Jueves, 20 de febrero de 2025 – Año XIX – Edición 4656
Gerente de la Eps Grau tiene un
juicio pendiente en Lambayeque
Falsedad ideológica, colusión agravada y asociación ilícita son algunos de los delitos imputados a los acusados
El actual gerente general de la Eps Grau, Manuel Irigoyen
Tenorio, se encuentra envuelto en un complejo proceso judicial en la región
Lambayeque, donde figuran como acusados -además de Irigoyen- el cuestionado ex
alcalde de Olmos, Willy Serrato, sus ex funcionarios municipales y una larga
lista de personas que habrían fungido como falsos proveedores de esa entidad
edil.
Así lo ha podido confirmar el equipo periodístico de El
Dato gracias a fuentes confidenciales en Olmos y la región Lambayeque; ellos revelaron
que el caso data desde el año 2016, y se ha dilatado durante 9 años en los
cuales los responsables no han sido sancionados por la justicia debido al lento
avance del caso ante los juzgados.
Para el Ministerio Público, Irigoyen se encuentra
investigado bajo el número de expediente 01983-2016-0-1708-JRPE-01 y la carpeta
fiscal 465-2014, mientras que, en el Poder Judicial, el tema se ventila en el
Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, especializado en delitos de
corrupción de funcionarios.
Un Centenar
Aunque parezca increíble, el proceso judicial donde está
envuelto Manuel Irigoyen cuenta con 104 acusados, entre ellos hay personas
naturales que serían representantes de empresas y presuntos falsos proveedores
de la Municipalidad de Olmos en este caso. En el referido caso, Irigoyen figura
como representante de Regima SAC.
Los presuntos delitos, en el marco de los cuales se procesa
a los imputados, son: asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible
o aprovechamiento indebido del cargo, peculado, falsedad ideológica y colusión
agravada.
Hecho imputado
Según la denuncia recibida en fiscalía, Willy Serrato Puse,
ex alcalde de Olmos, y los ex funcionarios municipales de esa gestión: Ulises
Mendoza Dávila, José del Carmen, Chero Martínez, Kovak, Rufino Romero Yep, Jesús
Antonio Odar, Inoquio, Javier Roque Antón y Osver Salazar Díaz, habrían
concertado conjuntamente con Manuel Irigoyen Tenorio, para que sea un falso
proveedor de
la Municipalidad de Olmos.
Según la denuncia recibida por Fiscalía, Irigoyen habría
efectuado la ejecución de obra de construcción del Huaro altura Km. 15 del Rio
de Olmos en el año 2012, por la suma de S/ 54 mil 462.58 soles, apoderándose de
esa forma de ingentes sumas de dinero, y simulando la realización de tal servicio
a favor de dicha comuna.
DATO
El juzgado aún no emite sentencia, razón por la cual este caso se podría alargar si las partes consideran que deben apelar para cautelar sus derechos.
HIDROREGIONES PERÚ
Demandan por casi dos millones a funcionarios de la Eps Grau
En casa de herrero, cuchillo de palo. La Eps Grau lleva en
su nombre lo que debería ser la naturaleza de sus actividades: Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau y, según su constitución, el objeto
social de la Eps Grau es la prestación de los servicios de producción y
distribución de agua potable; recolección, tratamiento y disposición del
alcantarillado sanitario.
En ese sentido, esta entidad debería ejecutar proyectos de
agua potable y alcantarillado sin problema alguno, porque de ella se espera que
obras de este tipo sean su mayor fortaleza. Sin embargo, ocurrió lo contrario.
INGENIEROS “POR LAS PURAS”
Este informe periodístico empieza cuando la Contraloría
General de la República detectara que la ejecución del pozo de agua “Sagrado
Corazón de Jesús”, recién había concluido y su estado era inoperativo porque
extraía agua no apta para el consumo humano.
Es decir, la obra que había requerido una inversión
millonaria no cumplía el fin público para el cual se había proyectado. Se
detectó también que no se hicieron los análisis fisicoquímicos del agua del
pozo, acción que debió realizarse antes de iniciar el proceso constructivo.
Como era de esperarse, se produjo una afectación económica
a la Eps Grau, la cual se estableció en 1 millón 918 mil 035, 69 soles.
Las responsabilidades fueron identificadas, a criterio de
la Contraloría, en diversos funcionarios y ex funcionarios de la citada EPS: el
gerente de operaciones e ingeniería de la Eps Grau, Edwin Raymundo Navarro; el
supervisor de obra, Juan Benavides Buleje; el jefe del departamento de
ingeniería, Gerhard Madrid Calderón; el coordinador de obras del departamento
de Obras y Supervisión, Irvine Herrera Ruiz; los tres jefes del equipo de obras
y supervisión que asumieron el cargo mientras la obra se ejecutó: Jorge Belupú
Agurto, Felipe Mendoza Ramos, y Juan Alberto López Calle; y el jefe del
departamento de obras y supervisión, Luis López Chambi.
