Viernes, 23 de septiembre de 2022 – Año XV – Edición 4057 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Presuntas irregularidades que están
siendo denunciadas a la contraloría y a la fiscalía anticorrupción, porque
estarían perjudicando a Sedapal y directamente a los trabajadores
Comunicado N° 013-2022/CDN FENTAP
Al presidente del directorio, a los directores, gerente
general de SEDAPAL(e) y a los trabajadores en general:
La FENTAP, ha
venido constantemente solicitando al más alto nivel de SEDAPAL solicite a la
Contraloría y a la OCI-SEDAPAL la investigación de presuntas irregularidades
que se vendrían cometiendo desde el mes de abril del año 2019 a la fecha; como
son los veintinueve (29) contratos suscritos por SEDAPAL y la UNOPS, (por un
costo aproximado de más de 20 millones de soles) y también porque esta entidad
habría sido cuestionada por falta de transparencia a nivel nacional e
internacional; la contratación y todo el proceso de selección de la megaobra
“La Nueva Rinconada” y de su supervisión (cuyo costo aproximado sería de 1,200
millones de soles); la investigación de todos los contratos suscritos en este
periodo arriba señalado con las empresas VEOLIA y ACCIONA (por un monto total
aproximado de 1,500 millones de soles); todo el proceso de selección y
contratación a través de la UNOPS de las actividades comerciales y operativas de SEDAPAL por cinco (05) años (por un monto
aproximado de más de 1,000 millones de soles); la recepción por SEDAPAL de la obra
“Colector Cajamarquilla - Cerro Camote”; Los gastos y compromisos de
SEDAPAL por las reparaciones de los dos (02) colapsos del colector “ Canto
Grande” en San Juan de Lurigancho; todos los procesos de selección y
contratación de personal, desde el inicio de la pandemia a la fecha (más de 300
contratos por suplencia y emergencia aproximadamente) y todo el proceso de
nombramientos a la planilla de SEDAPAL, de estos trabajadores contratados por
suplencia y emergencia; todos los procesos de selección de personal de los
concursos internos y externos desde el mes de marzo del año 2019 a la fecha;
todos los procesos de selección, evaluación y autorizaciones para designar a
los Funcionarios de SEDAPAL desde abril 2019 a la fecha (Jefe de Equipo,
Gerentes de línea y Gerente General); incumplimiento de las Políticas de
Personal aprobada por el Directorio de SEDAPAL en el año 2003 que habría
afectado severamente la línea de carrera y el desarrollo de personal de los
trabajadores que se encuentran nombrados en planilla, al aceptarse que los
trabajadores contratados participen conjuntamente con los trabajadores
nombrados en los Concursos Internos; también se investigue todos los
concursos internos que han sido declarados desiertos, a pesar de que los
trabajadores de carrera que se encuentran en planilla reunían los requisitos
del perfil del puesto; para convocar a concursos externos y traer personal
externo a SEDAPAL, perjudicando irreparablemente la línea de carrera de los
trabajadores.
Declaramos que la FENTAP,
continuará denunciando todas estas presuntas irregularidades que se vendrían
cometiendo en los últimos tres (03) años y que lamentablemente se ha guardado
silencio todo este tiempo de pandemia, que también deberían investigarse cuáles
habrían sido las razones de este silencio.
Por lo que, pedimos a todos los trabajadores de carrera de
SEDAPAL hacernos llegar su DENUNCIA de cualquier irregularidad en la que
han sido testigos o afectados en los procesos de selección y nombramiento de
personal en SEDAPAL.
¡La FENTAP siempre con los
trabajadores exigiendo transparencia y cero corrupción en la gestión!
El Consejo Directivo de la FENTAP
Lima, 22 de setiembre de 2022.
HIDROREGIONES PERÚ
Se retomará consulta previa del proyecto minero Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y las 11
comunidades originarias de la provincia de Espinar, Cusco, alcanzaron consenso
para retomar la implementación del plan de consulta previa del proyecto minero
de explotación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco, a partir
del próximo 4 de octubre, con lo cual el clima de paz retorna al corredor
minero.
Este y otros acuerdos arribaron tras una prolongada reunión
de casi 10 horas de diálogo entre representantes del Poder Ejecutivo y las
comunidades de Cala Cala, Huisa, Huancané Bajo, Suero y Cama, Alto Huancané,
Huarca, Huisa Ccollana, Alto Huarca, Huano Huano y Anta Ccollana.
