HIDROBOLETÍN FENTAP
Miércoles, 08 de agosto de 2018 – Año XIII – Edición 3034 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
·
PERÚ
- El impacto de las industrias extractivas en las mujeres. El impacto de las
industrias extractivas es agresivo a nivel económico, social, ambiental y
cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se desarrollan
estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos, criminalización
de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia las mujeres.
Aunque no hay registros oficiales sobre la violencia de género en conflictos
sociales, de acuerdo al libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales de Rocío
Silva Santisteban: desde el 2003 hasta noviembre de 2017, 102 mujeres fueron
criminalizadas, y el 10% del total de muertes en conflictos corresponde a
mujeres
·
PERÚ
– ATUSA. Encuentran grandes objetos en los buzones de alcantarillado
·
PERÚ
- Trujillo: conexión clandestina dejó sin suministro de agua a distrito
·
PERÚ
- Loreto: recolectan una tonelada de basura en distrito de Yurimaguas
·
VENEZUELA
- Minería ilegal acelera deforestación en Amazonía venezolana
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El impacto de las industrias
extractivas en las mujeres
El
impacto de las industrias extractivas es agresivo a nivel económico, social,
ambiental y cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se
desarrollan estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos,
criminalización de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia
las mujeres. Aunque no hay registros oficiales sobre la violencia de género en
conflictos sociales, de acuerdo al libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales
de Rocío Silva Santisteban: desde el 2003 hasta noviembre de 2017, 102 mujeres
fueron criminalizadas, y el 10% del total de muertes en conflictos corresponde
a mujeres.
https://www.alainet.org
– El Perú lleva más de dos décadas sosteniendo su economía en base a la
actividad minera, detrás de esta economía basada en la exportación de materias
primas hay muchas historias: perdidas de vida, personas que se han quedado con
alguna discapacidad a causa de los conflictos, defensores ambientales
denunciados y estigmatizados por parte de los representante del Estado, los
medios de comunicación, las empresas mineras y las fuerzas del orden; mujeres
violentadas y agredidas sexualmente (…). La intolerancia hacia los defensores
ambientales ha llegado al punto de que hasta un presidente de la República les
calificó de “perros del hortelano”.
Además diversas acciones han desnudado el desprecio de los
miembros de la Policía Nacional hacia los manifestantes en pleno conflicto. Una
mujer le pregunta a un policía en el conflicto Conga (Cajamarca): “¿por qué nos
tratan así?”, el policía responde: “porque son perros concha tu mare”. En
Juliaca (Puno) los gritos de otro miembro de la policía en una manifestación
grita a todo pulmón: “mata a esa chola, la de la huaraca, mátala, mátala”.
Criminalización
de la protesta: 102 mujeres han sido procesadas en el Perú
El caso más llamativo en el Perú de agresiones sexuales
contra defensoras ambientales se ha dado en el conflicto Majaz. Es el primer
caso donde la empresa minera británica Rio Blanco Copper S.A., tuvo que
indemnizar a 32 campesinos que fueron torturados el año 2005 dentro de su sede,
ubicado en la sierra de Piura. La demanda fue presentada por la Fundación
Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) ante las Altas Cortes
Británicas contra Monterrico Metals Plc, debido a que participaron en los
hechos funcionarios y trabajadores de la minera y de la empresa de seguridad
Forza, que prestaba servicios a la mina. “En este caso, dos mujeres fueron
violentadas sexualmente, incluso se les despojó de su ropa interior que luego
fue colgada en unos palos como si fueran unas banderas, como si se tratase de
un trofeo que habían recaudado estos individuos después de haber violentado
sexualmente a las mujeres”, señala Rocío Silva Santisteban.
Entre los años 2011 y 2012, cinco personas fueron
asesinadas y 154 personas resultaron heridas alrededor del proyecto Conga de la
minera Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, ubicado en
Cajamarca, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
todas estas muertes y agresiones fueron por parte de la policía y las fuerzas
armadas. Adelaida Amelia Tabaco, es una de las víctimas del conflicto en
Celendín, su marido Paulino Leonterio regresó de Lima un 2 de julio de 2012, al
día siguiente fue a visitar a su hermana, cuando retornaba a su casa al pasar
por una calle cercana a la Plaza de Armas, un impacto de bala le causó la
muerte. Adelaida hasta el día de hoy no ha encontrado justicia tras la muerte
de Paulino, desde hace seis años ella tuvo que asumir la crianza y educación de
sus dos hijos.
“Las mujeres no solo son denunciadas y perseguidas, sino
también son estigmatizadas con una suerte de campañas mediáticas, se le ataca
por el liderazgo que tienen, además por su condición de mujer, se les cuestiona
permanentemente moralmente”, comenta la abogada Mirtha Vásquez, quien estuvo a
cargo de la defensa de luchadores ambientales en Cajamarca. Añade que en los
