Lunes, 16 de marzo de 2026 – Año XX – Edición 4921
Sunass: “El próximo gobierno debería
colocar el cierre de brechas en agua potable y saneamiento como una prioridad
de política pública”
Según la Sunass, para garantizar el acceso universal al agua potable segura en el Perú se requiere una combinación de inversión sostenida, mejor planificación urbana y mayor eficiencia en la ejecución de proyectos
De acuerdo con la Constitución, el Estado reconoce el
derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua
potable. Sin embargo, cifras del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) evidencian que, en el 2024, solo el 28.1% de hogares pobres
accedió al consumo seguro de agua.
Por eso motivo, Correo revisó los planes de gobierno de los
10 candidatos presidenciales que lideran la intención de voto según la última
encuesta de Datum, con el objetivo de conocer qué harán por la escasez de agua
que atraviesa el Perú. Aquí puedes leer el informe.
En ese sentido, Correo le consultó a la Superintendencia
Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) sobre la importancia de tratar el
problema del acceso al agua y saneamiento.
Al respecto, el organismo indicó que “el próximo gobierno
debería colocar el cierre de brechas en agua potable y saneamiento como una
prioridad de política pública”, dado su impacto directo en la salud, la calidad
de vida y el desarrollo económico de la población.
PRIMORDIAL
El organismo público regulador consideró que entre las
prioridades que debe tener el próximo gobierno, destacan incrementar la
participación del sector en el presupuesto público para inversión en
infraestructura, mejorar la gestión de las empresas prestadoras de servicios
(EPS), reducir las pérdidas de agua en los sistemas y acelerar la ejecución de
proyectos, que en muchos casos pueden tardar hasta más de una década desde su
formulación hasta su puesta en funcionamiento.
“Es clave fortalecer la planificación de las ciudades,
ya que el crecimiento urbano muchas veces ocurre más rápido que las inversiones
en servicios básicos, lo que genera nuevas zonas sin cobertura, que cada vez es
más costoso brindarles el servicio”, indicó la Sunass.
Agregó que avanzar hacia el acceso universal al agua
potable y al saneamiento no es un reto técnico imposible, sino un desafío que
exige decisiones de política sostenidas, financiamiento adecuado, mejora en la
planificación y una gestión más eficiente del sector.
COSTOS
Según la Sunass, para garantizar el acceso universal
al agua potable segura en el Perú se requiere una combinación de inversión
sostenida, mejor planificación urbana y mayor eficiencia en la ejecución de
proyectos.
Actualmente, alrededor de 3,3 millones de peruanos aún
no tienen acceso a agua por red pública y una parte importante de la población
recibe el servicio con problemas de continuidad o calidad.
Las estimaciones del regulador indican que cerrar las
brechas en las EPS del sector requerirá aproximadamente 138 mil millones de
soles en los próximos 30 años, considerando no solo ampliar cobertura, sino
también renovar infraestructura, mejorar la continuidad del servicio y mantener
las redes en el tiempo.
Sin embargo, dicha necesidad de inversión se enfrenta
a diversos desafíos como el de las fuentes de financiamiento disponibles
actualmente.
Si bien, el presupuesto público para saneamiento se ha
triplicado en los últimos 10 años, la participación del sector en el
presupuesto público pasó de 3% a 2%.
Respecto a las tarifas que pagan los usuarios, es
inviable que el cierre de brechas sea financiado solo con tarifas, ya que, para
ello, estás tendrían que multiplicarse hasta por 13 veces el nivel tarifario
vigente.
Es así como, los recursos actuales (presupuesto
público, tarifa, APPs, Obras por Impuestos) solo cubren cerca del 65 % de las
necesidades de inversión, quedando un 35% sin financiamiento.
