Martes, 22 de octubre de 2024 – Año XIX – Edición 4573
Amplían plazo para que empresas de saneamiento sigan tirando agua sucia a los ríos
El mes pasado se aprobó un controvertido Decreto
Legislativo N° 1651 que amplía los plazos para que las empresas de saneamiento
realicen vertimientos de agua sin adecuar sus instrumentos de gestión ambiental
a lo que disponía la Ley de Recursos Hídricos hace 15 años.
La nueva norma modifica el artículo 4 del Decreto Legislativo
N° 1285, que a su vez modificó el artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos.
Se establecen disposiciones para la “adecuación progresiva” a la autorización
de vertimientos y los instrumentos de gestión ambiental (IGA). Debido a que
esta modificación implica múltiples cambios a la normativa en los últimos años,
corresponde evaluar históricamente la evolución de la norma.
En primer lugar, se publica la Ley N° 29338 -Ley de
Recursos Hídricos- en 2009, esta buscaba regular el uso y gestión integrada del
agua, ya sea superficial, subterránea, continental, marítima y atmosférica, así
como los bienes asociados a esta. La Ley, a su vez, plantea un Sistema Nacional
de Gestión de Recursos Hídricos donde la Autoridad Nacional del Agua es la
entidad rectora del sistema y su funcionamiento. Asimismo, en su Título V desarrolla normativa
referente a la protección del agua, específicamente, en su artículo 79, dispone
medidas referentes al vertimiento de agua residual:
“La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua
residual tratada a un cuerpo natural de agua continental o marina, previa
opinión técnica favorable de las Autoridades Ambiental y de Salud sobre el
cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y
Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido el vertimiento directo o
indirecto de agua residual sin dicha autorización.
En caso de que el vertimiento del agua residual tratada
pueda afectar la calidad del cuerpo receptor, la vida acuática asociada a este
o sus bienes asociados, según los estándares de calidad establecidos o estudios
específicos realizados y sustentados científicamente, la Autoridad Nacional
debe disponer las medidas adicionales que hagan desaparecer o disminuyan el
riesgo de la calidad del agua, que puedan incluir tecnologías superiores,
pudiendo inclusive suspender las autorizaciones que se hubieran otorgado al
efecto. En caso de que el vertimiento afecte la salud o modo de vida de la
población local, la Autoridad Nacional suspende inmediatamente las autorizaciones
otorgadas. Corresponde a la autoridad sectorial competente la autorización y el
control de las descargas de agua residual a los sistemas de drenaje urbano o alcantarillado”
[1] [énfasis añadido].
Es decir, en la Ley de Recursos Hídricos se prohibía el
vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos de agua si no se cumplía
con el Estudio de Calidad Ambiental (ECA), un instrumento de gestión ambiental,
y su Límite Máximo Permisible (LMP). Ello con el fin de garantizar la
preservación del agua, así como proteger la salud de quienes tengan contacto
directo con dicho recurso hídrico.
Más adelante, en 2016, se publica el Decreto Legislativo N°
1285, este modifica el artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos con el fin de
simplificar el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones de
vertimiento de aguas residuales. En su artículo 4, inciso 1, plantea una
adecuación progresiva de los vertimientos del sector saneamiento.
“Establécese un plazo no mayor de nueve (09) años, para la
adecuación progresiva de los prestadores de servicios de saneamiento a lo
establecido en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley Nº 29338, Ley de
Recursos Hídricos [2]”.
Estos artículos 79, 80, 81 y 82 a los que se refiere este
artículo, son referentes en el vertimiento de aguas residuales, la autorización
de vertimiento, estudios de impacto ambiental y la reutilización de agua
residual. Para todos estos artículos se les aplicó una “adecuación progresiva”
de 9 años; es decir, se pospuso por dicho espacio de tiempo la aplicación de
sus instrumentos de gestión ambiental (IGA), hasta la fecha respectiva, la cual
sería en el año 2025. Respecto a dicha medida, resulta cuestionable que se haya
prolongado por 9 años la adecuación, teniendo en cuenta que la Ley de Recursos
Hídricos fue publicada 7 años antes; es decir, se prolongó por 16 años el uso
indebido y no sostenible del recurso hídrico, lo que la propia Ley buscaba
proteger.
