Martes, 18 de noviembre de 2025 – Año XX – Edición 4841
Exigimos la inmediata intervención de
los órganos de control ante presuntos actos de corrupción y presuntas
injerencias indebidas en SEDAPAL
COMUNICADO N° 102-2025/CDN FENTAP
La FENTAP, en ejercicio de su deber de vigilancia
sindical y defensa de la transparencia en la gestión de los servicios de agua y
saneamiento, pone en conocimiento de los trabajadores de SEDAPAL, de la
ciudadanía y de las autoridades competentes, hechos sumamente graves que
requieren una reacción inmediata del sistema de control del Estado.
Hemos recibido información preocupante respecto a presuntas
decisiones irregulares y posibles actos de corrupción en la alta dirección de
SEDAPAL, específicamente vinculadas a la gestión y facturación de los Valores
Máximos Admisibles (VMA) para las descargas a las redes de alcantarillado,
regulados por SUNASS.
Los VMA están normados por:
• Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las
descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado
sanitario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA.
• Norma complementaria al Decreto Supremo N°
010-2019-VIVIENDA, Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las
descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado
sanitario, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.°
011-2020-SUNASS-CD
• El principio de competencia administrativa establecido en
la Ley 27444 – LPAG.
• Procedimientos internos de SEDAPAL que le otorgan la
responsabilidad a la Gerencia de Gestión de Aguas Residuales a través del
Equipo Evaluación de Calidad de Aguas Residuales para monitorear, supervisar,
registrar y facturar los VMA.
1. SOBRE LOS HECHOS DENUNCIADOS
Según la información recibida, el Gerente General de
SEDAPAL habría suscrito un acuerdo en el Ministerio de Vivienda con la
CONFENATM, comprometiéndose a suspender los cobros por VMA a mercados y
comerciantes, lo que implicaría:
Presunta extralimitación de funciones, contraviniendo
el ROF y MOF de SEDAPAL.
• Presunta usurpación de funciones, al adoptar
decisiones que son competencia exclusiva de la Gerencia de Gestión de Aguas
Residuales a través del Equipo de Evaluación de Calidad de Aguas Residuales y
de SUNASS.
• Posible favorecimiento indebido a un sector
económico específico.
• Vulneración del principio de equidad tarifaria,
discriminando a miles de usuarios que sí cumplen con la normativa vigente.
Si estos hechos se confirman, estaríamos ante una
situación que compromete la legalidad, la transparencia institucional y la
sostenibilidad financiera de la empresa.
2. CONSECUENCIAS DE ESTAS DECISIONES IRREGULARES
Una eventual exoneración o anulación de consumos por
VMA a mercados:
• No tendría ningún sustento técnico ni normativo.
• Generaría un perjuicio económico directo a SEDAPAL,
en tanto la normativa de VMA fue generada con el fin de resarcir el daño que
las descargas inapropiadas generan a las redes de alcantarillado.
• Produciría un trato discriminatorio respecto de
miles de micro y pequeños comerciantes.
• Podría obligar a que otros usuarios terminen
subvencionando los costos provocados por los grandes consumidores.
3. EXIGIMOS LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE LOS ÓRGANOS
DE CONTROL
En términos condicionantes y conforme a la gravedad de
los hechos, exigimos:
1. La inmediata intervención de la Oficina de Control
Institucional (OCI) de SEDAPAL, a fin de abrir investigación preliminar.
2. La actuación de la Contraloría General de la
República, para verificar presuntos actos de corrupción y posibles perjuicios
económicos contra SEDAPAL.
3. La intervención de la Fiscalía Especializada en
Corrupción de Funcionarios, ante la eventual comisión de delitos como abuso de
autoridad, negociación incompatible o colusión.
4. Que la SUNASS se pronuncie y disponga acciones de
supervisión, pues los VMA forman parte de la regulación tarifaria.
5. Que la Comisión de Fiscalización del Congreso de la
República convoque de inmediato al Gerente General para rendir cuentas sobre
estos hechos.
4. DEMANDAMOS DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACUERDO
IRREGULAR
La FENTAP
exige que todo acuerdo externo que contravenga las competencias técnicas de
SEDAPAL sea dejado sin efecto inmediatamente, hasta que las investigaciones
determinen responsabilidades.
5. LA FENTAP
RECHAZA TODA FORMA DE CORRUPCIÓN E INJERENCIA POLÍTICA
Reafirmamos que:
• La gestión del agua debe ser transparente y técnica.
• No permitiremos que intereses políticos, económicos
o externos vulneren la legalidad.
• Defenderemos la equidad tarifaria y la
sostenibilidad del servicio en beneficio del pueblo.
La FENTAP
estará vigilante y actuará con firmeza ante cualquier irregularidad que afecte
a la empresa, a los trabajadores y al servicio público del agua.
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
Lima, 17 de noviembre de 2025
HIDROREGIONES PERÚ
Arequipa: Perjuicio de casi S/1.5 millones por deficiencias en obra de agua y desagüe en Uchumayo
La Contraloría identificó un perjuicio económico de S/ 1
480 560 en la Municipalidad Distrital de Uchumayo debido a graves deficiencias
en el expediente técnico y en la ejecución de la obra de saneamiento ejecutado
en el sector de Congata – II Etapa.