Adicionalmente a este desafío presupuestal, se suma el
problema de la ejecución de proyectos, en el 2025, por ejemplo, las EPS Grandes
del país (sin considerar Sedapal), registraron un nivel bajo de ejecución de
inversiones con 38,3%, asimismo se tienen procesos largos en la ejecución de
proyectos, obras paralizadas y problemas de gestión, que no solo enfrentan las
EPS, sino también los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
“Por ello, el cierre de brechas requiere diversificar las fuentes de financiamiento —inversión pública, asociaciones público-privadas y otros mecanismos— y mejorar la capacidad de ejecución de las inversiones, de modo que los proyectos puedan concretarse con mayor rapidez", señaló la Sunass. https://diariocorreo.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Municipalidad provincial de Puno podría recibir sanción por instalación de agua y desagüe sin autorización de EMSA Puno
El gerente de la Empresa Municipal de Saneamiento (EMSA)
Puno, Luis Aguilar, señaló que la Municipalidad Provincial de Puno podría recibir
una sanción por la instalación de conexiones de agua y desagüe en los servicios
higiénicos de la segunda plataforma del mercado Unión y Dignidad sin contar con
la autorización correspondiente. Los servicios higiénicos fueron instalados
hace aproximadamente dos meses; sin embargo, hasta la fecha no han entrado en
funcionamiento.
En su momento, el gerente de Ingeniería Municipal de Puno,
Marco Antonio Churacutipa Mamani, explicó que la infraestructura fue concluida
físicamente al 100 % y que la instalación se realizó hasta la caja existente.
Indicó que la falta de funcionamiento no se debe a fallas técnicas, sino a un
trámite administrativo que la municipalidad habría iniciado ante EMSA Puno para
que la entidad determine el punto de conexión del conducto de aguas residuales.
Ante esta situación, el gerente de EMSA Puno precisó que la normativa se aplica tanto para vecinos como para instituciones, por lo que la conexión podría considerarse clandestina si no cuenta con autorización. Señaló que el caso deberá regularizarse conforme a los procedimientos establecidos por la SUNASS y que las penalidades podrían oscilar entre 700 y hasta 5 mil soles, aunque en algunos casos institucionales pueden alcanzar entre 15 mil y 20 mil soles, dependiendo de la evaluación que realice el área correspondiente. https://ladecana.pe/
Alertan riesgos ambientales y sanitarios por planta de Tengda en zona agrícola de Ica
La instalación de una planta
industrial de la empresa china Tengda Cerámica S.A.C. en una zona de uso
agrícola de la región Ica ha generado preocupación entre organizaciones
civiles, líderes sociales y representantes del sector agroindustrial. Diversos
actores advierten que la posible operación de esta fábrica de cerámicos podría
afectar la sostenibilidad de la actividad agrícola y la reputación sanitaria de
las exportaciones peruanas, consideradas uno de los principales motores económicos
de la región.
El caso ha encendido las alertas
debido a que se trata de una industria catalogada como de alto consumo hídrico
y con potencial impacto ambiental. Especialistas y dirigentes locales señalan
que la instalación de una planta de estas características en un territorio
destinado principalmente a la agricultura podría poner en riesgo recursos clave
como el agua, además de generar efectos negativos en la salud de la población
cercana.
Preocupación por impactos
ambientales y de salud
Desde la sociedad civil, la ONG
Casas de la Salud expresó su preocupación por la manera en que se viene
impulsando el proyecto. Su representante, Lourdes Ninapayte, sostuvo que el
problema no radica en la inversión privada en sí misma, sino en la ausencia de
garantías para la población.
“La inversión privada es
positiva siempre que respete el derecho de las personas a una calidad de vida
adecuada. En este caso existe una seria preocupación por la ausencia de un
estudio de impacto ambiental”, señaló Ninapayte, quien además alertó sobre los
posibles riesgos sanitarios asociados a la actividad industrial.
La representante
agregó que una planta de cerámicos puede emitir sustancias perjudiciales para
la salud. “Una fábrica de cerámicos emite metales pesados y sílice, un polvillo
altamente dañino para el sistema respiratorio, lo que representa un riesgo directo
para la salud de la población”, indicó.
Ninapayte
también advirtió que la ubicación de la planta incrementa los riesgos para las
comunidades cercanas. “Estamos hablando de impactos directos en la salud y
también en el agua, que es un determinante clave para enfermedades como la
anemia o infecciones parasitarias. Forzar la aprobación de algo que no es legal
ni legítimo es sumamente riesgoso”, afirmó.
