Jueves, 22 de septiembre de 2022 – Año XV – Edición 4056 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
El desprecio a la vida detrás de la reincidente contaminación en Cuninico
Por Kely Alfaro
El 22 de junio del 2014 se derramaron 2358 barriles de
petróleo en la quebrada del río Cuninico, parte de la cuenca del río Marañón,
ubicada en el distrito de Urarinas, departamento de Loreto.
La impunidad frente a los hechos que contaminan o que
degradan los territorios son una muestra de violencia y desprecio a la vida que
los territorios impactados sostienen. Sin compensación ambiental (física,
biológica y social), reparación, investigación y sanción a las personas o
instituciones responsables (en cumplimiento de la normativa), este desprecio
institucionalizado por el Estado se convierte en inmunidad a favor del
ejercicio de poder de quienes contaminen; menosprecie sobre territorios,
cuerpos, ecosistemas y en general, sobre la vida que de manera ignorante no
valoran y de manera consciente rechazan.
El derrame se habría iniciado en el kilómetro 41+833 del
tramo l del Oleoducto Norperuano. Ocho años después, el 16 de septiembre de
este año, se ha producido un nuevo derrame en la misma quebrada (kilómetro 44),
de mayor magnitud según manifiestan las personas que habitan el territorio
impactado. Este derrame tiñe de negro nuevamente un ecosistema ya afectado y
que aún no se recupera. Su territorio es nuevamente violentado por la
contaminación, un territorio que aún no muestra rezagos del derrame del 2014
que de manera impune permanecen y afectan la vida de las familias. Hoy con el
nuevo impacto estas afectaciones se profundizan.
La vida de las familias de las comunidades nativas en la
Amazonía y en particular de la quebrada de Cuninico, se desarrolla alrededor
del río, por tanto, el agua es el servicio ecosistémico más importante y el que
sostiene la vida en la Amazonía. Tanto es así que la Ley de Recursos Hídricos
reconoce las aguas amazónicas como un bien público vertebrador de la
biodiversidad, fauna, flora y de la vida humana en la Amazonía.
En el derrame del 2014 se identificaron por lo menos seis
aspectos que han generado una variación en su bienestar por el acceso al agua
contaminada: agua para uso humano (agua para consumo, limpieza personal,
limpieza en la vivienda, cocción de alimentos; entre otros), agua para
actividades productivas y autoconsumo (crianza de animales menores,
agricultura, pesca; entre otras), salud (enfermedades por consumo de agua,
salud mental; entre otras), actividades recreativas, relación con el
ecosistema, aspectos culturales, y al suelo que afectó su provisión de plantas
medicinales y recolección) supusieron una disminución de más del 80% de lo que
era su fuente de consumo y venta, principalmente la pesca, antes del impacto.
Hoy, con esta nueva contaminación, lo que les trae el oleoducto es la muerte,
en palabras del líder indígena Galo Vásquez.
Los derrames de petróleo han generado «necesidades» que
antes no tenían, como el hecho de acceder a mercados y la necesidad por ello la
renta para poder suplir el alimento de sus familias. Es difícil para el Estado
reconocer el nivel del impacto en la vida de los ciudadanos indígenas, quienes
en una encuesta realizada el 2021 mencionaban que deseaban continuar viviendo
en sus comunidades en un 98% por los lazos culturales, por la pertenencia a su
territorio, por sus costumbres. Sin embargo, la contaminación y sus efectos
están presentes en todas sus respuestas referidas al futuro: el 57% del total
de familias entrevistadas cree que la CN no funciona a causa de la
contaminación (38,5%), la escasez de alimento (28,2%) y la carencia económica
(24,8%).
No podemos permitir un Estado ausente, no podemos permitir
que noticias como estas no sean un escándalo, muchas veces las personas
minimizan los impactos sobre el ecosistema aduciendo que son ellas mismas, las
personas que viven allí las que se auto contaminan; sin embargo, en el caso de
Cuninico en 2014 se logró acreditar legalmente que fue responsabilidad de
Petroperú el derrame, por falta de mantenimiento del oleoducto (R.D. No 0844-2015-OEFA/DFSAI).
Lo cierto; además, es que OSINERGMING informó a IDL en agosto del 2021 que
Petroperú no ha hecho mantenimiento integral y completo al oleoducto.
¿Qué toca ahora? Dar auxilio inmediato a las comunidades
que llevan varios días sin agua, sancionar a los responsables y atender en los
aspectos de salud, económicos, sociales a las familiares perjudicadas y
ambientales a su territorio. Es prioritario dar mantenimiento integral al
Oleoducto Norperuano, que tiene más de 40 años de antigüedad, con un Plan de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que tiene casi 30 años (año 1995) y
adecuar la gestión integral del mismo con estándares óptimos. De lo contrario,
estoy convencida que debe cerrarse la extracción de crudo que tanto daño está
causando a las comunidades nativas, al ecosistema a la Amazonía. Y que en 40
años no se ha visto beneficio para las comunidades nativas. https://wayka.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
El reto de cerrar las brechas en infraestructura de saneamiento
El servicio de saneamiento comprende la provisión de agua
potable y alcantarillado, ambos tienen repercusión en la salud, economía y el
medio ambiente. Por ello, Naciones Unidas lo incorpora entre los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible al 2030.
