Lunes, 13 de abril de 2026 – Año XX – Edición 4939
Denuncias por presuntas
irregularidades en el agua llevan a la Fiscalía a intervenir Seda en Huánuco
Una diligencia de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito en la planta de Seda Huánuco confirmó que el agua evaluada cumple con los parámetros
Una diligencia de la Fiscalía Especializada en Prevención
del Delito en la planta de Seda Huánuco confirmó que el agua evaluada cumple
con los parámetros exigidos para consumo humano, pero dejó en evidencia una
omisión que sigue abierta: la empresa aún no remite a la Dirección Regional de Salud
su plan de contingencia ante eventuales cortes del servicio. La intervención se
produjo tras denuncias por presuntas irregularidades en la prestación del agua
potable en la ciudad de Huánuco.
El operativo fue encabezado por el fiscal adjunto Jimy Percy
Matías Espinoza, en atención a una solicitud presentada por integrantes del
Frente Patriótico de Huánuco. Según la información difundida sobre la
diligencia, la acción fiscal buscó prevenir posibles delitos contra la salud
pública y se ejecutó en coordinación con representantes de la Dirección
Regional de Salud y de la propia empresa prestadora del servicio.
Aldo Villareyes Cariga, director ejecutivo de Salud
Ambiental de la Diresa Huánuco, indicó que durante el recorrido técnico se
verificaron las instalaciones sanitarias, los procesos de tratamiento y los
controles de calidad del agua. Según precisó, la inspección permitió constatar
que el servicio se ajusta a los estándares establecidos en la norma 031-2010,
reglamento que regula la calidad del agua para consumo humano en el país.
Parámetros en regla, observaciones
pendientes
Villareyes Cariga detalló que uno de los puntos revisados
fue el cloro residual, que debe mantenerse entre 0.5 y 1.2, mientras que la
turbiedad del agua inspeccionada se ubicó por debajo de 5 unidades, dentro de
lo permitido por la norma. La información difundida por la Fiscalía añadió que
también se revisaron análisis físico-químicos como pH, temperatura y
conductividad, así como el funcionamiento del laboratorio interno de la planta,
que contaría con equipos calibrados y certificaciones vigentes.
Pese a esos resultados, Villareyes Cariga advirtió que la
principal exigencia formulada por la autoridad sanitaria se mantiene sin
resolver. Según manifestó en la entrevista, Seda Huánuco todavía no remite a la
Diresa su plan de contingencia frente a cortes programados o interrupciones
imprevistas, un documento que, de acuerdo con su explicación, debe detallar
cómo garantizará agua segura a la población en escenarios de desabastecimiento.
El antecedente que eleva la presión
La observación cobra mayor peso por el contexto reciente.
Durante la entrevista, el periodista recordó que la semana pasada la población
permaneció tres días sin agua potable, un episodio que elevó la preocupación por
el riesgo de enfermedades diarreicas en Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.
Villareyes Cariga señaló que esa es precisamente la razón por la que la Diresa
exige conocer con anticipación las acciones que la empresa activará cuando
vuelva a producirse una interrupción del servicio.
El funcionario explicó además que esta visita
extraordinaria no incluyó toma de muestras porque, al verificarse la presencia
de cloro, no se consideró necesario hacerlo en ese momento. No obstante,
precisó que la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental desarrolla una vigilancia
especializada dos veces al año, en la que sí se realizan evaluaciones más
exhaustivas sobre parámetros microbiológicos, hidrobiológicos e incluso la
presencia de metales pesados.
La Fiscalía sostuvo que estas acciones preventivas buscan reforzar la vigilancia institucional y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del agua destinada al consumo humano. Villareyes Cariga añadió que Seda se comprometió a remitir su plan de contingencia en los próximos días y señaló que la empresa les informó que ese documento ya habría sido enviado a la Sunass. La siguiente revisión será decisiva: no solo deberá confirmar si el agua que hoy llega a los hogares sigue siendo segura, sino también si la ciudad cuenta con una respuesta clara para cuando el servicio vuelva a fallar. https://ahora.com.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Pisco: identifican deficiencias en calidad del agua en Humay y exhortan a mejorar el servicio
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass) monitoreó la calidad y continuidad del servicio de agua en los centros
poblados de Pallasca y Auquix, en el distrito de Humay, en la provincia de
Pisco.
