Miércoles, 7 de agosto de 2024 – Año XIX – Edición 4522
Los retos pendientes frente a la minería informal y la abiertamente ilegal
La llegada de Eduardo Salhuana a la presidencia del
Congreso y el hecho de que la presidenta Boluarte sea una suerte de aliada
sumisa del Legislativo debe ser motivo de festejo en los campamentos de minería
informal e ilegal del país.
Viendo este panorama no está demás revisar los retos
pendientes que tenemos frente a esta actividad. En escenarios cada vez más
complejos, los hechos de violencia que ocurren en La Libertad, Arequipa, Ica,
Apurímac y también en la Amazonía, son indicadores de un nuevo momento que hay
que saber caracterizar.
Revisando los factores de expansión
Un primer factor tiene que ver con la subida de las
cotizaciones que ha hecho cada vez más rentable este tipo de minería, como
ocurrió en el pasado superciclo (2003-2012): las cotizaciones del oro y también
las del cobre han batido todos los récords previos.
Otro factor tiene relación con la pandemia, que se tradujo
en una pérdida masiva de empleo: poblaciones que se quedaron sin ingresos y que
decidieron volver a sus comunidades, generando presión para buscar opciones de
subsistencia. La pandemia también significó el retroceso del Estado en los
territorios: frente a la emergencia sanitaria, el Estado peruano se tuvo que
movilizar para enfrentarla, descuidando otras funciones. Ese vacío fue
aprovechado por actividades ilegales que encontraron condiciones inmejorables
para expandirse.
Algunos indicadores dramáticos de este avance: por un lado,
la deforestación alcanzó niveles récord el primer año de la pandemia (203 mil
hectáreas el 2020) y desde entonces ya son 18 defensores ambientales, sobre
todo líderes indígenas, que han sido asesinados por las mafias que controlan estas
actividades.
Algunas de las actuales características
Este tipo de minería no solo tiene una dimensión distinta a
la que mostraba tiempo atrás, sino que también presenta nuevas características.
Detallamos algunas de las principales:
En la actualidad la minería informal y la ilegal, ya no
solo es aurífera y no metálica, crecientemente ha incorporado otros metales,
como el cobre. Si bien en otros períodos ha habido explotación informal de
cobre y otros metales de base, las cotizaciones actuales la convierten en una
actividad muy atractiva.
Hasta hace un tiempo, la minería informal y la ilegal casi
no coincidían en territorios con la gran minería. Donde había minería informal,
por lo general no había gran minería, salvo excepciones. Ahora se encuentran y
la convivencia se traduce en una disputa por el control de concesiones,
acompañada muchas veces de violencia. Lo que ocurre en provincias de Apurímac,
Cusco y en regiones como La Libertad, Puno, Arequipa, es un ejemplo de un
escenario de disputa.
También hay poblaciones que se están transformando:
comunidades que optan por hacer minería, ya sea como actividad complementaria o
principal. Esto ocurre tanto por las presiones que se dan dentro de la propia
comunidad, por la búsqueda de alternativas para generar ingresos, como también
por la presencia de operadores externos que buscan ganar nuevos territorios. En
las últimas décadas se ha forjado una especialidad en este tipo de minería que
se mueve por el país con promotores que capacitan, asesoran, facilitan el acceso
a insumos y la comercialización; enganchan con créditos a nuevos mineros y, al
mismo tiempo, cuando encuentran resistencias, se imponen con violencia.
Es un sector que ha acumulado poder económico. Los grupos
que controlan la actividad se han beneficiado de ciclos de precios altos, lo
que les ha permitido acumular ganancias extraordinarias. Según la Unidad de
Inteligencia Financiera, las economías ilegales movieron US$ 33,217 millones,
entre junio de 2023 y mayo de 2024, lo que equivale al 14% del PBI. La minería
ilegal maneja casi un tercio de este monto (US$10,246 millones), seguido por el
narcotráfico (con US$ 4,741 millones).
