Miércoles, 11 de marzo de 2020 – Año XIV – Edición 3429 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
·
PERÚ
- Trabajadores de Cañete (Región Lima) exigen derogatoria de decretos
inconstitucionales y antilaborales. Dirigente nacional de la Fentap continúa
con las reuniones de las bases sindicales
·
PERÚ
– Chimbote. Contraloría interviene más de 200 entidades públicas durante primer
mega operativo regional
·
ESPAÑA
- Derecho al agua. Poder, irregularidades y opacidad sin fronteras en el
negocio del agua en España
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Trabajadores de Cañete (Región Lima) exigen
derogatoria de decretos inconstitucionales y antilaborales
Dirigente
nacional de la Fentap continúa con las reuniones de las bases sindicales
Secretario general de la Federación Nacional de
Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - Fentap, Lic. Luis
Isarra Delgado, se reunió con los trabajadores y trabajadoras de la Empresa de
agua de Cañete – Emapa Cañete, para ratificar su participación en la Jornada nacional
de lucha convocada por la CGTP, para el próximo 19 de marzo.
En la asamblea general del martes 10, también participaron
dirigentes de las organizaciones sindicales de FEDCUT - Cañete, FENUTSSA -
Cañete, FENAOMP- Imperial - Cañete; acordando movilizarse por las principales
avenidas de dicha provincia.
El lema que fue coreado por todos los trabajadores
asistentes a esta reunión fue, ¡¡¡UNIDAD PARA LUCHAR, UNIDAD PARA VENCER!!!
Una de las demandas de la Jornada nacional de lucha es la derogatoria
de los Decretos de Urgencia 014-2020, 016-2020, 020-2020, por
inconstitucionales y anti laborales.
HIDROREGIONES PERÚ
Contraloría interviene más de 200 entidades públicas durante
primer mega operativo regional
Durante el primer Mega Operativo de Control Regional, que
se lleva a cabo en Cajamarca, la Contraloría General dio inicio a la
acreditación de las 760 intervenciones de control y prevención en 227 entidades
públicas que están siendo supervisadas en simultáneo para tener una radiografía
de la gestión pública en esta zona del país, sostuvo el Contralor General,
Nelson Shack Yalta.
Supervisión de obras monitores y auditores
Por la tarde, los Monitores Ciudadanos de Control y
auditores de la Contraloría General inspeccionaron los trabajos de mejoramiento
del Estadio de la Universidad Nacional de Cajamarca donde se ha previsto
invertir S/ 3.6 millones y en la cual advirtieron algunas situaciones de
incumplimiento como la ausencia del inspector de obra y de personal clave.
Durante la inspección física de la obra, los jóvenes
voluntarios del programa Monitores Ciudadanos de Control, previamente
capacitados y acreditados, realizaron el control social de esta obra donde
verificaron que no cumplen la normas (G050) de seguridad durante la
construcción y se observó desorden y falta de limpieza en la obra.
En la última visita realizada al estadio, el 6 de marzo
pasado, los Monitores Ciudadanos de Control reportaron que el inspector de obra
no se encontraba presente durante la visita de inicio de obra. Además, el
residente de obra les comunicó que la entidad no había cancelado dos
valorizaciones. Mientras que la supervisora de seguridad indicó que el
expediente técnico no contemplaba una partida para implementos de seguridad
como cascos, guantes, ni señalización, entre otros.
Transferencia de OCI
En el marco del Mega Operativo de Control Regional de
Cajamarca, se concretó la transferencia de tres Órganos de Control
Institucional (OCI) los cuales pertenecen al Gobierno Regional y las
municipalidades provinciales de Cajamarca y Contumazá.
Precisamente, hoy el Contralor General entregó la
resolución administrativa que oficializa la absorción del OCI al Gobernador
Regional de Cajamarca, Mesías Guevara así como al Alcalde Provincial de
Cajamarca, Andrés Villar Narro. Mientras que el Vicecontralor de Integridad
Pública, Humberto Ramírez Trucios entregó el documento respectivo al Alcalde
Provincial de Contumazá, Óscar Suárez Aguilar.