Turbiedad del agua
Durante la intervención, detectó deficiencias en la calidad
del agua en el reservorio apoyado de Letrayoc, por niveles inadecuados del
cloro residual (0.03 mg/L) y turbiedad cercana al límite permitido (4.16 NTU).
También visitó la Galería Filtrante de Agua Letrayoc (captación de agua), donde
evaluó su estado y capacidad de abastecimiento que beneficia a cerca de 260
viviendas.
Ante ello, el regulador exhortó al prestador municipal
adoptar medidas inmediatas que aseguren la adecuada desinfección del agua y un
servicio seguro a la población, en cumplimiento del Decreto Legislativo N.º
1280. Además, estableció un plazo a fin de que la autoridad local informe las
acciones que implementará, para garantizar la continuidad y la calidad del
servicio.
Asimismo, se reunió con dirigentes del centro poblado de
Auquix, quienes manifestaron que el servicio se restableció; sin embargo,
indicaron que, en el periodo de avenida de agua, se presentaron problemas de
abastecimiento.
En el marco de estas medidas, la Sunass enfatizó en la
importancia de cuidar el sistema de agua y consumir un servicio debidamente
clorado, así como la obligación del prestador de garantizar su calidad. https://diariocorreo.pe/
Verifican terreno para planta de tratamiento de agua potable del PIA en Juliaca
Autoridades y técnicos verifican
viabilidad del terreno y ratifican contratación de mano de obra local para
proyecto que beneficiará a Juliaca
El expresidente del Proyecto
Integral de Agua y Alcantarillado, Crisóstomo Benítez, sostuvo que, se cumplió
con la visita técnica realizada a la planta de tratamiento de agua potable
ubicada en el sector Estación Maravillas, a aproximadamente a 48 kilómetros de
la ciudad de Juliaca, como parte de los avances del tercer y cuarto sector del
proyecto.
Explicó que, durante la inspección
participaron representantes de la Unidad de Coordinación del Proyecto,
funcionarios de la PMO, así como delegados de la empresa ecuatoriana encargada
de la ejecución. También estuvieron presentes autoridades locales, entre ellas
el alcalde provincial, el alcalde distrital de Cabanillas, además de dirigentes
de la comunidad de Huancané Chico y el propietario del terreno.
Según precisó Benítez, los
ingenieros responsables expusieron en el campo los detalles técnicos sobre la
futura construcción de la planta, verificando además que no existen
inconvenientes en el terreno destinado para la obra.
Asimismo, se ratificó el
compromiso de priorizar la contratación de mano de obra no calificada de la
zona, conforme a la normativa vigente, permitiendo la participación de hasta el
50% de trabajadores locales.
Aseguró que, en la reunión
también se destacó la disposición del propietario del predio, quien cedió el
terreno necesario para la ejecución del proyecto, motivo por el cual se
solicitó que reciba un trato especial en reconocimiento a su aporte.
Finalmente, se espera que este importante proyecto avance sin contratiempos, en beneficio de la población de Juliaca y zonas aledañas. https://radioondaazul.com/
Glencore - Antapaccay pretende desplazar a comunidades sin consulta previa y se enfrenta a procesos judiciales y multas por contaminación
Glencore, considerada por
diversas voces como la peor empresa del sector durante muchos años, ha
realizado importantes inversiones para mejorar su imagen. La empresa afirma que
cumple con una larga lista de normas de sostenibilidad y de respeto a los
derechos humanos. Sin embargo, en su mina Antapaccay en Espinar, sigue negando
los comprobados daños de contaminación y utiliza procedimientos muy
cuestionables para la adquisición de tierras. Dos procesos judiciales en curso
y una multa millonaria dan testimonio de problemas que podrían agravarse con la
ampliación de la mina.
