Lunes, 3 de noviembre de 2025 – Año XX – Edición 4830
La FENTAP, el SUTSMAPACON y el SUTOPEC vigilantes ante Acción Popular que busca anular los derechos ganados para tercerizados
Este 03 de noviembre la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP, el Sindicato de Trabajadores de Servicio y Mantenimiento del Agua Potable y Alcantarillado de Lima CONCYSS - SUTSMAPACON y el Sindicato Unitario de Trabajadores Operadores de Estaciones de Control de Agua Potable y Alcantarillado - SUTOPEC estarán vigilantes a la vista de la causa de la Acción Popular que busca anular los derechos ganados para los trabajadores tercerizados.
HIDROREGIONES PERÚ
Obras de saneamiento en Chachapoyas: promesas, deficiencias y controversias
Durante la gestión municipal de Diógenes Zavaleta Tenorio
(2007–2010), la Municipalidad Provincial de Chachapoyas impulsó uno de los
proyectos más emblemáticos de infraestructura básica:
“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y
alcantarillado de la ciudad de Chachapoyas”, obra ejecutada por el Consorcio
Aguas del Oriente, representado por el Ing. Trigoso, con supervisión de la
empresa CONSULT S.A. y financiamiento compartido entre el Gobierno Central y la
Municipalidad Provincial.
El proyecto fue anunciado como una solución integral al
histórico problema de agua y saneamiento que afectaba a miles de familias
chachapoyanas. Sin embargo, años después surgieron denuncias y observaciones
por deficiencias técnicas, incumplimiento de plazos y fallas estructurales que
hoy siguen afectando el sistema.
Principales observaciones técnicas
Los colectores y redes secundarias presentaron hundimientos
y colapsos tempranos en varios sectores (Pampas de Higos Urco, Pucatambo y
Travesía).
La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) nunca
llegó a operar de manera adecuada.
Varias válvulas y cámaras de bombeo no fueron instaladas
conforme a lo establecido en el expediente técnico.
El plazo original de ejecución (12 meses) se extendió más
de dos años por adendas y modificaciones contractuales.
Investigaciones y seguimiento
Tras las denuncias vecinales y auditorías de la Contraloría
General de la República, se determinaron presuntas responsabilidades
administrativas y técnicas por la recepción de partidas inconclusas.
Los informes de control revelaron que el consorcio Aguas
del Oriente no cumplió con pruebas hidráulicas completas y que la municipalidad
aprobó valorizaciones sin sustento técnico.
Contexto actual
Más de una década después, la deficiente infraestructura
heredada de ese proyecto sigue siendo una de las causas principales del colapso
del sistema de agua y alcantarillado de Chachapoyas, situación agravada por el
reciente informe de la Contraloría sobre la obra de Púcara (2025), la cual
intentaba complementar aquel proyecto inicial. https://reinadelaselva.pe/
Tacna: Municipio pagó más de 180 mil soles por obra de agua inconclusa
La Contraloría General de la
República (CGR) determinó que la Municipalidad Distrital de Ticaco efectuó
pagos por la obra de “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento
de agua potable y alcantarillado, en la localidad de Challaguaya”, pese a que
la empresa contratista no ejecutó el 100 % de los trabajos.
En el Informe de Control
Específico N. º028-2025 se evidenció que los miembros del comité de recepción
tuvieron conocimiento de que aún faltaban ejecutar trabajos para culminar el
proyecto; sin embargo, optaron por registrarlos solo como observaciones y
suscribieron el acta de recepción.
No aplicaron penalidades
En este contexto, el gerente de
Infraestructura y Obras de la Municipalidad de Ticaco otorgó la conformidad al
término del contrato sin aplicar las penalidades que ascendían a S/ 172,890,
debido al retraso. Asimismo, el gerente brindó conformidad a la última
valorización presentada por la empresa, pese a que esta contenía partidas no
ejecutadas por S/ 7,447.