En el presente año se publicó el Decreto Legislativo N°
1651 que modifica el artículo 4 comentado anteriormente, y dispone lo
siguiente:
“Artículo 4. Adecuación progresiva de los vertimientos del
sector saneamiento
4.1 Establecer un plazo no mayor de nueve (09) años para la
presentación del instrumento de gestión ambiental, el cual culmina el 10 de
agosto de 2026. Posterior a ello, el proceso de adecuación progresiva considera
el plazo máximo para la implementación de la intervención y medidas que
permitan la mencionada adecuación de los prestadores de servicios de agua
potable y saneamiento a lo establecido en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, el cual se establece en el Reglamento
al que hace referencia la Tercera Disposición Complementaria Final del presente
Decreto Legislativo.
4.2 El plazo máximo para la implementación de la
intervención y medidas es proporcional al tamaño y complejidad de los
prestadores de servicios de agua potable y saneamiento. El tamaño y los
criterios de complejidad se determinan en el Reglamento del presente Decreto
Legislativo con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente.
[…]
4.4 El plazo para la presentación de la solicitud de
autorización de reúso de aguas residuales tratadas y/o vertimiento de aguas
residuales tratadas a los cuerpos de agua, según corresponda, será dentro del
plazo de implementación de la intervención y medidas de adecuación, previsto en
el cronograma que forma parte del instrumento de gestión ambiental.
4.5. Tratándose de proyectos de asociación pública privada
que se encuentren en proceso de promoción o cuenten con contrato suscrito al 10
de agosto de 2026, el plazo para la presentación del instrumento de gestión es
dispuesto en el contrato respectivo, de corresponder; sin que le sea aplicable
el plazo al que se refiere el numeral 4.1.[3]”
El decreto precisa que los 9 años que mencionó la anterior
normativa no es el plazo para adecuarse a lo que diga el IGA, sino que indica
que la fecha límite para presentar instrumentos de gestión ambiental es en
2026, y la adecuación a este IGA será el plazo máximo -el cual también implica
una modificación del reglamento para adecuar un plazo. En base a dicha
modificación, es necesario cuestionar la cantidad de tiempo que se plantea para
que las empresas se adecúen a los estándares ambientales que plantea un
instrumento de gestión ambiental. Su constante prórroga genera facilidades para
que estas empresas puedan ejercer sus labores sin afianzar el principio de
responsabilidad ambiental. Lo cual, a largo plazo, puede afectar a la salud de
la persona y ecosistemas. Si el agua es reconocida como un elemento de suma
importancia para el Estado peruano, no pueden existir disposiciones que
permitan la flexibilidad de su cuidado.
Es preciso informar que en el DL 1651, en su única
disposición complementaria transitoria, se dispone lo siguiente:
“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA ÚNICA.
- Procedimientos iniciados
Las solicitudes de aprobación de instrumentos de gestión
ambiental y/o prórrogas presentadas antes de la entrada en vigencia del
presente Decreto Legislativo, son resueltas conforme a la normatividad vigente al
momento de su presentación, salvo las nuevas les sean más favorables” [énfasis
añadido].
Esta disposición brinda una oportunidad a las empresas en
el rubro de saneamiento para que puedan adecuarse a disposiciones normativas
que no ocurrieron en el momento de presentación de sus solicitudes, lo cual le
permite decidir qué normativa aplicar para su caso. Resulta indispensable estar
atentos ante futuros cambios normativos que puedan brindar mayores facilidades
a las empresas para no cumplir con sus compromisos medioambientales.
Criticó que se quiera construir la represa Paltuture para ampliar la frontera agrícola de otras regiones, cuando la prioridad es el agua potable para la población. https://cooperaccion.org.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Pasco: OEFA realiza evaluación en río Ragra para determinar cambio del color del agua
Especialistas del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) realizaron un estudio ambiental del río Ragra, ubicado en el
distrito de San Martín, en la provincia y región Pasco, para determinar el
origen del cambio de color del agua del citado afluente, se informó.