Entre los acuerdos, se ha establecido que el Minem
reiniciará el plan de proceso de consulta previa en el marco de la suscripción
de la octava adenda de dicho plan y tras aprobar un calendario de reuniones que
comprende cuatro ejes de trabajo: educación, territorio (propiedad, medio
ambiente y agua) y desarrollo sostenible. Estos se desarrollarán en reuniones
durante el mes de octubre.
Otro acuerdo alcanzado con las 11 comunidades originarias
de Espinar se refiere al Plan de Reparaciones. Este será implementado en el
marco de la Resolución Ministerial 174-2020-PCM. Para ello, la Presidencia de
Consejo de Ministros (PCM) emitirá una resolución que permita identificar,
caracterizar, valorizar y remediar, según sea el caso, los daños que declaran
las comunidades. El proyecto de resolución será socializado el próximo 26 de
setiembre, virtualmente, y demandará 20 días para su publicación. La norma
tendrá una vigencia de 120 días.
Para la implementación del Fondo de Emergencia Social se
acordó elaborar un Plan de Actividades y Proyectos en coordinación con las 11
comunidades originarias. La elaboración del plan tendrá un plazo de tres meses
y estará a cargo de la PCM en coordinación con los sectores del Poder Ejecutivo
y las comunidades.
Se precisó que el mencionado plan determinará las
actividades y proyectos menores que serán ejecutados a través de núcleos
ejecutores constituidos en las comunidades. Tras su aprobación, el Poder
Ejecutivo gestionará su financiamiento. https://larepublica.pe/
Comunidades indígenas de Yurúa cercadas por el narcotráfico e invasores brasileños en la Amazonía de Perú
“No es fácil vivir aquí. En
meses como estos, cuando el río baja al mínimo, nuestros botes se atascan en la
arena y prácticamente quedamos incomunicados. Tampoco hay autoridades, por eso
viene gente de fuera y nos invade, se llevan nuestros alimentos o talan los
bosques para sembrar drogas”, dice uno de los habitantes de la comunidad indígena
Oori. Él forma parte de una de las 29 familias asháninkas, yaneshas y amahuacas
que viven en el límite más extremo de la región Ucayali, en la frontera con
Brasil; peruanos que no conocen de agua potable, medicinas ni vías de acceso,
solo de violencia y olvido.
La comunidad de Oori se ubica
entre las cuencas de los ríos Yurúa y Breu. Llegar hasta este punto de la
frontera de Perú y Brasil solo es posible si el tiempo permite el despegue de
las avionetas que unen Pucallpa con Puerto Breu, capital del distrito de Yurúa,
en la provincia ucayalina de Atalaya. Algo que sucede, a lo mucho, tres veces
por semana, y siempre que sus habitantes puedan pagar S/100 (US$25) por tramo.
Una vez en Puerto Breu, la única forma de entrar a las comunidades indígenas de
frontera es navegando por los ríos Yurúa y Breu, durante cuatro horas o más si
es que el caudal está muy bajo.
Cuando un habitante de Oori, o
de las comunidades fronterizas aledañas Santa Rosa y Koshireni, necesita
atención médica, prefiere buscarla en el poblado brasilero Foz de Breu, que es
donde compran la mayoría de sus insumos, desde alimentos hasta hélices para sus
lanchas. En el lado peruano, la ciudad más cercana para acceder a una posta
médica y a una escuela secundaria es Puerto Breu, aunque en ambas fronteras el
costo de la desigualdad es el mismo: 10 soles (US$2.5) por una botella de agua
y 45 (US$11) por cada galón de gasolina.
Estas tres comunidades de
frontera tienen un doble rol en la defensa de la selva peruana. Junto a otras
seis localidades nativas, Oori, Santa Rosa y Koshireni forman el cinturón de
protección de la Asociación de Conservación Comunal de Yurúa (ACCY), un área de
45,669 hectáreas de bosques y ecosistemas en preservación. Además, en conjunto
con las comunidades que confluyen al sur con los ríos Yurúa y Huacapishtea,
actúan como bloque de amortiguamiento de la Reserva Indígena Murunahua y de la
Reserva Indígena Mashco Piro, donde habitan los Pueblos Indígenas en
Aislamiento (PIA) mashco piro, mastanahua y otro cuya pertenencia técnica aún
no se identifica.
