Lunes, 10 de agosto de 2026 – Año XXI – Edición 5018
¡Todos y todas a la movilización
nacional en defensa de los derechos laborales!
COMUNICADO N° 080 -2026/CDN FENTAP.
El Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y
Alcantarillado del Perú – FENTAP convoca a todos los sindicatos
afiliados, a las trabajadoras y trabajadores del sector saneamiento, a
participar activa y unitariamente en la Movilización Nacional convocada por la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para el próximo jueves 13
de agosto, en defensa de los derechos laborales y sindicales amenazados por las
propuestas que buscan flexibilizar el trabajo y recortar conquistas históricas
de la clase trabajadora.
La defensa de nuestros derechos no admite indiferencia. Lo
que hoy está en riesgo para un sector, mañana puede afectar a todos los
trabajadores del país. Por ello, hacemos un llamado a fortalecer la unidad y la
movilización, porque solo la organización y la lucha garantizarán la defensa de
nuestros derechos, la negociación colectiva, la estabilidad laboral y el
respeto a la libertad sindical.
Los trabajadores y trabajadoras del agua marcharemos
también para exigir:
• La defensa
del agua como derecho humano fundamental y el rechazo a toda forma de
privatización del agua, de sus fuentes y de las empresas públicas de agua y
saneamiento.
• La
eliminación de la tercerización laboral y de toda forma de precarización del
empleo.
• Una lucha
frontal contra la corrupción venga de donde venga, porque la corrupción lesiona
los servicios públicos y perjudica directamente a la población.
• La
aprobación inmediata de una Escala Salarial para el Sector Saneamiento, una
justa reivindicación que los trabajadores esperamos desde hace más de
veintisiete años.
CONCENTRACIÓN
• Lima: Plaza
Dos de Mayo, 4:00 p. m.
• Regiones:
Conforme a las modalidades y lugares que determinen las CGTP Regionales y las
organizaciones sindicales de cada jurisdicción.
Asimismo, recordamos a todas nuestras organizaciones
afiliadas que el lunes 10 de agosto se realizará la Asamblea Nacional de
Delegados de la FENTAP. En
consecuencia, exhortamos a cada sindicato afiliado a acreditar oportunamente a
sus delegados y delegadas, de conformidad con las indicaciones y precisiones
establecidas en la convocatoria oficial, garantizando así una amplia
participación en las decisiones de nuestra Federación.
Compañeras y compañeros:
La historia nos ha enseñado que ningún derecho laboral fue
un regalo; todos fueron conquistados con organización, unidad y lucha. Hoy nos
corresponde defenderlos con la misma firmeza. No esperemos a que nos arrebaten
nuestros derechos para reaccionar; mañana puede ser demasiado tarde.
¡EL AGUA ES DEL PUEBLO Y SUS
TRABAJADORES LA DEFENDEREMOS!
¡NO A LA PRIVATIZACIÓN, NO A LA
TERCERIZACIÓN!
¡NO A LA CORRUPCIÓN!
¡POR LA ESCALA SALARIAL Y LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS LABORALES!
¡13 DE AGOSTO JORNADA NACIONAL DE LUCHA!
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
Lima, 07 de agosto de 2026
HIDROREGIONES PERÚ
Lambayeque: Mórrope no resuelve contaminación del agua pese a alertas desde 2018
La Contraloría identificó que la Municipalidad Distrital de Mórrope no realizó un seguimiento permanente a las gestiones que ella misma inició ante entidades del Gobierno Nacional y Regional para dar una solución definitiva a la contaminación del agua para consumo humano en su jurisdicción. Así lo señala el Informe de Orientación de Oficio N° 023-2026-OCI/0427-SOO.
Abandono
Según el informe de la Contraloría, la contaminación del
agua en Mórrope no es un hallazgo reciente. Entre 2018 y 2019, el Poder
Ejecutivo emitió hasta ocho decretos supremos que declararon y prorrogaron
sucesivamente el Estado de Emergencia en localidades como Arbolsol, Cruz del
Médano, Lagunas, Santa Isabel y Tranca Sasape, entre otras, sobre la base de
monitoreos de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
(Digesa) que confirmaron concentraciones de metales pesados por encima de los
límites permitidos.
De acuerdo con cifras que la propia comuna proporcionó al
órgano de control, en 2018 el municipio contó con un presupuesto de S/ 444.939
para el tratamiento de agua, pero únicamente ejecutó el 21,5%. Al año
siguiente, con un presupuesto ampliado a casi S/ 1,5 millones, la ejecución
mejoró, pero se quedó en 46,5%. La Contraloría destaca en particular que, en
2019, los recursos provenientes del Tesoro Público, cerca de S/ 759.000, no se
llegaron a gastar en absoluto.
Con ese dinero, la municipalidad contrató, entre otras
acciones, la instalación de equipos de purificación de agua y el alquiler de
cisternas para abastecer a los caseríos afectados, según consta en los procesos
de contratación revisados.
El informe pone especial atención en lo ocurrido con
el proyecto que, en teoría, debía dar una solución de fondo al problema: la
construcción de tres pozos tubulares profundos para abastecer de agua al
distrito, encargada al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) por encargo del
Gobierno Regional de Lambayeque en 2019.
Según la revisión que hizo la Contraloría del sistema
de gestión documentaria de la entidad, el expediente técnico de esa obra no
registra ningún movimiento desde el 11 de noviembre de 2020. El último trámite
fue archivado el 2 de enero de 2021 bajo la anotación “archivo temporal por
congestión de sistema”, y desde entonces no se ha vuelto a mover.