De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º
011-2025-2-1315-AC, se reveló presunta responsabilidad penal y administrativa
de tres servidores de la anterior gestión municipal (2019-2022), por aprobar un
adicional de obra sin la debida evaluación técnica.
La auditoría detalla que el cálculo hidráulico del
expediente adicional era deficiente e inadecuado, lo que ocasionó que el
sistema no alcanzara la presión mínima para el adecuado servicio de agua
potable. Pese a esta advertencia, la entidad aprobó la liquidación final del proyecto.
Debido a estas irregularidades, la comuna efectuó pagos
irregulares por S/ 1 433 633, monto consignado como perjuicio económico
directo. Sumado a ello, S/ 30 667 por deficiencias en la construcción del
reservorio de tanque elevado y S/ 16 260 por la inaplicación de penalidades
contractuales.
OBRA
Cabe mencionar que el expediente técnico del proyecto fue
aprobado el 3 de mayo de 2021 con un costo de S/ 3 694 240, y por un plazo de
ejecución de 120 días calendario. Los trabajos iniciaron el 20 de diciembre de
2021 y debía terminar el 18 de abril de 2022.
Sin embargo, debido a suspensiones y ampliaciones de plazo,
la obra terminó el 28 de octubre de 2022 y recepcionada el 21 de diciembre del
mismo año.
Ante ello, el informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del municipio de Uchumayo ya fue notificado al actual alcalde, recomendando que la Procuraduría inicie acciones penales contra los presuntos responsables. https://diariocorreo.pe/
Dirigentes exigen información del ministerio de Vivienda sobre situación del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado para Juliaca
Eusebio Cabrera Chunga y Víctor Jihuallanca,
dirigentes de nuestra ciudad informaron las acciones realizadas en su viaje a
Lima, sobre el Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado para beneficiar a más
de 217 urbanizaciones de Juliaca-
Cabrera Informó que, tras una
reunión interna, aprobaron por unanimidad una agenda que fue presentada al
ministro. Entre otros puntos se ha pedido un informe para que el Ministerio
entregue información documentada sobre el retraso y abandono de la primera
etapa, cuya paralización preocupa a los habitantes de la zona.
Asimismo, solicitaron «un
informe detallado sobre el proceso de evaluación en la licitación, debido a que
la empresa seleccionada no habría cumplido con los plazos establecidos, lo que
generó el fracaso del proceso hasta la fecha».
Cabrera Chunga explicó que
algunos de los pedidos fueron respondidos por las autoridades, pero que aún
persisten vacíos importantes, «como el tema del control concurrente, indicando
que existe un presupuesto de 21 millones de soles destinado a la intervención
de los órganos de control, entre ellos la Contraloría General de la República,
la Comisión de Fiscalización del Congreso, la Defensoría del Pueblo y el
Ministerio Público».
Aclaró que la presencia de estos
entes fiscalizadores no busca paralizar el proyecto, sino garantizar que se
detecten y corrijan a tiempo posibles irregularidades o necesidades durante la
ejecución o licitación. “La intervención de estas autoridades es para dar
viabilidad al proyecto, no para detenerlo”, dijo.
Por su parte Víctor Jihuallanca
expresó su preocupación por la postura de algunos grupos que, según señaló, se
oponen “a gritos” a la intervención del control concurrente en la obra.
Indicaron que esta resistencia es perjudicial, pues limita la transparencia y
el seguimiento adecuado del proyecto.
Ante ello, Jihuallanca afirmó que, tras la reunión con las autoridades, se les aseguró que la intervención del control concurrente será constante y permanente desde la fecha. https://ladecana.pe/
Pobladores de Leoncio Prado se movilizan en contra de toda actividad minera en la zona
El pasado sábado 15 de
noviembre, la ciudad de Tingo María fue escenario de una multitudinaria
movilización social en la que participaron representantes de los diez distritos
de la provincia de Leoncio Prado, quienes expresaron su rechazo a las
actividades mineras que, según señalaron, afectan el desarrollo de la
agricultura local, el turismo y la ecología.
La información fue confirmada
por Manuel Rosales García, consejero regional por dicha provincia.
Rosales indicó que desde las
primeras horas del día llegaron delegaciones de todos los distritos, motivadas
únicamente por la defensa de su hábitat natural y de sus actividades económicas
y sociales, hoy en riesgo por la presencia de la minería ilegal e informal que
avanza hacia los lugares más recónditos, arrasando con cultivos y recursos.
También advirtió sobre la
intervención de la gran minería, representada por Hanna Metals, que desarrolla
exploraciones en dos distritos y cuya expansión podría poner en peligro la
agricultura, la ecología y el turismo en la zona.
El consejero detalló que cientos
de pobladores provenientes de caseríos, centros poblados y capitales
distritales se movilizaron para manifestar su rechazo a todo tipo de minería,
desde la ilegal e informal que afecta cultivos, bosques y acceso al agua, hasta
la gran minería que ocupa extensos territorios.
Asimismo, Rosales señaló que
existe una posición dividida entre las autoridades regionales: mientras el
gobernador respalda la defensa del territorio, la Dirección Regional de Energía
y Minas, a través de su titular, mantiene una postura alineada con el
Ministerio de Energía y Minas, promoviendo la actividad minera sin considerar
la intangibilidad del territorio amazónico. https://tudiariohuanuco.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”