Sin embargo, líderes de
comunidades indígenas y voceros de organizaciones civiles, entrevistados por
este medio, indican que estas 29 familias nativas están siendo afectadas por la
expansión del narcotráfico, cuyas redes de comercialización y consumo han
alcanzado a sus niños y adolescentes. Además, han asumido el rol de guardianes
del bosque para proteger su territorio de invasores brasileños que cazan,
pescan y talan sus recursos, aprovechando la ausencia del Estado.
Ruta de narcotráfico
Según el líder de la comunidad
indígena de Santa Rosa, Fernando Aroni Lozano, al menos hasta el mes de mayo
fueron testigos del paso de avionetas clandestinas que volaban a baja altura
sobre sus territorios, entre las 3 a.m. y 5 a.m. Esta modalidad de transporte,
usada para sacar la droga que se produce en el país, también ha sido reportada
por comuneros de la localidad nativa Koshireni, y de las comunidades Dulce
Gloria, Nueva Bella y Paititi, ubicadas en la cuenca sur del río Breu, de acuerdo
con la información recopilada por Carlos Iván Torres, coordinador sectorial de
la Asociación Propurús en Yurúa.
“Hace dos meses hicimos un
patrullaje por la cuenca del río Huacapishtea, con personal del Ministerio de
Cultura, y entrevistamos al jefe de la comunidad Paititi. Él nos contó que
durante sus acciones de caza encontraron latas de atún y empaques de galletas,
indicios del paso de foráneos en zonas inaccesibles que conectan con la Reserva
Indígena Murunahua. Es posible que estas avionetas, cuyo sobrevuelo se escucha
en las madrugadas, estén aterrizando cerca del área protegida”, añade Torres.
No se trata de hechos aislados.
En julio y agosto, funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Sernanp) y del Ministerio de Cultura realizaron
sobrevuelos por la Reserva Indígena Murunahua, la Reserva Territorial Madre de
Dios, la Reserva Indígena Mashco Piro y el Parque Nacional Alto Purús, y
presenciaron el mismo fenómeno. Según el Informe 006-2022-Sernanp, al que
Mongabay Latam tuvo acceso, el equipo evidenció el vuelo de avionetas pequeñas
sobre el Parque Nacional Alto Purús. “Esta acción se registró tanto en horas de
la mañana y al cerrar la tarde”, se lee en el documento.
También se fotografiaron tres
campamentos foráneos dentro de la Reserva Indígena Mashco Piro y dos chozas en
la Reserva Murunahua que no pertenecen a población indígena. Además, se
identificó un área de menor vegetación en el distrito de Sepahua,
“probablemente producto de la tala ilegal o futuras parcelas para el
establecimiento de cultivos ilegales», señala el informe.
El jefe del Parque Nacional Alto
Purús, Arsenio Calle, añadió que el Sernanp cuenta con información de nueva
actividad de deforestación en la Quebrada La Raya, en el afluente del río Inuya
que limita con la Reserva Murunahua, exactamente en una zona que era usada como
pista de aterrizaje clandestina para el transporte de drogas. Según Calle, esta
pista ilegal se habría reactivado. «Lo cierto es que la trocha carrozable que
se abrió desde Nueva Italia, y que pretendía llegar a Puerto Breu, ha
contribuido a la aparición de pistas clandestinas y a una invasión desordenada
del bosque», dijo en diálogo con Mongabay Latam.
Al respecto, fuentes de la
Dirección Antidrogas (Dirandro) en Pucallpa explicaron que estas avionetas
modelo Cessna que cruzan la región tienen como destino final Bolivia, país que
recibe la cocaína que llega del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem) por el corredor fluvial. De acuerdo con esta información, los pilotos
experimentados reciben USD 25 mil por cada vuelo en el que se transportan hasta
350 kilos de droga.
Sin embargo, sostienen que en
los últimos años la región Ucayali ha escalado en su actividad productora de
cultivos de hojas de coca. Esto debido a la presencia de organizaciones del
narcotráfico que migraron del Vraem, huyendo de los operativos antidrogas, y al
ingreso al Perú del Comando Vermelho, un grupo criminal brasileño dedicado al
sicariato y a la extorsión, que desde 2018 busca concentrar el control del
transporte de estupefacientes en la Amazonía. El Comercio y OjoPúblico
alertaron de la presencia de organización delictiva en Madre de Dios y Ucayali,
respectivamente.