Cuestionamientos
a la planificación y al rol de autoridades
Por su parte, el
presidente de la Asociación de Usuarios del Agua de Ica, Orlando Janampa,
cuestionó la planificación territorial que permitió la instalación de la planta
en el distrito de Salas–Guadalupe. Según indicó, el área donde se ubica el
proyecto no es compatible con una actividad industrial de este tipo.
“Solo por ese
hecho, la fábrica no debería existir allí. Ica necesita un desarrollo ordenado,
no decisiones improvisadas que comprometan el futuro”, expresó Janampa, quien
también criticó la actuación de las autoridades municipales frente al avance
del proyecto.
El dirigente
recordó que la construcción de la planta habría avanzado sin contar previamente
con una evaluación ambiental obligatoria. “Aquí hay responsabilidades claras.
No se puede construir primero y recién después ver si era legal. Eso está fuera
de la norma y debe investigarse”, enfatizó.
En la misma
línea, el coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en
Ica, Gerardo Salve, consideró que el caso evidencia fallas en los procesos de
toma de decisiones. “Lo correcto hubiera sido no dar luz verde al cambio de
zonificación sin evaluar todos los aspectos técnicos y legales. Aquí hubo
marchas y contramarchas porque se intentó formalizar después de haber
avanzado”, explicó.
El caso también ha despertado atención en el ámbito político. El congresista Carlos Zeballos, integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso, anunció que el tema será seguido desde el Parlamento mientras se analiza en instancias del Tribunal Constitucional, en medio de un debate que también involucra el Proyecto de Ley N.° 12101/2025-CR, iniciativa que plantea ampliar los plazos de adecuación ambiental para empresas del sector industrial. Diversos sectores advierten que esta propuesta podría terminar beneficiando a grandes compañías como Tengda. https://inforegion.pe/
EMSA Puno advierte que no podrá garantizar agua para hospital de alta complejidad de EsSalud
La empresa de saneamiento señala
que la demanda del hospital sería equivalente a todo el volumen de agua que hoy
se distribuye en Alto Puno
El gerente de la Empresa
Municipal de Saneamiento Básico de Puno, Luis Aguilar Coaquira, advirtió que la
empresa no estaría en la capacidad de garantizar el abastecimiento de agua
potable requerido para el funcionamiento del hospital de alta complejidad del
Seguro Social de Salud de Alto Puno.
“Se ha verificado la
infraestructura y el equipamiento de la empresa con los técnicos del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, encargada de EsSalud, y se ha concluido que
EMSA Puno no podrá soportar la demanda que tiene el hospital, que es de 14
litros por segundo. Es prácticamente todo el volumen de agua que hoy se
distribuye a la población de Alto Puno”, indicó.
Ante esta situación, señaló que
urge acelerar los trámites para la viabilidad y ejecución del proyecto IOARR
denominado Construcción de Captación de Agua, PTAR, Línea de Impulsión y
Estación de Bombeo de Agua, el cual contempla captar agua del río Willi. Sin
embargo, precisó que el proyecto se viene aplazando por los múltiples trámites
burocráticos en distintas entidades del Estado.
Asimismo, explicó que desde EMSA
Puno y la población del sector de Huerta Huaraya existe la voluntad de facilitar
el saneamiento físico-legal de los espacios donde se ejecutará el proyecto, que
comprende tres polígonos y las áreas por donde se instalará la tubería de
conducción. No obstante, reiteró que el proceso se retrasa por trámites
burocráticos en diversas dependencias estatales, como la solicitud de
certificaciones de inexistencia de restos arqueológicos. “Quieren hacer
estudios para ver si por ahí transitó hasta Pachacútec; todo esto hace que el
proyecto demore”, expresó.
Aguilar Coaquira reveló que, según
el plan de trabajo del Gobierno Regional de Puno, todos estos procedimientos
deberían concluir aproximadamente en ocho meses, es decir, hacia noviembre de
este año. “La ejecución podría iniciar el próximo año, pero existe la intención
de acelerar estos trámites, por lo que se vienen convocando reuniones de
emergencia donde se analizarán los aspectos técnicos y legales”, indicó. https://radioondaazul.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”