Jueves, 21 de agosto de 2025 – Año XX – Edición 4779
Juliaca: Proyecto integral de agua
sufre graves irregularidades
Crisóstomo Benique Apaza advirtió que la falta de planta de tratamiento expone a la ciudad a riesgos ambientales graves y a problemas de contaminación en ríos locales
El expresidente del proyecto integral de agua y desagüe de
la provincia de San Román, Crisóstomo Benique Apaza, revela que el proyecto
integral de agua y desagüe de Juliaca enfrenta serias irregularidades después
de que la empresa COVANOR abandonara las obras, dejando deudas millonarias con
trabajadores y proveedores que comprometen el suministro hídrico.
Este proyecto estratégico, valorado en cinco millones de
soles y respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo, quedó paralizado
cuando la constructora COVANOR se retiró inesperadamente, generando una crisis
que afecta gravemente el avance de esta infraestructura vital.
La ausencia de una planta de tratamiento de aguas
residuales representa un riesgo ambiental crítico para la ciudad, ya que los
dirigentes temen que los ríos se taponen nuevamente, causando graves problemas
de contaminación y sufrimiento a toda la población juliaqueña.
Crisóstomo identifica la desunión entre líderes locales
como un obstáculo fundamental para ejercer fiscalización efectiva, señalando
que algunos dirigentes alquilan sus locales al proyecto o emplean familiares,
limitando así la supervisión independiente de las obras en ejecución.
La Unidad Coordinadora del Proyecto, establecida
específicamente en Juliaca, opera con más de veintidós trabajadores cuyos
salarios se financian directamente del presupuesto asignado, representando un
gasto de millones de soles anuales que reduce los recursos disponibles para
construcción.
Esta oficina coordinadora tiene la responsabilidad de
supervisar licitaciones y contratos, pero no logró detectar los antecedentes
negativos de la empresa COVANOR, que previamente había enfrentado problemas
similares en proyectos ejecutados en la región del Cusco.
Durante el año anterior, esta unidad administrativa gastó
dieciocho millones de soles únicamente en pagos de personal, recursos que
provienen del préstamo principal del proyecto y la contrapartida gubernamental,
no del financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo.
La población juliaqueña exige transparencia total y acciones inmediatas para resolver estas anomalías administrativas, demandando que el proyecto avance sin más dilaciones para garantizar finalmente el acceso universal al agua potable y salvaguardar los legítimos intereses de todos los ciudadanos. https://pachamamaradio.org/
HIDROREGIONES PERÚ
GORE – Puno frena acciones contra contaminación minera en el río Ramis por usar laboratorios sin certificación
El Gobierno Regional de Puno no actúa contra la
contaminación minera en el río Ramis porque los análisis de agua se realizan en
laboratorios que no tienen certificación oficial. Según un informe de la
Contraloría, esta irregularidad impide sancionar a las empresas responsables.
La Dirección Regional de Energía y Minas no notifica los
resultados de las muestras, aunque estas superan los límites permitidos de
calidad ambiental. Sin la validación del INACAL, las autoridades no pueden
iniciar procesos administrativos, a pesar de que ya hay evidencia de
contaminación.
El documento, emitido el 12 de agosto, advierte que la demora en actuar pone en riesgo la salud de miles de familias que consumen agua del río Ramis y sus afluentes. La cuenca abastece a zonas agrícolas, ganaderas y poblados, pero la falta de rigor en los procedimientos frena cualquier acción legal.
El problema no es la ausencia de pruebas, sino su falta de
validez legal. Aunque los estudios detectaron irregularidades, no sirven para
aplicar sanciones, lo que permite que la minería siga operando sin
restricciones.
El informe no detalla un monto económico afectado, pero el
impacto social es grave. Agricultores y ganaderos enfrentan pérdidas en
cultivos y ganado, además de riesgos para la salud por el consumo de agua
contaminada.
La población exige soluciones, pero las autoridades aún no ofrecen respuestas concretas. Mientras tanto, la contaminación sigue avanzando sin que haya medidas para detenerla. https://pachamamaradio.org/
Asesor de alcaldía de la municipalidad provincial de San Román y su sospechoso nexo con empresa Sigma
El contador público Freddy Lipa
Fernández fue designado asesor de alcaldía en la Municipalidad Provincial de
San Román mediante resolución 004-2025 desde el 2 de enero de 2025.
