Miércoles, 5 de noviembre de 2025 – Año XX – Edición 4832
Trabajadores del Sindicato Sutselam Chiclayo realizan plantón
Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Servicio
Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque SUTSELAM Chiclayo, participaron en el
PLANTON de labores en todas las sedes de la empresa EPSEL. “No desmayemos
compañeros hasta lograr revertir la suspensión de la entrega de los beneficios
ganados en el Laudo Arbitral Año 2021-2022. Tenemos que estar unidos en esta
lucha a una sola voz reclamando que no se vulneren nuestros derechos” señalaron
en una publicación de sus redes sociales.
Esta medida de fuerza continuará.
HIDROREGIONES PERÚ
¿Qué se viene ante la imposición de Tía María?
El reciente anuncio del Ministerio de Energía y Minas
(Minem), que autoriza el inicio de las actividades de explotación del proyecto
cuprífero Tía María, ha reavivado la tensión social en el Valle de Tambo y la
región Arequipa. Pese a que la empresa Southern Perú sostiene que ha cumplido
con todos los requisitos legales y ambientales, las comunidades del valle y
diversos especialistas advierten que el proyecto carece de condiciones
técnicas, legales y sociales para ejecutarse.
Este fue el eje de la más reciente edición de La Hora
Verde, que analizó la decisión del gobierno de José Jerí de autorizar el inicio
de operaciones del proyecto Tía María. El panel contó con la participación del
especialista en inversión privada Elvis Jump, y el abogado de la Red Muqui,
Rodrigo Lauracio. Ambos coincidieron en que la autorización al proyecto
representa una imposición política y un retroceso en materia ambiental y de
participación ciudadana.
Desde Arequipa, Elvis Jump explicó que el caso de Tía
María se sostiene sobre una “realidad ficticia” construida desde el discurso
oficial y mediático. “El país escucha que Tía María tiene todos los permisos,
pero la verdad es que no puede ejecutarse. No tiene tierras, no tiene agua ni
la legalidad necesaria. Es un proyecto inviable desde el punto de vista técnico
y económico”, señaló.
Jump, exgerente de inversión privada del Gobierno
Regional de Arequipa, precisó que Southern Perú no cuenta con los derechos de
servidumbre ni la propiedad superficial de los terrenos donde debería
construirse la planta de procesamiento, ubicada en la zona de Pampa Cachendo.
“No se puede iniciar una explotación minera sin contar con los terrenos donde
se procesará el mineral. La empresa solo tiene un acta provisional de entrega,
y eso no tiene validez legal”, advirtió.
A ello se suma la falta de licencia para el uso de
agua. “Tía María requiere 235 litros por segundo para procesar el mineral, pero
no tiene autorización ni de la Autoridad Nacional del Agua ni de la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas. Han intentado justificarlo diciendo que
usarán agua de mar, pero ni siquiera tienen permisos para construir la planta
desalinizadora”, afirmó.
El especialista añadió que el proyecto generaría un
fuerte impacto ambiental y económico en la región. “No solo afectaría al Valle
de Tambo y su agricultura; también pondría en riesgo el turismo y destruiría
ecosistemas frágiles como Lomas de Cachendo. Incluso amenaza patrimonio
cultural, como el antiguo ferrocarril de Mejía, una joya de la ingeniería
arequipeña”, sostuvo.
Desde la perspectiva jurídica, Rodrigo Lauracio,
abogado de la Red Muqui, destacó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto caducó en 2019, lo que vuelve inválida cualquier autorización para
iniciar operaciones. “El EIA fue aprobado en 2014 y tenía cinco años de
vigencia. Al no haber iniciado obras antes de 2019, perdió validez. Sin
embargo, el Minem y el Senace se niegan a declarar formalmente su caducidad,
permitiendo que Southern avance sin sustento legal”, explicó.
Lauracio agregó que el gobierno de José Jerí, al igual
que el anterior de Dina Boluarte, “mantiene una línea de continuidad en la
promoción de grandes proyectos extractivos pese a las irregularidades y la
falta de licencia social”. En esa línea, informó que las comunidades del Valle
de Tambo, con el acompañamiento de organizaciones civiles, han presentado una
medida cautelar y una demanda de amparo para frenar la resolución que autoriza
el inicio de la explotación.
