Miércoles, 29 de octubre de 2025 – Año XX – Edición 4827
La FENTAP expresa su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de EPSEL S. A.
COMUNICADO N° 092-2025/CDN FENTAP
La Federación Nacional de
Trabajadores del Agua Potable y Saneamiento del Perú – FENTAP,
expresa su más firme solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de EPSEL
S. A. – SUTSELAM, quienes vienen desarrollando una justa lucha en defensa del
Laudo Arbitral 2021-2022, cuyo cumplimiento la empresa pretende desconocer con
la complicidad de instancias judiciales.
Este conflicto tiene su origen en la irresponsabilidad de
EPSEL y del OTASS, quienes, en lugar de resolver el pliego de reclamos mediante
el trato directo, optaron por llevar el proceso a arbitraje y, luego de haber
aceptado la decisión del Laudo Arbitral, decidieron judicializar el caso
buscando anular los derechos ya reconocidos a los trabajadores.
Lo más grave aún es la reciente suspensión del pago de los
beneficios reconocidos en el laudo 2022, mediante una medida cautelar
cuestionable, dictada con la posible complicidad de un juez, vulnerando
abiertamente la autonomía de la justicia arbitral y los derechos laborales
conquistados por los trabajadores de EPSEL.
Desde la FENTAP,
rechazamos estos actos de abuso y dilación que solo buscan desgastar la organización
sindical y desconocer los acuerdos alcanzados en un proceso arbitral válido y
legal.
Exigimos la inmediata solución del conflicto, el
cumplimiento íntegro del Laudo Arbitral 2021–2022, y el respeto a los derechos
de los trabajadores.
Llamamos a todas las bases afiliadas a mantenerse atentas y
solidarias, sumando su voz de respaldo a los compañeros y compañeras de
SUTSELAM, quienes hoy luchan por el respeto a la negociación colectiva, a la
justicia y a la dignidad laboral.
¡ALTO A LOS ATROPELLOS CONTRA LOS
TRABAJADORES!
¡CUMPLIMIENTO INMEDIATO DEL LAUDO
ARBITRAL 2021–2022!
¡VIVA LA UNIDAD SINDICAL!
¡VIVA EL SUTSELAM!
¡VIVA LA FENTAP!
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
Lima, 28 de octubre de 2025
HIDROREGIONES PERÚ
Proyecto de agua y desagüe lleva más de una década abandonado en Monzón y Puños por inacción del Gorehco
El Gobierno Regional de Huánuco habría abandonado por
completo a distritos históricamente olvidados como Puños y Monzón, según
denunció el consejero delegado Ricardo Prado. Las declaraciones apuntan
directamente al gobernador Antonio Pulgar, a quien responsabiliza por la
ausencia de proyectos estratégicos, la parálisis de obras básicas de saneamiento
y una crisis sanitaria que —a juicio del consejero— se agudiza por decisiones
políticas selectivas y falta de voluntad.
Prado fue enfático al advertir que, en tres años de
gestión, la provincia de Huamalíes no ha recibido ni una sola obra de impacto,
a pesar de tener, desde hace años, expedientes técnicamente viables en cartera.
“No hay resultados. Lo de Puños y Monzón ya no es olvido: es indiferencia
institucional”, manifestó.
Entre los proyectos señalados se encuentra una obra de agua
y desagüe para Puños valorizada en más de 40 millones de soles, paralizada en
el Ministerio de Vivienda pese a que —según declaró— ya se levantaron todas las
observaciones técnicas. El expediente, aseguró, fue presentado formalmente al
gobernador Pulgar y a ministros en la última visita presidencial a Huánuco, sin
respuesta concreta hasta ahora.
Diez años de espera
El distrito de Monzón, también en Huamalíes, espera desde
hace más de una década el cambio de su red matriz de agua y desagüe. Prado
indicó que, al igual que en Puños, las condiciones técnicas están cumplidas y
lo único que impide su ejecución es —según su versión— la falta de decisión
política desde el Ejecutivo regional.
“El pueblo ha cumplido. Las autoridades no”, aseveró.
Añadió que, desde el Consejo Regional, se han enviado reiterados pedidos
formales al gobernador Antonio Pulgar, sin que hasta el momento se haya
definido un cronograma de inversión ni se haya activado un mecanismo de
atención prioritaria para estas zonas en situación de extrema pobreza.