Sostuvo que dicho análisis proporcionará información sobre
el estado actual del río y permitirá identificar fuentes antrópicas que podrían
estar provocando cambios en el color sus aguas.
Según el OEFA, esta iniciativa está enmarcada en el
compromiso asumido el pasado 8 de agosto en una reunión con diversos actores
sociales.
Durante el trabajo de campo realizado del 1 al 13 de
octubre del presente año, se recolectaron 86 muestras que han sido enviadas a
laboratorios acreditados para su análisis.
El objetivo es evaluar los impactos ambientales y los
cambios en el color natural del río Ragra, particularmente en relación con los
efluentes minero-metalúrgicos y domésticos existentes en la zona, hasta su
desembocadura en el río San Juan, en el distrito de Simón Bolívar, departamento
de Pasco.
Las muestras recogidas se tomaron en 23 puntos de agua superficial,
2 de aguas residuales industriales, 9 de aguas residuales domésticas, 7 de
sedimentos. Además, se recogieron 45 muestras compuestas de suelo ribereño.
La labor en campo realizada por los especialistas
ambientales contó con la participación de funcionarios del Gobierno Regional de
Pasco; así como de la comunidad.
El OEFA continuará informando sobre las acciones de
fiscalización ambiental que realice en el río Ragra en el marco de su
compromiso por un ambiente sano y equilibrado. https://andina.pe/
Gore Lambayeque otorgan buena pro a consorcio para reparación de la Laguna Boro II que asegurará abastecimiento de agua potable a Chiclayo
El Gobierno Regional de
Lambayeque adjudicó la buena pro al Consorcio ABC para la reparación de la
infraestructura de almacenamiento Laguna Boro II ubicada en el distrito de
Pomalca con un monto de inversión de S/ 5'183,147.64.
Ello en mérito al convenio específico
de cooperación interinstitucional suscrito entre el gobernador regional, Jorge
Pérez Flores; y el gerente general de EPSEL, Manuel Irigoyen Tenorio, el pasado
9 de mayo, a través de la cual se transfirió la unidad ejecutora.
Dicha IOARR, beneficiará a 567
mil 987 habitantes de los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La
Victoria y Pimentel, al mejorar el sistema de almacenamiento y garantizar el
abastecimiento de agua potable.
La intervención en 180 días
calendario, comprenderá trabajos de eliminación del sedimento y la nivelación
de fondo, que serán monitoreados y supervisados de manera simultánea por el
personal técnico de la EPS y la entidad regional.
Cabe indicar que la Laguna Boró
II, tiene capacidad para almacenar 1.5 millones de metros cúbicos de agua,
proveniente del Reservorio de Tinajones, que abastece tanto el consumo humano
como la irrigación de los cultivos del valle Chancay- Lambayeque. https://www.gob.pe/
Más de 10,000 habitantes y 6,000 cabezas de ganado afectados por contaminación del río Coata
Roger Sucasaca, presidente del
Frente de Defensa en Contra de la Contaminación del Río Coata y la Bahía
Interior del Lago Titicaca, del distrito de Coata provincia de Puno, denunció
el incumplimiento de la orden judicial del 21 de marzo de 2024, que exige a la
Municipalidad y SEDA Juliaca detener el vertimiento de aguas residuales.
La situación se agrava con el
vertimiento continuo de 860 litros por segundo de aguas residuales,
contradiciendo al alcalde Óscar Cáceres, quien afirma que el agua del río
Torococha es natural. Hace una década, los vertimientos ocurrían
trimestralmente, pero ahora son permanentes, afectando significativamente a la
población.
Más de 10,000 habitantes y 6,000
animales, entre vacunos y ovinos, sufren las consecuencias de esta
contaminación, registrándose incluso abortos en el ganado. SUMAC YAKU, empresa
distribuidora, incumple el suministro de agua potable, entregando solo 20 de
los 42 litros diarios por familia establecidos.
El Frente de Defensa exige la
construcción inmediata de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR)
en Juliaca, advirtiendo posibles procesos judiciales por rebeldía contra el
Ministerio de Vivienda, Gobierno Regional de Puno, DIRESA y la Municipalidad de
San Román. https://pachamamaradio.org/
“Defender el Agua es Defender la Vida”