Perú ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de países
con mayor cantidad de agua, ya que posee el 1.89 % de agua dulce disponible a
nivel global, siendo uno de los países más privilegiados, según el Minagri. Los
altos volúmenes del recurso hídrico se deben a los más de mil ríos de nuestro
país, sus doce mil lagunas, además de glaciares y acuíferos, según la Autoridad
Nacional del Agua (ANA). Entonces, ¿por qué hay millones de peruanos sin acceso
a agua potable?
Un primer punto para entender este problema es la
distribución desigualitaria, resaltó la ANA. La distribución del recurso no se
da en las localidades más pobladas: el 98 % de los recursos hídricos está en la
sierra y la selva; mientras que, en la costa, donde vive el 70 % de la
población, se encuentra el otro 2 %, precisó.
La cobertura de agua potable también explica el problema.
Según el INEI, la población que consumió agua proveniente de red pública
ascendió al 89.6% para el periodo octubre 2020-setiembre 2021. En detalle, en
el ámbito urbano, la cifra fue del 92.9%, en contraste con la rural, donde
apenas fue del 76.6%.
En mayor detalle, si se toma en cuenta el número de horas
al día de abastecimiento, solo el 56.1% de la población nacional cuenta con
acceso las 24 horas del día.
Asimismo, para el mismo periodo de tiempo, el porcentaje de
la población nacional con acceso a red pública de alcantarillado fue del 73.6%.
En el desagregado, en la población urbana el acceso alcanzó el 87%, mientras
que en el área rural apenas el 22 % de la población tiene acceso a este
servicio.
“Los indicadores evidencian la precariedad en que se
encuentra la infraestructura de agua y saneamiento en nuestro país que disputa
los últimos lugares en Sudamérica con las de Bolivia y el Ecuador, de acuerdo
con el Banco Mundial”, comentó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.
Agua mediante camiones cisternas
En Perú, según el INEI, entre 7 y 8 millones de peruanos
aún no tienen agua potable, siendo Lima la ciudad más vulnerable. De ese total,
en Lima 1.5 millones de ciudadanos no cuentan con acceso a agua potable ni
alcantarillado.
Estos ciudadanos son abastecidos de agua a través de
camiones cisterna que les venden el recurso a un costo elevado, pagando hasta 2
veces más, en comparación con las personas que tienen conexión domiciliaria.
Al respecto, el viceministro de Construcción y Saneamiento,
Javier Hernández Campanella, aseguró que el Ministerio de Vivienda viene
invirtiendo a lo largo de este año S/ 103 millones para que la empresa Sedapal reparta
agua potable de manera gratuita a la población de Lima y Callao que no tiene
acceso a dicho servicio. Así lo informó
“Esto permite que un total de 350 camiones cisterna
distribuyan agua potable de forma gratuita en zonas alejadas de 25 distritos de
Lima y Callao. De esta forma, estamos atendiendo a más de 800 mil personas en
situación de vulnerabilidad”, indicó Hernández.
¿Cómo afrontar el problema?
Ante las preocupantes cifras de acceso a alcantarillado a
nivel nacional, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), recomendó acelerar la ejecución de proyectos de
inversión en saneamiento por parte de los Gobiernos
regionales y locales. “Esta debería ser una prioridad para los niveles de
gobierno mencionados y más aún para los aspirantes a gobernadores. Urge atender
esas brechas, no solo para elevar la competitividad de nuestro país, sino
también para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, subrayó el gremio
empresarial.
El Plan Nacional de Saneamiento periodo 2022-2026 prevé
incorporar más de 3.7 millones de personas a los servicios de agua potable y
3.5 millones al servicio de alcantarillado sanitario u otras formas de
disposición sanitaria de excretas, alcanzando en el año 2026 una cobertura de
96.8% en agua potable, 83.2% en alcantarillado sanitario o disposición
sanitaria de excretas y 76.5% en el tratamiento de aguas residuales.
Para el logro de estas metas en el periodo 2022-2026, se
propone la realización de un conjunto de inversiones en tratamiento de aguas
residuales que sumarán S/ 10,529 millones durante ese periodo de tiempo. Según
la Sunass, en el Perú hay departamentos que no cuentan con plantas de
tratamiento de aguas residuales, pero en el colmo tenemos 27 plantas que no
operan.
Para Lillian Carrillo, profesora de la universidad ESAN, estamos en camino a garantizar la seguridad hídrica. “Hay muchas cosas que hacer. Se tiene la ley general de saneamiento, se tienen planes de creación de infraestructura y muchas buenas intenciones, pero no se materializan. Siguen las disparidades, diferencia en cada región”, concluyó la especialista. https://rpp.pe/
Tumbes: Vecinos de la calle Bolognesi se oponen a la obra de saneamiento
Moradores y comerciantes de la
cuadra 2 de la calle Bolognesi, en la ciudad de Tumbes protestaron en contra de
la intervención municipal de una obra de saneamiento de cambio de redes de agua
y alcantarillado, pues temen que la vía no quede en buen estado.