Ese poder económico se traduce en influencia política,
social, penetración en esferas del Estado: en el sistema de justicia, fuerzas
del orden, municipios, Congreso, logrando leyes a su medida con el respaldo del
Ejecutivo. Es un sector que hoy en día es consciente de su poder y que además
percibe que no hay voluntad política para enfrentarlo. En las campañas electorales
varios partidos políticos han terminado firmando actas y compromisos con las
organizaciones de mineros informales.
Cada vez existen más evidencias que el sector genera sus
propios mecanismos de seguridad y cuando se abren disputas, optan por contratar
grupos armados para imponer condiciones, controlar yacimientos y desalojar a
otros grupos de mineros u opositores. Es lo que habría pasado en Caravelí en
junio de 2022 y lo que sucede en la actualidad en Pataz.
Los escenarios de riesgo
Si hasta el momento la tendencia es de expansión y
descontrol, un posible escenario es que este sector se siga imponiendo, ya no
solo en los territorios ganados, sino que incorpore otros, como hoy en día
ocurre en el Cenepa, en Loreto, Ucayali, etc.
¿Marchamos a un escenario similar al de Bolivia, donde los
cooperativistas mineros se convirtieron en una base social que terminó
imponiendo condiciones a los gobernantes, actuando con violencia? Por lo que se
aprecia en algunos territorios, no habría que descartar esta posibilidad,
aunque cada país presenta sus propias características.
¿Qué hacer? Lo primero es reconocer es que no hay
soluciones sencillas. El que afirme lo contrario no tiene idea de la magnitud
del problema. Planteamos algunas propuestas que no pretenden ser una solución
integral, pero que podrían ser pasos iniciales para enfrentar la emergencia:
En primer lugar, se necesita una férrea voluntad política,
al mismo tiempo que se reconoce a las poblaciones que están luchando para
proteger sus territorios y se resisten al avance de la actividad. Poblaciones
como los awajún, wampis y otros pueblos amazónicos que están dando batalla para
detener la minería ilegal; las rondas campesinas, etc. No pueden hacerlo solos
y es deber del Estado respaldarlos.
Por otro lado, el bioma amazónico está en peligro. Salvar
la Amazonía es una tarea que debe ser encarada de manera coordinada entre los 9
países amazónicos y enfrentar de manera conjunta actividades ilegales. La lucha
frente al calentamiento global abre la posibilidad de contar con aliados
globales y recursos que pueden potenciar una estrategia nacional para enfrentar
a la minería ilegal.
Se debería neutralizar la expansión y así evitar que nuevos
territorios se incorporen a los que ya controlan los circuitos de poder de la
minería ilegal. Es clave neutralizar los avances de esta actividad para luego
comenzar a recuperar los territorios ya impactados. Además, se debe cortar con
la especulación en torno a las concesiones mineras: titulares de concesiones
que terminan arrendando a grupos de mineros para que las exploten de manera
informal.
Finalmente, la partida que se le asigna al combate a la
minería ilegal representa apenas el 0,03% del presupuesto nacional. No se puede
pretender frenar una actividad que mueve más de US$10,000 millones con un
presupuesto de apenas 22 millones de dólares. Este dato muestra que la lucha
contra la minería ilegal no es una prioridad para el Gobierno. https://cooperaccion.org.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Mendocinos consumen agua contaminada
La Municipalidad Provincial Rodríguez de Mendoza, viene
cumpliendo de manera incompetente la operación y mantenimiento de la planta de
tratamiento de agua potable del distrito de San Nicolás, región Amazonas.
El alcalde Nilser Tafur Peláez rodeado de funcionarios
traídos de fuera de la provincia por recomendación de su líder político, estaría
dando de beber agua contaminada a miles de pobladores con residuos fecales.
El jefe de OCI de la Municipalidad Provincial de Rodríguez
de Mendoza, solicitó apoyo técnico para los análisis fisicoquímicos y
microbiológicos en la calidad del agua potable a la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), la cual envió una comisión
especial, la misma que se constituyó al distrito de San Nicolás y realizó la
respectiva toma de muestras para su posterior análisis.
RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO
Turbidez: De acuerdo a los informes de ensayo n.°
LAB24-AA-197 (5.03 UNT), LAB24-AA- 196 (5.8 UNT) y LAB24-AA-195 (5.89 UNT), se
advierte que superan el valor de 5 UNT de límite máximo permisible establecidos
en el anexo I del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano,
aprobado por el DS N° 031-2010-SA. o agua que puede ser potabilizadas con
desinfección, establecido en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Agua – DS n.° 004-2017-MINAM, eso demuestra la existencia de partículas
pequeñas de materia sólida en suspensión en el agua.
RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
Coliformes Totales: De acuerdo a los informes de ensayo n.°
LAB24-AA-197 (240 NMP/100ML), LAB24-AA-196 (350 NMP/100mL) y LAB24-AA-195 (540
NMP/100mL), se advierte que superan el valor de 0 UFC/100 mL a 35° de límite
máximo permisible establecidos en el anexo I del Reglamento de la Calidad del
Agua para Consumo Humano, aprobado por el DS N° 031-2010-SA. Y de 50 NMP/100mL
en agua que puede ser potabilizadas con desinfección, establecido en los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – DS n.° 004-2017-MINAM, eso
demuestra la presencia de bacterias coliformes en el suministro de agua, siendo
un indicio de que el suministro de agua puede estar contaminado con aguas
negras u otro tipo de desechos en descomposición.
Coliformes fecales: De acuerdo a los informes de ensayo n.°
LAB24-AA-197 (130 NMP/100mL), LAB24-AA-196 (110 NMP/100mL) y LAB24-AA-195 (540
NMP/100mL), se advierte que superan el valor de 0 mL a 44.5°C de límite máximo
permisible establecidos en el anexo I del Reglamento de la Calidad del Agua
para Consumo Humano, aprobado por el DS N° 031-2010-SA. Y de 20 NMP/100mL en
agua que puede ser potabilizadas con desinfección, establecido en los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – DS n.° 004-2017-MINAM, eso
demuestra la presencia de microorganismos que representan una indicación de la
contaminación fecal del agua.
Coli: De acuerdo a los informes de ensayo n.° LAB24-AA-197
(9 NMP/100mL), LAB24-AA- 196 (26 NMP/100mL) y LAB24-AA-195 (220 NMP/100mL), se
advierte que el agua distribuida supera el valor de 0 UFC/100 mL a 44.5°C
límite máximo permitido, establecidos en el anexo I del Reglamento de la
Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado por el DS N° 031- 2010-SA. o
agua que puede ser potabilizadas con desinfección, establecido en los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – DS n.° 004-2017-MINAM, eso
demuestra la presencia de microorganismos que representan una indicación de la
contaminación fecal del agua. https://diarioahora.pe/
Sedapar: licitación cuestionada para reducir agua no facturada
Uno de los indicadores que refleja el mal manejo gerencial de Sedapar es el agua no facturada. La empresa invierte dinero para producir agua potable en sus dos plantas de tratamiento, pero según cifras oficiales no factura el 30%.
Es decir, tres de cada diez
litros de agua que produce la empresa no los cobra. Literalmente, esa inversión
de Sedapar se va al agua.
Pero el problema no queda allí. Resulta que la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en el proceso de licitación para adquirir cinco caudalímetros ultrasónicos portátiles para el proyecto: Mejoramiento del sistema de reducción de pérdidas y uso eficiente del agua en Arequipa metropolitana.
Con esos equipos la empresa esperaba empezar a tomar medidas para reducir el porcentaje de agua no facturada, pero todo está ensombrecido por una serie de situaciones adversas.
El órgano de control emitió el
Informe N° 020-2024, al que El Pueblo tuvo acceso, donde indica que la buena pro
se otorgó a la empresa Industrias Triveca SAC el pasado 2 de abril por un monto
de 479 mil soles.
El plazo de entrega venció el uno de julio pasado y fue allí donde el personal de la Contraloría fue al almacén de la Gerencia de Operaciones para verificar si la empresa contratista cumplió o no el contrato.
Grande fue la sorpresa del personal de Contraloría cuando verificaron que se entregaron los cinco caudalímetros, pero sólo uno tenía el cargador de batería que le permite su funcionamiento.