Crecen cultivos ilegales en
Ucayali
En entrevista con Mongabay
Latam, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
una Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, confirmó que uno de los
hallazgos del nuevo Informe sobre la situación del Tráfico Ilícito de Drogas
2021 es el drástico incremento de cultivos de hoja de coca en Ucayali,
impulsada por migrantes cocaleros del Vraem y mafias brasileñas. “En Ucayali
encontramos una situación súper delicada, por estar en frontera con la zona
andina del Vraem y en frontera con Brasil, segundo consumidor mundial de pasta
básica de cocaína. Eso convierte a la región en el blanco de concentración de intereses
ilícitos, que afectan directamente a las poblaciones indígenas”, detalló.
De acuerdo al informe, Ucayali
se ha convertido en la región con el mayor incremento de producción de hoja de
coca, por encima de Loreto, Puno y Junín. Solo entre el 2020 y 2021, la
superficie cultivada aumentó en 266%, al pasar de 3.822 hectáreas a 10.151
hectáreas. El mayor crecimiento se registra en el distrito de Callería, en la
provincia de Coronel Portillo, pero por primera vez se incluye al Bajo Ucayali
entre las zonas monitoreadas por Devida.
En este bloque se encuentran dos
distritos de Coronel Portillo: Iparia y Masisea, y tres distritos de la zona
sur de la provincia de Atalaya: Tahuania, Raimondi y Sepahua, que en conjunto
reportan 1.750 hectáreas de cultivos de hoja de coca. La cuenca del Yurúa, sin
embargo, no aparece en el informe. En conferencia de prensa realizada por
Devida, Soberón añadió que no tienen los medios operativos para llegar al
mencionado sector fronterizo, “pero sabemos, por referencias e imágenes
satelitales que realiza el Observatorio Peruano de Drogas, que es un territorio
en riesgo”.
Hasta el mes de agosto, la
Dirandro había identificado 47 zonas de expansión de cultivos cocaleros en
Ucayali, así como 37 pistas de aterrizaje clandestinas en los distritos de
Sepahua, Raimondi y Tahuania, en la provincia de Atalaya; y en los distritos de
Masisea e Iparia, en la provincia de Coronel Portillo. Sin embargo, reconocen
que no han realizado sobrevuelos ni patrullaje en la cuenca del Yurúa ni en las
comunidades de frontera para saber cómo está operando allí el narcotráfico.
La presencia policial en este
lado de la frontera con Brasil se reducía a un puesto de control instalado en
el Hito 38, pero desde hace casi una década este se encuentra abandonado. Mongabay
Latam pudo confirmar que sus instalaciones han sido saqueadas; no cuenta con
mobiliario, baños ni tomacorrientes. En el frontis del local, los retazos de
una bandera peruana son la única evidencia de que alguna vez el Estado estuvo
ahí. A través de su área de prensa, se solicitó información a la Comandancia
General de la Policía Nacional del Perú para conocer si tienen previsto
reactivar el puesto fronterizo, pero no respondieron.
Doble consumo
Puerto Breu también se ha
convertido en punto de conexión para el ingreso de cocaína y marihuana en
territorios de las comunidades indígenas de frontera. En esta localidad, donde
la corriente eléctrica llega solo de 6 a 10 pm, la noche no logra esconder a
los adolescentes que se drogan en los alrededores de las canchas deportivas y
en la trocha que sirve como aeropuerto a la ciudad, como pudo constatar
Mongabay Latam.
De acuerdo con las fuentes
entrevistadas en la zona, este año han detectado una mayor movilización de
‘mochileros’, es decir, cargadores de droga que llegan a Puerto Breu a pie, a
través de la carretera ilegal que pretendía unir el centro poblado Bolognesi,
en el distrito de Yurúa, con Brasil. Si bien esta ruta fue bloqueada a la
altura de la comunidad nativa Sawawo, en 2021, el tránsito peatonal continúa y
está afectando a la comunidad fronteriza más próxima: Santa Rosa.