últimos años se ha incrementado en un 30% las denuncias contra las mujeres
lideresas.
A raíz de los
conflictos sociales han surgido liderazgos y una participación activa de las
mujeres
Emperatriz Bolaños, lideresa ambiental en Celendín,
recientemente ha sufrido una detención arbitraria en el distrito de Sorocucho
por parte de la Policía. Bolaños participa activamente en manifestaciones
contra la explotación del proyecto Conga, en ese contexto ha sufrido una serie
de amenazas y difamación. “Mataron a mis perros a las 11 de la noche, la
policía constata de que mis perros estaban muriendo, después de 10 días dejaron
una bolsa con una bala dentro con un frase que decía: “la bala cuesta un sol,
ya matamos a tus perros, ahora siguen tus hijos y tú”, denuncia.
Otra luchadora social que ha criticado abiertamente el
proyecto Conga es Sara Guerra, ella perdió su trabajo como coordinadora del
Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en el año 2012, desde
entonces le ha sido difícil conseguir trabajo. “En cada uno de nosotros nace
esas ganas de defender su territorio por la importancia que tiene eso para ti.
Si nosotros permitimos que este territorio sea dañado: no vamos a poder sembrar
ni cosechar, no vamos a poder tener agua de calidad, además, seriamos
desplazados ¿sin territorio que podemos hacer? si nosotros perdemos las
lagunas, desaparecerán también los ríos, para mi esa es la gran importancia de
defender y preservar la vida, la mía y de mis generaciones”.
Expropiación de
tierras
Uno de los casos más expuestos a nivel público es el de Máxima
Acuña de Chaupe, quien fue absuelta por la Sala Penal de Apelaciones de
Cajamarca de los cargos de usurpación interpuesta por Yanacocha, la mina
pretendió expropiarle sus tierras donde se encuentra la laguna Azul. Su defensa
férrea le hizo merecedora de uno de los galardones más importantes a nivel
ambiental, el premio Goldman Environmental Prize 2016. Sin embargo este hecho
no es un caso aislado en cuanto a expropiación o pérdidas de tierras en zonas
mineras.
En abril de este año, 40 miembros de la PNP y
funcionarios de la empresa suiza Glencore -una de las minas más grandes de
cobre a nivel mundial- se presentaron con maquinarias en la comunidad de Alto
Huarca en Espinar, Cusco. Rocío Coaquera, María Coaquira y Eufrosina Umasi
fueron insultadas, golpeadas, jaloneadas por defender su territorio de los
miembros de la policía y de la seguridad de la mina. “El problema es que
estamos prácticamente financiando estos abusos, la policía está trabajando para
las empresas mineras, y estamos hablando de cuerpos de elite de la Policía
Nacional que han sido entrenados de una manera especial y esos cuerpos de elite
son los que están trabajando de protectores y defensores de las empresas
mineras”, remarca Silva Santisteban. Así, la policía en vez de dar seguridad a
las poblaciones termina siendo uno de los agresores más recurrentes en los
conflictos sociales.
El impacto de
las actividades extractivas se dan en mujeres andinas y amazónicas
No hay
información oficial sobre violencia de género
La agresión más común hacía las mujeres en los conflictos
sociales ha sido la violencia física y sexual, además de otros tipos de
violencia que se dan en ese contexto, como el machismo, el racismo, la
estigmatización, descalificación y hostilización, sin embargo, no hay cifras ni
estadísticas oficiales de parte del Estado. Para Jessenia Casani, socióloga de
Demus, los casos que se han podido recoger, las situaciones de violencias que
se han podido conocer han sido básicamente desde la voz de las mujeres
defensoras. “El Estado peruano es responsable de proveer, de dotar de esta
información, de investigar, de tener una estadística de lo que implica esta
violencia de género en conflictos eco territoriales para que podamos tener
políticas, servicios, programas adecuados para atender, proteger y hacer
justicia a estas mujeres”, dice.
Casani añade que, la Ley Nro. 30364 (Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar) y el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, son
normativa y política pública que reconocen la violencia de género en conflictos
ecoterritoriales, y que establecen además responsabilidad del Estado de generar
información y data sobre esta violencia, para que a partir de ello se pueda
actuar de una manera oportuna.
Colofón
Un tema que se observa cotidianamente en las zonas
extractivas es el alto consumo de alcohol, se abren bares y prostíbulos para
los trabajadores mineros y los trabajadores tercerizados que forman parte de la
dinámica del movimiento minero. Las fiestas tradicionales de las zonas tienen
el auspicio de las propias empresas mineras, donde las cajas de cervezas vienen
en abundancia como parte de las relaciones públicas entre empresa y
comunidades. Se trasgrede así las dinámicas comunales, se corrompe autoridades
comunitarias y se exacerba la violencia de género que afecta a mujeres y niñas
en esos escenarios de control, corrupción y autoritarismo. Los cuerpos son
sometidos a diversas formas de violencia sexual, entre ellos la trata con fines
de explotación sexual. Esta problemática tampoco figura en las estadísticas de
violencia de género en zonas extractivas.