HIDROMUNDO
Derecho al agua. Poder,
irregularidades y opacidad sin fronteras en el negocio del agua en España
Un pulso constante. Así se
podría definir la situación en el Estado español del sector del agua. Detrás
del agua que sale del grifo de las casas o de las fuentes de un municipio
cualquiera se esconde un negocio complejo, con luces y sombras y más bien poco
transparente. Esta situación se debe, en gran parte, al reparto entre
administraciones y sociedades privadas de un negocio que mueve al año miles de
millones de euros solo en el contexto nacional.
Según datos del Observatorio
Sectorial DBK, en 2018 el abastecimiento hídrico generó un volumen de negocio
de 3.745 millones de euros. Además, hay que tener en cuenta que, sin
especificar las dimensiones de los municipios, un 55% de la población está
siendo abastecida actualmente, según se desprende de las cifras del XV Estudio
Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España del mismo año,
por corporaciones privadas o mixtas —constituidas con capital público y
privado—, frente al 45% restante que recibe el servicio de empresas públicas.
De todo esto se derivan desde
campañas provenientes de los movimientos sociales que tienen como objetivo
incrementar el número de municipios que cuentan con una gestión pública del
agua, hasta batallas de presión y en los tribunales entre las empresas privadas
para poder aumentar su presencia en el negocio. Las compañías que copan la
mayoría de concesiones en el Estado son Aqualia —filial de la constructora y
empresa de servicios históricamente relacionada con las hermanas Koplowitz y
propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim desde 2016—, Acciona y Agbar
(Sociedad General de Aguas de Barcelona) que desde el 2010 es una de las
filiales españolas de la compañía Suez, participada a la vez en un 4,1% por
Criteria, el holding de inversiones de La Caixa.
Ciertamente, tal y como recuerda
el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona (UB)
Alexandre Peñalver, el agua no es un derecho humano que esté incluido en el
Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1966. No obstante, el académico sí
que constata que unas observaciones del año 2002 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establecen el agua como un Derecho Humano. De
esta manera, la posición de esta organización internacional recomienda que los
recursos hídricos estén siempre disponibles, sean continuos y sean suficientes
tanto para usos personales como domésticos.
Asimismo, en el documento se
hace una mención a la cantidad que le corresponde a cada persona según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), a la calidad que debe tener y a
accesibilidad tanto física como económica que debe garantizar cada prepuesta de
gestión. Finalmente, y sin entrar a hacer valoraciones sobre si el servicio
debe ser público o privado, el texto subraya la necesidad de garantizar el
acceso a la ciudadanía a la información que genere cada compañía y generar
procesos de participación.
UN IMPERIO OPACO
En el caso de Agbar, se trata de
una de las concesionarias con más peso en el sector en España y también tiene
presencia en otros países de la América Latina, Norteamérica, Europa y Asia.
Dependiendo de la concesión se hace cargo de fases distintas del ciclo del
agua, como pueden ser la explotación del acuífero, la distribución del agua en
alta o la distribución en baja. A partir de este gran entramado entran en juego
multitud de procesos y de decisiones que puede tomar la empresa a la hora de ofrecer
su servicio. En el caso de México, por ejemplo, la compañía llegó el 2001 a El
Saltillo con la promesa de mejorar “la accesibilidad del agua para los
saltillences”, según una investigación de PODER. Sin embargo, pocos años
después su actuación en la región ya era considerada “un millonario fraude” y
un gran número de familias se habían quedado sin acceso al agua. Por lo que se
refiere al caso nacional, las problemáticas son distintas, pero también
contradirían las recomendaciones de la ONU por distintas razones: precios
abusivos, falta de transparencia y una política contraria a la participación
ciudadana, entre otras cuestiones.
Según cifras de la asociación de
consumidores Facua, el precio del agua en el Estado español en 2019 fue de
24,41 euros sin IVA al mes. Sin embargo, hay ciudadanos que en sus localidades
pagaron prácticamente el doble. Facua analizó el precio del suministro de agua
en 53 ciudades y el municipio que registró un precio más caro fue Barcelona con
una mensualidad de 46,89 euros. La capital catalana iba seguida de Murcia
(38,86 euros/mes), Tarragona (37,71 euros/mes), Huelva (37,50 euros/mes) y
Lleida (37,40 euros/mes).