Carlos Iván Torres, de la
Asociación Propurús, señala que en lo que va del año han recibido cuatro
comunicaciones de comuneros sobre la presencia de mochileros que hacen paradas
en Puerto Breu, al ingresar o salir de Brasil. “El narcotráfico está afectando
a la población de Yurúa desde dos frentes: por el consumo y por el uso de mano
de obra indígena para la siembra, cosecha y transporte de coca, ya que están
habituados a recorrer la selva en largas caminatas. Están aprovechando su
vulnerabilidad y necesidad”, dice.
Los comuneros de Puerto Breu,
que pidieron no identificarse por temor a represalias, detallaron que cada dos
o tres meses llegan grupos de seis u ocho viajeros foráneos, portando mochilas,
y se quedan un par de noches en la ciudad. Juegan ‘fulbito’ en la cancha
municipal y gastan mucho dinero en cervezas, pero también distribuyen pequeños
paquetes de pasta básica de cocaína entre vecinos de la localidad, que les ayudan
en la red de comercialización.
El consumo de pasta básica de
cocaína también ha alcanzado a los niños y adolescentes indígenas de la
comunidad nativa Santa Rosa. Una de estas familias asháninkas cuenta que tuvo
que sacar de la comunidad a su hijo de 14 años porque se volvió adicto durante
la pandemia, e incluso llegó a sufrir una sobredosis. Pero ni en Puerto Breu ni
en Pucallpa, lugares a donde lo enviaron, han podido alejarlo por completo de
la adicción. A esta preocupación se suma que han recibido amenazas por intentar
denunciar a los comercializadores.
Tony Mori Flores, técnico en
laboratorio y jefe de la microred de salud de Yurúa, recuerda que en 2021 otro
niño indígena de 13 años, del mismo Puerto Breu, fue llevado a su puesto de
salud en estado convulsivo, por una sobredosis. «Se le estabilizó con calmantes
y se le tuvo en observación, porque de repente si le damos algún medicamento lo
podemos matar (…) Las familias que tienen hijos en adicción no suelen pedir
ayuda al centro de salud, pero sería importante recibir capacitación para
atender a pacientes de esta magnitud», señaló. Según refiere, tras el primer
año de pandemia se hizo más evidente que niños y adolescentes indígenas de
Puerto Breu y Santa Rosa se habían convertido en consumidores.
Fernando Aroni Lozano, jefe de
la comunidad indígena de Santa Rosa, resume el riesgo que esto representa para
sus bosques y su legado: “Ya no van a necesitar matar a los líderes indígenas
para tener nuestros bosques, desde niños ya los están envenenando (…) Hay
problemas para el futuro que no estamos viendo”.
En tanto, el caso de la carretera ilegal que se bloqueó a la altura de Sawawo, y que hoy permite el tránsito de los denominados ‘mochileros’, es la única denuncia por afectación de los bosques que se encuentra en la vía penal de Ucayali.
Según la Fiscalía Especializada
en Materia Ambiental de Atalaya, la investigación acaba de concluir confirmando
que la empresa maderera Inversiones Forestales JS afectó plantaciones de cedro
y caoba al abrir y usar dicha trocha, por lo que la Procuraduría del Ministerio
del Ambiente está pidiendo una reparación de S/200 mil (USD$51,948). En las
próximas semanas, el Poder Judicial deberá decidir si la carpeta fiscal es
suficiente para ir a juicio oral o dictar el sobreseimiento de la causa.
Invasiones y extracción de
recursos
El apu Edwin Pérez, quien
también es presidente de Asociación de Comunidades Nativas Para el Desarrollo
Integral del Yurua, Yono, Sharakoiai (Aconadiysh), señala que existen indicios
de cultivos ilegales de Santa Rosa a Koshireni, y de chacras no autorizadas
dentro del área de Conservación Comunal de Yurúa, pero piden que Sernanp y la
Policía realicen patrullajes específicos en sus territorios de frontera para
identificarlos.
El también jefe de la comunidad
indígena Oori, conformada por apenas cuatro familias, es uno de los defensores
ambientales que monitorea el estado de sus bosques y ha sido capacitado para
anotar en la plataforma Global Forest Watch las alertas de deforestación que
encuentra a su paso. Como parte de esta labor, desde hace varios años viene
denunciando un problema paralelo con el que deben lidiar en solitario: la
presencia de pobladores indígenas brasileños que ingresan a territorio peruano
para realizar caza, pesca y siembra ilegal.