Una multa
millonaria y una demanda de amparo por contaminación
Un segundo
proceso judicial contra Glencore involucra a las comunidades afectadas por la
contaminación provocada por más de 40 años de explotación minera de cobre en
Espinar. La demanda de amparo ha sido presentada por la asociación civil
«Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar, Cusco» (PAMETEC) y la
comunidad indígena de Huisa contra Glencore-Antapaccay y varias agencias
gubernamentales encargadas de garantizar un medio ambiente saludable. Desde
mayo de 2025, la vista ante el tribunal de la provincia de Espinar se ha
aplazado ya en cinco ocasiones, y la nueva fecha fijada es el 8 de abril.
Existen pruebas
contundentes de que la mina es responsable del grave problema de contaminación
en Espinar. En octubre de 2025, Glencore fue multada por el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental con 5.5 millones de soles (1.6 millones de
dólares) por no haber prevenido ni mitigado la contaminación del aire provocada
por el polvo en el tajo sur de su mina Antapaccay. Se trata de una de las
multas ambientales más elevadas. La multa tiene una base de evidencia sólida en
las conclusiones de los estudios de causalidad que la agencia llevó a cabo en
2022, y que se detalla de nuevo en una justificación de 290 páginas.
Sin embargo, la
contaminación del aire es solo uno de los componentes analizados en los seis
exhaustivos estudios del OEFA, junto con el agua subterránea y superficial, el
suelo, la flora y la fauna. En conjunto, llegan a la misma conclusión: el
problema de contaminación por metales pesados en Espinar, conocido desde hace
tiempo, tiene su origen en la mina.
Las conclusiones
de los estudios del OEFA podrían haber sido una oportunidad para que Glencore
pusiera en práctica una comunicación de crisis según estándares profesionales
corrientes, admitiendo por lo menos algunos problemas y prometer mejoras. En
cambio, la empresa optó por redoblar su apuesta por el cuento de hadas,
descartado hace tiempo, de culpar a la «mineralización natural». Para empeorar
las cosas, de esta manera pone en duda el profesionalismo del OEFA, falsamente
alegando errores metodológicos en sus estudios.
En la última
asamblea general de accionistas en mayo de 2025, el presidente del consejo de
administración de Glencore, Kalidas Madhavpeddi, esgrimió personalmente la
excusa de la «mineralización natural». Y la encontramos de nuevo, en la
respuesta de Glencore a un informe de FairFinance sobre minerales críticos,
donde se cita a Antapaccay como ejemplo de malas prácticas (véase la página
43). Glencore se escuda en expresiones como «de conformidad con la normativa
aplicable», su propio monitoreo ambiental (que no está disponible públicamente)
y las revisiones de los estudios del OEFA encargadas por la empresa a
investigadores anónimos de dos universidades peruanas, que supuestamente
señalan deficiencias metodológicas; sin embargo, Glencore se niega a compartir
dichos documentos, lo que hace imposible evaluar la validez de sus argumentos.
Contrariamente a
las dudas difundidas por Glencore, el trabajo del OEFA fue calificado como «una
de las evaluaciones medioambientales más exhaustivas y minuciosas» en una
opinión de experto independiente realizada por el profesor Bernhard Wehrli. Con
más de 40 años de experiencia estudiando la calidad del agua en cuatro
continentes, Wehrli es profesor emérito de química acuática en el Instituto de
Biogeoquímica y Dinámica de la Contaminación del Instituto Federal Suizo de
Tecnología de Zúrich (ETH), una institución eminente que se sitúa entre las
diez mejores universidades del mundo.
