Viernes, 7 de noviembre de 2025 – Año XX – Edición 4834
Colegio de Arquitectos de Piura alerta sobre deficiencias en sistemas de drenaje pluvial y exige acciones urgentes al Gobierno
El Colegio de Arquitectos de Piura (CAP) expresó su
profunda preocupación ante la falta de avances en la corrección de observaciones
técnicas sobre los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas
de Lluvia (SARES), ejecutados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) en coordinación con autoridades regionales y locales.
El decano del CAP Piura, Leopoldo Villacorta Icochea,
calificó como “inaceptable” la pasividad de las autoridades frente a un
problema que, cada temporada de lluvias, afecta gravemente a la población
piurana. “Lo que la lluvia revela no son solo las deficiencias de la
infraestructura, sino la incompetencia de quienes deberían garantizar
soluciones efectivas”, declaró el representante del gremio, lamentando que, desde
marzo de 2024, ninguna de las observaciones formuladas por la institución haya
sido atendida.
Deficiencias técnicas y falta de
mantenimiento
Durante una visita técnica realizada en marzo junto al
viceministro de Construcción y Saneamiento, Jorge Bustamante, y funcionarios
del MVCS, el CAP Piura identificó fallas estructurales y de diseño en los
sistemas SARE. Entre las principales observaciones destacan:
Baja capacidad de las rejillas para captar el volumen de
agua pluvial.
Mala ubicación de las piscinas subterráneas.
Ausencia de elementos de amortiguamiento en las bombas de
succión, afectando su operatividad.
Asimismo, el informe técnico del gremio detectó
deformaciones en las tuberías por el peso del tránsito vehicular, estructuras
mal ubicadas en el centro de las vías que dificultan la transitabilidad, y la
falta de válvulas antirretorno en zonas críticas como el SARE Ignacio Merino,
donde existe alto riesgo ante eventuales crecidas del río Piura.
“Las lluvias seguirán poniendo a prueba
la falta de planificación”
El decano Villacorta insistió en que la inacción de las autoridades pone en riesgo a toda la ciudad. “Las lluvias no solo evidencian deficiencias técnicas, sino también una preocupante falta de gestión pública. Cada año repetimos los mismos errores, y los ciudadanos son quienes pagan las consecuencias”, manifestó. https://eltiempo.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Analizan problemática del agua en el departamento de Piura
Los escases hídrica, la falta de plantas de tratamiento de
aguas residuales, redes de alcantarillados, mejor infraestructura, entre otras
necesidades fueron analizados el miércoles 5 en la sesión descentralizada de la
Comisión Especial Multipartidaria Pro-inversión, que preside la legisladora
Rosangella Barbarán Reyes (FP).
Durante la sesión, llevada a cabo en la ciudad de Piura, se
analizó el estado situacional de los proyectos de agua y saneamiento en dicha
jurisdicción, donde participaron funcionarios de diversas instituciones
públicas y privadas, quienes hicieron llegar sus propuestas y aportes al
respecto.
Antoni Abad Paúcar, subgerente de estudios y proyectos de
la Municipalidad Provincial de Piura, informó que vienen trabajando cuatro
proyectos de inversión para el sector de saneamiento como en los casos de Las
Palmeras y Almirante Miguel Grau, ya ejecutados en asentamientos humanos de la
provincia, y parte del casco urbano de dicha localidad, señalando que las obras
realizadas son aún insuficientes.
También se dio a conocer, que en la provincia Piura, los
sistemas de saneamiento y alcantarillado están siendo abordados a través de la
ejecución de la megaobra que beneficiará a más de 466 mil piuranos en los
distritos de Piura, Castilla y 26 de octubre, así como la reactivación de
proyectos como el de rehabilitación en el asentamiento humano Túpac Amaru.
Al respecto, el congresista Eduardo Castillo Rivas (FP)
señaló la necesidad de establecer mejores mecanismos de trabajo interinstitucional
que permitan el cierre de brechas en infraestructura y alcantarillado en Piura.