Sin atención
No se han emitido nuevas declaratorias de emergencia
desde 2019, pese a que problema no se resuelve. https://diariocorreo.pe/
La contaminación ambiental se paga
A través de una publicación del
prestigioso diario inglés The Guardian, me entero del acuerdo extrajudicial
entre las víctimas de contaminación minera y la transnacional americana Doe
Run, filial del Grupo Renco, para indemnizar con 150 millones de dólares a
1,373 personas afectadas. Probablemente, le correspondería a cada víctima unos
cien mil dólares como reparación al daño causado en la salud de estas personas,
sobre todo con impacto neurológico a consecuencia de la contaminación de
metales en la sangre.
La noticia suena bien, pero
atrás hay toda una lucha titánica de cientos de familias de La Oroya, tratando
de exigir justicia en una batalla legal imposible que tuvo que llevarse hasta
los pasillos de varios tribunales en EE.UU., donde se pudo avanzar hasta esta
etapa que ha permitido que Doe Run reconozca las afectaciones a las personas
que vivían en La Oroya, que han sufrido desde niños los estragos de la
contaminación por habitar en los alrededores del complejo metalúrgico.
Hay que
reconocer la labor encomiable de monseñor Barreto, cardenal y arzobispo de
Huancayo, hoy en el retiro, que ha impulsado la defensa de estas personas
afectadas en los cuatro casos judicializados en St. Louis, estado de Missouri (EE.
UU), donde se ha podido poner en el banquillo al gigante siderúrgico, para que
asuma la responsabilidad del impacto ambiental ocasionado.
La estrategia de
Doe Run siempre fue que el proceso se lleve a cabo en el Perú; pues con las
dilaciones y la fragilidad de nuestro sistema de justicia, el juicio de reparación
iba a ser interminable. Por eso resalta la labor de monseñor Barreto, siendo la
voz de las víctimas, lo que le costó hasta amenazas de muerte y
descalificaciones constantes.
Eran innegables
los hechos objetivos: casi el 100% de los niños de La Oroya menores de seis
años presentaban niveles altos de plomo, muy por encima de los límites
permisibles, que tienen consecuencias graves como retraso en el crecimiento y
un coeficiente intelectual muy bajo. En La Oroya se comprobó que las emisiones de
plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre han aumentado desde 1997, año en el
que Doe Run se hizo cargo del complejo metalúrgico.
Tampoco podemos negar la herencia de los pasivos ambientales generados en casi un siglo de existencia del complejo, con la responsabilidad del impacto ambiental que tuvo primero CPCC y Centromin, sumado a los escándalos de corrupción asociados a la adquisición del complejo siderúrgico, que se declaró en quiebra en 2009. https://peru21.pe/
La Libertad: S/ 8500 millones en obras paralizadas frenan el desarrollo de la región
Mientras la región enfrenta rezagos históricos en infraestructura, saneamiento y prevención de desastres, más de S/ 8500 millones en inversión pública permanecen atrapados en 83 proyectos paralizados en La Libertad.
Así lo revela el último reporte
de la Contraloría General de la República (CGR), analizado por ComexPerú, que
coloca a la región como la segunda con mayor inversión detenida a nivel
nacional, solo superada por Lima.
Escuelas sin terminar,
carreteras inconclusas, sistemas de agua potable abandonados y proyectos de
protección frente a fenómenos naturales que no avanzan.
Esa es la fotografía de una
región que, en lugar de avanzar, ve cómo sus recursos públicos quedan
congelados por problemas contractuales, financieros y administrativos.
El mayor peso recae en el
Gobierno Regional de La Libertad, con S/ 4154 millones comprometidos en obras
paralizadas. Le siguen el Gobierno Nacional (ministerios y entidades
adscritas), con S/ 3412 millones; y los gobiernos locales, con S/ 951 millones.
La inversión comprometida en
obras paralizadas pasó de S/ 6960 millones a fines de 2025 a S/ 8517 millones
al cierre del primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento del
22.4 % en solo tres meses.
Este aumento se explica casi en
su totalidad por la incorporación del proyecto de protección contra
inundaciones del río Chicama, una obra clave para la seguridad de miles de
familias que viven en zonas de riesgo, y que permanece detenida por
incumplimientos contractuales. Su inversión asciende actualmente a S/ 1158
millones.
GORE La Libertad
acumula la mayor inversión detenida
Por niveles de
gobierno, el mayor peso recae en el Gobierno Regional de La Libertad, con S/
4154 millones comprometidos en obras paralizadas. Le siguen el Gobierno
Nacional (ministerios y entidades adscritas), con S/ 3412 millones; y los
gobiernos locales, con S/ 951 millones.
El informe de la
Contraloría identifica el incumplimiento de contratos como la causa principal
de las paralizaciones, afectando a 39 proyectos. A esta razón le siguen las
discrepancias, controversias y arbitrajes (10 obras), y la falta de recursos
financieros y liquidez (9 obras).
Estas cifras
evidencian no solo problemas de gestión, sino también la debilidad de los
mecanismos de supervisión y control durante la ejecución de los proyectos.
El costo social
de las obras detenidas
Detrás de cada
obra paralizada hay una comunidad que espera. Un colegio que no se concluye, un
centro de salud que no abre sus puertas, un sistema de alcantarillado que sigue
siendo un problema. La paralización de proyectos no solo representa una pérdida
económica, sino una postergación de derechos básicos para miles de ciudadanos de
La Libertad.
A nivel
nacional, el Perú acumula 2,241 obras públicas paralizadas, con una inversión
comprometida total de S/ 73 166 millones.
Los gobiernos
locales concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos (1533), aunque los
montos más elevados corresponden al Gobierno Nacional, con S/ 42,564 millones
en 391 obras, lo que refleja la mayor envergadura de los proyectos a su cargo.
Los gobiernos regionales, por su parte, acumulan 317 obras por S/ 18 510
millones. https://buenapepa.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”