Viernes, 25 de julio de 2025 – Año XX – Edición 4763
Descubrimos a empresa que solo contrata con municipio de Chao y ya cobró más de S/ 170 mil
Una investigación de Macronorte.pe descubrió que T2I S.A.C.
es una de las empresas favoritas y además exclusiva de la Municipalidad
Distrital de Chao, durante la gestión del alcalde Juan Soles Carbajal. En
total, la comuna contrató 16 veces a la citada empresa.
De acuerdo al Organismo Especializado para las
Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) T2I tiene como accionistas a Rogelio
Trujillo Horna y José Vitelio Trujillo Cárdenas. En esa línea, según SUNAT, la
empresa inicio sus actividades en mayo de 2024.
Sobre esto, Macronorte ha corroborado que, en diciembre del
mismo año, obtuvo su primer contrato con el Estado, exactamente con la
Municipalidad de Chao, para la “Adquisición de cable UTP CAT 6, cintillos y
conectores para la reinstalación del cableado de datos en la antena de
vigilancia del camal municipal y local de maquinarias”.
Luego, obtuvo un contrato para la “Adquisición de válvulas
de fierro fundido para realizar el cambio de las válvulas obsoletas en Nuevo
Chao I”, por más de 42 mil soles. T2I también logró adjudicarse una orden de
compra por S/. 23,998.05 para la “adquisición de materiales y accesorios para
reparar la ruptura de tubería en un reservorio”.
El pasado 25 de junio de 2025 la citada empresa ganó
uno de sus últimos contratos. Consistía en la “adquisición de materiales para
el cambio de abrazaderas desgastadas en las fugas de agua de las matrices de
las diferentes calles de Chao”, por un valor de más de S/ 18 mil.
Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el 2024 y 2025, la Municipalidad Distrital de Chao pagó S/ 12,373.35 y S/ 160,996.25, respectivamente a la empresa T2I SAC. https://macronorte.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Trujillo: Frank Sánchez asume presidencia del directorio de la empresa Sedalib
El abogado Frank Sánchez fue elegido como nuevo presidente
del Directorio de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La
Libertad (Sedalib). Esta decisión se tomó luego de que la Junta Universal de
Acciones removiera del cargo a Percy Rosario Martell.
En su primer día en funciones, el nuevo presidente del
directorio recorrió, junto a funcionarios de Sedalib y del Gobierno Regional de
La Libertad, la laguna de oxidación situada en el sector El Tablazo de
Huanchaco. Esta visita se produce días después de que la zona sufriera un
desborde, generando preocupación en la comunidad.
El objetivo de la inspección fue evaluar la situación y
adoptar medidas preventivas.
“Existe el compromiso para el inmediato trabajo en la zona,
para evitar que se siga haciendo daño a la comunidad”, aseguró. https://diariocorreo.pe/
Consejero exige inclusión de Vilcashuamán en proyectos regionales de riego ante abandono de Prider y crisis por heladas
El consejero regional por la
provincia de Vilcashuamán, Vidal Palomino, demandó que el Gobierno Regional de
Ayacucho priorice la incorporación de esta provincia en proyectos de riego, al
advertir una alarmante falta de agua que afecta directamente a los agricultores
y ganaderos locales.
“Vilcashuamán merece agua”,
enfatizó. “Estamos en el proyecto qochas y ello también es meritorio de que
tengamos forrajes. Tenemos un proyecto bovino, pero sin agua no vamos a tener
producción ni buena alimentación para los animales”, explicó.
Palomino cuestionó además la
ausencia de programas como Prider en la provincia, a pesar de que otras
jurisdicciones sí cuentan con grandes inversiones.
“Hablamos de Ancascocha, que son
millonadas, pero en Vilcashuamán no hay un proyecto de al menos de ejemplo”,
reclamó.
El consejero aseguró que ha
sostenido reuniones con la Dirección Regional Agraria, autoridades locales y
sectoristas de la Agencia Agraria de Vilcashuamán para hacer seguimiento al
tema, especialmente ante el impacto de las heladas.
“Estamos permanentemente vigilantes. No estamos abandonando a nuestros hermanos, más al contrario, queremos que todos ellos sean los beneficiados”, afirmó. https://jornada.com.pe/
HIDROMUNDO
El gobierno comienza a privatizar AySA y habilita los cortes de suministro
Mediante un DNU, el gobierno
comenzó la privatización de AySA y volvió a habilitar los cortes totales de
agua a usuarios residenciales.
Mediante el decreto 493/2025, el
gobierno modificó 100 artículos del actual régimen regulatorio, permitiendo que
AySA pueda cortar totalmente el suministro de agua a usuarios residenciales,
así como habilitó al Estado a desprenderse de las acciones de AySA y, por ende,
privatizarla.
El antecedente de Aguas
Argentinas
Aguas Argentinas S.A. fue la
empresa concesionaria del servicio público de agua potable y cloacas en el AMBA
durante los 90. Se trataba de un consorcio de empresas, entre las que la
principal accionista era la empresa francesa Suez. Durante el proceso de
privatizaciones de los 90, Aguas Argentinas S.A. se presentó como oferente en
la licitación y «ganó» la concesión. Fue así que se privatizó a la empresa
estatal de agua en ese momento para el AMBA, Obras Sanitarias de la Nación,
bajo la modalidad de concesión durante 50 años.