Consideró también se trabaje con otras instancias del Estado, así como con las
Asociaciones Públicas Privadas, que permitan ejecutar obras y proyectos de saneamiento
y alcantarillado.
“Se debe trabajar de forma integral con el sector privado y
el Estado, para avanzar en la mejora de la infraestructura de Piura, como en el
caso de la construcción de un nuevo hospital de EsSalud y del Minsa, con
características modernas y de alta complejidad, entre otras necesidades también
vinculado al sistema de represas, agua y el sector agrario”, manifestó.
Su colega Miguel Ciccia Vásquez (RP) también dio a conocer
su preocupación por la falta de agua potable en la región Piura, la
construcción de reservorios, la construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) y redes de alcantarillados para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos de Piura.
La titular de la comisión especial también manifestó la necesidad de tomar conciencia sobre la necesidad del cierre de brechas en infraestructura en Piura y trabajar con las Asociaciones Públicos Privados, así como trabajar un plan nacional de infraestructura con el apoyo de todas las instituciones del Estado. https://comunicaciones.congreso.gob.pe/
Fiscalía sobrevuela la Amazonía y detecta expansión del crimen ambiental
En una nueva acción de
vigilancia ambiental, la Fiscalía de la Nación, a través del coordinador
nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank
Almanza Altamirano, realizó un sobrevuelo de reconocimiento sobre áreas
críticas de la Amazonía peruana, donde la minería ilegal, la tala
indiscriminada y los cultivos ilícitos de hoja de coca avanzan sobre los
ecosistemas más frágiles del país.
La actividad formó parte del
proyecto “Fortalecimiento de la Gobernabilidad en áreas estratégicas de la
Amazonía”, impulsado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo
Sostenible (FCDS Perú), con el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP), el Gobierno Regional de Amazonas y la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).
Un vuelo sobre el corazón de la
selva
El operativo incluyó el
sobrevuelo de las provincias de Condorcanqui (Amazonas) y Datem del Marañón
(Loreto), abarcando los ríos Marañón, Santiago y Cenepa, donde las autoridades
constataron el deterioro ambiental causado por la expansión de actividades
ilícitas.
Desde el aire, se observaron
extensas zonas deforestadas, cauces alterados por dragas y campamentos mineros
ilegales a lo largo de las riberas. El fiscal Almanza señaló que “la Amazonía
enfrenta una amenaza silenciosa pero devastadora, y el Estado no puede
permanecer indiferente ante el avance de estas economías criminales que destruyen
el bosque y vulneran derechos humanos”.
Delitos ambientales en expansión
La minería ilegal continúa
siendo uno de los principales motores del crimen ambiental en la selva norte.
Según datos de la propia FEMA, en regiones como Amazonas y Loreto se han
identificado corredores fluviales usados por mafias para transportar maquinaria
pesada y combustible hacia las zonas mineras clandestinas.
Además, los cultivos ilegales de
hoja de coca han crecido en las últimas temporadas, desplazando a comunidades
nativas y generando conflictos socioambientales. A ello se suma la tala ilegal,
que no solo afecta la biodiversidad, sino que alimenta una red de contrabando
de madera con destino a los mercados nacionales e internacionales.
¿Por qué la Amazonía peruana sigue
siendo vulnerable?
Según el Ministerio Público, la
falta de presencia estatal, la debilidad institucional y la corrupción local
permiten que los delitos ambientales se consoliden como parte de una economía
paralela difícil de erradicar.
Un esfuerzo conjunto por la
gobernabilidad ambiental
La iniciativa de la FCDS Perú
busca fortalecer la gobernanza en las zonas de frontera amazónica, donde los
delitos ambientales suelen vincularse con el narcotráfico, la minería informal
y la trata de personas. Durante el sobrevuelo, los representantes del SERNANP y
la DICAPI pudieron verificar la cercanía entre campamentos ilegales y áreas
naturales protegidas.