La situación, de acuerdo con Prado, refleja no solo una
fractura institucional, sino una clara desconexión entre la gestión regional y
las demandas territoriales más urgentes. “Estamos en el tercer año de gobierno
y seguimos esperando luz verde para los proyectos más básicos”, insistió. https://ahora.com.pe/
Gobierno Regional de Loreto declara intangibles las zonas de cabecera de cuenca para frenar la contaminación causada por la minería ilegal
El Gobierno Regional de Loreto dio un paso decisivo en la defensa de sus fuentes hídricas al emitir la Ordenanza Regional N.º 001-2025-GRL.CR, una norma que busca asegurar la conservación y protección de las cabeceras de cuencas hidrográficas consideradas prioritarias. Publicada en el diario oficial El Peruano, la disposición establece que estas zonas serán gestionadas para ser declaradas intangibles, lo que significa que quedarán excluidas de cualquier tipo de explotación o intervención que altere su equilibrio natural.
La medida llega en un contexto
de creciente preocupación por la expansión de la minería ilegal en los ríos
amazónicos. Desde el año 2000, Loreto enfrenta la presencia de dragas y
embarcaciones que remueven los fondos fluviales en busca de oro, afectando la
pureza del agua y la salud de los ecosistemas. La norma regional apunta
precisamente a frenar esta tendencia y a reforzar la autoridad ambiental frente
a las actividades extractivas no reguladas.
Según el texto oficial, la
finalidad es “garantizar la sostenibilidad ambiental y la integridad de los
ecosistemas”. La norma enfatiza que las acciones desarrolladas dentro de las
cabeceras de cuenca no deben alterar su existencia ni sus funciones naturales.
Asimismo, el Gobierno Regional de Loreto resalta que la medida busca “asegurar
el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la
persona humana”, en concordancia con el artículo 7-A de la Constitución, que
prioriza el consumo humano sobre cualquier otro uso.
Con esta disposición, la gestión
regional marca una línea de defensa en un territorio donde el agua no solo
sustenta la vida, sino que constituye el eje del desarrollo social y económico.
Trámites para la declaración de
intangibilidad
La ordenanza encarga a las
autoridades regionales iniciar los procedimientos ante la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) para lograr la declaratoria de intangibilidad de las cabeceras
de cuenca más importantes del departamento. Esta gestión implicará que dichas
zonas sean reconocidas formalmente como espacios de conservación, libres de
toda forma de aprovechamiento económico que implique riesgo ambiental.
A la par, se dispone que el
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) incorpore estas áreas
dentro del catastro no minero, lo que las convertirá en territorios
restringidos a la exploración o explotación minera. Ambas acciones recaen sobre
las gerencias regionales de Medio Ambiente y de Desarrollo Económico, a través
de la Dirección Regional de Energía y Minas, que deberá supervisar el
cumplimiento de la norma.
El dispositivo señala, además,
que esta última dependencia tiene la obligación de observar y reportar
cualquier actividad contraria a la conservación y protección de las cabeceras.
“La Dirección deberá informar al Gobierno Regional y a la ciudadanía cuando se
detecten intervenciones ilegales o contaminantes”, precisa el texto. De esta manera,
se busca fortalecer la vigilancia y la participación ciudadana frente a las
amenazas ambientales.
Minería ilegal y zonas
vulnerables
El documento
regional sustenta su urgencia en la presencia de minería ilegal dentro de los
principales ríos de Loreto. Según la información presentada, en once cursos
fluviales —entre ellos Cotuhe, Curaray, Marañón, Mazán, Nanay, Napo, Patayacu,
Pintuyacu, Putumayo, Tigre y Yaguas— se encuentran dragas y embarcaciones
dedicadas a la extracción de oro. Estas actividades, al operar sin control,
violan las normas ambientales y de ordenamiento territorial, al desarrollarse
en áreas expresamente prohibidas.
“Las
embarcaciones y máquinas destinadas a la minería aurífera operan en riberas de
ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y zonas de amortiguamiento de áreas
naturales protegidas”, señala la ordenanza. Tales acciones configuran el delito
de minería ilegal, considerado uno de los principales factores de degradación
ambiental en la Amazonía peruana.