Los manifestantes, se opusieron
a que la máquina que debió demarcar la capa de asfalto inicie operaciones,
razón por la que tuvo que intervenir agentes de la Policía Nacional del Perú.
Los pobladores indicaron que el
proyecto no fue socializado con ellos, y que su mayor temor es que la vía, que
actualmente está en buenas condiciones, quede perjudicada tal y como ocurre en
otros sectores de la misma obra.
“Estamos finalizando el año,
esta zona es comercial, todos tenemos inversiones, tenemos deudas y justo que
se avecina las Fiestas de Navidad y Año Nuevo quieren destruir la calle, no lo
vamos a permitir”, precisaron.
A la vez, agregaron que la zona
no sufre por falta de agua o colapso de desagües, y que este tipo de obras
deben ser direccionadas a sectores que tengan estas carencias.
En tanto, una comisión acudió a
la Municipalidad Provincial de Tumbes para dialogar con los funcionarios a fin
que puedan suspender la intervención en la zona; sin embargo, horas después,
Javier Moquillaza Herrera, gerente municipal de Desarrollo Urbano, dijo que la
obra continuará este miércoles a primera hora, y que hay un compromiso por
reponer el asfalto que sea dañado durante dicha intervención.
Cabe mencionar que un grupo de
comerciantes y propietarios de inmuebles del paseo Los Libertadores también se
opone al inicio de los trabajos en ese sector, aunque el proyecto ya ha
empezado por otros tramos.
Es preciso destacar que el proyecto de saneamiento contribuiría a mejorar el problema del colapso de desagües en el paseo Los Libertadores, lugar concurrido por el comercio formal y ambulatorio. https://diariocorreo.pe/
Fiscalía investigará caso de “trabajadores fantasmas” en Gobierno Regional de Arequipa
La Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público inició una investigación
preliminar por los “trabajadores fantasmas” que habrían cobrado sueldos del
Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sin laborar en una obra de Camaná.
El despacho a cargo de la fiscal
adjunta Luz Alejandra Llamosas Martínez, se dio un plazo de 60 días para
realizar las diligencias correspondientes.
Los hechos se remontan a la penúltima
semana de agosto. En esas fechas, la consejera de Camaná Chriss Díaz Montoya,
presentó un informe ante el Consejo Regional de Arequipa (CRA) en donde
denunciaba irregularidades en la obra “Mejoramiento del servicio de agua del
sistema de riego Los Molinos”, en la localidad de San Gregorio - La Pampa
(Camaná).
Cobrar sin trabajar
En su informe de fiscalización,
la legisladora comprobó que Guadalupe del Carmen Pacheco Llaiqui y César
Parrillo Quispe figuraban en los tareos de la obra. En la planilla del GRA
aparecían como operarios albañiles. Pacheco cobró S/ 1.779.31 y desembolsaron
S/ 1.791 a favor de Parrillo. Cuando se hizo la fiscalización en campo los
citados trabajadores no estaban presentes.
El residente Adrián Enríquez
Medrano y el supervisor Hernán Sigifredo Flores Salazar confirmaron que los dos
operarios nunca fueron a la obra. “Aquí en obra no tengo (a Guadalupe Pacheco),
sino está en el gobierno regional, igual también el señor Parrillo Quispe. (…)
las 2 personas son del gobierno regional, acá en la obra no laboran”, se le
escucha decir a Enríquez Medrano en el audio de la reunión virtual que sostuvo
con la consejera de Camaná.
Ambos confirmaron que una trabajadora
del GRA, llamada Adriana Muñoz Mendiz los llamó para pedir que los incluyan en
las tareas.
Muñoz Mendiz trabaja en la
Subgerencia Ejecución de Proyectos de Inversión. Forma parte del círculo de los
jóvenes asistentes de la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez.
Fiscalía tomó conocimiento de
estos hechos por la denuncia de la consejera Díaz que planteó para los
implicados los delitos de concusión y falsificación de documentos. La Fiscalía
reformó esta tipificación y lo calificó como peculado doloso.
En el proceso se investigará al
residente y supervisor de la obra, a la auxiliar del GRA y a los dos “trabajadores
fantasmas”. Se tomarán 60 días para recabar pruebas, declaraciones, etc. Al GRA
se le pedirá copias certificadas de los contratos de las trabajadoras
involucradas, se efectuará una inspección ocular a la zona de obra. De esas
pesquisas dependerá si se formaliza la investigación.
Se volverá a presentar en
Consejo
Este informe de fiscalización de
trabajadores fantasma fue discutido en consejo regional el mes pasado. Sin
embargo, el pleno lo descartó arguyendo que estaba incompleto.
La consejera Chriss Díaz Montoya solicitó los aportes de sus colegas para plantear una reformulación. A excepción del consejero Haberth Zúñiga, ninguno le hizo llegar ninguna sugerencia. Díaz nuevamente volverá a presentarlo ante el pleno. ahora con el espaldarazo del Ministerio Público. https://larepublica.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”