“Esta operación no solo es
simbólica, sino estratégica. Nos permite identificar en tiempo real los puntos
críticos y actuar con rapidez”, comentó Almanza. El fiscal destacó además la
necesidad de “una articulación interinstitucional permanente que no se quede en
visitas aisladas, sino que consolide una política pública efectiva de control
ambiental”.
La mirada de la Fiscalía y la
urgencia del Estado
El recorrido sirvió también para registrar evidencia visual que alimentará futuras investigaciones y acciones fiscales. El Ministerio Público ha anunciado que reforzará su presencia en zonas vulnerables mediante el despliegue de fiscales itinerantes especializados en materia ambiental.
Para Almanza, “la protección de
la Amazonía es una tarea de todos, y requiere no solo sancionar a los
responsables, sino también prevenir el delito, empoderar a las comunidades y
garantizar alternativas económicas sostenibles”.
¿Cuál es el impacto real de la
minería ilegal en la Amazonía peruana?
Según estudios recientes del
Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), más de 1,200 hectáreas
fueron deforestadas solo en 2024 en zonas de frontera, afectando ecosistemas
críticos y fuentes de agua.
Compromiso institucional
La Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental (FEMA) reafirmó su compromiso de continuar realizando
acciones conjuntas con entidades públicas y privadas para combatir el crimen
ambiental en todas sus modalidades. La colaboración con la FCDS Perú busca
consolidar una red de vigilancia ecológica y fortalecer la presencia del Estado
en territorios donde la ilegalidad avanza más rápido que la ley.
En los próximos meses, se prevé
extender este tipo de sobrevuelos a otras regiones críticas como Madre de Dios,
Ucayali y San Martín, donde la presión sobre los bosques tropicales también es
alarmante.
Una Amazonía bajo asedio
La Amazonía peruana, considerada
una de las regiones más biodiversas del planeta, enfrenta una crisis ambiental
y social que amenaza su equilibrio ecológico y cultural. La intervención de la
Fiscalía marca un paso importante hacia la visibilización del problema, aunque
los expertos advierten que el reto va más allá de la fiscalización: implica una
transformación estructural en la gestión del territorio.
La presencia del fiscal Frank Almanza en el sobrevuelo no solo tuvo un valor operativo, sino también político, al enviar un mensaje claro de que la Fiscalía de la Nación asume su papel en la lucha contra los delitos ambientales y la defensa de los derechos de las comunidades amazónicas. https://caretas.pe/
HIDROMUNDO
Geopolítica del agua en América Latina y el Caribe
El agua no es sólo un insumo
para la producción, sino un factor de poder y disputa estratégica, capaz de
redefinir las relaciones entre Estados, comunidades, empresas e instituciones
financieras. En América Latina y el Caribe, esta disputa adquiere rasgos específicos
por la combinación de abundancia relativa, extractivismo, desigualdad en medio
de la crisis climática.
América Latina y el Caribe en la
encrucijada
Cómo ya venimos analizando,
América Latina y el Caribe se encuentra entre los objetivos estratégicos del
capitalismo financiero y tecnológico global, el que, para funcionar en esta
Nueva Fase de producción, necesita de agua dulce para las grandes metrópolis,
Litio para el funcionamiento de las nuevas tecnologías, Combustibles para las
industrias y Alimentos para poner en movimiento la Fuerza de Trabajo. Este
nuevo ALCA, lejos de tratarse de una retórica se materializa en la agudización
de las tensiones bélicas, comerciales y políticas que se multiplican en la
Región.
La empresa estatal israelí
Mekorot, denunciada por organizaciones internacionales por su rol en el
apartheid hídrico contra el pueblo palestino, ha extendido en los últimos años
su presencia en América Latina a través de un perfil bajo y métodos poco
transparentes.