En todos los casos, las
concesiones están en manos de consorcios de capital mixto participados —a
excepción de la ciudad de Lleida que es gestionada por Aqualia— filiales de
Suez España, es decir por empresas del mismo grupo que Agbar. La última posición
de la tabla está ocupada por la ciudad de León, cuyo servicio recae también en
una filial de Suez España y que supone un gasto a la ciudadanía de 5,49 euros
al mes. En cuanto a las localidades del estudio que cuentan con un servicio de
suministro público —20 ciudades de las 53 localidades avaluadas— la horquilla
se mueve entre los 36,27 euros por mensualidad en Sevilla a los 13,36 euros en
Lugo, precios más próximos a la mediana que no los privados o mixtos.
Por lo que se refiere a la
transparencia, Agbar no aboga por exponer a la sociedad sus acciones y
movimientos sino más bien al contrario. En mayo de 2018 estaba prevista una
Multiconsulta no vinculante en Barcelona organizada por el consistorio que
quería recoger la opinión ciudadana acerca de distintas cuestiones. Una de las
preguntas tenía que estar relacionada con la gestión del agua y Agbar hizo
distintos movimientos jurídicos para intentar suprimir la pregunta de la
propuesta de votación.
Por lo que se refiere a la
transparencia, Agbar no aboga por exponer a la sociedad sus acciones y
movimientos sino más bien al contrario. En mayo de 2018 estaba prevista una
Multiconsulta no vinculante en Barcelona organizada por el consistorio que
quería recoger la opinión ciudadana acerca de distintas cuestiones. Una de las
preguntas tenía que estar relacionada con la gestión del agua y Agbar hizo
distintos movimientos jurídicos para intentar suprimir la pregunta de la
propuesta de votación.
Aunque la consulta finalmente no
tuvo lugar porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)
consideró nulo el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de
Barcelona —a raíz de un recurso interpuesto por Abogados Catalanes por la
Constitución— por entrar en contradicción con las leyes estatales, la filial de
Suez llegó a presentar un recurso parar frenar la iniciativa. La compañía
consideraba que la pregunta no era lo “bastante clara” y que la consulta era
“ilegal” ya que el consistorio “invadía competencias” propias de otros
organismos. El Salto ha contactado con Aigües de Barcelona para preguntar a la
compañía acerca de esta y otras cuestiones y en el momento de publicación del
reportaje no había obtenido respuesta.
EL PODER JUDICIAL: LOS
ENTRESIJOS DE UNA BUENA RELACIÓN
Las maniobras para frenar la
multiconsulta, pero, no han sido las únicas que han significado la apertura de
un proceso judicial para Agbar. El 20 de noviembre de 2019 el Tribunal Supremo
dictaba una sentencia en la que daba el visto bueno al proceso de creación de
la empresa mixta —Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana del Cicle Integral
de l’Aigua— que ostenta la concesión en el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB), propiedad al 70% de Suez, 15% del AMB y 15% de Criteria. Con esta decisión
se cerraba un capítulo de ocho años en los tribunales después que en 2011 la
multinacional firmara con la AMB la creación de la mixta que gestionaría el
ciclo del agua sin concurso público previo hasta el 2047. La acción se rubricó,
en cambio, a través de un procedimiento negociado.
La sentencia del TS, a la que ha
tenido acceso este medio —que levantaba la suspensión de la concesión dictada
por el TSJC tres años antes dificultando así las posibilidades de optar a una
gestión pública del servicio—, argumenta que es necesaria la diferenciación
entre competencias municipales y municipalización de la concesión, además de
afirmar que el cambio de manos de la concesión no es automático. El texto
también expone que “existieron varios intentos de municipalizar, o
supramunicipalizar, el servicio, que no llegaron a consumarse: en 1966 por el
Ayuntamiento de Barcelona y en 1982 por la Corporación Metropolitana de
Barcelona (CMB) [periodo durante el cual el actual presidente ejecutivo de
Agbar, Àngel Simón ostentó distintos cargos en el organismo] predecesora de la
actual AMB”, de modo que un nuevo intento también podría resultar fallido.