Esta empresa obtuvo la concesión
con la meta de proveer agua potable al 100% de los habitantes del área de
concesión, y proveer de cloacas al 95%. Si bien la concesión acabó antes,
ninguno de los objetivos intermedios se cumplió. En 2003, la cobertura del
servicio de agua potable era del 79% respecto del 88% establecido en el
contrato, y la red de desagües cloacales alcanzaba solo al 63% de los usuarios,
respecto de la meta del 74%.
El proceso de privatización
también fue escandaloso desde lo legal. Aguas Argentinas se había presentado a
la licitación ofreciendo una reducción de la tarifa del 26,9%, con ventaja
respecto del resto de los oferentes. Pero, con el pasar de los años, el gobierno
le ofreció sucesivas revisiones tarifarias. Si bien la tarifa propuesta era
para una concesión de 50 años, apenas unos años después este valor fue
modificado, haciendo perder sentido al mecanismo de licitación y poniendo en
evidencia que se había tratado de una estafa. El concurso de licitación estuvo
arreglado desde un primer momento, sobres bajo la mesa mediante.
Entre 1993 y 2002, las tarifas
del servicio subieron un 88,2%, muy por encima de la inflación acumulada de
7,3%. En contraste, el gasto en inversión fue solo una fracción de lo que se
estipulaba en el contrato de concesión durante los primeros 5 años: 837 de
1.440 millones de pesos, solo el 58%. Y esta cifra de incumplimiento se mantuvo
durante los siguientes 5 años: solo se ejecutaron 428 de 752 millones de pesos
(57%).
En 2006, en vista de que Aguas
Argentinas no había cumplido con nada, a la vez que aumentaba las tarifas, el
Gobierno (tiempos del kirchnerismo) decidió rescindir la concesión. En ese
momento pasó a llamarse Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta nueva
estatización no fue menos vergonzosa, el gobierno de Néstor Kirchner les pagó a
los estafadores de Suez una suma multimillonaria en multas. Así fue como, de la
mano del kirchnerismo, Suez y los demás grupos de empresarios accionistas
fueron recompensados por su gestión de saqueo como Aguas Argentinas.
El legado de esta privatización
es palpable hasta el día de hoy. Hay numerosos barrios en municipios linderos
de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen red de agua potable. En algunos
casos, la red solo llega a los lugares céntricos. La privatización no fue más
que un liso y llano saqueo. La posterior estatización, de gestión
mayoritariamente peronista, no acabó por mejorar en gran medida la situación
relativa. Se incorporaron más usuarios a la red, pero la población creció y el
porcentaje de cobertura quedó en el 83% para agua potable y 63% para cloacas.
La nueva privatización en
modalidad «enajenación»
Esta vez, el modelo de
privatización mileísta sería peor que el del menemismo. Ahora la transferencia
de AySA sería total y no una concesión como se acostumbraba en el menemismo.
Esto vuelve mucho más oneroso para el Estado recuperar el control del agua.
Milei busca sellar el destino del agua en manos privadas, al menos en términos
legales.
Para una estatización ya no
habría contrato que rescindir: debería ejecutarse una compra o una
expropiación. El mecanismo legal de expropiación en Argentina no es una
expropiación real, sino una compra forzada. El Estado pasaría a estar «obligado»
a tasar la empresa y pagar en consecuencia a los empresarios accionistas. Es un
desastre en ciernes, pero lo legal no necesariamente es lo único que importa en
estos casos.
No solo se venden las acciones
de AySA, sino que, en lugar de un marco regulatorio inmediato, se establece un
plazo de transición. De esta manera, la nueva empresa —que podría ser, por
ejemplo, Mekorot— tendría la facultad de hacer lo que le plazca durante varios
años.
Se habilitan los cortes de aguas
a los usuarios residenciales
En el artículo 3 del decreto se
habilitan los cortes de agua para usuarios residenciales que estén con una mora
mayor a 60 días. Tener en cuenta que solo en 2024 las tarifas de AySA
aumentaron un 330%. De esta forma se busca abolir un derecho básico como lo es
el derecho al agua.
El derecho al agua está contemplado dentro de uno de los anexos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, al cual adhiere la Argentina. Tal es así que este pacto está también dentro del sitio web del gobierno argentino. Ya en su introducción se deja claro el carácter de este derecho fundamental.
«El agua es un recurso natural
limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho
humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa
para la realización de otros derechos humanos. El Comité ha constatado
constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en
los países en desarrollo como en los países desarrollados. Más de 1.000
millones de personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles
de millones no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo cual
constituye la principal causa de contaminación del agua y de las enfermedades
relacionadas con el agua. La polución incesante, el continuo deterioro de los
recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya
existente. Los Estados Partes deben adoptar medidas eficaces para hacer
efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna, como se establece en la
presente observación general.»
Incluso en términos capitalistas
se reconoce que este derecho es de mayor jerarquía que el derecho a la
propiedad privada. Así, el decreto del gobierno es ilegal y sumamente regresivo
y reaccionario. https://izquierdaweb.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
