Viernes, 12 de febrero de 2021 – Año XIV – Edición 3661 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
PERÚ – Apurímac. Las Bambas: comunidad campesina de Pumamarca
protestó contra empresa minera
PERÚ – Loreto. La Hidrovía Amazónica: un proyecto sin estudio de
impacto ambiental
PERÚ – Piura. Otra vez consorcio Sullabella ocasiona rotura de
tubería y se restringe el servicio de agua en sectores de Sullana
MÉXICO - El agua sobra para la industria de los refrescos en un
país con sed… y que se muere por beberlas
________________________________________________________________
Las Bambas: comunidad campesina de
Pumamarca protestó contra empresa minera
La empresa minera le compró a la comunidad una parte de sus predios en el 2011. Dirigente de los campesinos acusa a la firma de presuntamente haberlos engañado sobre el precio. Mientras, Las Bambas señala que todo se realizó conforme a la ley y con el consentimiento de la comunidad.
Los campesinos de la comunidad de Pumamarca del distrito de Tambobamba, en la provincia de Cotabambas, Apurímac, realizaron ayer una marcha de protesta en contra de la empresa minera Las Bambas.
Las personas protestaron en el corredor minero por donde diariamente circulan más de 200 vehículos que transportan el mineral extraído en la zona. La marcha contó con la participación no solo de los dirigentes comunales, sino también de mujeres, adultos y niños.
La causa principal de la protesta se remonta al 2011, cuando la empresa minera Xtrata Tintaya S.A. compró mil hectáreas de terreno a la comunidad de Pumamarca en el sector denominado Sallahui, acordando pagar la suma de dos mil dólares americanos por hectárea. Ello, significó un total 2 millones de dólares. La transacción fue aprobada en el acta de la comunidad.
En diálogo con El Comercio, Néstor Vargas Quispe, presidente de la comunidad de Pumamarca, acusó a la empresa minera de presuntamente engañar a la comunidad en el 2011, durante el proceso de compra venta de los terrenos. “Ahora entendemos que la venta de nuestras tierras en el sector de Sallahui costó el precio de 0.50 céntimos de sol el metro cuadrado, lo cual es un tremendo engaño y una estafa. Por ello, hemos decidido retomar nuestras tierras que por años hemos pastoreado, aquí hemos criado a nuestros animales y no vamos a movernos”, señaló.
Por su parte, la empresa minera Las Bambas, por medio de un comunicado [ver al final de la nota], informó que el proceso de compra del predio se realizó conforme a la ley y con la aprobación de la comunidad de Pumamarca. Agrega que el terreno se encuentra inscrito a nombre de la empresa en la partida registral 11043060 del Registro de Propiedad Inmueble de Abancay.
Asimismo, indica que después de realizar el pago, asumió una serie de compromisos frente a la comunidad, los cuales no estaban vinculados al contrato. Agrega que ya ha cumplido el 98% de esas responsabilidades, lo que demandado una inversión de más de 12 millones.
Señala que actualmente, no hay ningún proceso ni mandato judicial que restrinja o limite sus derechos sobre la propiedad que adquirió en el 2011.
“Como parte de sus políticas de relacionamiento con las comunidades, Las Bambas ha invocado al diálogo a la comunidad campesina de Pumamarca en varias oportunidades y reitera su total disposición a continuar en ese esfuerzo”, señala en su comunicado.
“Lamentamos que los representantes de la comunidad pretendan desconocer los acuerdos y contratos celebrados con Las Bambas anteriormente”, finaliza.
En la actualidad, decenas de familia se han apostado sobre los terrenos en el sector de Sallahui y han construido sus cercos y llevados a sus animales de granja. Allí pastorean y cultivan sus alimentos. De este modo, quieren mostrarle a la empresa minera Las Bambas que rechazan dicha compra y le piden que les devuelva sus tierras. https://elcomercio.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
La Hidrovía Amazónica: un proyecto sin estudio de impacto ambiental
La Hidrovía Amazónica es un proyecto de infraestructura que unirá los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas, localizados en los departamentos de Loreto y Ucayali, y tiene como objetivo facilitar el transporte fluvial y el comercio en la Amazonía [1]. Este proyecto fue otorgado en concesión a Cohidro S.A. y actualmente se encuentra paralizado porque no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) aprobado.
Los problemas con la Hidrovía Amazónica se remontan al 2014, en esta fecha el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) aprobó los Términos de Referencia (TDR) del EIA-d [2] sin que éstos hayan sido sometidos al proceso de consulta previa, a pesar de que el proyecto podría afectar a 424 comunidades nativas [3] asentadas en los márgenes de los ríos señalados en el párrafo anterior. Debido a esto último, en el 2015, las comunidades nativas interpusieron una acción de amparo y lograron que se ordene que los TDR del EIA- d y las cláusulas del contrato de concesión sean consultados [4].