Igualmente, la Sala Tercera del
Tribunal Supremo remarca que “ni el Estado, en 1953, actuó
extracompetencialmente otorgando una concesión “provisoria, tácita o en
precario” [según la sentencia del TSJC], ni el contenido de la “plena
concesión, por un período de 99 años, se vio afectada por la incidencia que
sobre la misma pudieran haber tenido las sucesivas modificaciones legislativas,
bien materia de aguas, bien en materia de gestión de servicios públicos por las
entidades locales”. Es decir, que el Estado actuó entonces correctamente.
Miriam Planas, portavoz de la
plataforma Aigua és Vida, considera que la decisión del alto tribunal “asegura
los intereses de las empresas”, acción que a su entender ya había hecho otras
veces como en el caso del rescate a la banca. Planas reconoce que les
“sorprenden muchos los fundamentos jurídicos de esta sentencia, pero no nos
sorprende tanto la actitud del Supremo”.
EL RASTRO DE LA CORRUPCIÓN
A pesar de los múltiples lazos
que unen a la hídrica con el cuerpo judicial, esto no le ha evitado verse
involucrada en distintos casos de corrupción en los últimos años. El caso más
grande en el que la filial de Suez España está siendo investigada es el Caso
Pokémon, pero también consta en calidad de investigada en las instrucciones de
otros casos como el “3%” en Cataluña y resulta un actor clave para entender la
investigación judicial que involucra el Canal Isabel II de Madrid con el caso
Lezo.
La Fiscalía Anticorrupción está
investigando a cinco filiales del grupo —Aquagest, Sorea, Aqualogy,
Construccions i Rebaixos y Anaigua— por haber dado presuntamente 855.000 euros
a la fundació CatDem, epicentro de la trama de corrupción 3%, entre 2008 y
2012. Del total dado, 715.000 euros provenían de Sorea y Aquagest y los 140.000
euros restantes de las otras tres filiales. De este modo, Agbar lidera las
compañías que dieron parte de sus capitales a la preseunta financiación
irregular de la antigua Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) y actual
Partit Demòcrata (PDECat). Igualmente, en el mismo periodo, la empresa Acciona,
otro de los grandes actores del sector, realizó dos donaciones de 30.000 euros
cada una en 2011.
Agbar lidera las compañías que
dieron parte de sus capitales a la presunta financiación irregular de la
antigua Convergencia y actual Partit Demòcrata (PDECat)
Respecto al caso Lezo, si bien
es cierto que se centra en la presunta desviación de fondos públicos para la
financiación de miembros del Partido Popular del gobierno de la Comunidad de
Madrid presidido por Ignacio González, el nombre de Agbar aparece en los
inicios del pelotazo. Tal y como se explica en el libro Más claro agua. El plan
de saqueo del Canal Isabel II, “las competencias de la empresa pública CYII
[Canal Isabel II] abarcaban los servicios de agua promovidos directamente por
la Comunidad de Madrid y los confiados a ella en su ámbito territorial mediante
convenios firmados con los ayuntamientos”. Sin embargo, “entre 1994 y 2002, el
CYII constituyó varias sociedades anónimas para cuya creación el Consejo no
estaba expresamente facultado”, entre las cuales apareció la sociedad Canal
Extensia “y la oferta de adquisición de la empresa colombiana INASSA (Sociedad
Interamericana de Aguas y Servicios S.A.)”. Precisamente INASSA fue creada en
1996 por el Grupo Agbar, que poseía el 51% de la sociedad, en Barranquilla
(Colombia) para llevar el agua potable hasta el municipio. En el 2000 Aigües de
Barcelona vendió su participación por falta de rentabilidad del negocio a su
socio, que la adquirió a través la Sociedad de Aguas de América y por un valor
de ocho millones de dólares de aquella época. Fue entonces cuando la sociedad
andina encontró nuevos socios en Madrid —el gobierno de Alberto Ruíz-Gallardón
y un CYII bajo la presidencia de Carlos Mayor Oreja— y nació Canal Extensía,
que un año después compraría “el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83,6
millones de euros), 10 veces más que lo que habían pagado un año antes los
socios colombianos por el 49%”, según informaba El Confidencial.