“Hemos fotografiado plantaciones
de plátano, yuca y hasta marihuana. En la quebrada Beu, cercana a Santa Rosa,
hay una trocha por la que ingresan con sus animales a hacer ganadería; y tanto
aquí como en Oori y Koshireni las imágenes aéreas muestran zonas deforestadas,
pero necesitamos conocer el impacto real de este daño. Estamos pidiendo que la
Policía Nacional retome su presencia en la frontera y que se realicen
patrullajes continuos selva adentro”, señala Pérez.
Según la plataforma de monitoreo
satelital Global Forest Watch, entre mayo y septiembre de este año se han
activado la mayoría de alertas de deforestación en la zona mencionada en este
reportaje. Comencemos por las comunidades fronterizas: entre Santa Rosa, Oori y
Koshireni se han encontrado 2040 alertas de deforestación, sobre todo a lo
largo de la frontera con Brasil. En el caso de Santa Rosa, el desbosque se
extiende a lo largo del río Yurúa sobre todo en el mes de agosto.
En el caso de la reserva
indígena Murunahua, toda el área protegida registra 5.272 alertas de
deforestación, lo que demuestra la pérdida de cobertura forestal en un espacio
que debe ser protegido. Estas alertas se han encendido con más fuerza entre
julio y agosto.
Un equipo periodístico de
Mongabay Latam acompañó al apu Edwin Pérez en parte de su recorrido y confirmó
que a lo largo del río Breu, en el tramo fronterizo que une las comunidades de
Oori con Koshireni, es común ver botes de metal de los pobladores indígena
brasileños kashinawas encallados en el lado peruano, a pocos metros de trochas
que se dirigen selva adentro. Siguiendo esos caminos se pueden encontrar zonas,
de una a tres cuadras, donde los árboles han sido reemplazados por plantaciones
de maíz y plátano.
Vicente López Mariño, jefe de la
comunidad Koshireni, es uno de los defensores ambientales que desde hace una
década envía escritos al Gobierno Regional de Ucayali, al Ministerio del
Interior y al sector Cultura denunciando estas invasiones, pero hasta el
momento su esfuerzo no ha derivado en soluciones reales.
“Los peruanos que vivimos en
este lado de la frontera somos poquísimos, ellos [los kashinawas] son más de
mil. Cruzan el río y ya están del lado peruano, pero este año la invasión ha
sido más fuerte. Vienen a cazar en grupos, con perros y armas, eso espanta a nuestros
animales. También pescan de forma masiva, esparciendo en el agua una planta
llamada Huaca, que perturba a los peces, y que es la que ha ahuyentado a los
boquichicos y lisas que nadaban en nuestras cochas”, cuenta López, a lo que hay
que añadir, según otras fuentes locales, la aparición de cultivos de marihuana.
Si bien los comuneros indígenas
de ambos lados de la frontera mantienen un trato cordial, el mayor
aprovechamiento de recursos por el lado brasileño amenaza con romper el
equilibrio, pues mientras los kashinawas conforman una población de más de
1800, los asháninkas, yaneshas y amahuacas que habitan Santa Rosa, Oori y
Koshireni son apenas 29 familias.
Gabriel del Águila Pezo,
coordinador en Yurúa del Parque Nacional Alto Purús, señala que los invasores
ni siquiera respetan la zona de concesión comunal ACCY ni la reserva indígena.
“En 2017, con Sernanp, hicimos una supervisión exhaustiva en la Reserva
Murunahua, en un recorrido de 19 horas por trocha, y constatamos la existencia
de caminos de caza y casquillos de bala dentro de ambas áreas protegidas (…) En
Brasil los kashinawa están sometidos a una severa regulación de caza, pero aquí
no tienen ese control”, explica.
El ingeniero William Villacorta,
de la organización ambiental Upper Amazon Conservancy, detalla que, por
ejemplo, en el lado brasilero está prohibido cazar sachavacas, venados, motelos
y tortugas taricayas, una especie que forma parte de proyectos de protección de
fauna silvestre. Sin embargo, los kashinawa obtienen estos recursos en territorio
peruano.
“Ellos ingresan con armas,
perros y sacos de sal para llevarse la carne. Si no existiera la majaz, que es
un animal que se reproduce muy rápido, las comunidades estarían pasando hambre.
Algunos señalan que en estas comunidades no conocen de fronteras, porque sus
culturas han hermanado sus prácticas de vivienda y consumo desde siempre, pero
eso podría aplicar a poblaciones no contactadas, y este no es el caso”, señala.