Enfocando los
dos estudios del OEFA sobre la contaminación del agua (Informe 00095 e Informe
00144), el profesor Wehrli considera que “la documentación de los lugares de
estudio, los procedimientos de muestreo, los métodos analíticos y el análisis
de datos muestra un alto nivel profesional y científico”, y que “permiten
establecer relaciones causa-efecto entre las actividades mineras en la zona y
la contaminación del agua relacionada con la minería”. Sobre la cuestión clave
del análisis de la OEFA, a saber, si existe una relación causal entre las
actividades mineras y la contaminación del agua, el profesor Wehrli afirma que:
«La detallada información disponible en los Informes 00095 y 00144 obliga a
responder con un claro sí».
“Un proyecto muy
sencillo”, ¿en serio?
Durante su
conferencia de inversionistas del pasado diciembre, Glencore anunció que quiere
comenzar la extracción en Coroccohuayco a finales de 2029. A la luz de lo expuesto
arriba, esto parece poco probable. Mantener a los inversores en la ignorancia
sobre los retos reales es una estrategia riesgosa, ya que la empresa pronto se
verá obligada a justificar las demoras, pero también porque crea presiones
internas enormes que pueden llevar a malas decisiones.
Es posible que,
en la sede central de Glencore en Zug, Suiza, se comprenda que es necesario un
cambio de actitud con respeto a su filial Antapaccay, que hasta ahora ha gozado
de mucha (¿demasiada?) autonomía en sus decisiones. Es interesante notar que,
de repente, hay una disposición a renegociar el «Convenio Marco» con la
provincia de Espinar, lo que corresponde a una demanda popular de larga data.
Sin embargo, tras años de actuar de mala fe en las negociaciones con la
provincia, cuesta confiar en sus buenas intenciones. Sería recomendable tomar
pasos adicionales muy concretos:
Cumplir con los
compromisos asumidos y asegurar que todo el equipo, desde la dirección hasta el
personal de campo, comprenda cuáles son y cómo llevarlos a cabo.
Reconocer los
daños. Ofrecer paquetes de indemnización serios, incluyendo soporte médico y
psicológico a las personas que ya no pueden vivir de manera segura, ni
practicar la agricultura, en sus tierras contaminadas, de modo que se puedan
mudar a otro lugar si así lo desean.
Transparentar
los datos de monitoreo ambiental. Tomar en serio las conclusiones del OEFA y
realizar las inversiones necesarias para controlar las fuentes de
contaminación, de acuerdo con las mejores soluciones tecnológicas y de
ingeniería disponibles. Facilitar el acceso público a los datos de monitoreo
ambiental en tiempo real a través de un sitio web específico, tal como Glencore
lo hace en Canadá, por ejemplo.
Respetar a los
titulares de derechos colectivos. Iniciar un proceso de consulta previa serio
con todas las comunidades afectadas y, sobre todo, con Pacopata y Huini Coroccohuayco,
quienes están por perder la totalidad de su territorio ancestral a causa de la
nueva mina. Ofrecerles compensaciones adecuadas con un plan de reasentamiento
para garantizar su supervivencia como colectividades a largo plazo.
Proteger el
espacio cívico y tolerar las voces críticas. Emitir directrices internas y
declaraciones públicas claras para garantizar que las organizaciones de la
sociedad civil, observadores independientes y asesores jurídicos tengan acceso
a toda la información relevante y puedan asistir en las negociaciones.
Tolerancia cero ante el acoso y la difamación contra los y las defensores de
los derechos humanos.
Algunas de estas
medidas tienen su costo y pueden ser difíciles, pero son condiciones necesarias
para mejorar la relación con la población de Espinar, tras años de malas
gestiones. Sigue siendo cierto, en gran medida, que la población de Espinar no
se opone de forma fundamental a la mina; de hecho, esto significa que existe
una buena base para llegar a acuerdos, si se aborda de buena fe y con la
voluntad de ofrecer una participación justa en los beneficios récord esperados
del auge del cobre. No es precisamente “sencillo”, y puede que la excavadora
tenga que esperar un poco más, pero si se quiere invertir durante otros 40 años
más, esto es lo que hay que hacer. https://cooperaccion.org.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”