Miércoles, 17 de julio de 2019 –
Año XIV – Edición 3267 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
·
PERÚ
- Trabajadores se movilizan contra privatización de las empresas de agua del
Perú. Exigen al gobierno peruano derogatoria del Decreto Legislativo 1280,
presentarán demanda de inconstitucionalidad
·
PERÚ
– Piura. En diciembre habrá otro corte de agua para ejecutar trabajos
definitivos en el canal
·
PERÚ
- Los conflictos, ayer y ahora. Hace un par de meses estábamos inmersos en el
conflicto Las Bambas y ahora ya estamos entrando a un nuevo capítulo: el
conflicto en torno al proyecto Tía María, que ya tuvo dos estallidos sociales
previos, el año 2011 y el 2014.
·
ARGENTINA
- Daños ambientales en 8 zonas de Buenos Aires por la minería ilegal
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Trabajadores se movilizan contra
privatización de las empresas de agua del Perú
Exigen
al gobierno peruano derogatoria del Decreto Legislativo 1280, presentarán
demanda de inconstitucionalidad
El 19 de julio desde las 9:30 a.m., delegaciones de
ciudadanos y trabajadores, que han llegado desde diversas regiones del Perú,
realizarán una movilización en Lima, partiendo desde el Parque Universitario,
hacia la Plaza Bolívar y luego a la sede del Tribunal Constitucional, a fin de
presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo
1280, porque el gobierno de Martín Vizcarra, pretende privatizar todas las
Empresas de Agua del Perú.
Mientras en el mundo hay todo un proceso de
remunicipalización de los servicios de agua potable, por el rotundo fracaso de
la privatización; en el Perú se insiste en convertir el agua en una mercancía,
dándole facilidades y leyes a su medida al capital privado.
Por estos motivos y para evitar el encarecimiento del
agua a través de los tarifazos, la Federación Nacional
de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP - realizará esta movilización el viernes 19 de julio
en la ciudad de Lima
HIDROREGIONES PERÚ
En diciembre habrá otro corte de agua para ejecutar
trabajos definitivos en el canal
Terminaron los trabajos de reparación de un tramo del
canal Daniel Escobar, acueducto que proporciona de agua a las plantas de
tratamiento de Sullana y Curumuy. No obstante, estos trabajos ejecutados solo
son temporales porque no se colocó la losa de concreto, por lo que el Proyecto
Chira Piura (Pechp) ha programado para diciembre un nuevo corte de agua.
El gerente del Pechp, Manuel Barreno Rodrigo, informó que
los trabajos realizados durante estos diez días consistieron en reforzar el
canal con sacos de arena y geomembranas en varios sectores del canal, los
cuales suman unos 500 metros lineales.
LOS TRABAJOS
“En diciembre habrá otra intervención porque esta es una
medida temporal, hasta que hagamos trabajos definitivos, ahí se van a revestir
las losas con concreto (...) vamos a evaluar y ver qué debemos hacer para para
no dejar desabastecida a la población”, indicó Barreno Rodrigo.
En otro momento, el funcionario indicó que “para estas
situaciones, la EPS Grau debería tener un plan de contingencia, un reservorio
que les permita que ante este tipo de situaciones se evite el desabastecimiento
de agua”. DIARIO CORREO

Los conflictos, ayer y ahora
Hace un par de meses estábamos
inmersos en el conflicto Las Bambas y ahora ya estamos entrando a un nuevo
capítulo: el conflicto en torno al proyecto Tía María, que ya tuvo dos
estallidos sociales previos, el año 2011 y el 2014.
Lo cierto es que cada vez que
entramos a un contexto en que un conflicto social está por estallar o ya
estalló, súbitamente tendemos a perder la memoria y algunos apuestan a que la
gente se olvide del pasado reciente y no tan reciente. Los “expertos en
conflictos” olvidan, por ejemplo, de lo que hicieron cuando tuvieron la
responsabilidad de enfrentarlos desde un cargo gubernamental o, lo que dijeron,
escribieron y analizaron en determinados momentos.
También se alude al recurso de
la posverdad, que también les es muy útil para este tipo de situaciones.
Algunos hasta se olvidan de para quién trabajan o prestan servicios
profesionales y, aparecen en los grandes medios como analistas independientes,
mientras en paralelo, sus consultoras, estudios de abogado, instituciones
varias, etc., facturan para una empresa minera o un gremio empresarial.
Lo cierto es que a todos nos
hace bien recordar y revisar lo que hicimos, dijimos y propusimos. Vamos a
mirar algunas cifras y escenarios que ya vivimos.
La
evolución de la conflictividad social
Para comenzar el ejercicio, no
estaría demás revisar la data de la conflictividad social de los últimos años:
en el siguiente gráfico, tomando como referencia la información de la
Defensoría del Pueblo, hemos organizado la evolución de la conflictividad
social por períodos presidenciales.