Meses después, en el marco del proceso de consulta previa se acordó que el MTC consulte a las comunidades nativas sobre el EIA-d y los cambios que podrían tener los TDR del EIA-d y el contrato de concesión. Así como, que el MTC elabore y entregue un estudio ecotoxicológico que determine si la presencia de sustancias tóxicas en el lecho de los ríos generará impactos en los ecosistemas al momento de la remoción [5].
En el 2018, Cohidro ingresó la solicitud de evaluación del EIA-d, pero ésta fue declarada improcedente porque el instrumento de gestión ambiental estaba incompleto [6]. En ese mismo año, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) interpusieron una acción de amparo para poder pronunciarse sobre el EIA-d, sin embargo, todavía no se emite sentencia en este caso [7].
En el 2019, Cohidro presentó otra solicitud de evaluación del EIA-d, la cual fue admitida a trámite [8]. Este nuevo EIA-d trajo consigo observaciones de parte de instituciones públicas, ciudadanos y organizaciones de sociedad civil [9]. Las observaciones mencionadas advierten los siguientes problemas:
El desconocimiento sobre la cantidad de sedimento que
transporta el fondo de los ríos.
El desconocimiento sobre la cantidad de sedimento que se puede remover sin afectar el fondo de los ríos.
El análisis de ingeniería fue hecho para época alta del caudal del río, pero la remoción de sedimento se realizará en época de marea baja.
La información considerada para la ejecución del proyecto
proviene de otras zonas del mundo con ríos y ecosistemas distintos al de la
Amazonía peruana.
La falta de inclusión del componente cultural, entre otros [10].
Posteriormente, Cohidro presentó su desistimiento al proceso de certificación ambiental argumentando que no podía subsanar las más de 200 observaciones formuladas al EIA-d porque el MTC no le entregó el estudio ecotoxicológico [11]. El desistimiento fue aceptado en el 2020.
También en ese mismo año, Cohidro intentó extender el período de la concesión de 20 a 23 años y prolongar los tiempos de entrega del EIA- d y el Estudio Definitivo de Ingeniería, a través de una propuesta de adenda del contrato de concesión [12]. En contraposición a ello, la Organización Regional Amazónica de Ucayali (Orau), Aidesep y Orpio, con la asesoría del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) y el apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), solicitaron al MTC que se consulte la propuesta de adenda del contrato de concesión y la modificación de los TDR del EIA-d; ante su negativa, las organizaciones indígenas presentaron una demanda judicial [13]. No obstante, ello, el MTC declaró inviable e improcedente la propuesta de adenda este año [14].
A pesar de que Cohidro incumplió sus obligaciones, el MTC no ha decidido concluir el contrato de concesión hasta el momento[15]. Y ante la inexistencia de un EIA aprobado para la Hidrovía Amazónica, el 21 de enero pasado, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) y la Orau, con la asesoría técnica del Instituto de Defensa Legal (IDL), presentaron una acción de amparo para solicitar la cancelación de este proyecto [16].
Debido a la existencia de comunidades nativas, flora y fauna en los márgenes de los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas, consideramos que la Hidrovía Amazónica es un proyecto cuya ejecución requiere de un estudio técnico riguroso para evitar que se generen problemas graves como la contaminación del agua por presencia de metales pesados, la disminución de aves y mamíferos acuáticos, la disminución de la actividad de pesca en los ríos, la afectación de lugares indígenas sagrados, entre otros.
Por lo expuesto, exhortamos al MTC a que reevalúe la idoneidad de la implementación de la Hidrovía Amazónica y tome en cuenta la opinión de las comunidades nativas, ya que ellas serían las afectadas directamente por los impactos negativos que podría generar este proyecto. http://cooperaccion.org.pe/
Otra vez consorcio Sullabella ocasiona rotura de tubería y se restringe el servicio de agua en sectores de Sullana
La Oficina Zonal de la EPS Grau – Sullana informa a sus usuarios que, al promediar las 9 de la mañana de del jueves 11 de febrero, la empresa Consorcio Sullabella produjo una rotura en la línea Fruver de 12 pulgadas, ocasionando una fuga de agua de gran consideración, afectado a comercios cercanos y restringiendo el servicio de agua potable.
Debido a este incidente, ocurrido entre las calles Puno con Canchaque, se ha tenido que paralizar temporalmente el servicio de agua en el sector de Santa Teresita, Cercado de Bellavista, 9 de octubre, 15 de marzo, Jesús María, Zapata Silva y parte del sector El Obrero.
La EPS Grau pide las disculpas del caso a sus usuarios por la restricción temporal del servicio de agua potable, recalcando que nuestra empresa no tiene responsabilidad y este problema se generó debido a los trabajos que viene realizando el Consorcio Sullabella como parte del proceso de construcción de la PTAR Sullana.
