Lunes, 10 de enero de 2022 – Año XV – Edición 3884 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ – Por una reforma estructural del mercado de trabajo para
combatir la temporalidad, la informalidad y la precariedad laboral.
Pronunciamiento de la CGTP
PERÚ – La Libertad: Contraloría detecta perjuicio superior a los S/
2 millones en Proyecto Chavimochic. Indemnización por pérdidas causadas por el
Fenómeno El Niño Costero, durante el 2017, se pagó con retraso injustificado
PERÚ – Lambayeque. Julio García: “El proyecto (drenaje pluvial) no
es viable por las observaciones que tiene”. Organizaciones de la región
solicitan que la Autoridad para la Reconstrucción despeje las dudas respecto a
esta obra tan necesaria, sobre la cual pronto se firmará un convenio
PERÚ – Piura: Comuna de Veintiséis de Octubre habría favorecido a consorcio. Funcionarios aprobaron ampliaciones de plazo, lo que generó pagos adicionales y la no aplicación de penalidad
Por una reforma estructural del
mercado de trabajo para combatir la temporalidad, la informalidad y la
precariedad laboral
Pronunciamiento de la CGTP
La Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP,
se pronuncia sobre situación laboral en el país, pide la unidad sindical, en
defensa de los derechos laborales.
HIDROREGIONES PERÚ
La Libertad: Contraloría detecta perjuicio superior a los S/ 2 millones en Proyecto Chavimochic
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio
económico de S/ 2 millones 132 mil 250 en el Proyecto Especial Chavimochic
(PECH). Según el órgano de control, el pago de indemnizaciones por pérdidas en
la infraestructura hidráulica mayor e infraestructura eléctrica del canal
madre, canales de integración y canales laterales de este proyecto de
irrigación, afectados por el fenómeno El Niño Costero el 2017, fueron pagados
en un plazo posterior a lo establecido en la póliza de seguro, lo que ocasionó
las pérdidas.
El Informe de Auditoría N.º 008-2021-2-0608-AC, elaborado
por el Órgano de Control Institucional (OCI) del PECH, detalla que el siniestro
ocurrió por el desborde de las quebradas de Ascope, Trujillo y Virú, así como
por el deslizamiento de huaicos en algunas zonas del proyecto, entre el 14 y el
17 de marzo de 2017.
Agrega que tanto el adelanto del 50% como la liquidación
final de la indemnización fueron pagados excediendo el plazo establecido en las
bases integradas, propuesta técnica del postor ganador de la buena pro,
contrato y póliza de seguro.
Los auditores también detectaron que la aseguradora
(consorcio) canceló el adelanto y el saldo final de la indemnización con 55
días y 101 días de retraso injustificado, respectivamente.
Asimismo, la constancia de prestación del servicio fue
emitida a pesar de no haberse otorgado la conformidad a la prestación del
servicio de seguro de obras públicas terminadas. Tampoco se cauteló la
renovación de la vigencia de la carta fianza ni se aplicó las penalidades por
incumplimiento injustificado en la prestación del servicio e intereses
moratorios por demora en el pago, transgrediendo con ello lo dispuesto en la
Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento; y la Ley 29946 -
Ley de Contratos de Seguros, entre otras normas.
Responsables
Para los auditores, la responsabilidad de estos hechos que
perjudicaron al Estado recaería en ocho funcionarios.
Entre los presuntos responsables estarían Miryam Roncal Zavaleta
y Carlos País Vera. La primera ocupó entre el 2015 y el 2018 la jefatura de la
Oficina de Administración, mientras que el segundo la reemplazó en el cargo y
continúa laborando en el PECH.
También fueron implicados los jefes de Abastecimiento y
Servicios Generales, Lucero Castillo Morales (estuvo en el cargo durante el
2018) y Jorge Bocanegra Vaella, que desde el 2019 se mantiene en ese puesto.
Además, se pidió investigar a James Alayo Castañeda (jefe
de Control Patrimonial), Paola Obeso Ríos (responsable del trámite de
expedientes de pago del Área Abastecimientos y Servicios Generales), Angie
Sánchez Lazo (responsable del Área de Tesorería entre el 2019 y el 2021) e Iris
Angulo Gonzáles (cajera).
El informe, asimismo, pide “poner en conocimiento de la Procuraduría
Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la
República el informe para que inicie las acciones legales contra los
funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación”.
Además, le indica al gerente de Chavimochic, Edilberto Ñique, “inicie las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de estos funcionarios y servidores”. https://diariocorreo.pe/
Julio García: “El proyecto (drenaje pluvial) no es viable por las observaciones que tiene”
Las observaciones que detectó un
grupo de organizaciones al proyecto del drenaje pluvial, harían que, hoy, no
sea posible su ejecución, según sostiene el presidente de la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI) de Lambayeque, Julio Manuel García Peña.
A fin de despejar las dudas,
Peña exhortó a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)
pronunciarse cuanto antes.
“La conclusión hasta ahora es
que el proyecto, así como está formulado, no es viable por las observaciones
encontradas”, aseguró.
Dudas
Entre las inconsistencias que
presentaría el proyecto está la propuesta de instalación de tuberías subterráneas
con una extensión de 172 kilómetros.
Si llueve, no está claro qué
entidad se haría cargo del mantenimiento y limpieza, ya que los tubos podrían
colmatarse con barro y arena. A lo que se añadiría la complicación de estar
bajo tierra.