De este gráfico podemos sacar
varias conclusiones. La primera es que entre el 2006 y 2010 -durante el segundo
gobierno aprista-, se registró la cifra más alta de conflictividad social en el
país. Además del alto número de conflictos, el otro indicador de ese período
fue la intensidad de los mismos: fueron los años de los estallidos sociales de
Combayo (Cajamarca), Río Blanco (Piura), “el baguazo” (Amazonas), Tía María
(Arequipa), “el aymarazo” (Puno), entre varios otros, que paralizaron y
polarizaron el país. Todos estos conflictos significaron semanas y hasta meses
de mucha tensión social y lamentablemente una larga lista de personas
fallecidas, heridas (pobladores y policías) y criminalizadas. Como lo hemos
comprobado recientemente, el conmemorar los diez años del baguazo, muchas de
estas heridas hasta ahora siguen abiertas.
Otro aspecto a tomar en cuenta
es que, precisamente, en este período el país se benefició del denominado súper
ciclo de precios de las materias primas, lo que permitió que la recaudación
minera aumentase y como consecuencia, las transferencias a las regiones también
se incrementaron, vía canon, regalías, etc. Sin embargo, los importantes
recursos económicos que llegaron a las regiones, provincias y distritos, no
impidieron que los conflictos escalasen en número e intensidad en todo el país.
Claro que siempre se puede argumentar que los recursos transferidos no fueron
bien utilizados en las regiones.
Es importante mencionar esto
último porque en la actualidad se piensa que con propuestas como el canon
comunal u otras, los conflictos en las zonas de influencia de la minería van a
bajar casi de manera automática. Lo cierto es que la experiencia peruana y la
de otros países, muestra que la realidad es bastante más compleja y que los
conflictos vinculados a actividades extractivas, son multidimensionales; pueden
ser económicos, sociales, culturales y por supuesto, ambientales.
En los siguientes períodos
presidenciales, también se vivieron momentos de escaladas y descensos de la
conflictividad social. El gobierno de Ollanta Humala también tuvo lo suyo con
casos como Conga, Espinar, el segundo capítulo de Tía María, entre otros;
nótese en el gráfico que en la segunda mitad del gobierno de Humala, los
conflictos sociales volvieron a superar la barrera de los 200 por mes.
Finalmente, el gobierno actual también ha pasado por varios episodios
complicados en Las Bambas, Loreto, Bambamarca, un paro agrario, etc. Sin embargo, es notorio que pasada la
efervescencia del súper ciclo y la fuerte presión que por entonces hacían las
empresas por sacar adelante sus proyectos de inversión, el número de conflictos
nunca ha vuelto a alcanzar los niveles del período del segundo gobierno de Alan
García.
Lo que no se puede decir es
que el menor número de conflictos de algún período se deba al éxito de alguna
política o estrategia en particular de parte de los gobiernos de turno. En
general, la conflictividad social se ha seguido manejando con las mismas
limitaciones desde el Estado y mucha improvisación, al margen de quién nos haya
gobernado: una estrategia básicamente reactiva que se implementa cuando el
conflicto ya escaló; una marcada debilidad institucional y una incapacidad del
Estado peruano para actuar de manera multisectorial, además de una débil
presencia en los territorios (baja densidad del Estado).
No estaría demás reconocer
que, así como decimos que el Perú es el segundo país productor de cobre en el
mundo y uno de los principales países productores de oro, plomo, zinc, plata,
etc.; también debemos comenzar a tomar conciencia que nos hemos convertido en
uno de los principales productores mundiales de conflictos sociales asociados a
la minería.
Todo indica que el país se
preparó para recibir los grandes flujos de inversión en minería, pero que en
paralelo no se preparó de la misma manera para enfrentar los conflictos que
esas inversiones comenzaron a provocar.
Esta sigue siendo una enorme tarea pendiente. José De Echave C. COOPERACCIÓN
HIDROMUNDO
Daños ambientales en 8 zonas de Buenos
Aires por la minería ilegal
Peritos del Programa de
Reparación Ambiental y Social, del Ministerio del Ambiente, junto con personal
de la Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura y de la Unidad de Protección
del Medio Ambiente de la Policía Nacional, realizaron un recorrido por ocho
lugares para determinar el daño ambiental generado por las actividades de
minería ilegal en el sector La Merced de Buenos Aires, cantón San Miguel de
Urcuquí, provincia de Imbabura.
En la inspección
interinstitucional los técnicos identificaron las afectaciones ambientales
generadas por estas actividades ilícitas como la pérdida de cobertura vegetal,
pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, afectación paisajística y posible
afectación a los recursos agua y suelo por el manejo antitécnico de
combustibles y químicos.
Precisamente, en las plantas
de beneficio, se encontraron generadores, campamentos, combustibles, tanques y
sacos de diferentes químicos (ácido nítrico, bórax, cianuro de sodio), molinos
de bolas, cilindros amalgamadores, tanques de cianuración, entre otros. Además
de bocaminas abandonadas y sacos de yute con el material mineral extraído.
El Ministerio del Ambiente
trabaja en la elaboración de un informe técnico que será entregado a la
Fiscalía General del Estado para continuar con las acciones correspondientes
para garantizar la protección de los recursos naturales del país. EL TELÉGRAFO

“Defender el Agua es Defender la Vida”
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