En lo que se refiere al caso
“Pokémon”, a pesar de tener origen en la judicatura de Lugo (Galicia), sus
distintas piezas salpicarían de lleno el lobby del agua y llegarían a distintos
territorios de la geografía española. La instrucción fue iniciada en el Juzgado
de Instrucción número 1 del municipio por la magistrada Pilar de Lara durante
2011 a fin de investigar la presunta corrupción en distintos ayuntamientos
gallegos gobernados por el PP y el PSOE. En dicha macrocausa de nueve piezas se
encontraría inmersa la filial de Agbar Aquagest. De hecho, un auto de De Lara
de setiembre de 2015 al que ha tenido acceso este medio tildó la filial de
Agbar de “verdadera asociación ilícita”. Esta resolución supuso cambios en el
organigrama interno de Agbar que decidió, en 2016, empezar a usar una
terminología distinta para referirse a los distintos territorios del Estado
donde opera. Aigües de Barcelona pasó a llamarse Aquadom y en cada Comunidad
Autónoma la terminología varió. La compañía vinculaba el cambio entonces a
“motivos de proximidad y cercanía al territorio” desvinculándolo por completo
de “Pokémon”.
LOS EFECTOS COLATERALES DE LA
PUGNA
Las maniobras de Agbar, pero, no
tuvieron solo esta consecuencia. A finales de enero de este año la magistrada
De Lara fue sancionada por el CGPJ con siete meses y un día sin empleo y sueldo
además de la pérdida de su destino en Lugo. A pesar de que la cúpula judicial
justifica el cese por supuestos ”retrasos injustificados“ y ”desatención"
a los casos que le costaron la apertura de un expediente disciplinario, su
defensa lo relaciona altos cargos del CGPJ en Pontevedra. Desde 2007 Pilar de
Lara había trabajado en Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo donde había
instruido casos de corrupción como el caso “Pokémon” que habían puesto el cerco
en políticos gallegos y del resto del Estado, empresarios, funcionarios y
agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros. En el
caso, el negocio del agua es uno de los ejes centrales y algunas fuentes
consultas apuntan que más allá de los retrasos de varios años tras la
inhibición de la jueza, la cuestión de fondo guardaría relación con la puesta
en duda de algunos nombres y empresas que mantienen buena relación con las
altas instancias judiciales.
Desde la apertura del expediente
disciplinario y a la espera de que el CGPJ tomara una decisión, la juez siguió
instruyendo casos y notificó hasta el último momento autos de gran relevancia.
La misma semana de su suspensión, por ejemplo, notificó un escrito de autos
sobre el caso Pokémon de 514 folios en los que aparece citada la filial de
Agbar Aquagest.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS LANZA UNA
ALERTA
Más allá de los líos que acarrea
la gestión del agua y de los rifirrafes entre actores privados para controlar
el sector, hay organismos que están empezando a poner el foco en la calidad de
la red que distribuye el agua de boca por todo el Estado. El Tribunal de
Cuentas hizo público un informe el pasado 27 de enero al que ha accedido El
Salto en el que pedía más coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las
Comunidades Autónomas a la hora de informar sobre cuestiones relativas a los
controles sanitarios del agua. En el texto, el Tribunal recordaba que “no se
han aprobado las disposiciones que deben regular las autorizaciones para el uso
e instalación de materiales y productos de construcción en contacto con el agua
de consumo humano”. Asimismo, también quedaría pendiente establecer “el método
de muestreo armonizado para el cromo, cobre, níquel, y plomo”.
El Tribunal también recuerda al
Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar que todavía “no ha establecido los
contenidos formativos que deben ser superados para obtener el certificado o
título que capacite al personal de mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones
de las piscinas ni concretado las condiciones de la obtención de esta
capacitación”. Igualmente señala “la falta de acreditación de la certificación
establecida en la normativa, en más de la mitad de los laboratorios que
efectuaron controles en 2017; la ausencia de la preceptiva comunicación al
Ministerio, por parte de las CCAA, de sus respectivos Programas Autonómicos de
Vigilancia Sanitaria (PAVS)”.
El entramado descomunal que se
esconde detrás de la fachada visible del sector hídrico en España está, en gran
parte, oculto a la ciudadanía. En este sentido, queda todavía camino por
recorrer si quiere hacerse del agua un bien público y su acceso un derecho
humano compartido. https://www.elsaltodiario.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
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