Al consultar al personal de
Sedapar sobre la recepción irregular de los bienes, la jefa del Departamento de
Control Operacional, dice el informe, les indicó que no firmarían la guía de
remisión hasta que la contratista cumpla con entregar la totalidad de los
equipos.
“No obstante, los bienes fueron
recepcionados el 1 de julio de 2024, por el almacenero, tal como figura en la
guía de remisión, a pesar de consignar que falta entregar cuatro cargadores, cuando
el plazo de entrega, según el contrato, era el 1 de julio”, señala el informe.
Ante esta situación, la Contraloría
advierte que existe el riesgo de que los equipos portátiles no cuenten con el
tiempo de vida útil programado.
“La duración mínima requerida de la batería interna es de 10 días, por lo que necesita contar con 10 días adicionales de autonomía de la batería externa para lo cual es necesario los cargadores para cada batería, teniendo en cuenta que al ser equipos portátiles pueden ser dispuestos en diferentes sedes de la entidad”, precisa la Contraloría.
Otra irregularidad hallada por
el órgano de control es la falta de entrega de fichas técnicas para la
recepción de los dataloggers, lo cual genera el riesgo de no poder verificar
que los equipos cuenten con las especificaciones técnicas mínimas.
El dataloggers es un dispositivo
que procesa la información generada por el caudalímetro para ser enviada a
través de internet mediante comunicación móvil al usuario final.
Otro hallazgo importante es que los caudalímetros ultrasónicos portátiles no acreditarían contar con las especificaciones técnicas mínimas, generando el riesgo de afectar el registro total de las mediciones de caudal y volumen para el cálculo de las aguas no facturadas y por ende el objetivo de la adquisición.
“La memoria interna está limitada
a 4MB, al no acreditarse que cuente con 100 mil registros mínimos, según las
especificaciones técnicas de las bases integradas del procedimiento de
selección, el equipo podría no tener la suficiente memoria para almacenar la información”,
precisa el documento.
Por último, el informe revela que no se hicieron las pruebas para comprobar la autonomía de los caudalímetros ultrasónicos portátiles, lo cual genera el riesgo de que los equipos no tengan las especificaciones técnicas mínimas, afectando el objetivo de la adquisición.
Según lo corroborado por la Contraloría sólo se probó e hizo pruebas a uno de los cinco caudalímetros adquiridos. Diario El Pueblo
LIMA PERÚ
Decenas de pobladores de Mi Perú exigen obras de saneamiento para su distrito
Decenas de pobladores del
distrito de Mi Perú se congregaron frente al Ministerio de Vivienda en San
Isidro para exigir la implementación de obras de saneamiento de agua y desagüe.
Con carteles en mano que
llevaban frases como "El agua es vida, es un derecho", pidieron a
viva voz que la ministra Hania Pérez de Cuéllar intervenga para asegurar la
ejecución de estas obras y proporcionar los servicios básicos necesarios en
toda la zona de Mi Perú, que llevan años esperando.
El alcalde de Mi
Perú, Irvin Chávez León, explicó que el expediente técnico ha sido trasladado
al Ministerio de Vivienda por parte de Sedapal con el objetivo de ejecutar las
obras de agua y desagüe. Sin embargo, ha habido observaciones a todos los
documentos presentados.
“La ministra
Hania Pérez de Cuéllar se comprometió a ejecutar el proyecto; se licita el año
pasado y una vez que se otorgó la buena pro y se avanzó en el proceso,
estábamos a punto de firmar el convenio para ejecutar la obra, OSE observa y
pide que se retroceda a la etapa de consultas”, indicó el burgomaestre.
SIN SOLUCIONES
Chávez León
añadió que hoy, 5 de agosto, se reunieron con funcionarios del Ministerio de
Vivienda, pero no se alcanzó ninguna solución. “Nos han indicado que debemos
enfrascarnos en un proceso judicial iniciado por la empresa ganadora, y que
esto lamentablemente tomará meses”, señaló, agregando que lo único que desean
es que el Ministerio de Vivienda firme el contrato para la ejecución de la
obra. https://panamericana.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
