando múltiple 5-2020 a los prefectos de las 25 regiones, en el que les exhortaba a otorgar garantías a los líderes amenazados de forma automática, ante el pedido de alguna institución que vele por los derechos humanos, incluso sin que se identifique al denunciado.
“Es un gran avance, puesto que antes se pedía que fueran los mismos amenazados quienes debían solicitar personalmente las garantías para su vida. Ahora basta con que alguna organización defensora de los derechos humanos exponga la situación para que se les otorgue la protección”, explicó Rodríguez, del Minjus.
Las demoras, no obstante, no se limitan al proceso de protección de los líderes en peligro. En el caso de la familia Pacheco, por ejemplo, también se han registrado retrasos en las investigaciones del Ministerio Público. En los últimos cuatro años, Demetrio Pacheco y su hijo presentaron siete denuncias por deforestación y usurpación de tierras ante la fiscalía de Madre de Dios. Sin embargo, en ninguno de los casos se actuó con urgencia.
La protección a la familia Pacheco llegó recién el lunes 14 de setiembre (tres días después del asesinato de Roberto Pacheco). Ese día, recuerda Demetrio, recibió cinco citaciones del Ministerio Público para que declare por casos de 2019 y años anteriores. “Tiene que pasar algo grave para que se muevan. Dos de los casos están en investigación preparatoria y del resto no sé nada. Yo no soy el único caso. Hay varios defensores que han sido golpeados y han denunciado, pero todo ha quedado en una carpeta fiscal que no avanza”, dijo.
Mar Pérez explicó a OjoPúblico que el Estado debe ir más allá de las garantías y abordar los problemas de fondo, relacionados con la protección real de los territorios indígenas. “Las fiscalías ambientales deben tener una labor más activa y coordinada con la policía, para realizar las interdicciones (operaciones de las fuerzas armadas) en zonas de minería ilegal e intervenciones en territorios indígenas”.
Otros defensores bajo amenaza
La hija de Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, está preocupada porque considera que la vida de su padre corre grave peligro, más ahora que asesinaron a Roberto Carlos Pacheco. Kerenda Zambrano le contó a OjoPúblico que hace dos semanas personas desconocidas quemaron una de las 40 hectáreas de su área de conservación privada, ubicada a cinco minutos de la ciudad de Puerto Maldonado.
“Mi padre recibe amenazas desde el 2010 y, ahora, han incendiado parte de nuestra concesión, donde hacemos investigación y turismo vivencial. Dos días antes de que asesinaran a Alfredo Vracko, él vino a ver a mi padre y le dijo que estaba en una lista, y que se cuidara. Nos sentimos desprotegidos y nadie hace nada”, dijo con impotencia.
Víctor Zambrano -quien recientemente ha sido nominado al premio Tulipán de los Derechos Humanos, otorgado por el Ministerio de Asuntos Externos de los Países Bajos- ha recibido garantías personales, pero considera que el Estado responde con lentitud ante las amenazas a los líderes ambientales. “Ya perdí la cuenta de las amenazas que he recibido. Lo que queremos es que las autoridades protejan los derechos de la población, sobre todo de nuestros hermanos defensores del bosque. Ahora no sabemos a quién recurrir, porque hay mucha colusión con las mafias”, contó.
VÍCTOR ZAMBRANO YA HA RECIBIDO GARANTÍAS, PERO CONSIDERA QUE EL ESTADO RESPONDE CON LENTITUD.
La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau) alertó que los líderes e integrantes de la comunidad Flor de Ucayali, perteneciente al pueblo Shipibo, han sido amenazados. En junio de este año encontraron a taladores ilegales en su territorio y les decomisaron la madera ilícita. A raíz de ese hecho, el presidente del comité de seguridad de la comunidad, Saúl Martínez Guimaraes ha recibido intimidaciones.
Además, el mes pasado la comunidad colocó linderos en su territorio y advirtió que existen 30 hectáreas deforestadas por personas que siembran hoja de coca. El 9 de setiembre el fiscal ambiental Randol Ventura Tadeo, la policía y representantes del Gobierno Regional de Ucayali constataron la tala ilegal en la zona.
La comunidad ha solicitado al gobierno nacional que intervenga de manera estratégica para evitar la muerte de sus integrantes. “Los miembros de la comunidad se encuentran en riesgo de ser asesinados por taladores y narcotraficantes, si las autoridades no toman atención”, dijo Martínez Guimaraes. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, el Estado no había respondido a la petición. https://ojo-publico.com/
Caserío de Olmos denuncia daños por derrame de petróleo en Lambayeque
Afectados por contaminación. El día 8 de setiembre se produjo un derrame de petróleo crudo del Oleoducto Norperuano en el caserío Sequión del distrito de Olmos en Lambayeque. Los ciudadanos del caserío denuncian perjuicios causados por el derrame, pero también daños colaterales ante el intento de Petroperú por revertir la situación.
Según el vocero de Sequión, Orlando Sánchez, el responsable de este hecho sería la empresa estatal Petroperú, que además no quiere asumir responsabilidad alguna como señala Sánchez a Wayka.
«No quiere asumir su responsabilidad [Petroperú], así haya sido accidente. Mañana [lunes 28 de setiembre] va haber una mesa de diálogo, van a enviar un representante para poder conversar. Estamos pidiendo a las autoridades locales que estén presente para que nosotros hagamos un reclamo justo y se indemnice al caserío Sequión», contó a este medio.
Sánchez también asegura que se han afectado sembríos de maracuyá y limón, y la muerte de animales. Relató que el personal de la empresa cuando llegó a la zona afectada, para realizar la inspeccíón y limpieza respectiva, causó afectaciones a los habitantes del lugar y a sus viviendas. Los daños colaterales que señala se habrían producido al abrir trocha y con el corte de árboles «han llenado de polvo plantaciones y a las casas aledañas. Los niños como están cerca sufren enfermedades respiratorias», menciona.
Los ciudadanos de Sequión dieron alerta a la policía de la comisaría del distrito de Olmos, quienes se trasladaron hasta el lugar con el apoyo del serenazgo de la municipalidad distrital. De acuerdo al informe policial “se constata la existencia de dos charcos grandes de un líquido denso color negro, que al parecer se trataría petróleo crudo”, como lo difundió el diario La Industria.
Orlando Sánchez contó que el viernes 25 de setiembre, el congresista Jorge Luis Pérez de Lambayeque se acercó hasta el caserío para evaluar la situación del lugar y en ese intercambio estuvieron representantes de Petroperú. «…tuvimos una reunión con un congresista de Lambayeque (…), y tuvimos que ponerle [a Petroperú] una tranca porque no cumplía con los pedidos que nosotros le hacíamos. Le hemos parado la obra y por eso se ha generado la mesa para mañana», señala.
Intervención de Petroperú
El diario La Industria de Chiclayo, que tuvo acceso al informe policial, señaló en una publicación que la empresa Petroperú tomó conocimiento de un afloramiento de crudo en el Km 713+197, Tramo II del Oleoducto Norperuano, jurisdicción del poblado Sequión del distrito Olmos, el 8 de setiembre. Al conocer el hecho activó el Plan de Contingencias, procediendo al cierre de válvulas y desplazamiento de cuadrillas de personal a la zona para atender el derrame.
Además se ha procedido a informar a los organismos fiscalizadores y se han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar sus causas. Sin embargo los ciudadanos de Sequión denuncian que sí existen daños producto del derrame, aunque en el informe policial el personal de Petroperú haya descartado daños personas y ambientales. https://wayka.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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