El abogado también alertó sobre el riesgo de una nueva
ola de conflictividad. “El Valle de Tambo lleva más de una década resistiendo
este proyecto. La población no se opone a la inversión, sino a un modelo que
prioriza la rentabilidad minera sobre la vida, el agua y la agricultura. Si el
Estado insiste en imponer Tía María, se reactivarán las protestas y la
criminalización contra los líderes sociales”, advirtió.
Ambos especialistas coincidieron en que la aprobación
del inicio de operaciones de Tía María vulnera el Estado de derecho y los
principios básicos de gestión ambiental. “No se trata solo de un conflicto
agro-minero, sino de un problema de legalidad y de respeto a las normas. Si se
permite que una empresa actúe sin tierras, sin agua y sin estudio ambiental
vigente, estamos ante un Estado que renuncia a hacer cumplir la ley”, concluyó
Jump.
La Hora Verde puso sobre la mesa un debate urgente:
¿puede el país seguir apostando por proyectos que dividen territorios, agravan
la crisis climática y se sostienen en la ilegalidad? La respuesta, advierten
los especialistas, determinará no solo el futuro del Valle de Tambo, sino
también el rumbo del desarrollo en el Perú. https://cooperaccion.org.pe/
Vecinos exigen solución al problema de contaminación ambiental, inmensa laguna de aguas negras se forma en caserío de Yaurilla
n el caserío de Yaurilla,
comprensión del distrito de Los Aquijes, se ha formado una inmensa laguna de
aguas servidas, casi del tamaño de la legendaria Huacachina, gracias al grave
descuido de las autoridades locales que hasta ahora no buscan una solución
definitiva al alarmante problema de contaminación ambiental por el vertimiento
irresponsable del desagüe sin previo tratamiento.
Los vecinos comentan que al
comienzo Emapica trató de buscar solución al grave problema, pero que después
se desentendió con el argumento que el tratamiento de esas aguas servidas no es
su competencia, sino que esa jurisdicción pertenece a la JASS de Yaurilla.
La laguna se ha formado a
espaldas de la urbanización Las Piedras de Bellavista, donde la JASS realiza
todos los días el vertimiento de aguas pestilentes, estropeando el medio
ambiente y ocasionando un grave problema de contaminación por la proliferación
de insectos dañinos, tornando a la vez la atmósfera irrespirable.
Cansados de este grave problema,
los vecinos nuevamente solicitaron el apoyo de la prensa local para denunciar
lo que vienen padeciendo, temiendo por la salud de niños, mujeres gestantes y
ancianos, quienes son los más vulnerables.
Indicaron que innumerables veces
han solicitado que el alcalde Edward Amoroto intervenga y dé solución al
problema que vienen padeciendo, y que el alcalde no presta atención a sus
reclamos de vivir en un ambiente de paz y salubridad.
Al parecer estamos ante un
negociado culpable, ya que el problema de contaminación se arrastra dese hace
cinco años y cómo es posible que aparezca una lotizadora en la zona ofertando
lotes para viviendas, cuando los nuevos residentes tendrán que enfrentar la
misma pesadilla de las aguas servidas. La comuna aquijeña tendrá que aclarar si
ha otorgado licencia o no, sostuvo a este diario regional un exdirigente
vecinal. https://diariolaopinion.pe/
Más de 5 millones de colombianos siguen sin agua potable: Contraloría
Aunque Colombia alcanza un 97%
de cobertura en acceso a agua potable gestionada de forma segura, aún se
encuentra rezagada frente a países de la región como Chile, Brasil, Costa Rica,
Paraguay, República Dominicana y Perú, donde el índice supera el 99%.
El acceso al
agua y al saneamiento básico continúa siendo un desafío estructural para el
país. La Contraloría General de la República advirtió que más de cinco millones
de colombianos todavía no cuentan con agua potable, una situación que vulnera
derechos fundamentales como la salud, la vida digna y el ambiente sano.
El organismo de
control también alertó sobre un retroceso en la inversión pública destinada al
sector, lo que podría agravar las brechas existentes, especialmente en zonas
rurales y apartadas.
De acuerdo con
el informe, alrededor de 12,5 millones de personas carecen de alcantarillado
sanitario, mientras que 8,6 millones no disponen del servicio de tratamiento de
aguas residuales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la gestión y la
financiación de los proyectos de infraestructura básica.
Garantizar el
acceso universal a estos servicios es uno de los compromisos más relevantes del
Estado colombiano y un pilar fundamental para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. https://www.elnuevosiglo.com.co/
“Defender el Agua es Defender la Vida”