Como resultado de estos hechos,
la municipalidad continuó con el trámite de liquidación y pagó a la contratista
S/ 180,337, generándose presunta responsabilidad penal en los integrantes del
Comité de Recepción de Obras de la entidad. Por este caso, la Contraloría
identificó presunta responsabilidad penal en un funcionario y tres miembros del
comité de recepción de la época en que ocurrieron los hechos. https://diariocorreo.pe/
Defensoría del Pueblo realiza supervisión conjunta a punto de descarga de Sedapal en el río Rímac como parte de seguimiento a caso de contaminación
La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía de Medio Ambiente y Cambio Climático, realizó el 29 de octubre una supervisión conjunta e inopinada en la faja marginal del río Rímac, como parte del seguimiento a los compromisos asumidos en la reunión interinstitucional de abril de 2025, convocada para abordar los vertimientos de aguas residuales en este afluente. La acción tuvo por finalidad verificar la situación actual del punto de descarga asociado al colector “Cerro Candela”, operado por la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), desde donde se reportó el vertimiento de aguas con coloración rojiza al río Rímac en diciembre pasado.
De acuerdo con los informes
técnicos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), el colector habría vertido aguas residuales
sin tratamiento adecuado, superando varios componentes los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) entre ellos los coliformes en 24’000.000% (veinticuatro
millones por ciento).
La acción defensorial contó con
la participación del OEFA, la ANA, la Coordinación Nacional de la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental (CNFEMA) y la Dirección de Medio Ambiente de
la Policía Nacional del Perú. Durante la visita, se advirtió olores fétidos y
se constató el vertimiento directo de aguas residuales al río Rímac, lo que
compromete la salud de las personas, la flora, la fauna y exponiendo en riesgo
la salud y vida de más de 15 mil familias que habitan en las riberas del río
hasta la región Callao.
Posteriormente, el equipo
supervisor se trasladó a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR),
que tiene acceso por La Atarjea, con el propósito de constatar las acciones
adoptadas por SEDAPAL para mitigar los impactos del vertimiento. Sin embargo,
los representantes de la empresa impidieron el acceso para la PTAR, alegando
que la infraestructura es operada por un tercero y que era necesario coordinar
previamente. Esta negativa contraviene el artículo 161° de la Constitución
Política del Perú, que establece el deber de colaboración de las entidades
públicas con la Defensoría del Pueblo.
Cabe recordar que, en abril de
2025, la Defensoría del Pueblo convocó una mesa de trabajo interinstitucional
con la participación del OEFA, ANA, MINAM, MVCS, PRODUCE y las municipalidades
de Lima Metropolitana y San Juan de Lurigancho, con el fin de abordar la
contaminación del río Rímac y promover medidas conjuntas de control y
fiscalización. No obstante, la persistencia del problema y la falta de medidas
correctivas oportunas evidencian la necesidad de fortalecer la articulación
entre las entidades competentes y asegurar una gestión ambiental efectiva y
transparente.
La Defensoría del Pueblo exhorta
a SEDAPAL y a las autoridades competentes a adoptar de manera inmediata las
acciones necesarias para asegurar el tratamiento adecuado de las aguas
residuales y proteger la calidad ambiental del río Rímac, en cumplimiento de
las normas vigentes. Asimismo, recuerda que el Estado tiene el deber de
garantizar el derecho de la población al agua segura, a la salud y a un
ambiente sano y equilibrado, conforme a lo establecido en los artículos 2
inciso 22, 7 y 7-A de la Constitución Política del Perú.
Finalmente, la institución
reafirma su compromiso de supervisar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales y sanitarias por parte de las entidades públicas y privadas cuando
estas últimas ejerzan funciones públicas; en defensa del derecho de la
ciudadanía a vivir en un ambiente equilibrado, sostenible y libre de
contaminación. https://www.defensoria.gob.pe/