“No estamos en contra de la
inversión, queremos que se haga una obra de calidad. Tampoco se ha explicado
dónde se colocarían esos pequeños reservorios (en caso de precipitaciones) en
la ciudad y cómo el agua sería trasladada a los drenes”, explicó el también
empresario.
Es necesario definir a la
entidad que se hará cargo de la infraestructura, pues la Municipalidad
Provincial de Chiclayo (MPCH) y Epsel afrontan serias limitaciones y no
estarían en la capacidad de administrar una obra que demandará al Estado un
costo de S/ 1 200 millones.
De otro lado, un tema que, al
parecer, no se ha considerado es la situación de los suelos, especialmente en
zonas donde continuamente se registran aniegos, ya que la filtración del agua
viene provocando inestabilidad, y que la capa asfáltica se deteriore rápido.
El año pasado, ocurrió un
accidente de este tipo con un vehículo hidrojet de Epsel en la intersección de
Bolognesi y José Leonardo Ortiz. La unidad quedó atorada en un forado que
apareció de repente.
“Es una obra que se quiere
imponer y que se maneja de forma política, el gobernador tendría que
pronunciarse. El 15 de enero está previsto la firma del convenio para el
perfil. En Chiclayo necesitamos un proyecto de agua, desagüe y drenaje, de lo
contrario lo que se haga no ayudará”, enfatizó García.
Además, precisó que su
preocupación es compartida por Capeco, AREX y el Cuerpo Médico del Hospital
Almanzor Aguinaga, entidades que, junto a la SNI, conforman la Asociación por
Lambayeque.
En este grupo de la sociedad civil esperan tener una reunión con los técnicos de la ARCC el miércoles o jueves. Luego se decidirán nuevas acciones a tomar en las próximas semanas. https://diariocorreo.pe/
Piura: Comuna de Veintiséis de Octubre habría favorecido a consorcio
El Órgano de Control
Institucional (OCI) de la Municipalidad de Piura detectó situaciones adversas
en la obra de mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el
A.H Santa Rosa, sectores 1, 2, 4 y 5 ubicado en el distrito de Veintiséis de
Octubre. En esta obra se invierte 8,897,932.00 de soles.
Retrasada
Según el Informe de Auditoría N°
024-2021-2-0454, publicado por la Contraloría revela que en el otorgamiento de
ampliaciones de plazo para ejecución de obra con el trámite y aprobación de
solicitudes se realizó sin cumplir con los requisitos exigidos en la normativa,
con pronunciamientos extemporáneos, sin resolución que sustente su otorgamiento
y por acuerdo conciliatorio cuya pretensión había caducado.
Así también, la aprobación de
prestación adicional que incluía partida contractual contemplada en el
expediente técnico y cambio de las condiciones iniciales de la pavimentación
con adoquinado; ocasionó que se beneficiara al contratista con una inaplicación
de penalidad por S/ 874, 607.54, obligación de pago adicional ascendente a S/
359, 923.05 y se genere mayores gastos generales por la suma de S/
1´331,652.99.
El documento precisa que se
generaron por el accionar de los gerentes de Infraestructura, Desarrollo
Urbano, gerente de Asesoría Jurídica, gerente municipal y procuradora pública
municipal quiénes lejos de advertir el incumplimiento de los requisitos
exigidos en la normativa, con pronunciamientos extemporáneos, sin resolución
que sustente su otorgamiento y por acuerdo conciliatorio, cuya pretensión
habría caducado, opinaron por la aprobación y otorgamiento de ampliaciones de
plazo para la ejecución de la obra; así como también por las actuaciones del
ingeniero civil de la sub Gerencia de Infraestructura, subgerente de
Infraestructura y gerente de Desarrollo Urbano, quiénes opinaron favorablemente
por el trámite y aprobación del expediente del adicional de obra N° 3, solo
hallando que las partidas contenidas en él, ya estaban contempladas en el expediente
técnico contenido en el contrato, así como del cambio de las condiciones
iniciales de la pavimentación con adoquinado.
Cabe precisar que el 9 de
noviembre de 2018 en la gestión de Práxedes Llacsahuanca, se adjudicó la buena
pro de la licitación pública en primera convocatoria para la ejecución de la
obra al consorcio Oro Negro suscribiéndose el contrato el 5 de diciembre del
2018 por la suma de S/ 8´897,932.00 con un plazo de ejecución de 180 días
calendarios, la misma qué se inició el 8 de febrero de 2019 y con fecha
programada de término para el 6 de agosto de 2019, ya en la gestión del alcalde
Darwin García Marchena.
Pese a ello, mediante carta de
12 agosto de 2021, el inspector de obra alcanzó al sub gerente de
Infraestructura el informe que de estado situacional y aplicación de
penalidades por retraso de obra; ya que la misma se encontraba totalmente
paralizada, en donde señaló el monto de 1´331,652.99 soles, como costos
pretendidos por el contratista por mayores gastos generales por las ampliaciones
de plazo otorgadas.
A la fecha, la obra se sigue
ejecutando, después de varias ampliaciones, pese a que intentamos comunicarnos
con el alcalde Darwin García, o su gerente municipal, ninguno contestó las
llamadas y mensajes de texto y vía WhatsApp para conocer el avance físico de la
obra y para cuando estaría lista.
Finalmente, la entidad contralora recomendó a la comuna poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República el informe para que inicie las acciones legales contra los nueve, entre funcionarios y servidores, comprendidos en los hechos de las observaciones 1, del presente informe de auditoría emitido en diciembre de 2021. https://diariocorreo.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”