Aunque formalmente se presenta
como una entidad pública, su accionar en la región replica el de una
corporación privada transnacional, con operaciones difíciles de rastrear,
intermediarios locales que eluden normas de contratación estatal y convenios
plagados de cláusulas de confidencialidad. Mekorot no fija domicilio ni
oficinas en los países donde actúa, lo que le permite moverse en un terreno
gris donde la rendición de cuentas y el control público resultan casi
imposibles.
En Brasil, participó en
proyectos en Belo Horizonte; en Colombia brindó consultoría a las Corporaciones
Autónomas Regionales de Cundinamarca y La Guajira; en República Dominicana, el
Plan Hídrico Nacional que elaboró en 2023 fue suspendido tras denuncias por
irregularidades; y en México firmó en 2013 un acuerdo con la Comisión Nacional
del Agua para asesorar en remediación de acuíferos.
Los casos más resonantes se
dieron en Chile y Uruguay, donde la empresa buscó posicionarse como referente
técnico en la gestión del recurso hídrico, pese a las críticas por sus
antecedentes y las condiciones contractuales impuestas.
En Chile, el convenio con el
Gobierno Regional del Biobío, firmado en 2023 a través de la fundación privada
“Desarrolla Biobío” fuera del régimen de compras públicas, generó fuertes
cuestionamientos de la comunidad palestina y de la organización Abogados por
Palestina, que denunció la falta de transparencia y cláusulas que someten los
conflictos contractuales a tribunales internacionales y legislación extranjera.
En Uruguay, Mekorot se vinculó a
OSE durante la crisis hídrica de 2023, ofreciendo asesorías por USD 275000 para
el manejo del agua del Río de la Plata, en el marco del polémico Proyecto
Neptuno, hoy frenado, quién buscaba privatizar parcialmente el acceso al agua
potable. Así, la empresa israelí avanza silenciosamente en el continente,
aprovechando las crisis climáticas y los vacíos institucionales para
transformar el agua —bien común vital— en un recurso estratégico bajo control
corporativo.
En Argentina, la empresa israelí
Mekorot logró avanzar silenciosamente en el sector hídrico gracias al impulso
del entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, quien en 2022 promovió una
visita oficial a Israel con mandatarios de diez provincias y alentó la creación
de una autoridad centralizada de gestión del agua bajo el modelo israelí.
A través del Consejo Federal de
Inversiones (CFI) —utilizado como intermediario para evitar controles públicos
y normativas de contratación—, Mekorot firmó convenios con Mendoza, San Juan,
La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del
Estero, y más recientemente con Neuquén, Chubut y Jujuy, alcanzando así la
mitad del territorio nacional.
Aunque los contratos son opacos
y carecen de información sobre montos o mecanismos de control, las provincias
los presentan como “Planes Maestros de Agua”. Detrás de este despliegue, la
empresa se inserta en zonas estratégicas para el agronegocio, la megaminería y
el petróleo, coincidiendo con el avance del modelo extractivista.
Frente a esta injerencia, surgió
la Campaña “Fuera Mekorot”, impulsada por asambleas ambientales, organizaciones
sociales y de derechos humanos, que denuncian la falta de transparencia, la privatización
encubierta del agua y los vínculos políticos y empresariales que sostienen la
expansión israelí en el país.
Frente a este panorama, es
necesario entender al agua como bien común, vital, frente a la concepción de
mercancía financiera. La soberanía territorial requiere la defensa acérrima de
nuestros bienes comunes, garantizando un acceso universal, una gestión
democrática, pero sobre todo la participación comunitaria.
La financiarización del agua, la
mercantilización y su uso como herramienta de guerra o dominación deben ser
objeto de una reflexión crítica profunda. Sólo así podremos asegurar que ese
recurso esencial, que define la vida, no quede al servicio de unos pocos, sino
al cuidado colectivo de los pueblos de nuestra américa. https://www.telesurtv.net/
“Defender el Agua es Defender la Vida”