Anteriormente ocupó el cargo de gerente de administración desde enero de 2023
según resolución 004-2023. Su nombramiento genera controversia por vínculos laborales
previos con empresas contratistas del municipio.
Los registros laborales revelan
que Lipa Fernández trabajó cinco meses en 2007 para la empresa Sigma Ingeniería
y Construcción SAC. Esta compañía resultó adjudicataria de múltiples
licitaciones en instituciones públicas locales, incluyendo EPS SEDAJULIACA,
donde junto a otra empresa ejecutan Programa de Medidas de Rápido Impacto
PMRI-I y la propia municipalidad de San Román. La situación plantea
interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la administración
municipal actual.
La empresa Sigma Ingeniería
obtuvo la adjudicación del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Movilidad
Urbana en Avenida Rinconada Prolongación Avenida Loreto” el 22 de febrero de
2024. El contrato establece un presupuesto de 6 millones 194,285 nuevos soles
con plazo de ejecución de 210 días calendario. La obra debía concluir en
octubre de 2024.
Sin embargo, el proyecto
presenta retrasos significativos y continúa ejecutándose con avance físico
limitado según reportes actuales. Los 210 días calendario establecidos
contractualmente vencieron hace meses, generando incumplimientos que deberían
activar penalidades según normativa de contrataciones públicas. La situación
afecta directamente a los ciudadanos del distrito de Juliaca.
Orlando Fernández Seje,
dirigente provincial de San Román, manifestó preocupación por la existencia de
“un supuesto mini club de la construcción” que habría “capturado todas las
obras” municipales. Sus declaraciones apuntan a irregularidades en los procesos
de contratación pública que favorecerían a determinadas empresas constructoras.
El dirigente señaló que
profesionales y obreros de la obra de prolongación Loreto permanecen impagos
desde abril de 2024. Esta situación irregular se mantiene pese a los
incumplimientos contractuales evidentes, sin que autoridades municipales
apliquen sanciones correspondientes.
Los denunciantes solicitan la investigación y posible destitución de funcionarios. La situación evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de control interno y supervisión. https://pachamamaradio.org/
HIDROMUNDO
Trabajadores de AySA rechazan la privatización: "El agua no es una mercancía, es un bien social"
El gremio que nuclea a los
trabajadores de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) rechazó este miércoles el
proceso de privatización impulsado por el Gobierno. "La empresa estatal es
una herramienta esencial para garantizar un derecho humano fundamental, como es
el acceso al agua y al saneamiento", indicó en un comunicado.
El Sindicato Gran Buenos Aires
de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) salió de ese modo al cruce de la
Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada ayer en el Boletín
Oficial, que inició el proceso de venta del 90% de las acciones de la compañía
al sector privado.
En un comunicado con la firma de
su titular, José Luis Lingeri, se afirma que el Gobierno dio a conocer cifras y
conclusiones “erróneas” expresando que “la gestión estatal de AySA ha sido
‘ineficiente y costosa’, ubicándola como 'el segundo peor operador de la
Región' en base a un cuadro comparativo”.
“Dicho indicador mide únicamente (el área de) la cobertura, sin considerar la calidad ni la performance en la operación del servicio. De este modo, se inducen conclusiones erróneas que no reflejan el verdadero trabajo y compromiso que día a día sostienen los trabajadores de la empresa”, agrega el escrito gremial.
El sindicato cuestiona además
que desde el Gobierno “se mencionan necesidades de inversión por 15.000
millones de dólares y se asegura que el capital privado será la solución”.
“Cabe preguntarse qué grupo
empresario estaría dispuesto a invertir semejantes sumas para expandir el
servicio, hacia sectores que necesariamente requieren subsidios estatales y que
no representan rentabilidad inmediata. La experiencia histórica demuestra que
la lógica del mercado no garantiza inclusión, sino que prioriza la rentabilidad
por sobre el acceso universal”, afirma el SGBATOS.
El gremio asevera además que “el
agua no es una mercancía, es un derecho humano esencial y un bien social que
debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación
activa de sus trabajadores y trabajadoras”.
Afirma asimismo que “sostener
que la privatización permitirá llegar a los 5 millones de argentinos sin agua y
cloacas carece de sustento real”, y resalta que “en un esquema privatizado,
nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento
a la población más vulnerable”. https://lmdiario.com.ar/
“Defender el Agua es Defender la Vida”