Del mismo modo, la empresa Consorcio Sullabella ya viene gestionando la reparación de la tubería y, una vez que se culminen estos trabajos, se restablecerá paulatinamente el servicio de agua potable para todos los usuarios de La Perla del Chira.
Dato:
El consorcio Sullabella es el
encargado de ejecutar el proyecto “Mejoramiento del sistema de evacuación,
tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de
Sullana y Bellavista”, que incluye la construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) en la provincia de Sullana. https://www.elregionalpiura.com.pe/
HIDROMUNDO
El agua sobra para la industria de los refrescos en un país con sed… y que se muere por beberlas
Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Aga y otras empresas de productos chatarra extraen anualmente 133 mil millones de litros de agua para producir comida y bebida que no sólo afectan la salud de los consumidores, sino que además provocan serios daños ambientales en México.
Pero esta cifra podría ser superior debido a que la Comisión Nacional del Agua no suele supervisar de manera rigurosa la extracción incumpliendo con su capacidad fiscalizadora, según han denunciado activistas y expertos del tema.
El total del agua que utilizan las empresas alcanzaría para llenar 16 mil 862 veces el Lago de Chapala, el más grande de México, en un país donde el 24 por ciento de los hogares no tienen agua todos los días, ubicándolo en el segundo lugar en Latinoamérica por estrés hídrico – es decir, que la demanda es más alta que la cantidad disponible-. Pero no sólo es lo que consumen, también cuenta lo que desechan: 119 mil millones de litros de agua sucia que después de los procesos industriales regresa a cuencas y acuíferos.
La producción de refrescos tiene un impacto ambiental muy alto. Coca-Cola Holanda reveló en un informe que se necesitan 35.4 litros de agua para producir medio litro de refresco; 28 litros se utilizan para cultivar betabel para endulzar, siete litros para fabricar la botella de plástico y 0,4 litros de “agua operativa”, que es la que se utiliza en las plantas de embotellado.
El consumo de agua embotellada también es un problema, según la International Bottled Water Association, México compra el 8.7 por ciento del volumen total mundial, es decir 32 mil 864 millones de litros anuales, lo que representa ingresos de más de 66 mil millones al año a Danone, Coca Cola y Pepsi, reportó Fortune.
Según estimaciones, el 90 por ciento del costo del agua embotellada se debe a la botella y el líquido puede llegar a venderse hasta 10 mil veces su valor. En el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México publicado en 2018, se señala que Coca Cola Femsa pagó 2 mil 600 pesos al año por cada una de sus concesiones. “Esta falta de proporción entre el pago por derechos de explotación y las utilidades de la empresa revela como el sector público privilegia los intereses del sector privado por encima de los derechos fundamentales cuando el pago adecuado de estos volúmenes podría financiar la cobertura de agua potable a poblaciones que no tienen aún acceso a ella”.
COCA-COLA CONSUME EL AGUA DE MÉXICO
La refresquera más grande del mundo, Coca Cola, no sólo lleva a todos los rincones de México sus productos, sino que consume el agua en cada uno de los 32 estados del país de dónde extrae más de 55 mil millones de litros de agua al año.
En Toluca se encuentra la planta de Coca Cola más grande de América Latina, que produce más de 300 millones de cajas al año. En dicha ciudad la refresquera tiene permitido extraer más de 3 mil millones de litros anuales pese al extremadamente alto estrés hídrico en la zona.
De acuerdo con Marcos Arana Cedeño, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, solo “el volumen de agua que extrajo Coca-Cola Femsa de los mantos acuíferos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas en los primeros 20 años de concesión equivale a una columna que tuviera 10 veces las dimensiones del Estadio Azteca”.
En ese estado, Coca Cola no solo ha instalado una “estrategia de venta sumamente agresiva” ofreciendo precios más reducidos a las comunidades indígenas para garantizar su lealtad como consumidores y utilizando los hogares como puntos de distribución, sino que el agua que explota está por encima de lo que le permite Conagua, indica el académico.
La refresquera ha extendido su crecimiento en el sureste, Yucatán es el tercer estado con más concesiones de agua para chatarra, en Mérida hay 17 pozos de Coca Cola con una autorización para extraer 4 mil 400 millones de litros de agua.
En algunas de las comunidades indígenas mayas en la Reserva de Cuxtal en esa ciudad, “el abastecimiento no es continuo y solo se prende la bomba dos o tres veces al día”, dijo Rodrigo Migoya von Bertrab, director general de la asociación Niños y Crías A.C. en una región como la Península de Yucatán donde hay sobreexplotación del acuífero por parte de la industria, incluida la de bebidas azucaradas.
La fiscalización y la transparencia en el consumo de agua de estas grandes empresas es un tema de interés nacional, por el estrés hídrico del país, las repercusiones socio ambientales y las afectaciones a la salud pública de sus productos. https://vanguardia.com.mx/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
No hay comentarios:
Publicar un comentario