LA DEMANDA
Identificados los responsables, el procurador de la
Contraloría les entabló una demanda por el monto de 1 millón 918 mil 035, 69
soles, la misma que llegó a manos del juez Ricardo Casas Senador, en el Tercer
Juzgado Civil.
Aquí también ocurrió un hecho extraño. El 7 de diciembre
del 2023 el juez Casas decidió admitir a trámite la demanda de la Contraloría
sobre indemnización por daños y perjuicios derivada de responsabilidad
contractual. En su resolución, Casas Senador deja en claro diversas razones por
las cuales admite la pretensión.
Sin embargo, para el 19 de abril de 2024, es decir tres
meses después, el mismo juez Casas decide declarar improcedente la demanda, y
esgrime diversas razones para ello, las cuales fundamenta.
El procurador de la Contraloría apeló la decisión de Casas
y, el 8 de enero de este año, la Primera Sala Civil anula lo dispuesto por el
mencionado juez, y le ordena emitir una nueva resolución para continuar con los
trámites del proceso.
Ahora los funcionarios y ex funcionarios de la Eps Grau deberán responder por lo que hicieron. Facebook El Dato Piura
Trujillo: Contraloría promueve el reinicio de trabajos en obra con retrasos de Sedalib
La Contraloría General de la
República hizo una nueva visita de control a la obra de mejoramiento de redes
de agua potable y alcantarillado sanitario en la urbanización Primavera,
Trujillo, la cual presenta un significativo retraso desde el 2024 que afecta a
cientos de residentes y transeúntes.
El reinicio de los trabajos está
próximo a aprobarse con un nuevo cronograma de ejecución, según el compromiso
asumido por la empresa Sedalib S.A. ante esta entidad fiscalizadora, como
resultado de la reunión informativa del gerente regional de control, William
León Huertas, con directivos y funcionarios de la empresa prestadora del
servicio.
Durante la reunión se
socializaron los Informes de Hito de Control N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que en
su momento alertaron problemas como ejecución de partidas sin cumplir con las
especificaciones técnicas y normativa aplicable, trabajos no ejecutados,
ausencia y/o participación insuficiente de personal.
El proyecto, con una inversión
superior a S/ 9.7 millones, inició el 20 de marzo de 2024 y tenía como fecha de
culminación el 12 de febrero de 2025. Sin embargo, hasta la fecha solo ha
alcanzado un 57% de avance físico debido al bajo rendimiento en la ejecución de
las partidas.
Ante las situaciones adversas
identificadas en los informes de control antes citados, Sedalib S.A. decidió
intervenir económicamente la obra con Resolución de Gerencia General N°
028-2025, que tiene como fin garantizar la culminación de la inversión pública
sin necesidad de resolver el contrato.
Este proceso busca asegurar el cumplimiento del objetivo público del proyecto, que es mejorar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en beneficio de más de 4,570 habitantes. La resolución, notificada el 30 de enero de 2025, detalla que el saldo pendiente de ejecución es de S/ 3.2 millones, lo que representa la tercera parte del presupuesto total del proyecto. https://diariocorreo.pe/
Agua potable en riesgo para Sullana. MVCS desacata orden judicial y perjudicaría a miles de pobladores por vital líquido
El pasado 27 de enero – tras
varias controversias legales – el Cuarto Juzgado Permanente Especializado en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió
que no existían impedimentos para que el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano otorgue al Consorcio Ejecutor Saturno, la buena pro del proyecto
“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los
asentamientos humanos de Sullana, Bellavista, Marcavelica y Querecotillo de la
provincia de Sullana, departamento de Piura”.
El Poder Judicial decidió dejar
fuera de la licitación al Consorcio SullanaBella y Constructora MPM S.A. Sin
embargo, solo tres días después ignorando aquella decisión, el Programa
Nacional de Saneamiento Urbano (dependiente del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento) entregó la buena pro, la declaró consentida y
suscribió el contrato con la Constructora MPM S.A.
El hecho sin precedentes
mantiene en la incertidumbre a miles de ciudadanos de Sullana, quienes se
encuentran preocupados por el futuro de su sistema de agua potable y
alcantarillado. Especialistas consultados sobre el tema aseguran que el
contrato debe es nulo y los funcionarios que lo han ejecutado, tienen
responsabilidad administrativa y penal.
El dato
Mientras tanto, representantes
del Consorcio Ejecutor Saturno han enviado una carta dirigida a Néstor Saldaña
Campos, responsable de la unidad de administración del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, exigiendo se declare nulo el contrato firmado, reservándose
el derecho de iniciar acciones legales contra los que resulten responsables. https://diariouno.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”