EMPRESAS DE AGUA
Encuentran grandes objetos en los buzones de
alcantarillado
El mal uso de las redes
de alcantarillado genera aproximadamente 10 emergencias diarias por atoro de
tuberías en diferentes puntos de la región Tumbes. Entre los objetos extraídos
figuran un maniquí, llantas, tablas, prendas de vestir, entre otros.
La jefa de imagen de la
empresa de Atusa, Vianca Zeña Vidaurre, manifestó que el problema es ocasionado
por el mal uso de los desagües de parte de la comunidad.
“A diario se atiende
entre ocho a diez emergencias y al mes alcanza un promedio de 300. Los lugares
donde se han hallado objetos pesados en los buzones son la calle Agricultura y
la avenida Universitaria en el centro poblado Pampa Grande, el malecón
Benavides y en el barrio El Tablazo”, sostuvo. DIARIO CORREO

Trujillo: conexión clandestina dejó sin suministro de agua
a distrito
Luego de comprobarse de
que sujetos inescrupulosos trataran de concretar una conexión clandestina en el
sector Primavera 1, del distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo (región
La Libertad), diversos sectores de la localidad se vieron afectados por la
restricción del servicio de agua potable.
Según los molestos
vecinos, el hecho se habría suscitado al promediar las 3 de la mañana, a la
altura de la Mz. 7, muy cerca de la cámara Wichanzao, a una cuadra exactamente,
que abastece de agua al Hospital de Alta Complejidad de la región.
Enterada del hecho, la
Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib),
encargada de fiscalizar el suministro del agua, anunció que tomará acciones
legales contra los que resulten responsables del hecho.
Cabe recordar que el
hurto de agua es un delito sancionado en el Código Penal. LA REPÚBLICA

HIDROREGIONES PERÚ
Loreto: recolectan una tonelada de basura en distrito de
Yurimaguas
El Gobierno, a través
del Ministerio de Agricultura y Riego, recolectó una tonelada de basura en la
‘Hatun Quebrada’ que cruza el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, región Loreto; con la finalidad de sensibilizar a los pobladores de
la zona a cuidar nuestras fuentes naturales de agua.
Asimismo, la acción
buscó cumplir con los compromisos asumidos y actividades planificadas dentro
del marco de la Mesa Temática ‘Conservación y preservación del agua y sus
bienes asociados del Hatun Quebrada’. ANDINA

HIDROMUNDO
Minería ilegal acelera deforestación
en Amazonía venezolana
La
minería ilegal está acelerando la deforestación en la Amazonía venezolana. Un
total de 5.266 kilómetros cuadrados de vegetación fueron arrasados entre los
años 2000 y 2015, pero lo más importante es que la mitad de esa superficie
verde boscosa se perdió durante los últimos cinco años estudiados.
Así
lo comprobó un equipo de investigadores venezolanos, pertenecientes a Provita,
una organización no gubernamental dedicada al estudio de la biodiversidad desde
hace 31 años en Venezuela.
Ellos
utilizaron imágenes provenientes de los satélites Landsat 5, Landsat 7 y
Landsat 8 para realizar un análisis espacial bajo el protocolo de la Red
Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), mapear y
comparar la tasa de deforestación en tres quinquenios diferentes: 2000-2005,
2006-2010 y finalmente, 2011-2015.} SCIDEV.NET

“Defender el Agua es Defender la Vida”
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