Del Águila y Villacorta
coinciden en que este aprovechamiento indebido de recursos generará una
desigualdad alimentaria y, sobre todo, acentuará la deforestación en los
bosques.
Una de las últimas inspecciones
ambientales en las que participaron los apus Edwin Pérez y Vicente López, con
apoyo de la Asociación Propurús, la Policía Nacional, el Ministerio de Cultura
y la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, fue en mayo de 2022. Allí
pudieron ingresar a parte del territorio de Koshireni y fotografiar cuatro
zonas que se han convertido en chacras de consumo.
En el Informe Técnico
001-2022-GRU, elaborado por la oficina regional forestal luego de esta visita,
se confirman los daños forestales y ambientales en la mencionada comunidad, y
se pide a la oficina de catastro hacer un análisis satelital para cuantificar
la pérdida de cobertura boscosa. Además, se incluyen evidencias fotográficas de
un árbol de shiringa con la corteza dañada para extraer su látex natural, y un
árbol de shihuahuaco talado, pese a tratarse de una especie amenazada por el
comercio maderero.
Producto de esta inspección, el
8 de agosto se abrió una investigación fiscal preliminar contra los que
resulten responsables, por el delito contra los bosques o formaciones boscosas
en agravio del Estado. De acuerdo a la carpeta fiscal Nº 3006025200, el despacho
de la fiscal Judith Gonzales Rondón tiene dos meses para investigar el hecho,
pero de momento no han hecho una constatación en el lugar. https://es.mongabay.com/
HIDROMUNDO
Contraloría: gasto público en recursos hídricos alcanzó los casi 692.000 millones en 2021
Este jueves la Contraloría
General de la República (CGR) dio a conocer los resultados del primer informe
sobre gasto público en recursos hídricos, señalando que el desembolso ejecutado
en relación al agua en 2021 alcanzó los $691.660 millones.
El estudio realizado por la
División de Contabilidad y Finanzas Públicas del ente fiscalizador, tomó en
cuenta el gasto efectuado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la
Dirección General de Aguas (DGA), la Superintendencia de Servicios Sanitarios
(SISS), el Instituto Nacional de Hidráulica (INH), la Comisión Nacional de
Riego (CNR), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), los Gobiernos
regionales (Gores) y el programa de Agua Potable Rural (APR).
Los resultados
En esa línea, el informe de la
Contraloría constató que el presupuesto en 2021 de los ocho organismos
analizados fue de $759 mil millones, cifra que aumentó en 48,6% respecto de
2020.
Los organismos que presentaron
los mayores montos fueron la DOH y el APR -ambos pertenecientes al Ministerio
de Obras Públicas- los que concentraron el 69,4% del total, y la entidad con
mayor crecimiento en la asignación presupuestaria fue la CNR, con un alza de
69% en comparación a 2020.
De ese modo, adicionalmente, el
estudio identificó las regiones que concentraron la mayor inversión pública en
2021, lista liderada por los proyectos realizados por la DOH en la región de
Arica y Parinacota con $44.547 millones, es decir, un 88,7% de los proyectos de
esa región y por el APR en la Región de Valparaíso con $32.538 millones, es
decir, un 52,2% de los proyectos de dicha zona.
Escasez hídrica
Además, se precisó que
actualmente 144 comunas del país están bajo decreto de escasez hídrica, donde
el promedio de déficit de la variación de los caudales de los ríos llega al 60%
en la zona central.
Dentro de ese listado, la Región
Metropolitana lidera con 57 decretos, seguida de Valparaíso, Coquimbo y el
Maule con 37, nueve y seis decretos respectivamente.
En tanto, en 2019 se detectó un
rango de déficit de precipitaciones en la zona central que fluctúa entre un 65%
y 75%, además de un déficit mayor a 50% en la acumulación de nieve.
Asimismo, el estudio plasmó que
entre 1930 y 2021, la DGA entregó 188 mil Derechos de Aprovechamiento de Aguas
(DAA). De ellos, más de la mitad no están clasificados por uso.
Bajo ese contexto, las tres
regiones que han otorgado un mayor número de DAA son La Araucanía, Valparaíso y
Los Lagos con 25.910, 20.238 y 19.613 respectivamente. https://www.adnradio.cl/
“Defender el Agua es Defender la Vida”