El Gobierno
Regional recuerda además que se han otorgado derechos mineros en zonas cercanas
a los ríos Nanay y Marañón, fuentes que abastecen de agua potable a las
ciudades de Iquitos y Yurimaguas. Esta situación genera un riesgo directo para
las poblaciones urbanas, cuya seguridad hídrica depende del buen estado de
estos ríos.
La ordenanza
001-2025-GRL.CR representa un instrumento de gestión ambiental y preventiva
frente a los impactos de la minería informal e ilegal. A través de la
declaración de intangibilidad de las cabeceras, Loreto busca consolidar un
modelo de desarrollo basado en la conservación de los recursos naturales,
especialmente del agua, elemento fundamental para la vida y el bienestar de sus
habitantes.
Aunque el
proceso de implementación requerirá coordinación interinstitucional y
vigilancia constante, la norma establece un precedente importante en la defensa
de los ecosistemas amazónicos. Con ello, el gobierno regional reafirma su
compromiso con la protección del ambiente y la garantía del derecho al agua
como bien público y patrimonio natural de todos los loretanos. https://www.infobae.com/
“Agua si, mina no”: residentes del Valle de Tambo recurren al PJ para frenar el proyecto Tía María
El conflicto por el proyecto Tía
María volvió a los tribunales. Este martes 28 de octubre, representantes del
Valle de Tambo, Arequipa, junto a organizaciones de derechos humanos,
presentaron una medida cautelar ante el Poder Judicial para suspender la autorización
de explotación otorgada a Southern Perú Copper Corporation por el Ministerio de
Energía y Minas (Minem).
La demanda fue ingresada al
Primer Juzgado Constitucional de Lima, bajo la representación legal de William
Lauracio Apaza.
El Ejecutivo ha habilitado a la
compañía a trabajar en siete concesiones mineras y estableció el cumplimiento
de los instrumentos ambientales aprobados por el Senace.
Buscan suspender
la resolución que habilita la explotación
La medida
judicial impugna la resolución emitida por el actual gobierno, que autoriza el
inicio de la fase de explotación de Tía María. Las comunidades solicitan al
tribunal detener los efectos del permiso por considerar que el proyecto “no
cuenta con licencia social” y se desarrolla sobre un territorio agrícola que
depende de la cuenca del río Tambo, fuente de agua para miles de familias en
Islay y el valle costero.
Los defensores
ambientales recordaron que, en marzo de este año, ya se presentó una demanda de
amparo para declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la
nulidad de la autorización de construcción de la planta de beneficio. Sin
embargo, seis meses después, el Poder Judicial aún no emite pronunciamiento sobre
ese proceso.
“Dejando nuestras
tierras hemos venido a la capital porque nadie nos quiere escuchar. No se nos
ha consultado para que Southern siga con el proyecto Tía María, que no tiene
licencia social. Están contaminando el agua y dañando la agricultura, la
ganadería y la vida misma”, declaró Paulina Bodadilla, defensora del Valle de
Tambo.
“Defendemos la
agricultura, el agua y la vida”
En la
conferencia de prensa realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
(CNDDHH), las voceras del valle denunciaron el avance de un proyecto que,
aseguran, amenaza su sustento y su derecho a decidir sobre el territorio.
“Venimos desde
un valle agrícola que da de comer al país. La empresa no tiene autorización
para usar nuestras tierras ni nuestras aguas. Su presencia pone en peligro la
agricultura y los recursos hídricos”, expresó Agripina Páucar, otra de las
representantes.
Por su parte,
Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, advirtió que la población prepara
movilizaciones pacíficas para exigir respeto a sus derechos.
“Exigimos ser
escuchados. No queremos más sangre ni persecución. Defendemos la agricultura,
el agua y la vida con dignidad”, manifestó.
Denuncian
hostigamiento y vigilancia
la Red Muqui y
la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) patrocinan la
medida cautelar. Estas organizaciones que sostienen que el proyecto opera con
un “EIA caducado y sin garantías ambientales ni sociales”.
Ambas
instituciones alertaron sobre actos de vigilancia y hostigamiento hacia los
defensores ambientales durante la conferencia del 22 de octubre, en la que se
reportó la presencia de efectivos policiales tomando fotografías en los
exteriores del local de la CNDDHH.
Pese a los
intentos de intimidación, los pobladores reafirmaron su compromiso con la
defensa del valle. “Querrán callarnos, pero no podrán. ¡Agua sí, mina no!”,
expresaron los voceros al cierre del evento. https://www.infobae.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”